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Honduras

 

Unos 400,000 niños trabajan en Honduras  (17/12/2002)

 

Honduras el más pobre de América Latina según estudio de la Cepal  (12/11/2002)

 

Deforestación abona el hambre (1/9/2002)

 

Crítica de la razón política  (23/6/2002)

Unos 400,000 niños trabajan en Honduras

 

 

Tania Corona

 

La historia de “Oscar”, de diez años, es similar a la de 384,832 niños entre los cinco y los 18 años que trabajan en Honduras, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Ine. “Somos seis hermanos y tengo que trabajar porque mi papá abandonó a mi mamá. No voy a la escuela porque no tengo tiempo”, dijo “Oscar”, quien descalzo y mal vestido limpia parabrisas en la salida a La Lima.


En cambio “Juan”, 11, asiste a la escuela por la tarde. En la mañana trabaja como canillita, “me cuesta aprender porque me da sueño y me quedo dormido en la escuela”. En las calles de San Pedro Sula es común encontrar a estos pequeños con la mirada triste trabajando y pidiendo limosna en las calles y avenidas de la ciudad.


Los trabajos más comunes que realizan son de ayudantes de buses “rapiditos”, lavando y cuidando vehículos, vendiendo golosinas en las afueras de los restaurantes, lustrando zapatos, vendiendo periódicos y en zonas rurales, en la agricultura y la ganadería.


En la capital industrial hay registrados 21,646 niños que trabajan, de los cuales 3,970 estudian y trabajan, el resto 17,676 sólo trabaja. Del universo que trabaja 11,894 son niños y 9,752 son niñas, en su gran mayoría entre las edades de nueve y 18 años.


En los estudios se encontró que en las ciudades medianas 20,079 niños laboran. 11, 025 son niñas y 9,054 son varones, todos entre los doce y los dieciocho años. Tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa los años promedios de escolaridad son de 5.9 en la población menor que sólo labora, según los estudios. En Tegucigalpa el problema es mucho mayor, 39,657 niños trabajan, y sólo 9,422 van a la escuela, el abultado número de 30,235 sólo labora y no tienen acceso a la educación.


Rehabilitación


Lilian Merlos, directora del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, Ihnfa, explica que la principal razón que obliga a niños y adolescentes a trabajar, es la pobreza. “Los niños laboran para mantener a sus familias porque la mayoría provienen de madres solteras”. Otra de las razones es el alcoholismo de los padres, que obligan a los pequeños a buscar trabajo para poder alimentarse y dar de comer a sus hermanitos. También es causa la emigración del campo a las ciudades.


“Muchas niñas de dieciséis años llegan a la ciudad para trabajar en las maquilas, para mantener a sus familias”, manifestó Merlos, quien dijo además que el Ihnfa está trabajando en un proyecto en el que rescataron a 27 niños en condiciones paupérrimas. Explica que lo más triste es que cerca de 4,000 niños que estudian en la ciudad tiene que trabajar, “en visitas a las escuelas hemos encontrado niños que trabajan y asisten a la escuela, y su rendimiento es mínimo”. En la actualidad, en el Ministerio de Trabajo junto con la Fiscalía de la Niñez, se regula e investiga la cantidad de niños a los que se le extiende permiso para trabajar, ya que la mayoría no lo tiene y el que lo obtiene es de manera fraudulenta.

 

La Fundación Sampedrana del Niño atiende a 95 menores cada año, a los que rehabilita. El objetivo de esta institución es propiciar los cambios en la vida de los niños y las niñas de la calle, mediante una atención total a sus necesidades. “Atendemos a los niños que deambulan, trabajan y viven en las calles, tienen familias en algún lugar y habitan dentro del territorio, cuando la familia no es alternativa para el niño debemos encontrar un hogar sustituto”, explicó Wilfredo Castillo, educador de la organización.


En la actualidad la fundación alberga a 28 niños de siete a 17 años y brinda programa de rehabilitación a 78 menores, y tiene becados a 250 infantes. Para sacar a estos niños de la calle, se les brinda terapia y también a la familia y charlas para hacerles conciencia de lo importante de estudiar y aprender un oficio.


Protección


En 1990 el Congreso Nacional aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia con el fin de brindar una protección más específica. En el artículo 122 el código señala que los niños no podrán desempeñar labores insalubres o peligrosas, aunque sean realizadas como parte de un curso o programa educativo. Entre ellos está la exposición al tráfico vehicular, que tengan que ver con los basureros, que involucren manipular cargas pesadas y que se expongan a un notorio riesgo de insolación.


En el artículo 124 se afirma que la persona que tenga conocimiento de la participación de niños en trabajos prohibidos, deberá informar a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para la aplicación de los correctivas y sanciones a que haya lugar. Además, indica las sanciones que se impondrán a los que obliguen a los niños a mendigar. “La pena será reclusión de tres a seis años de prisión”.


En cuanto a los menores que se encuentren en abandono o riesgo social, el Estado por medio de la Junta Nacional de Bienestar Social, JNBS, procederá de inmediato a su rescate, y a brindarle la protección que necesite y cuando las circunstancias lo exijan debe intervenir el Juzgado de la Niñez más próximo. En la sección quinta del código explica también que los niños que son maltratados o han sufrido daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional o en su bienestar personal, por acciones u omisiones de los padres con las que guarde relación, serán protegidos por la JNBS. La Junta es el órgano encargado de coordinar los sectores público y privado para el estudio, promoción, ejecución y fiscalización de las políticas generales de prevención y protección integral a la niñez.

 

La Prensa - San Pedro Sula, 17/12/2002

Honduras el más pobre de América Latina según estudio de la Cepal

 

Javier Franco y Jonathan Vallecillo

 

Honduras es el país con mayor pobreza de América Latina, revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina, Cepal. El documento también indica que en Honduras es donde mayor crece la pobreza con un 79.1 por ciento, contra un 11.4 por ciento de Uruguay, el país con menor índice porcentual de aumento a la pobreza.


Los países más pobres son Honduras con un 79.1; Nicaragua, 67.4; Paraguay, 61.8; Bolivia, 61.2; Ecuador, 60.2; Guatemala, 60.4; Colombia 54.9; y El Salvador 49.9. El informe revela que América Latina posee 200 millones de pobres, y la cifra seguirá aumentando del 43 por ciento en el año 2001 al 44 por ciento en el 2002. Además, proyecta la pobreza e indigencia de los países en un periodo de 1999 al año 2001.


El informe de la Cepal, denominado “Panorama social de América Latina, 2001 – 2002”, relaciona la pobreza de los países con la corrupción, aunque “la información sea más una percepción que una verdad”. Al relacionar este índice de pobreza de la Cepal con el índice de corrupción de Transparencia Internacional, se nota que el nivel de pobreza corresponde al nivel de corrupción percibida.


Según el presidente del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, Ciprodh, Álvaro Cálix, la corrupción puede ser una causa de la pobreza en países como Honduras. “Los ingresos cuando son pocos y están muy mal administrados, sobre todo cuando se hace uso indebido de ellos, dejan a muchos sectores sin beneficio, si fueran manejados de otra manera, con transparencia, el resultado sería otro”.


Además, indirectamente la corrupción influye en la pobreza porque los inversionistas extranjeros escuchan de una inseguridad jurídica en el país, propia de la corrupción, y prefieren no invertir en Honduras. Cálix considera que Honduras más bien ha disminuido su pobreza. De 1991 a 1999, el país disminuyó levemente su nivel de pobreza, al pasar de un 71 a un 66 por ciento.


“Hay una subjetividad en la información, no se puede decir que este país es corrupto y que por eso es pobre. La investigación puede presentarse de dos maneras, una es la verdad con casos documentados y pruebas de corrupción y que eso genera pobreza, y la otra es por la percepción que se genera por la opinión pública”.


La carencia de un clima de inversión propicio para las empresas extranjeras y nacionales deben ser la prioridad del gobierno, ya que disminuyen los índices de miseria, afirmó el banquero Carlos Urbizo. La inversión en Honduras en el período 2000 al 2001 bajó aproximadamente en un siete por ciento en cada año. Mientras que la inflación en Honduras representa un ocho por ciento, lo cual significa caídas fuertes en la economía. “Todos estos indicadores representan la pérdida de la capacidad de producción, por consiguiente, el empleo de muchos hondureños”.


La falta de democracia y de libertad económica influyen también en el incremento de la pobreza. “Mientras existan planillas y voto en cascada es imposible que exista la democracia”. También la falta de libertad de los pueblos para producir y consumir eleva la pobreza, igual “la corrupción, el mercado negro, el sistema bancario y las leyes laborales”.

 

La Prensa - San Pedro Sula, 12/11/2002

Deforestación abona el hambre

 

 

Thelma Mejía


Unas 150 mil familias de los 24 municipios más pobres de Honduras están al borde del hambre por la sequía que se prolonga desde enero, advirtieron el estatal Comité Permanente de Contingencias (Copeco), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Unión Europea. Los municipios afectados corresponden a la franja menos desarrollada: del centro hacia el sur del territorio, caracterizada por la intensa deforestación y la sequedad de las cuencas de los ríos.

La demora de las lluvias hizo que la siembra de granos básicos se perdiera, y hoy el país tiene que importar casi 500 millones de dólares en productos agropecuarios y derivados, sostuvo el agricultor Marvin Ponce, del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas. El gobierno firmó convenios con el PMA y el UNICEF para distribuir raciones y desarrollar la modalidad de "alimentos por trabajo" en la zonas más afectadas, dijo a Tierramérica el ministro de Agricultura y Ganadería, Mariano Jiménez. Se contempla así mismo financiar proyectos de riego para los pequeños productores, a fin de garantizar el abastecimiento de granos, así como el otorgamiento de un seguro agrícola que los proteja de la pérdida de cosechas por falta de lluvias o desastres naturales, agregó. Pero esos préstamos --de un fondo aprobado este año para ejecutar proyectos de riego, reactivar la agricultura e impulsar el desarrollo rural sustentable— se han demorado, dijo Ponce. “Los fondos nunca salieron a tiempo y ahora es tarde, porque la primera cosecha se perdió, los bancos sólo ponen trabas a los campesinos, y con estos estímulos, ¿quién quiere sembrar?”, se preguntó.

“Imagínese cómo estamos que los organismos destinados a ayudar en emergencias, como el PMA, se han quedado (en Honduras) en forma permanente. Nos volvimos un país que pide donaciones para comer”, dijo a Tierramérica el experto en agricultura y forestación Rigoberto Sandoval. La asistencia alimentaria es en una necesidad del país, que no produce lo suficiente para alimentar a 6,7 millones de hondureños, agregó. “Un pequeño agricultor no puede sembrar porque los bancos prestan a intereses exorbitantes, y entonces no hay producción”, agregó Sandoval.

Honduras no es el misma desde hace tres años. Quienes más lo recuerdan son los agricultores que llevan el mayor peso de la escasez de comida, no sólo por la sequía, sino por la recesión, la más grave en diez años. Desde 2000, los meses de julio y agosto son fatídicos, pues el país advierte el grave efecto de la sequía. Los hondureños aún sufren por el devastador paso del huracán Mitch en octubre de 1998, que provocó 14.000 muertos, dos millones de damnificados y un retroceso de 20 años en el desarrollo nacional.

El Mitch dejó al descubierto la fragilidad ambiental hondureña. Ahora cualquier lluvia intensa acaba en inundación, y si el clima más benigno del invierno se demora, se secan las cosechas, pero también las represas abastecedoras de agua potable.

Tegucigalpa vivió un severo racionamiento de agua en abril y mayo, pues las principales represas estaban agotando sus depósitos y sólo lograron recuperarse en junio, cuando cayeron las últimas lluvias. La esperanza de un invierno húmedo y con temperaturas más bajas depende de muchos factores, inclusive de El Niño, la corriente cálida que recorre periódicamente el océano Pacífico de sur a norte, y que puede provocar graves alteraciones a su paso. De hecho, la falta de lluvias obedece al calor propio de los meses de julio y agosto, pero también a la cercanía de El Niño, que se hará sentir hasta mediados del próximo año, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el experto Sandoval, faltan políticas que den prioridad a problemas ambientales, especialmente en materia forestal, ya que el agotamiento de los recursos naturales es el factor central de sequías y pérdida de cosechas. La deforestación "se come" 80 mil hectáreas de bosques por año debido al avance de la frontera agrícola, los incendios forestales, la tala ilegal y la escaso valor que se otorga a los recursos naturales, según estudios oficiales.

Por primera vez el gobierno trabaja en una política agraria efectiva y oportuna, porque hasta ahora sólo hubo "paliativos ante la crisis del campo. Queremos dar el salto para evitar esa labor de bomberos que tiene el gobierno cada vez que se anuncia o presenta una sequía o hambruna", dijo el ministro Jiménez. Las autoridades convocaron a mediados de agosto a las "mesas agrícolas", ámbitos para identificar los ejes de una política sostenible para reactivar la agricultura y reducir la importación de maíz, arroz y frijoles para alimentar el país.

 

Tierramérica - 1/9/2002

Crítica de la razón política

 

 

Fausto Leonardo Henríquez*

 

El gobierno, con el fin de dar respuesta a la actual situación del país, está tomando peligrosas decisiones que ponen en juego el respeto y la vigencia de los derechos humanos. No cabe duda de que la situación de violencia incontrolada tiene sobrecogida a toda la nación hondureña. La vulnerabilidad de los más débiles no es menos preocupante. Nos referimos a los niños y a los jóvenes, a las familias humildes y pobres; y por supuesto, a empresarios honorables. Ante esta crisis que sacude el país, el Sistema Judicial, en vez de lubricar y poner en funcionamiento pautas con miras al orden y a la sana convivencia de la población, contribuye y legitima la venganza y la impunidad. El paquetazo o medidas económicas del actual gobierno está orientada a grupos de poder económico. En el otro extremo, apenas si lo notan, apresuran y agudizan más la violencia.

 

Para hallarle solución a toda esta inquietante problemática es necesario que, junto con las fuerzas vivas, se busquen medidas responsables y eficaces, teniendo siempre como espejo la Constitución de la República para evitar entuertos que pongan en tela de juicio la vida y la integridad de las personas.

 

El común de la población debe saber que el Decreto Ejecutivo 123-2002 sobre la potestad que se les ha dado a las autoridades de “allanamiento de morada” violenta y pone en tela de juicio la inviolabilidad de la familia y la persona. Ahora por cualquier indicio de sospecha se podrá invadir la intimidad e integridad tanto de la familia, de morada como de la persona de la cual se presume quebranta la ley.

 

El citado artículo –atención– denota que hay un repliegue de la democracia y un fuerte jalón hacia formas arcaicas de convivencia de corte dictatorial. A juicio de ciertas personas con quienes he intercambiado opiniones sobre este asunto, el gobierno actual ha puesto en marcha un plan de marcado perfil militar, como en tiempos de guerra.

 

La democracia, sin abandonar su nombre, se ha convertido en una férula. El decreto de allanamiento 123-2002 es, a todas luces, represivo y su método violento, pues se puede invadir cualquier casa según criterio de quienes determinen que se puede allanar la morada. Eso es lo peligroso. El decreto da luz verde para cometer toda clase de abusos y perpetrar acciones al margen de la justicia. El decreto, seamos conscientes, suprime derechos en vez de salvaguardarlos.

 

Otra complicación más del susodicho acuerdo ejecutivo es que se puede allanar la vivienda sin autorización del juez. Esto es terrible, ya que la población se queda sin defensa. Con las infiltraciones sombrías en el cuerpo uniformado se pone más en peligro la privacidad de los hogares.

 

Los paños tibios no curan los males, los alivian. Lo que hace falta es que se toque fondo en la cuestión. Debe haber más que un deseo, mucho más que retórica y apariencia de dominar la situación –de lo cual se ha encargado la publicidad dirigida. Falta un firme propósito de establecer un proyecto de paz integral a largo plazo que beneficie a toda la población. Una visión positiva y optimista para nuestro país habría de tener presente: concientización nacional para crear una cultura de la vida; despolitización del Sistema Judicial; formación y depuración de los cuerpos de investigación y prevención; organización y fluidez entre dichas fuerzas y el Poder Judicial; generar mecanismos de control financiero, informáticos, investigativos y de hacienda, etcétera.

 

*la fuente de este artículo proviene de un comunicado de Cáritas Diocesana del 17 de junio, 2002

 

La Prensa - San Pedro Sula, 23/6/2002

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