Latinoamerica

Quetzaltepec, que en lengua nahuátl significa "cerro de los quetzales", municipio mixe de los 19 que integran el pueblo mixe, en los pasados cuatro años ha vivido una agresión sistemática a su proceso de autonomía consagrada por la normatividad interna, los acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT relativo a pueblos indígenas y tribales en países independientes. La punta de lanza de esta agresión ha estado representada por el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEE), instancia que lejos de escuchar la voz de los mixes de Quetzaltepec ha venido socavando la institucionalidad y las normas comunitarias.

Fiel a esta historia de agresión, el consejo general del Instituto Estatal Electoral desechó en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2002 la petición de la gran mayoría de los habitantes de Quetzaltepec de convalidar las elecciones de las autoridades municipales nombradas en asamblea comunitaria el pasado 16 de noviembre, en la que salió electo presidente municipal el comunero Filomeno Rojas Espinoza.

Los consejeros del IEE alegaron que la petición era improcedente jurídicamente y que la "... elección en San Miguel Quetzaltepec no puede ser reconocida por existir ya un acuerdo del consejo general del propio IEE y un decreto de la Legislatura local de diciembre del año pasado para validar el nombramiento del actual munícipe, Gregorio Ramírez Aguilar, y al resto de su cabildo, para el periodo 2002-2004" (Noticias, 14/12/01).

En efecto, el año pasado el IEE reconoció a Gregorio Ramírez Aguilar, fervoroso militante priísta, como presidente municipal, a pesar de la gran inconformidad ciudadana. En aquella ocasión se celebraron dos asambleas, una convocada por el propio IEE frente al palacio municipal, a la cual acudió la mayoría de la población en la que fue elegido el comunero Filomeno Rojas Espinoza. La segunda fue convocada por el entonces presidente municipal Gabino Sánchez Vázquez, de filiación priísta, y se llevó a cabo frente a su domicilio particular -cuestión contraria a la tradición-, donde acudió sólo una pequeña porción de la población, pero fue impuesto Gregorio Ramírez Aguilar.

Bajo el cobijo de una supuesta legalidad y atendiendo intereses políticos y económicos en turno, el consejo general del IEE decidió validar la asamblea celebrada frente a la casa de Gabino Sánchez Vázquez diciendo que "era la que llevaba el sello del presidente municipal", no obstante que este personaje era el meollo del asunto.

Pero el IEE, presidido en ese entonces por Cipriano Flores Cruz, en abierta violación a la tradición comunitaria y a las normas del Libro IV de la Ley Electoral de Oaxaca relativas a la Renovación de los ayuntamientos en municipios que electoralmente se rigen por normas de derecho consuetudinario, en especial el artículo 125, que establece el principio de consulta a las comunidades en situaciones conflictivas, el consejo general de dicho instituto decidió unilateralmente ampliar el periodo de duración de la autoridad municipal en Quetzaltepec por un lapso de tres años, cuando la tradición establece que debe ser uno. Bajo esta lógica anual, que tiene que ver con los ciclos de producción y cosmovisión mixe, excepcionalmente podía ser relegida alguna autoridad, siempre y cuando hubiera buen desempeño en el ejercicio público, pero en el marco de una asamblea comunitaria anual. El IEE ha decidido romper con este principio comunitario, y con ello exacerbr el conflicto y la ingobernablidad que dicha comunidad padece desde hace cuatro años.

Ante la agresión, la cabecera municipal y dos de sus principales agencias municipales (Chuxnabán y Santa Cruz Condoy), en ejercicio de su autonomía, han decidido mantener la tradición democrática del servicio comunitario anual, gratuito y bajo un respeto irrestricto al sistema de cargos y rendición de cuentas al colectivo ciudadano. Por esta razón realizaron su asamblea comunitaria el 16 de noviembre, cumpliendo con todas las normas comunitarias; acudieron 2 mil 116 ciudadanos y ciudadanas de un total de 2 mil 357 para elegir a sus nuevas autoridades municipales, encabezados por Filomeno Rojas Espinoza, y pidieron al Congreso local la desaparición del ayuntamiento ilegítimo presidido por Gregorio Ramírez Aguilar.

Con ello Quetzaltepec, en el marco de su asamblea comunitaria, ha decidido preservar sus tradiciones democráticas y defender su autonomía ancestral. El IEE, mediante su consejo general, decidió mantener una autoridad municipal ilegítima en franca agresión al sistema político comunitario con el objetivo de preservar los intereses políticos y económicos de quienes hoy siguen viviendo del dolor y la sangre de nuestros pueblos.

Nada es producto del azar, hay una lógica única que desde arriba niega el reconocimiento constitucional de nuestros derechos autonómicos y abajo pretende el exterminio de las formas concretas en que los pueblos venimos ejerciendo dicha autonomía en el marco de nuestras asambleas y demás instituciones comunitarias. Quien pretenda negarlo tiene en Quetzaltepec un ejemplo vivo, pero la lucha pacífica por la autonomía mixe es un hecho y los quetzaltepenses así lo han determinado.

La Jornada - México D.F., 18/12/2002

Furia en Milpa Alta

Tres sujetos fueron linchados por habitantes del pueblo de San Pablo Oztotepec, en la delegación Milpa Alta, luego de ser detenidos por taxistas de la localidad tras haber asaltado a uno de sus compañeros. Dos murieron por golpes y el tercero resultó gravemente herido, mientras que la víctima del asalto también resultó lesionada. La muerte de los dos sujetos fue ocasionada por los golpes que les propinaron sus captores, quienes aseguraban que "tenían que pagar con el mismo sufrimiento y dolor" que provocaron a su víctima. Mientras, el tercero seguía recibiendo golpes e insultos de los habitantes del pueblo, a pesar de que ya estaban ahí Raymundo Collins, subsecretario de Seguridad Pública, y elementos del cuerpo Granaderos. El funcionario acudió al lugar para negociar con la gente, que se resistía a entregar al lesionado para que recibiera atención médica. Sin embargo, llegaron a un acuerdo para entregar al presunto delincuente: que no se tomara ninguna acción judicial en contra de los habitantes del pueblo, y hoy se reunirán para acordar cómo será la vigilancia policiaca en la delegación Milpa Alta después de los acontecimientos. (La Jornada - 6/12/2002)

Carlos Martínez García

Signo ominoso de la descomposición ético-social es el reciente linchamiento que terminó en el asesinato colectivo de dos presuntos asaltantes y que dejó gravemente herido a uno más. Apenas hace dos semanas nos referimos en este mismo espacio a la preocupante recurrencia de casos como el sucedido en Milpa Alta. [...]

En la salvaje acción de Milpa Alta han vuelto a salir al paso las explicaciones que en la práctica diluyen la responsabilidad de la horda que perpetró el ataque. Es cierto que en la población existe hartazgo frente a la criminalidad desatada, igualmente es verdad que la gente tiene gran desconfianza en las instancias judiciales, también se constata que hay violencia contenida que explota en circunstancias en las que una colectividad se siente profundamente agraviada. Sí, todos estos elementos están presentes a la hora en que un grupo desata su furia contra quienes son molidos a golpes. Pero va siendo hora de analizar más detenidamente las justificaciones que dan los participantes en la feria bárbara hasta para alardear de sus acciones.

Pasados los días de la terrible ejecución sumaria en Milpa Alta y de acuerdo con las notas periodísticas, no son pocos los que dicen que el artero crimen tendrá un efecto disuasivo en potenciales delincuentes, que pensarán mejor antes de atreverse a realizar ilícitos en la zona.

Todos los condicionantes económicos y sociales que suelen citarse para enmarcar los linchamientos no son suficientes para dar cuenta cabal de los amarres que se sueltan en las conciencias de quienes gozosamente participan en hacer sufrir y terminar atrozmente con la vida de una o más personas. Porque los mismos condicionantes operan de distinta manera en diversos actores, no existe una relación mecánica entre unos y otros.

Esto apunta, me parece, a que hay elementos en la formación de los ciudadanos que ayudan a resistir o no a la cautivación por ser parte de una acción degradante. Si a esto aunamos que la pedagogía de la legalidad es muy débil en nuestra sociedad, y que más bien el mensaje recibido por la ciudadanía es que hay múltiples vías alternas para evadir las leyes y reglamentos, tenemos entonces una suma que da por resultado una conducta transgresora en la que se pierde el terreno común social que da un cuerpo legal claro, eficiente, y que sanciona a quienes dañan la convivencia general. Queda entonces ese enorme cúmulo de pequeñas transgresiones cotidianas que se vuelven modus operandi para millones de ciudadanos, en detrimento de la otra parte que sí cumple y comprueba cómo la debilidad del estado de derecho es una brecha amplia en la que florece la gandallez de manera exponencial. Ejemplos los tenemos todos los días en los espacios privados y públicos. Tenemos democracia electoral, pero nos falta acelerar la construcción de la personalidad democrática entre los mexicanos.

El linchamiento sucedido en Milpa Alta apunta para un caso más de impunidad, tal como pasó con el que tuvo lugar en julio del año pasado en La Magdalena Petlacalco, delegación Tlalpan.

Acusado de intentar robarle algunos colguijos a la virgen patrona del pueblo, Carlos Pacheco Beltrán pereció a manos de una enfebrecida turba que desató una demencial violencia en su contra. Ante el acontecimiento, el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una de sus más desafortunadas declaraciones al decir que había que "verlo en lo que es la historia de los pueblos de México. Que viene de lejos, es la cultura, las creencias, la manera comunitaria en que actúan los pueblos originarios de México". Aunque el ataque de Milpa Alta también tuvo lugar en una parte de la ciudad considerada tradicional, López Obrador ya no hizo interpretaciones exculpatorias a partir de las costumbres ancestrales.

Quien esta vez se lleva el antihonor de haber dado la interpretación más desafortunada es la delegada de Milpa Alta, Guadalupe Chavira. La funcionaria doctamente se puso a elaborar teorías de la movilidad de la delincuencia en la ciudad de México. Aseguró que casos como el linchamiento en la demarcación son influidos por lo que llamó el efecto cucaracha, consistente en el traslado hacia Milpa Alta de ladrones provenientes de Iztapalapa y la Cuauhtémoc. [...] Cuando se trata de asuntos tan graves como el del homicidio multitudinario de la semana pasada, los funcionarios deberían hacer una evaluación aguda sobre las inercias culturales que se resisten al juego democrático, porque en el nombre del pueblo también se cometen atrocidades.

La Jornada - México D.F., 11/12/2002

Ni una muerta más

En los pasados cuatro días han sido localizados los cuerpos de cuatro mujeres que perdieron la vida de manera violenta en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante la Jornada Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, cientos de manifestantes colocaron 286 cruces en las jardineras de la Subprocuraduría General de Justicia del estado con el nombre de cada una de las asesinadas y la leyenda "Juárez está de luto por las mujeres asesinadas y no encuentran a los asesinos". (La Jornada - 26/11/2002)

En México, el Día Internacional de No Violencia hacia las Mujeres estuvo marcado por la recordación de las casi 300 mujeres asesinadas impunemente en Ciudad Juárez, Chihuahua, en menos de una década, y por la exigencia de que se haga justicia, se castigue a los responsables y se ofrezca seguridad a las mujeres que habitan en esa urbe fronteriza y maquiladora. Con esas consignas, miles de mujeres, vestidas de negro, marcharon hacia el Zócalo capitalino y otras muchas se manifestaron de diversas maneras en otras ciudades del país.

El terror que viven las mujeres en Ciudad Juárez pone al descubierto algunos de los aspectos más miserables del México contemporáneo: el machismo y el sexismo que aún permean las instituciones y la sociedad en general; la criminalidad clasista que busca sus víctimas entre los individuos menos protegidos de la población; la extrema ineficacia -por decir lo menos- de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia correspondientes a ese municipio, al estado de Chihuahua y a la Federación; la falta de voluntad política estatal y nacional para atender el problema y el enorme poder de la delincuencia, muy superior, en este caso, al de las dependencias que debieran combatirlo.

Más allá del ámbito social y delictivo, no puede ignorarse el papel que ha desempeñado en la gestación del entorno de impunidad y exterminio de los más inermes el modelo de país maquilador concebido e implantado por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Las inversiones extranjeras maquiladoras suelen situarse en entornos de tejido social débil -como el caso de Ciudad Juárez, con su alto porcentaje de población procedente de otras zonas del país- y buscar trabajadores mal pagados para entablar con ellos relaciones laborales fugaces, precarias y desvinculadas de cualquier compromiso del patrón hacia el asalariado; producen, en suma, una severa devaluación de las personas que trabajan para ellas -como es el caso de la mayor parte de las mujeres asesinadas en la ciudad norteña- y ofrecen a la criminalidad (el comercio de seres humanos, el narcotráfico, la explotación sexual, el homicidio, la producción de pornografía infantil) un entorno repleto de víctimas potenciales.

Frente a estas realidades inadmisibles y vergonzosas, el México oficial se ha revelado patético, inoperante y demagógico. El Ejecutivo federal y el estatal capitalizan el drama para lanzarse acusaciones mutuas, los legisladores se desentienden del problema, los partidos políticos buscan ganar sufragios explotando el drama de centenares de familias y la esposa del Presidente aprovecha la oportunidad para presentar en sociedad un programa repleto de buenos deseos que no resisten un mínimo cotejo con la realidad de un gobierno indolente e insensible ante el drama juarense.

En consecuencia, corresponde a la propia sociedad movilizarse para poner fin a la vergüenza y el horror de Ciudad Juárez, exigir la procuración y la impartición de justicia para cada uno de los homicidios y construir una nación equitativa, justa y habitable para sus propios ciudadanos, con efectiva igualdad ante la ley para mujeres y hombres, para trabajadores de la maquila y potentados, para indígenas y no indígenas, y en la que no haya lugar, en consecuencia, para más criminales impunes.

La Jornada (editorial) - 26/11/2002

La conexión de EU con la guerra sucia

Darrin Wood

La confesión del general Mario Arturo Acosta Chaparro de que recibió adiestramiento militar en Estados Unidos entre 1969 y 1971 sirvió para confirmar lo que muchos sólo sospechaban; que militares mexicanos involucrados en la guerra sucia fueron usados gracias a su preparación por parte de Estados Unidos.

Acosta Chaparro dijo que recibió cursos en paracaidismo, antiguerrilla y antisubversivos en los estados de Georgia y Carolina del Norte. Su curso de paracaidismo habrá sido en el Fuerte Benning, localizado en la ciudad de Columbus, en Georgia. Esta instalación es la sede de los cursos de paracaidismo para el ejército estadunidense. También se localiza allí la escuela de rangers. Muchos latinoamericanos saben de los rangers porque son quienes entrenaron a los militares bolivianos que capturaron al Che Guevara en 1967. Curiosamente, dos décadas después, la tristemente célebre Escuela de las Américas cambió su lugar de Panamá al Fuerte Benning. Otro miembro de las Brigadas Blancas, el entonces coronel Luis Montiel López, quien luego ascendió hasta general, recibió entrenamiento en "contrainsurrección" en la Escuela de las Américas en 1962. Algunos afirman que Miguel Nazar Haro estuvo también allí, pero su nombre no aparece en las listas de egresados.

Los cursos de antiguerrilla y antisubversión del general Acosta Chaparro tuvieron lugar en el Fuerte Bragg, Carolina del Norte, en la Escuela de Guerra Especial, ahora conocida como la Escuela y Centro de Guerra Especial John F. Kennedy. El Fuerte Bragg es también la sede del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, los boinas verdes encargados de actuar en América Latina. El ultrasecreto grupo Fuerza Delta tiene su base en el mismo fuerte que es la sede del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Según un artículo reciente de Los Angeles Times, ni siquiera existe una biografía pública del general Dell L. Daily, jefe del Comando de Operaciones Especiales.

El año pasado, un ex militante de la Liga 23 de Septiembre, David Cilia Olmos, acusó al ahora subsecretario de la Defensa, general Mario Delfino Palmerín Cordero, de haber participado en la guerra sucia. Palmerín Cordero también recibió adiestramiento en el Fuerte Bragg, y además en West Point.

Otro notable egresado de la Escuela de Guerra Especial es el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la 7 Región Militar en Chiapas entre noviembre de 1994 y noviembre de 1997. Este es considerado por muchos "el padrino" de los grupos paramilitares de Chiapas. De hecho, el grupo Paz y Justicia ha permanecido leal a él aun después de que se fue.

No debe sorprender que exista un manual para las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, editado en el Fuerte Bragg, el Manual de campo 31-20-3: defensa interna extranjera, tácticas, técnicas y procedimientos para fuerzas especiales, con fecha de publicación 20 de septiembre de 1994. El manual contiene un anexo de 19 páginas acerca de cómo formar paramilitares, o "fuerzas de autodefensa civil", en acciones de contrainsurgencia.

En el nuevo número de la revista en español del Colegio de Mando y Estado Mayor del ejército estadunidense, Military Review, hay un artículo escrito por dos oficiales del Fuerte Bragg, titulado "Dos décadas de excelencia en Latinoamérica: el 7º Grupo de Fuerzas Especiales". El artículo habla de sus acciones desde El Salvador hasta hoy en día en Colombia. Un extracto interesante trata de México: "Como parte de un compromiso renovado bajo la administración de Clinton para una mayor cooperación militar entre Estados Unidos y México, el ejército de Estados Unidos recibió órdenes para llevar a cabo la Iniciativa de Adiestramiento en México (IAM) para proporcionar el adiestramiento que mejoraría las capacidades del Ejército Mexicano.

La misión de adiestrar a las fuerzas de México que realizan las operaciones contra el narcotráfico fue delegada al comandante del 7º Grupo de Fuerzas Especiales. "La IAM empezó en abril de 1996 en Fuerte Bragg, Carolina del Norte. Los soldados de la Compañía B del 3^er Batallón del 7º Grupo de Fuerzas Especiales adiestraron a los oficiales de Ejército Mexicano en puntería, reconocimiento, combate cercano y derechos humanos para mejorar las capacidades del Ejército Mexicano en la lucha contra las drogas. Después, el personal del 1^er y 2º Batallones y la Compañía de Apoyo del 7º Grupo tomaron turnos en la misión de IAM. El adiestramiento también incluyó cursos para instructores de IAM, en los cuales se adiestró a oficiales seleccionados del Ejército Mexicano para fortalecer los cuadros de instrucción en México. Un gran número de oficiales mexicanos desplegó al Fuerte Bragg para la IAM desde 1996 hasta septiembre de 1998, cuando fue suspendido el programa.

"La IAM era revolucionaria en el sentido del nivel de cooperación alcanzado entre los gobiernos de Estados Unidos y México. La misión era parte de un esfuerzo mayor para mejorar las relaciones entre los dos países."

El artículo no menciona que el programa fue suspendido por ser considerado un fracaso total. Entre otras razones, por las acciones de varios integrantes de los GAFE en Jalisco en diciembre de 1997, cuando torturaron a una docena de jóvenes indígenas y asesinaron a uno. Por lo menos seis de los militares fueron entrenados en Fuerte Bragg y el mando en la Escuela de las Américas.

La admisión por parte de Acosta Chaparro de su estadía en Estados Unidos antes de entrar en la Brigada Blanca y la guerra sucia sólo es una muestra más de lo que puede pasar cuando Estados Unidos utiliza otras fuerzas armadas para "mantener el orden".

La Jornada - México D.F., 2/11/2002

Derechos indios, Corte y Congreso

Cuauhtémoc Cárdenas

No ha sido frecuente a lo largo de nuestra historia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifieste en relación a cuestiones altamente visibles y de impacto en la vida política del país. El pasado viernes 5, en un día y en un formato inusuales para las resoluciones de la Corte, lo que deja ya un mal tufo y despierta necesariamente interrogantes sobre las razones de lo inusual, ésta declaró improcedentes las controversias constitucionales, esto es, las demandas presentadas por 322 ayuntamientos del país para echar abajo las reformas introducidas en la Constitución -por votaciones coincidentes de PAN y PRI- en materia de derechos y cultura indígenas, consideradas insuficientes o contrarias respecto a la iniciativa elaborada por la Cocopa, apoyada, entre otros muchos, por la gran mayoría de los indígenas del país, y presentada al Congreso por el titular del Ejecutivo federal.

La Corte falló en contra, analizando y tomando en cuenta sólo el procedimiento de aprobación de las reformas, argumentando que de juzgar sobre su contenido, estaría sustituyendo al órgano reformador que representa el Legislativo.

En otros casos anteriores, la Corte había tocado con sus juicios el fondo de las reformas, sin considerar que con ello sustituía o afectaba las facultades del órgano reformador. Lo cierto es que la mayoría -ocho de 11- de los ministros de la Corte rehuyeron ir a la esencia del problema. No quisieron enfrentarse con las cabezas del régimen del que ellos son parte, y con esta resolución dejan muy claro que se identifican y están sumados a sus intereses y visiones.

Su resolución no es intrascendente. Revive cinco siglos de opresión, explotación, desigualdad y discriminaciones. Deja viva una herida social que impide la unión de los mexicanos en el respeto a su diversidad. Nulifica las potencialidades de nuestra pluralidad. Ofende a los 10 millones de mexicanos que se reconocen como parte de alguno de los 56 pueblos indígenas, y ofende igualmente a los 92 millones restantes de mexicanos, todos aquellos que no nos consideramos herederos ideológicos y materiales del coloniaje, la conquista violenta, las compañías deslindadoras y la tienda de raya, ni nos hemos sumado al entreguismo y al sometimiento político y en el pensamiento de los actuales anexionistas.

Impide la desmilitarización de la selva chiapaneca, donde están asentadas centenares de comunidades y decenas de miles de mexicanos; impide que la tropa vuelva a sus cuarteles originales, los que ocupaba antes del 1° de enero de 1994, y que el Estado mexicano deje de estimular las divisiones y las deslealtades entre hermanos y proteja y promueva en esas regiones la educación y la producción, y ya no más la degradación social y la prostitución.

Mantiene la guerra sorda, que no por ello menos sangrienta, y la violencia paramilitar clasista en vastos territorios de Chiapas, que altera gravemente la vida de las comunidades, que se encuentran en una permanente angustia opresiva y paralizante, que les obstaculiza para dedicar su esfuerzo al trabajo creativo y productivo.

Y lo más grave, cierra las posibilidades para llegar a un acuerdo de paz, estable, definitiva, que se abrió como gran esperanza, primero, al suscribirse los acuerdos de San Andrés y, después, al darse la gran marcha zapatista en los primeros meses de 2001.

En fin, con resolución de la Corte o sin ella, lo que vuelve a quedar claro es que las reformas constitucionales en materia de derechos y culturas indígenas vigentes no contribuyen a resolver los conflictos de Chiapas, a que se den los acuerdos de paz y a que se reconozcan -y puedan cabalmente ejercitarse- los derechos de los indígenas de nuestro país y se creen las condiciones para su desarrollo, participación y aportes creativos, con oportunidades equivalentes y en igualdad con los mexicanos que gozan, contribuyen y se benefician de los niveles más altos de desarrollo social, cultural, político y económico.

En estas condiciones, los legisladores están ante la gran oportunidad histórica de dar solución al problema de enfrentamiento y división entre mexicanos más grave que hoy vive nuestro país, legislando para incorporar a nuestra Constitución las reformas en materia de sus derechos y sus culturas que demandan los pueblos y comunidades indígenas de la nación.

La Jornada - México D.F., 10/9/2002

México-Cuba: nuevos desfiguros

La orden de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de cancelar los festejos patrios que tradicionalmente celebra la representación diplomática de nuestro país en La Habana, y por extensión todas las actividades culturales, recreativas y protocolarias bilaterales asociadas al 15 de septiembre, constituye una nueva expresión del deterioro de la diplomacia mexicana del gobierno de Vicente Fox y un dato sobre la manera en que el canciller Jorge G. Castañeda convierte sus fobias personales en lineamientos de política exterior.

La carta distribuida por la embajada mexicana en Cuba el viernes pasado no deja lugar a dudas: la SRE -señala la legación diplomática-"nos ha indicado no organizar ni participar en celebración alguna con motivo de las fiestas patrias". El argumento ideado por Tlatelolco para explicar la cancelación de varios de esos festejos en función de la austeridad presupuestal resulta desmentido por el hecho de que en La Habana varias empresas privadas se habían comprometido ya a sufragar los gastos principales de las celebraciones.

En tales circunstancias, la orden a la representación que encabeza Ricardo Pascoe de no festejar el 15 de septiembre no sólo es un agravio innecesario al gobierno de Fidel Castro sino, sobre todo, un insulto para los cubanos y mexicanos que habían programado un sinnúmero de actividades en torno de esa fecha y una ofensa injustificable al pueblo de Cuba en su conjunto.

Cabe preguntarse ahora si la "política exterior para los nuevos tiempos", a la que se refirió el presidente Fox en su segundo Informe, conlleva la labor de zapa sistemática a tradiciones de amistad y hermandad como las que vinculan a cubanos y mexicanos, y si la cancelación de exposiciones de pintura y cerámica, de fiestas y colocación de ofrendas florales -por no hablar del boicoteo de actividades culturales conmemorativas de nuestra independencia, que los cubanos mantendrán, pese a todo- resultan maneras adecuadas de "promover y defender, con congruencia y firmeza, los intereses de México y los derechos de las y los mexicanos en el extranjero".

Es tiempo de que el titular del Ejecutivo se dé cuenta de hasta qué punto Castañeda ha convertido la dependencia que dirige en un instrumento de sus desfiguros ideológicos y pasionales y cuánto daño hace con ello al gobierno al que dice servir, a la tradición diplomática nacional y al país en su conjunto.

La Jornada (editorial) - 3/9/2002

Asedio al zapatismo

Magdalena Gómez

Las noticias que llegan de Chiapas presagian una cosecha de tempestades de la cual no parecen dar cuenta nuestros gobernantes, empeñados, como están, en aplicar la máxima salinista "ni los veo ni los oigo" y en propiciar al mismo tiempo la polarización con el viejo doble discurso. Parece clara la preparación del escenario del "conflicto intracomunitario" para justificar explosiones violentas, como ocurrió en Acteal; no obstante, los gobiernos federal y local no asumen una política convincente. Se niegan a vincular el impacto de sus políticas institucionales con el clima de confrontación que se vive en la zona, empeñados, como están, en responsabilizar al EZLN de que su silencio es causa de todos los males; para dar cuenta de ello basta leer las declaraciones del comisionado para la paz, don Luis H. Alvarez.

Parece claro que las tensiones y agresiones están dirigidas al espacio de los municipios autónomos como proyectos donde las comunidades y bases de apoyo del EZLN han construido un real espacio de existencia y autonomía. Si el proyecto de Albores fue "desmantelarlos", el que hoy se aplica busca "descabezarlos". De nueva cuenta se identifica la participación de grupos civiles armados con auspicios externos, que habría que investigar, y de los que se conocen como paramilitares. El propio Francis M. Deng, representante del secretario de la ONU para el tema de desplazados, reconoció en su reciente visita la acción de estos grupos y el clima que prevalece en Chiapas. Así que antes de divulgar historias de conflictos comunitarios atribuidos a "los usos y costumbres", la procuraduría de esa entidad debería investigar a fondo; al Ejército, por su parte, le corresponde trascender las explicaciones, también recurrentes, de que sus intensas movilizaciones de estos días obedecen al simple relevo de tropas.

Tras ocho años se reaviva la óptica de chiapanizar el conflicto para minimizar el impacto nacional e internacional que el movimiento del EZLN dio a los pueblos indígenas y a la lucha contra el neoliberalismo. Si bien se localizan las tensiones y agresiones en esa región y ahí tiene su arraigo fundamental el zapatismo, incluso su compromiso con las bases de apoyo comunitarias, no podemos eludir que esa dinámica local está alimentada por la que se generó a nivel federal con el fracaso del intento de reanudación del diálogo a raíz de la caravana zapatista para convalidar y fortalecer la llamada iniciativa Cocopa.

En dos años hemos observado la expresión de voluntades políticas que se quedan a medio camino en un afán de trivializar el sentido de este importante movimiento que es, ante todo, social y político. Se presentó la iniciativa Cocopa y luego no se quiso pagar el costo político de defenderla ante el Congreso, mismo que dio la espalda a los compromisos firmados en San Andrés en una lógica ajena a la obligación que entraña su pertenencia al Estado mexicano. También la Suprema Corte de Justicia está muy próxima a resolver las controversias indígenas y ya se insinúa un desenlace contrario a la demanda indígena.

La clase política hegemónica parece cerrada a considerar seriamente el impacto que tendrá en los pueblos indígenas la evidencia de que el Estado, con sus tres poderes, persiste en prolongar su exclusión y negar definitivamente su reconocimiento como sujetos políticos. Son múltiples las evidencias en este sentido: en este año vimos al Congreso y al Poder Ejecutivo, así como a la mayoría de los congresos locales demandados ante la Corte por los pueblos indígenas, argumentando en su contra y sin asomo de voluntad de reconocer que les asiste la razón jurídica e histórica. Ahí están los expedientes en la Corte para evidenciar que mientras algunos representantes gubernamentales presumen en espacios internacionales de su adhesión a la libre determinación y la autonomía, la Consejería Jurídica de Presidencia se suma a los argumentos del Congreso y la Procuraduría General de la República que limita en su argumentación los alcances del Convenio 169 de la OIT para minimizar su contenido. También el gobierno federal se ha empeñado en salirse por la puerta falsa del continuismo de la política indigenista y se apresta a realizar una reforma institucional que sólo augura más de lo mismo; incluso la recién creada Coordinación de Conflictos Intracomunitarios denota una visión errónea, pues desconoce que es el Estado el que ha fallado en su función de garante del estado de derecho y pretende colocar el énfasis en los conflictos que son efecto y no causa de los problemas. Ambas visiones reafirman la postura de colocar a los pueblos indígenas como objeto de asistencia y no como sujetos de derecho.

Estos factores están en la base de la polarización en Chiapas y son los elementos que debemos poner en la mesa para deslindar responsabilidades y revertir la crisis del proceso de diálogo. Sin una rectificación del Congreso de la Unión y del Presidente de la República no se restablecerá la confianza necesaria para que el EZLN asuma que tiene sentido lograr acuerdos.

La situación se agrava en Chiapas en momentos en que las fuerzas democráticas tienen abiertos varios frentes: la defensa de la industria eléctrica, así como de los defensores del patrimonio cultural agredidos en Morelos, el rechazo al ALCA y al Plan Puebla-Panamá, entre otros. Esta situación obliga a hacer un frente común, pues en la raíz de todos los conflictos subyace la disputa por la nación que queremos y la evidencia machacona de que el 2 de julio de 2000 no generó el cambio democrático que requiere el país.

La Jornada - México D.F.,1/9/2002

El sureste: botín trasnacional

Carlos Fazio

En algunas misiones diplomáticas acreditadas en México existe un renovado interés por saber qué va a hacer el EZLN en respuesta a un previsible fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia sobre la legalidad de la contrarreforma constitucional en materia indígena. También ha despertado expectativa el sorpresivo cambio de mando administrativo del Plan Puebla-Panamá (PPP), del que ha sido desplazado Florencio Salazar (reciclado en tareas de control social de la Secretaría de Gobernación) y cuya jefatura asumió la cancillería de Tlatelolco.

Ambos temas están ligados. Y los dos tienen que ver con los planes hegemónicos de Estados Unidos para toda la región. También con la traición foxista en materia de contrarreforma eléctrica que, vía la modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales, pretende abrir el sector energético al capital privado trasnacional. No se trata de ninguna teoría de la conspiración; los hechos están ahí. Las contrarreformas indígena y eléctrica forman parte de un mismo paquete que incluye, además, un reposicionamiento logístico-policiaco-militar contrainsurgente en el corredor istmo de Tehuantepec/Cañadas (Chiapas) en el marco del PPP, diseñado con la debida anticipación y sigilo para adoptar acciones preventivas y/o quirúrgicas de tipo relámpago con fuerzas aerotransportadas, según requiera la situación.

Con sus enormes recursos naturales y minerales (agua, bosques, biodiversidad, petróleo, gas natural), el macizo montañoso central húmedo de la selva maya -que abarca los Chimalapas y la selva Lacandona en México y se extiende por todo el Corredor Biológico Mesoamericano- es el gran botín del que quieren apoderarse Washington, las compañías trasnacionales y personeros de la oligarquía mexicana. Las razones son obvias. El agua, como recurso, puede traducirse en un gran negocio para compañías privadas del ramo de la construcción (megaproyectos carreteros, represas, interconexión eléctrica con Centroamérica, infraestructura técnica), entre las cuales figuran las dos veces rescatadas ICA y Tribasa, y del ramo cementero, en particular Cemex (Lorenzo Zambrano/Amigos de Fox), que contarán además con subsidio oficial, garantía legal y seguridad represiva para sus inversiones, vía el Ejército y la Policía Federal Preventiva.

El agua es también un recurso indispensable para el desarrollo de las agroindustrias trasnacionales, que necesitan sistemas de riego para sus plantaciones en las planicies y sus invernaderos. Igual ocurre con compañías embotelladoras de bebida, como Coca-Cola (Fox vis à vis Zedillo/Union Pacific), que tras la victoria foxista incrementó sus instalaciones en Chiapas al obtener un cambio de uso de suelo para extracción, procesamiento y embotellamiento de agua en el acuífero más rico del valle de Jovel (San Cristóbal de las Casas), ubicado en las faldas del Huitepec, una reserva ecológica administrada por Pronatura (ONG conservacionista, cuyos fondos provienen, en parte, de Coca-Cola México).

A su vez, la biodiversidad, con sus bancos genéticos, es el gran bocado apetecido por la industria de la biotecnología (con ramificaciones en la farmacéutica, salud humana y armas biológicas), que de tiempo atrás viene desarrollando actividades de bioprospección (biopiratería, biopatentes) en todo Chiapas, en particular en Montes Azules, mediante corporaciones multinacionales como Novartis, Monsanto y la mexicana Pulsar (Savia/Géminis) de Arturo Romo (Grupo Monterrey/Amigo de Fox).

La riqueza en biodiversidad es también un objetivo geoestratégico de Washington, que viene siendo trabajado desde hace algunos años por diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en México, y mediante continuas misiones en la selva Lacandona y la cuenca del Usumacinta de representantes oficiales y/o encubiertos de la USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos), con sus "proyectos sociales" de infraestructura transfronteriza. Ese proyecto de saqueo cuenta además con "socios" en organismos internacionales bajo control de Estados Unidos (como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, patrocinadores del PPP), y con los servicios in situ de ONG "pantalla", como la californiana Conservation International.

Los nexos entre contrarreforma indígena, privatización eléctrica, agua, biodiversidad y contrainsurgencia están presentes también en un megaproyecto binacional del PPP, previsto a corto plazo: la construcción de un complejo hidroeléctrico en la cuenca del Usumacinta (el Sistema Usu/Tulha), que constará de cinco presas. La obra faraónica, que comenzará en la frontera entre el Petén guatemalteco y Marqués de Comillas, Chiapas, y terminará en Tabasco, provocará la inundación de un área calculada en 12 mil kilómetros cuadrados, afectando 800 sitios arqueológicos y asentamientos cooperativistas con más de 50 mil personas, ocasionando pérdidas en millones de árboles de madera preciosa y vida silvestre. Eso explica, en parte, por qué el municipio de Ocosingo, Chiapas, y el departamento del Petén, en Guatemala, son las regiones más militarizadas de Mesoamérica. Y por qué deben ahogarse "legal" y militarmente las aspiraciones autonómicas y el derecho a la autodeterminación de los poblados mayas de Montes Azules y el Usumacinta: porque son un dique a los planes de rapiña del gran capital.

La Jornada - México D.F., 26/8/2002

Chiapas: el retorno paramilitar

En el presente verano, en las regiones chiapanecas que han sido escenario del alzamiento indígena zapatista de 1994 y de las confrontaciones posteriores, el conflicto, nunca resuelto de raíz, ha ido reactivándose en forma sostenida y peligrosa. Los grupos paramilitares, inicialmente desconcertados por las derrotas electorales del PRI en la entidad y en el país, se reagrupan y retoman las acciones ofensivas contra los municipios autónomos y las comunidades que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Entre otras agresiones, los paramilitares atacaron, el 31 de julio, el ejido La Culebra e hirieron a siete habitantes de la localidad; el 7 de agosto asesinaron a José López Santiz, del municipio autónomo 17 de Noviembre, en Altamirano; antier, en el municipio autónomo San Manuel, atacaron un retén zapatista y secuestraron y torturaron a Rigoberto Sánchez Gómez, golpearon a varios pobladores e hirieron a otros. El mismo día por la tarde, se dio un enfrentamiento a golpes en San Juan Chamula entre católicos tradicionalistas y protestantes.

Es indudable que el gobierno del Estado ha buscado dar solución a cada nuevo episodio de violencia, y el titular del Ejecutivo estatal, Pablo Salazar Mendiguchía, incluso fue a dialogar con los habitantes de San Manuel para ofrecer personalmente la procuración de justicia ante el homicidio de López Santiz. Pero, al mismo tiempo, las autoridades de Tuxtla Gutiérrez propician, al minimizar las confrontaciones y al invocar una situación de normalidad que no se corresponde con las realidades de la zona de conflicto, el mantenimiento de problemas irresueltos que deben ser atendidos.

El telón de fondo de este recrudecimiento del drama chiapaneco es, sin duda, la renuncia del Estado mexicano a buscar soluciones de fondo a la relación entre los pueblos indígenas y el resto del país, una relación que conserva sus inveterados factores de inequidad, opresión, marginación, explotación y agravio regular. Las reformas constitucionales realizadas el año pasado por el Poder Legislativo en materia de derechos y cultura indígenas fueron, como se dijo desde entonces, un paliativo o, peor aún, una simulación cuyas consecuencias sólo podrían ser, a fin de cuentas, el ahondamiento de la injusticia y de los conflictos resultantes. Ahora, en Chiapas, cuna de la rebelión indígena que puso en evidencia el oprobio histórico que pesa sobre las comunidades indígenas, pueden verse los efectos de la ineficacia, de la mezquindad y de los intereses inconfesables que confluyeron en la distorsión de la iniciativa de reformas formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación. El país en su conjunto no debiera llamarse a engaño: las causas profundas del alzamiento no han sido resueltas; simplemente Chiapas había perdido, coyunturalmente, un espacio preponderante en los medios, pero el estatuto de justicia y dignidad para los pueblos indígenas sigue siendo, en México, una asignatura pendiente.

La Jornada (editorial) - México D.F., 21/8/2002

El fervor católico del presidente Fox

Rosa Elvira Vargas y Juan Manuel Venegas

Un instante después de dejar algunas palabras de bienvenida cerca del oído del pontífice, Vicente Fox disminuía su enorme estatura, se hacía minúsculo. Arrobado, tomaba con sus dos manos la diestra de Juan Pablo II para depositar un beso en el anillo papal. Y ahí terminaba, con ese gesto de fervor católico, de subordinada autoridad al jefe de otro Estado, el largo ciclo de la independencia de los poderes del Estado mexicano con las manifestaciones espirituales.

Punto. Desde ahora habrá un antes y un después. Y al argumento ufano del fin de las simulaciones que utiliza el Presidente para pasar por encima de las leyes que juró cumplir, sobrarán quienes antepongan los fundamentos laicos, históricos, del Estado mexicano. Pero por ahora, la transgresión ahí está.

Porque incluso para estos efectos, la mención a la pluralidad religiosa -que mereció una breve frase en el discurso foxista- pareció más un ornamento discursivo, hasta una lisonja innecesaria, ante el cúmulo de señales previas a ese acto, a cual más desmesurada y sin el mínimo recato

No era una visita de Estado. Se anunció siempre como un viaje pastoral, pero la organización, la ceremonia realizada en una instalación oficial, se diseñó para que la pareja presidencial y, por lo que se vio, casi todo el gabinete legal y ampliado, pudieran honrar al líder de los católicos del mundo.

Ellos, que en las anteriores oportunidades tenían que aprovechar las invitaciones formales que les hacía el gobierno para satisfacer sus inclinaciones religiosas, ayer ya no tuvieron rubor ni pudor alguno para mostrar que están y son el poder en México y que no tienen empacho en usarlo.

Entonces, para qué guardarse si se puede disponer de todo lo imaginable para mostrar ese arrebato católico que otras veces tuvo que darse con disimulo y apenas mostrarse de lejecitos. Y así se hizo. Nada se regateó, porque hoy el catolicismo militante está en el poder presidencial. Cierto, nadie en su sano juicio esperaría que para cualquier mandatario recibir al obispo de Roma resulte un trámite más. Eso es claro, la inmensa mayoría de la población mexicana es católica. Pero cuatro veces vino antes Juan Pablo II a México y en ninguna de ellas el comportamiento oficial se trastocó a niveles como el de este martes.

Y entonces, ese gesto de Fox, resultó el corolario de una actitud que, a sabiendas o no, pero obligado por su investidura, olvidó aquello del ''principio histórico de la separación del Estado y las iglesias'', que consagra el artículo 130 constitucional.

Habilitado como un gran auditorio en previsión de lluvia, el hangar de la Presidencia de la República fue decorado a todo lujo, con predominancia de los colores amarillo y blanco distintivos del Vaticano. Una puerta blanca, adornada con delgadas cruces y dos marcos sobrepuestos, uno amarillo y otro más grande de madera, conformaban parte del escenario. Al frente, tres elegantes sillas blancas y por los márgenes coloridos arreglos florales.

A los lados, dos grupos de niños representando a los estados del país daban un toque de la candidez que seguramente se consideró que sí podía mostrarse. Porque hubo otro, aquél que se contenía en una gigantesca frase formada con flores y que, luego se vio, quedaría sólo ante el Papa, pero que logró atisbarse cuando la tarima que separaría al pontífice de los invitados se venció con el peso y alcanzó a leerse incompleto ''peregrino del amor y...''

Y qué decir del estruendo de los diminutos cañones que dispararon papel picado amarillo y blanco -nunca tricolor- cuando por fin el jefe de la Iglesia católica entró con toda su cansada humanidad a cuestas al hangar-auditorio. Pero eso era poco contra lo que ya se había visto. Cierto que la televisión recogió cada detalle de esa ceremonia diluida de todo civismo. Hubo mucho más. Desde los prolegómenos, desde los ''ensayos'' a los que se sometieron gozosos casi dos mil invitados, desde la conformación de clases y separación de ámbitos para ubicar a esos influyentes con acceso a la recepción, y desde el ocultamiento detrás de graderías de la banda militar que se encargó de los himnos, todo era para y por los católicos que pudieron conseguirlo.

Ellos, casi todos, que seguramente sin problema alguno podrían obtener un sitio en la Basílica de Guadalupe, mañana o pasado, utilizaron la oportunidad que les brindó el gobierno. Y estaban felices. Divididos en seis secciones de 108 sillas -más un largo graderío para invitados de no tal alto linaje o prosapia política y la prensa que, eso sí, quedó más cerca del cielo que ningún otro invitado- los purpurados, los miembros del gabinete con sus familias, representantes de los poderes del Estado, algunos gobernadores (de todos los partidos), empresarios e integrantes del cuerpo diplomático fueron provistos a su llegada con pañuelos amarillos y blancos.

Se saludaban Santiago Creel y los cardenales, obispos y arzobispos; Francisco Gil, resolvía algún asunto con un empresario que fue en su búsqueda; el cardenal Norberto Rivera se paseaba entre las sillas saludando con algarabía, como lo haría cualquier buen anfitrión, y el vocero presidencial, Rodolfo Elizondo, quien apenas ayer corrió a más de 150 empleados de la oficina de Comunicación Social, se detenía largo a hablar con uno de los prelados; Reyes Tamez, el secretario de Educación Pública, no soltaba el teléfono celular, y el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, se dispensaba un frío saludo con Diego Fernández de Cevallos, quien nunca cruzó palabra alguna con Andrés Manuel López Obrador.

Poco a poco, esa multitud iría tomando sus lugares de privilegio y recibiría con alegría las instrucciones, el ensayo que, dirigido por Francisco Sánchez Armas, buscaba armonizar voces y movimientos para las canciones que se entonarían ante el pontífice. La orquesta y el coro marcaban la pauta, el animador pedía el movimiento de pañuelos y no pocos secretarios de Estado -y todas sus familias- lo obedecían. Y en primer lugar, llevando la pauta puntual, el secretario Gil Díaz.

También cantaban, agitaban las telas, la titular del Conaculta, Sara Bermúdez; la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; el secretario particular del presidente, Alfonso Durazo; el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, y con ese ímpetu que también ha demostrado en los partidos de la selección mexicana de futbol se agitaba Xóchitl Gálvez, de la oficina de atención a indígenas.

Todavía momentos antes del arribo de la pareja presidencial y sus hijos, para solaz del respetable, se presentó -sin créditos pero con una factura incuestionable del Cepropie- un documental de las anteriores visitas papales, con un texto que luego de aludir en todos los tonos posibles a la fe católica de los ahí presentes, rubricaba pidiendo: ''Extendamos nuestros brazos y abramos nuestros corazones para recibir...''

Cuando ante la inminencia del arribo que traía a Juan Pablo II llegaron al hangar el presidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, acompañados por los hijos de ambos, dedicaron largo rato a saludar a sus invitados. Ella, frente a cada prelado hacía una genuflexión de quien reconoce y respeta las jerarquías. También se dirigieron a los niños, al coro, al grupo de indígenas invitado, a los minusválidos instalados en uno de los extremos del auditorio. A todos saludaban, daban parabienes.

Y solos, ella y él, en medio del proscenio, se dispusieron a esperar la llegada del Papa, quien tuvo que ayudarse con los elementos mecánicos para descender y entrar llevado en la pedana, cuando el coro entonaba, preciso, Bendito es el que viene en nombre del señor... Fue ahí que Vicente Fox y Marta Sahagún le entregaron su devoción católica. Cuando besaron el anillo del Papa y cuando el pontífice se dirigió en un lento y largo saludo a quienes lo vitoreaban con las consignas que todo mundo conoce.

Más tarde vino la obligada entonación del Himno Nacional mexicano, a lo que el Papa respondió con el gesto difícil, dada su quebrantada salud, de ponerse de pie. Ello apenas trajo al lugar algunos aires del para entonces maltrecho y rasgado laicismo, ese que distinguió siempre al país por encima de casi cualquier otra nación.

Juan Pablo II quedó en medio del Presidente y de su esposa. De ella recibió también los saludos y besos, pero él ni siquiera la mencionó en su mensaje. Y cuando escuchaba el mensaje presidencial sus manos temblorosas reposaban en su frente o sostenían su mentón. Era la imagen de un hombre que decidió que lo suyo es el martirio y que su apostolado incluye llevar su escasa fortaleza a los límites del sufrimiento.

Vinieron después los saludos de los prelados que se arrodillaron frente a él. Sólo se escuchó en ese instante un largo aplauso de los invitados, cuando también con mucha dificultad se presentó ante el pontífice el cardenal en retiro Ernesto Corripio Ahumada, artífice del reconocimiento oficial a la Iglesia. Y pasaron también los titulares de los poderes de la Unión. Nadie de entre ellos besó el anillo papal. Todos presentaron respetos. Y todo a punto de culminar cuando los indígenas nayaritas, la familia de Jesús y Lucía, entregaron un regalo al visitante.

Rodeado de los niños que representaban a cada estado, acompañado por las canciones de siempre, los vítores y las consignas de quienes les fue dada tan especial ocasión, se retiró Juan Pablo II en el papamóvil. Y Francisco Gil Díaz, el titular de la Secretaría de Hacienda, no cesaba de agitar su blanco pañuelo.

Ya nadie tenía porqué guardar rubores...

La Jornada - México D.F., 31/7/2002

Atenco: primera muerte

Tras haber permanecido dos días detenido en el penal de Villa de las Flores y otros 10 internado en el área de terapia intensiva del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, el ejidatario José Enrique Espinoza Juárez falleció, en la madrugada de ayer, por una "suma de situaciones" entre las que el director general de ese nosocomio, Juan Carlos de la Fuente Zuno, incluyó el traumatismo cráneo-encefálico sufrido por Espinoza el 11 de julio pasado. Ese día, policías antimotines del estado de México reprimieron a los labriegos de San Salvador Atenco -entre quienes se encontraba el ahora fallecido- que pretendían reunirse con el gobernador Arturo Montiel para expresarle su rechazo a la construcción, en tierras de esa y otras comunidades mexiquenses, del nuevo aeropuerto metropolitano, así como su negativa al decreto expropiatorio correspondiente.

El deplorable fallecimiento de Espinoza Juárez se inscribe, pues, en el contexto del conflicto social generado por la decisión gubernamental de edificar la nueva terminal aérea en la zona de Texcoco y de despojar de sus tierras a los pobladores de la región. Por si quedaran dudas del sentido de esa muerte, anoche los ejidatarios en rebeldía honraron a su compañero con expresiones inequívocas de homenaje a un caído en la lucha.

En esta circunstancia trágica y políticamente delicada, resulta obligado preguntarse cuál puede ser el sentido del incomprensible y torpe comunicado del gobierno federal encaminado a desvincular la muerte de Espinoza Juárez del conflicto de San Salvador Atenco, a presentar el fallecimiento como consecuencia exclusiva de padecimientos del ejidatario anteriores a la golpiza de que fue víctima el 11 de julio y, lo peor, a desvirtuar y minimizar su participación en el movimiento de resistencia de los atenquenses, como si su supuesta asistencia "obligada" a la marcha del 11 de julio atenuara la gravedad de la muerte y las responsabilidades de quienes ese día ordenaron la represión contra los campesinos inconformes.

Tales responsabilidades parecen corresponder, en un primer análisis, al gobierno mexiquense. Sin embargo, el Ejecutivo federal, con su boletín obtuso, parece inexplicablemente empeñado en exculpar a las autoridades de Toluca y en ofrecer unas explicaciones no pedidas que se convierten, de manera inevitable, en una acusación manifiesta: "quien se excusa, se acusa". Este manejo deplorable de la muerte de Espinoza Juárez es, por lo demás, el más reciente eslabón de un rosario de ineptitudes políticas, torpezas sociales y autoritarismos tecnocráticos que empieza con la decisión inconsulta de construir el aeropuerto en la zona de Texcoco, prosigue con un decreto expropiatorio depredador e injusto y transita entre patadas bajo la mesa en las cúpulas del poder político-financiero.

A más de un año de la decisión referida, y a nueve meses de decretada la expropiación de los ejidatarios atenquenses, el país está más lejos que nunca de disponer de un nuevo aeropuerto para su zona central; en cambio, cuenta con un nuevo y peligroso foco de conflicto que ha producido una primera muerte. El deceso de Espinoza Juárez debe ser esclarecido y es exigible que se establezcan claramente las responsabilidades penales que pudiera haber en este trágico episodio. Finalmente cabe esperar, por el bien de todos, que las autoridades federales tengan la sensatez de percibir la nula viabilidad política y social de su decisión inicial, que logren reconsiderar y renegociar la ubicación de la terminal aérea requerida y que la muerte de Espinoza Juárez quede como la primera y la última de este capítulo vergonzoso.

La Jornada - México D.F., 25/7/2002

De Echeverría a Atenco, guerras sucias y medios

Jenaro Villamil

No acabábamos de salir del azoro al ver al ex presidente halcón salir de su segunda comparecencia ante la fiscalía especial y escuchar el grito de "¡asesino!" que le aventaron sus críticos, cuando la violencia se hizo presente en Texcoco y los habitantes de San Salvador Atenco levantaron barricadas para defender sus tierras y protestar por la detención de sus dirigentes.

El gobernador del estado de México, Arturo Montiel, confirmó sin pudor que 30 años no son mucho para la cultura del autoritarismo. Sus argumentos en Televisa, Tv Azteca y cuanto programa radiofónico quiso fueron los mismos que dio Echeverría para criminalizar en su momento a los estudiantes: en Atenco hay "gente externa" e "intereses oscuros" que manipulan a los ejidatarios, eternos menores de edad para la lógica clientelar del PRI. Lo mismo dijeron en su momento Carlos Salinas y Ernesto Zedillo de los indígenas de Chiapas que se levantaron en armas en 1994, y de los estudiantes del CGH que protagonizaron la huelga más larga de la historia de la UNAM. Sólo faltaba que Montiel parafraseara a Díaz Ordaz y llamara a los ejidatarios "filósofos de la destrucción".

Por supuesto que el mandatario mexiquense y su procurador no hablaron de los intereses extranjeros que están detrás de la construcción del aeropuerto. Lo foráneo para ellos es todo aquello que no puedan comprar con prebendas y que no beneficie a la clase política y económica de esta entidad. La PFP y los policías estatales, reconvertidos en los nuevos batallones Olimpia y en los halcones de ahora, fueron televisados cuando encabezaron la provocación. Se han apostado en los alrededores de Atenco para defender "la legalidad", según Santiago Creel. El presidente Vicente Fox, quien confunde las declaraciones de amor con las prioridades de Estado, descubre, en el segundo año de estar en la Presidencia, que está ante el desafío más importante generado en su propio sexenio: pasar a la historia como otro represor más de la era priísta que ahora fustiga o transitar como un mandatario ausente frente a conflictos que reclaman interlocución.

Lo diferente, a 30 años de distancia, es la actitud de los movimientos sociales frente a una de las estrategias más importantes de la era globalizadora: ganar la batalla mediática. El EZLN marcó una diferencia sustancial en este sentido. Demostró que no basta ganar el territorio físico sin capacidad de ganar el espacio simbólico, mediático e informativo.

Los medios también se transformaron. En la sociedad mexicana del 68 y los 70, los propios medios sólo tenían un interlocutor: el poder político. Hoy lo siguen privilegiando, pero también la apertura y la feroz competencia por el mercado han dejado sus efectos colaterales: medio que encabece la guerra sucia estará destinado a perder rating, mercado y credibilidad. Ya no es tan fácil operar la represión con enlaces en vivo y los golpes de mano del poder ante los medios, como el ocurrido en Excélsior en 1976; difícilmente se pueden repetir ahora en tiempos de excesiva visibilidad de los actos del poderoso. Los propios medios y sus noticieros están en vitrina y son fiscalizados. El instinto autoritario no ha abandonado a muchos conductores, pero la audiencia los castiga.

A raíz de los sucesos del pasado jueves, la televisión, la radio y buena parte de la prensa escrita han redescubierto que existen habitantes dispuestos a defender su tierra en un sitio que la publicidad del aeropuerto quería condenar a un papel de fantasmas. No sólo eso. Los mismos "fantasmas", con machetes, utensilios de labranza y envases cocacoleros (que para algunos conductores son "armas peligrosas" y "bombas molotov") han recurrido a los tribunales y pueden ganar el amparo. Estos campesinos, encarnaciones del "México bárbaro", han sido más respetuosos con sus detenidos que las autoridades mexiquenses.

La provocación se le puede revertir a Montiel, porque quizá no calculó que los ejidatarios y las mujeres de Atenco tienen mayor capacidad de comunicar, de convencer y de defenderse mediáticamente que sus colaboradores.

Basta con observar el resultado de las encuestas telefónicas de las dos grandes cadenas televisivas: el auditorio no quiere represión y descalifica la estrategia gubernamental de "pasarse la bolita". En la radio las llamadas no claman sangre contra los atenquenses, sino un trato justo. Al platicar con algún televidente común uno observa el éxito de los campesinos de Atenco: ante la mediatización del conflicto (que ocupó 60 por ciento de los espacios informativos) las tribulaciones de Lorena Herrera en Big Brother VIP ya no son la atención principal frente a un problema real, con seres humildes de carne y hueso, que no están en casting ni tienen productores, que también son capaces de dar lecciones de dignidad a Diego Fernández de Cevallos.

Con todo y sus riesgos (la simplificación, la descontextualización, la autopromoción de los enlaces, el linchamiento y el maniqueísmo), los medios se han convertido en un activo para las luchas sociales que ganan consensos. La marcha zapatista del año pasado lo demostró con creces: el EZLN y Marcos ganaron el espacio y el discurso en medios, a pesar de los evidentes intentos corporativos por desviar la atención y apropiarse de "la paz". El CGH no pudo o no supo aquilatar la importancia de esta estrategia. El ideologismo de un sector de la "ultra" se quedó aprisionado en la vieja consigna de los "medios vendidos" y en la insistencia de la provocación por encima del convencimiento. Ahora, el movimiento de Atenco vuelve a demostrar que más importantes que los aviones son los seres humanos, y que la dignidad también tiene rating.

La Jornada - México D.F., 14/7/2002

La salud está enferma

Luis Hernández Navarro

Multitud de conflictos han aflorado recientemente en el sistema de salud pública. Ha emergido la ruinosa situación de las finanzas de las principales instituciones de seguridad social. Poderosos actores empresariales presionan a favor de la subrogación de servicios y la privatización casi completa de la medicina social. Los usuarios se quejan de la calidad del servicio.

La lista es aún más larga y muestra el avance de la revolución conservadora de Vicente Fox: el gobierno federal recortó arbitrariamente 2 mil 400 millones de pesos al IMSS. El sindicato de esta dependencia es víctima de una campaña en su contra. No se promueve suficientemente el uso de genéricos intercambiables. Con el Seguro Popular se pretende que la población pague un servicio que por ley debe ser gratuito.

Se está "midiendo el agua a los camotes" para ver la posibilidad de aumentar la edad laboral para alcanzar la jubilación de 65 a 70 años. Las redes de seguridad social son precarias e insuficientes, los servicios que prestan tienen mala calidad y se han deteriorado en los últimos años, a costa de los que laboran en ellas, pero constituyen una conquista social. Son públicas y motivo de inconformidad las deficiencias del servicio médico, el crónico desabasto de medicamentos y las largas esperas para intervenciones quirúrgicas. Las pensiones que reciben los jubilados son insuficientes para que vivan con decoro. Sin embargo, para millones de personas son mejor que nada. Y es que hay 40 millones de mexicanos que el sistema deja solos cuando requieren atención médica.

Según un estudio efectuado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), México se encuentra en el lugar 144 en materia de justicia en el financiamiento de salud. La institución más importante del sector, el IMSS, protege a menos de 30 por ciento de la población económicamente activa.

A finales del año pasado, los pasivos laborales del IMSS fueron de 300 mil 278 millones de pesos. La transición demográfica y epidemiológica por la que atraviesa el país ha cambiado la naturaleza de la atención que el instituto presta. Las primas para el seguro de gastos médicos establecidas en la ley son insuficientes, y la plantilla de trabajadores es la más grande del apartado A del artículo 123: 371 mil trabajadores en activo. Además, debido a la desaceleración económica, 350 mil trabajadores perdieron su afiliación al IMSS entre 2000 y 2002. Por si fuera poco la Secretaría de Hacienda le recortó ilegalmente el presupuesto a la institución en 2 mil 400 millones de pesos.

La situación en el ISSSTE no es mejor. En los próximos 10 años sólo podrá generar la tercera parte de los recursos necesarios para pagar las jubilaciones y pensiones de 650 mil trabajadores en retiro. Con excepción del fondo de vivienda y préstamos personales, el resto de programas enfrenta fuertes presiones financieras y no cuenta con las reservas para afrontar la magnitud del déficit de los pasivos.

Para "dar solución" al reto de las pensiones, el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, tuvo la ocurrencia de poner a estudio el incremento de la edad para la jubilación de 65 a 70 años. En una economía incapaz de generar los nuevos empleos que cada año se requieren, el secretario ofrece como respuesta hacer más lenta la movilidad laboral. Los empresarios, diputados del PAN y medios de comunicación afines han respondido a la emergencia lanzando una ofensiva en contra del sindicato del IMSS. Afirman que su contrato colectivo debe sacrificarse y hay que despedir personal. Como prueba de los "privilegios" que obtienen los trabajadores ofrecen el salario de un médico con cuatro años de servicio: casi 15 mil pesos.

Se niegan a aumentar las cuotas que pagan al IMSS. No importa que la aportación de 6.5 por ciento del salario que se hace al sistema, más la cuota social, sea uno de los porcentajes más bajos a nivel internacional. Con el debilitamiento de las redes de seguridad social desde el gobierno federal se le está tendiendo la cama al proyecto de los grandes intereses privados: la desamortización de las áreas del sistema de salud pública a las que aún no tienen acceso o, lo que es lo mismo, la privatización de la medicina social.

Las compañías aseguradoras, los monopolios farmacéuticos, los grandes centros hospitalarios, pero también grupos como el Bilbao Vizcaya/Bancomer buscan -como han documentado Gustavo Leal y Alberto Barranco- la adopción de un sistema de mercado en el que la oferta de salud pública desaparezca gradualmente para abrir paso a la competencia entre particulares. En él la iniciativa privada asumiría todos los activos de la seguridad social, excepto el de zonas marginadas. Los pobres, se sabe, no son buen negocio.

El sistema de salud público está enfermo; necesita sanar. Pero no puede hacerlo con la medicina que la iniciativa privada receta: matar al paciente. Se requiere de un tratamiento que le permita recuperar su vocación de servicio público, de instrumento de solidaridad social y redistribución de la riqueza, y deje de lado el clientelismo político y la corrupción con los que ha funcionado.

La Jornada - México D.F., 9/7/2002

10 de Junio: esclarecimiento y justicia

Ayer se conmemoraron 31 años de la matanza de manifestantes perpetrada en esta capital por un grupo de choque -los llamados Halcones- que, según la información disponible, pertenecía y obedecía al gobierno presidido por Luis Echeverría Alvarez. Este pretendió, en su momento, desviar la responsabilidad hacia Alfonso Martínez Domínguez, a la sazón regente de la ciudad, y ordenó para ello su inmediata destitución. Pero, sin descartar las posibles responsabilidades de ese funcionario, debe también recordarse que en aquellos tiempos era impensable e imposible que un grupo como el de los Halcones fuera formado, entrenado y enviado a matar ciudadanos inermes sin el conocimiento y la autorización del Presidente de la República.

Con esta lógica, Pablo Gómez Alvarez y Jesús Martín del Campo, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, interpusieron sendas denuncias contra el ex mandatario. El primero, escéptico de la eficacia de la recién creada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que encabeza Ignacio Carrillo, interpuso su demanda contra Echeverría y contra Martínez Domínguez ante la séptima agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El segundo, en su calidad de hermano de uno de los asesinados el 10 de junio de 1971, acudió a la fiscalía federal referida para presentar su petición de justicia.

Independientemente de las oficinas e instituciones, del nombre y cargo de los demandados y de la personalidad de los demandantes, es clara la necesidad y la procedencia de investigar, al igual que los acontecimientos ocurridos en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ese episodio trágico, criminal y vergonzoso del pasado, así como sancionar a los culpables, sean quienes sean, conforme a derecho.

La salud de la república también requiere del esclarecimiento de la guerra sucia que manchó el desempeño de los gobiernos en los años setenta y ochenta, con toda la cauda de desapariciones forzadas, torturas y encarcelamientos injustos. Deben investigarse y juzgarse los actos ilegales del 68, del 71 y de los años posteriores, pero también la omisión reiterada de los regímenes priístas -los directamente involucrados y los que les sucedieron y cubrieron las espaldas- para corregir semejantes abusos de poder y lo que implicaron: graves y numerosas violaciones a los derechos humanos, a la Constitución y al Código Penal.

El gobierno actual ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de esclarecer esas atrocidades y de procurar justicia. Sin embargo, han transcurrido ya 18 meses desde que el presidente Vicente Fox tomó posesión y debe reconocerse que, hasta ahora, tal voluntad no ha trascendido el ámbito del discurso. Es cierto que a finales del año pasado se anunció la creación de una fiscalía especial para investigar los delitos referidos, pero tal medida no ha reducido la vasta e indeseable impunidad de que gozan quienes ensangrentaron el país desde 1968 hasta entrados los años ochenta.

El presidente Fox y su equipo tienen ante sí la disyuntiva de mostrar eficacia en esa tarea ciertamente compleja y difícil o sumarse a la lista de gobiernos encubridores -y en consecuencia cómplices- del Batallón Olimpia, de los Halcones, de los dipos, de los torturadores de la DFS, de los efectivos militares que participaron en la represión y de los jefes políticos de esas y otras expresiones del poder totalitario y criminal que padeció el país en décadas pasadas y que no deben repetirse nunca más.

La Jornada (editorial) - México D.F., 11/6/2002

Oaxaca: barbarie y abandono

La masacre perpetrada el viernes pasado en el paraje Agua Fría, municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca, en la cual 26 trabajadores de un aserradero fueron asesinados y otros dos resultaron heridos, es una tragedia anunciada, como casi todas las confrontaciones que ocurren en esa paupérrima región indígena.

Aunque las autoridades estatales informaron, a dos días de ocurrido el homicidio múltiple, de la captura de 16 individuos que presuntamente participaron en la emboscada, y a pesar de que se ha fortalecido la hipótesis de que el crimen tiene que ver con un añejo conflicto de tierras entre los municipios colindantes de Santiago Xochiltepec -de donde eran originarios los asesinados- y Santo Domingo Teojomulco, aún hacen falta muchos elementos para tener un panorama claro del motivo circunstancial de este crimen repudiable y de la manera en que se urdió.

Puede apuntarse, sin embargo, que la matanza del viernes en Agua Fría tiene antecedentes cruentos y terribles: casi 20 muertos en 1986, en un enfrentamiento entre los municipios de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza; una masacre más en 1995 con saldo de 29 campesinos asesinados; otra matanza en 1998, en el marco de la confrontación vigente entre ese municipio y San Lorenzo Texmelucan -más de 20 muertos- y un ataque con armas de fuego contra la escuela secundaria de Xochiltepec, en enero pasado, atribuido a gente del alcalde de Teojomulco, Antonio Roque, quien tiene una larga trayectoria de antecedentes penales.

Con esos precedentes, las autoridades estatales y federales tenían el deber de atender los viejos conflictos agrarios que contraponen a cuatro municipios de la zona. Pero la clase política nacional y las instituciones sólo se acuerdan de la región cuando realizan incursiones en ella para perseguir narcotraficantes o efectuar acciones de contrainsurgencia, o bien cuando se acerca una elección y llega el tiempo de buscar votos.

Desde esa perspectiva, los gobiernos federal y estatal tienen una responsabilidad ineludible en la matanza perpetrada en Agua Fría el viernes pasado. No se trata de una responsabilidad directa por actos de barbarie vinculados con la represión, como ocurrió en Aguas Blancas, Guerrero, y Acteal, Chiapas, en el sexenio de Ernesto Zedillo; en cambio en el caso oaxaqueño salta a la vista la responsabilidad por falta de interés, abandono, apatía y desgobierno.

Cabe preguntarse si será necesaria otra matanza para que las autoridades -federales y estatales- se apliquen a resolver los conflictos agrarios, la miseria, la falta de esperanza y la marginación en la Sierra Sur de Oaxaca y eliminar así un caldo de cultivo para la violencia intercomunitaria, el narcotráfico y la insurgencia. En lo inmediato, resalta la obligación acuciante de procurar e impartir justicia y de cerrar el paso a una impunidad que, está visto, propicia nuevos actos de barbarie.

La Jornada (editorial) - México D.F., 3/6/2002

Agua, subsidios y migrantes

Ana María Aragonés

Tal parece que todas las noticias juegan en contra de los trabajadores migratorios, especialmente de los mexicanos que se instalan en el país vecino. Analicemos el primer problema.

La escasez de agua afecta la agricultura, pero con el paso del tiempo y la falta de atención por parte de los gobiernos se está creando un gravísimo problema de desertificación, preocupación mundial que afecta a nuestro país. La falta de lluvias, el crecimiento poblacional de ciertas zonas y sobre todo la falta de una política de Estado que busque revertir estas condiciones desarrollando una infraestructura que tenga como objetivo la recuperación de los escurrimientos, la potabilización del agua, así como la construcción de presas que sirvan de reservorios para el vital líquido son, en parte, las causas que nos han llevado al grave problema que enfrenta casi la mitad del territorio nacional.

Hay municipios que han vivido sequías varios años y las consecuencias se manifiestan en escasez de alimentos, enfermedades que afectan a animales y seres humanos y que se traducen en la imposibilidad de que esos hombres y mujeres puedan mantenerse en sus lugares de origen desarrollando lo que saben y quisieran hacer. Resultado, la migración. Todos ellos forman parte de los tristemente famosos "ecomigrantes", llamados así por la Organización de Naciones Unidas.

Además del desolador panorama, México se encuentra, para colmo, ante el compromiso adquirido desde 1944 de entregar una cantidad determinada del vital líquido, cuyo cumplimiento tiene un retraso de varios años, concretamente desde 1993. Lo que quiere decir que nuestra deuda se incrementa igualito que nuestra deuda externa en dólares. El dicho popular que gustan esgrimir algunos diputados: "debo, no niego; pago, no tengo" es, como uno se puede imaginar, inaceptable para Estados Unidos, quien presionará por todos lados a México para cumplir sus compromisos, pero lo que no parece entrar en sus planes es apoyar en esas obras de infraestructura, aunque al final también le fuera benéfico.

Lo que sí está entre sus planes es inundarnos de productos agrícolas. Para ello el presidente Bush acaba de decretar un multimillonario presupuesto para subsidios a la agricultura de ese país. Aunque esto lo lleve al enfrentamiento con los europeos, quienes le han pedido que no lo haga -no obstante que ellos mismos utilizan este desleal instrumento. El hecho es que México no ofrece ninguna resistencia ante esta verdadera invasión, que no silenciosa. Ahora estamos viviendo un verdadero alud de productos agrícolas del vecino del norte, que nuestros maiceros, piñeros, cafetaleros, frijoleros, avicultores, etcétera, han resentido tremendamente, por lo que han realizado un sinfín de marchas y manifestaciones mostrando la gravedad de su situación debido a esta competencia desleal. Y no tiene que ver con que nuestros productores sean menos productivos. Esto es un mito, además de que los productos son peores. Por ejemplo, Blanca Rubio ha señalado que en el caso del maíz es muy claro, ya que nos comemos el mismo que se les da a los animales en Estados Unidos y para colmo es transgénico; lo mismo sucede con la soya, que llega con altas cantidades de hongos.

Todo esto apunta a que Estados Unidos seguirá requiriendo en grandes cantidades fuerza de trabajo migrante para llevar a cabo tan colosal esfuerzo productivo, pero sin ofrecer a cambio ni amnistía ni regularización para los que ya se encuentran allá, ni mejores condiciones para los que están llegando. Mientras, México sigue abriendo las compuertas de la migración, sin fortalecer la capacidad nacional ya no digamos con el fin de proteger y exigir mejores condiciones para nuestros connacionales, sino para ganar la batalla que revierta nuestra tradición migratoria y transformar estos flujos obligados, forzados, por desplazamientos voluntarios y libres sobre la base del respeto mutuo.

La Jornada - México D.F., 27/5/2002

Dignidad recuperada

La negativa del Senado de la República a autorizar el viaje a Estados Unidos y Canadá que el presidente Vicente Fox tenía previsto entre el 15 y el 18 de abril constituye un punto de inflexión en las relaciones entre el Ejecutivo federal y el Legislativo, como lo evidenció la airada y desafortunada respuesta presidencial.

Por principio de cuentas, debe apuntarse que la determinación --en la que la bancada de Acción Nacional se quedó sola frente al resto de las fuerzas políticas representadas en el órgano legislativo-- no es necesariamente consecuencia de una apreciación en torno a la conveniencia o inconveniencia del periplo presidencial, sino un gesto y un mensaje político frente a las torpezas, las vergüenzas y las indignidades en el manejo de las relaciones exteriores por parte del actual encargado de ellas, Jorge G. Castañeda, y del propio titular del Ejecutivo. En tribuna, la priísta Silvia Hernández enumeró algunas de las fallas más exasperantes en la relación bilateral con Estados Unidos: falta de defensa determinada de los connacionales frente a las agresiones legales de que son objeto en el país vecino, ausencia de información sobre el manejo fronterizo, indolencia gubernamental ante las violaciones al Tratado de Libre Comercio por parte de nuestro principal socio en él, desconocimiento del Congreso de la Unión en la autorización para que un buque de guerra mexicano participara en maniobras conjuntas, y falta de rendición de cuentas sobre los resultados de la cumbre de Monterrey. Esos señalamientos son otras tantas inquietudes en las cuales los senadores de la oposición representan a importantes, y posiblemente mayoritarios, sectores de la población que desaprueban la liquidación, por parte del actual gobierno, de los principios rectores de la política exterior mexicana.

Más allá del descontento senatorial con la manera en que se ha manejado la relación bilateral, que es una combinación de arrogancia hacia la sociedad, de sumisión hacia Washington y de ineptitud y torpeza hacia todas partes, la negativa a autorizar la visita de Fox a los otros países firmantes del TLC debe verse, también, como una recuperación de la dignidad parlamentaria, a cuya erosión colaboraron --debe reconocerse-- los propios legisladores que no exigieron, en los momentos en que lo ameritaba, la presencia de Castañeda para que rindiera cuentas sobre los varios y graves desastres que ha causado en los escasos quince meses que lleva al frente de la Cancillería.

Aunque tardía, la reacción de los senadores de oposición resulta saludable y positiva, pues, en dos sentidos: porque significa un mensaje inequívoco de que ni el Presidente ni el canciller pueden disponer de la política exterior del país como si fuera de su exclusiva responsabilidad o, peor aun, de su propiedad, y porque anuncia que, en lo que le queda a la actual legislatura, habrá un Senado vigilante, activo y atento al desarrollo de esa política exterior. El lugar común que hermana la buena fortuna presidencial con la del resto del país es, básicamente, cierto, pero en esta ocasión el revés para el mandatario se traduce en un beneficio para la sociedad y el Estado en su conjunto.

En su mensaje de réplica, emitido horas después de la desautorización a su viaje, Fox dijo que la cancelación habría de implicar "una descortesía ante anfitriones y autoridades gubernamentales canadienses y estadunidenses", pero omitió el hecho de que parte del malestar legislativo ante su política exterior se origina en las severas descortesías --por llamarlas de modo suave-- cometidas recientemente por sus empleados con Fidel Castro y otros mandatarios y representantes presentes en Monterrey. En su alocución, el Presidente se refirió al supuesto daño que la desaprobación del viaje causa a los mexicanos en Estados Unidos, pero guardó silencio sobre los nulos resultados de su gobierno en la defensa de esos connacionales. Asimismo, el jefe del Ejecutivo dijo a su audiencia televisiva y radial que "la oposición se ha empeñado en que mi gobierno no cumpla con el cambio por el cual ustedes votaron". Sin embargo no es claro que la liquidación de los principios diplomáticos mexicanos haya sido parte del mandato que la ciudadanía emitió el 2 de julio del año antepasado.

Más allá de enfados y exabruptos ojalá circunstanciales, cabe esperar que el presidente Fox tenga la sabiduría y el espíritu republicano necesarios para comprender que el trago amargo que le hizo pasar ayer el Senado es consecuencia directa de los desfiguros de su canciller y que, si quiere evitarse nuevos episodios tan penosos como éste, deberá cambiar radicalmente de ideas, de orientaciones y de personal en el ámbito de la política exterior.

La Jornada - México D.F., 10/4/2002

Los nuevos esclavos

La salvaguardia dei diritti dei tanti immigrati messicani negli Stati Uniti è alla base della decisione del 9 aprile con cui il Senato ha negato al presidente Fox l'autorizzazione a un viaggio in Usa e Canada. La polemica con il paese vicino è stata rinfocolata da una recente sentenza della Corte Suprema statunitense, di cui si parla nell'articolo che qui pubblichiamo. Ma quali sono le cifre dell'immigrazione? Secondo dati ufficiali (Informe Migración México-Estados Unidos 2001, Consejo Nacional de Población), sono quasi 23 milioni gli statunitensi di origine messicana, l'8,2% dell'intera popolazione. Si tratta in parte di discendenti di immigrati (14 milioni), in parte di cittadini messicani stabilitisi recentemente negli Stati Uniti: tra questi circa 3 milioni di indocumentados.

Il loro numero cresce continuamente: se negli anni Sessanta furono 290.000 ad oltrepassare la frontiera, negli anni Novanta raggiunsero i 3 milioni. Per il 2030 si prevede una presenza sul territorio statunitense di 33 milioni di messicani. Il flusso migratorio è costituito per lo più da ragazzi e uomini tra i 15 e i 44 anni, sposati, con almeno tre figli e scarsa scolarizzazione. Nel "paese delle opportunità" cercano migliori prospettive di lavoro, offrendosi come manodopera a buon mercato per i lavori agricoli, i servizi o l'industria. Tuttavia negli ultimi tempi è aumentato anche il numero dei professionisti: sarebbero 255.000, generalmente in possesso di laurea o titolo equivalente. Una vera e propria fuga di cervelli alimentata dalle scarse prospettive esistenti in patria.

Carlos Montemayor

El pasado 27 de marzo la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo particularmente significativo en este momento de modernidad global: legalizó una nueva forma de esclavitud. El fallo se aplica a todos los trabajadores "ilegales".

Los trabajadores "ilegales" o indocumentados son millares de personas que no gozan de cabal protección de sus derechos laborales, pero que son solicitadas y recibidas por numerosas fuentes fabriles, agrícolas, turísticas o domésticas de Estados Unidos. Son trabajadores a quienes se les rechaza la legalidad de su trabajo, pero no su trabajo. Son trabajadores, no delincuentes ni terroristas ni un cáncer, como el gobierno mexicano afirmó recientemente. Con el fallo emitido por la Suprema Corte de Estados Unidos seguirán trabajando como indocumentados, pero ahora sin garantías laborales y humanas; serán los nuevos esclavos del siglo XXI y del tercer milenio. Lo significativo es que esto ocurra en la cumbre judicial del país que se autodesigna el defensor de la democracia en el mundo.

La Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los trabajadores indocumentados no tienen derecho a demandar a empresas que hayan violado la ley por despedirlos o castigarlos al ejercer sus derechos básicos. Lo resolvió así en el caso del trabajador mexicano José Castro, cesado junto con otros tres obreros por la empresa Hoffman Plastic Compound en Paramount, California, en 1989.

Jim Cason y David Brooks, corresponsales de La Jornada, informaron que la Junta Nacional de Relaciones Laborales había dictaminado que los derechos de Castro fueron violados y ordenó que se le pagaran salarios caídos y que fuese recontratado. Los tribunales apoyaron la orden de la Junta, pero la Suprema Corte no compartió estas decisiones.

Con este motivo, los corresponsales entrevistaron a Arturo Rodríguez, presidente del United Farmworkers of America, el sindicato de jornaleros fundado por el líder chicano César Chávez, quien declaró que los patrones ahora buscarán contratar a más indocumentados sabiendo que no gozan de protección legal: "Esto elimina para los trabajadores el derecho de enfrentar a sus patrones... los sitúa casi en condiciones de esclavitud, ya que no tienen recursos para defenderse".

La política económica impuesta en el mundo a partir de la década de 1980 ha producido un desmesurado avance de la pobreza, un proceso acelerado de concentración de la riqueza en ciertas regiones del planeta y en ciertos estratos sociales de cada una de las economías nacionales. Esta nueva pobreza supone otra idea de humanidad: la libre circulación de capitales y mercancías, pero no la libre circulación del trabajo. Se abren las fronteras a las inversiones, pero se cierran a la inmigración. Sin embargo, es imposible cerrar fronteras. Llegan asiáticos y mexicanos a Estados Unidos, llegan asiáticos a Europa, llegan magrebíes y saharianos a España, llegan nigerianos y argelinos a Francia, llegan kurdos a Alemania. Este flujo permanente va abriendo de manera lenta las fronteras a contracorriente de lo que el modelo actual globalizador establece o supone. Por ello, en los países del llamado primer mundo hay una creciente violencia cultural, laboral, racial, económica y jurídica contra las minorías: sean turcos, población negra, minorías asiáticas o hispanas. La discriminación racial forma parte de una más profunda gama de exclusiones sociales que invaden áreas políticas, económicas y jurídicas. Otra idea de ser humano surge ahora cuando regiones enteras se tornan prescindibles en la economía del mundo.

Con la esclavitud de regreso en Estados Unidos, se está enviando un mensaje importante al mundo empobrecido. O mejor, a países como el nuestro. El mensaje explica en qué consiste la modernización de las legislaciones mundiales en materia laboral. En apariencia, el modelo globalizador sólo se proponía abaratar la contratación y sobre todo el despido de trabajadores. Ahora vemos que se trata de abaratar el trabajo en todos los órdenes, en el trabajador "legal" y en el trabajador "ilegal". La mayor modernización tenía que ser, por tanto, la esclavitud. ¿Tenemos que aplaudir este modelo de modernización laboral? ¿Por qué el gobierno mexicano actual está empeñado en encontrar violaciones a los derechos humanos solamente en Cuba? ¿Por qué seguir creyendo que la nueva diplomacia mexicana debe dar la espalda a la invasión en Palestina y a los trabajadores mexicanos indocumentados transformados ahora en esclavos? ¿Esta es la modernización que le espera a México?

La Jornada - México D.F., 2/4/2002

El disenso de Monterrey

Abraham Nuncio

"Antes se nos había dicho que el modelo cubano era malo y por lo tanto rechazable; ahora nosotros pensamos que malo es el modelo que nos han impuesto en Argentina y en el resto del mundo, pues nos ha conducido a la pobreza y el fracaso." Este juicio lo vertió un argentino durante las jornadas del Foro Global auspiciado por la ONU, donde participaron las organizaciones no gubernamentales sobre el tema de la financiación para el desarrollo.

Rusos, africanos, vietnamitas, brasileños, mexicanos, argentinos se dan cuenta de que el capitalismo neoliberal jamás les permitirá desarrollarse; al contrario, profundizará, como los ha profundizado, su dependencia y subdesarrollo. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, lo puso en cifras: del sur han salido hacia los países acreedores 800 mil millones de dólares en intereses por concepto de deuda externa en los últimos años y una cantidad igual por concepto de capital. Esa es una de las dos manos a las que se refirió Kofi Annan; la otra les regresa a los países de esa vasta región un apoyo cicatero, residual y condicionado.

Al orden económico mundial creado sobre esas bases, Fidel Castro lo llamó "sistema de saqueo y explotación".

Los aplausos que interrumpieron el discurso de Castro en la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo fueron más significativos que las palabras de quienes los produjeron. El presidente de Cuba demandó la condonación de la deuda y préstamos blandos para tales países. Préstamos que, además, debía regular la ONU y no el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Ningún representante de otro país no industrializado habló en la conferencia con el vigor y el rigor crítico de Fidel Castro. A sus palabras agregó el gesto dramático de retirarse abruptamente debido, dijo, a "una situación especial" creada con motivo de su presencia en la reunión. Pronto se sabrá la causa de haberla suspendido de golpe.

La otra voz protagónica en el evento fue la de George Bush, quien desde antes había puesto menos énfasis en el combate a la pobreza (el equivalente a 15 mil millones de dólares en el curso de cinco años) que en la guerra al terrorismo (48 mil millones de dólares en sólo un año). Los aliados de Estados Unidos no hicieron juicios particularmente relevantes, mientras que la mayoría de los países subordinados a las potencias capitalistas podrían tener por epígrafe la frase lapidaria de Bertolt Brecht: "Apuraos, que se os enfrían las sobras".

Fueron, pues, dos voces y dos visiones las que marcaron la conferencia. Las de Fidel Castro tuvieron eco en la calle, donde -para sorpresa de no pocos- aparecieron miles de pancartas con la leyenda "Cuba sí, yanquis no", y también, aunque en voz baja, entre los jefes de Estado o de gobierno y los ministros de Asia, Africa y América Latina. Las de George Bush es conjeturable que hayan encontrado una buena caja de resonancia en gobiernos como el nuestro y en los empresarios con quienes los mandatarios se reunieron por lo general a puerta cerrada. Antes, con el régimen priísta, los trabajadores, aunque sometidos a las decisiones presidenciales, estaban presentes en eventos similares; hoy, simplemente no cuentan.

La intempestiva retirada de Castro de la conferencia rompió, al menos en un carril, los puentes (qué tanto levadizos, qué tanto selectivos) que México se proponía tender, según Vicente Fox, entre los países pobres y los países ricos.

Para el régimen panista, con la hermana república de Cuba sólo nos unen intereses comerciales y políticos; con Estados Unidos, nuestra relación es la de una sociedad amistosa, en pie de igualdad si hemos de atender a los términos del TLCAN, y puede ser que hasta fraterna. No deja de ser preocupante. Más lo sería, desde luego, si quienes nos gobiernan desde Los Pinos en verdad representaran los intereses y sentimientos del pueblo mexicano. Pero no es así. Las urnas conquistadas a base de marketing político y el ejercicio tan errático como alejado de sus compromisos electorales no constituyen ni la mitad de un gobierno representativo y democrático.

En el planteamiento de Castro se insinuó una tesis que Oswaldo Rivera, diplomático peruano que ha desempeñado importantes puestos en la ONU y la OMC, ha lanzado con verdadero arrojo al rostro del desarrollo. En su libro El mito del desarrollo, lleva al lector al convencimiento de que el desarrollo es un mito y de que en el siglo XXI los países pobres o medianamente industrializados serán inviables. Propone, en consecuencia, que la elusiva agenda de la riqueza de las naciones, un espejismo asperjado por los economistas clásicos, comenzando por Adam Smith, y recuperado de alguna manera por quienes siguieron a Marx, deba ser remplazado por la agenda de la supervivencia de las naciones.

Sin abandonar la idea del desarrollo, los que participaron en el evento internacional de Monterrey como jefes de Estado o de gobierno y los representantes de la sociedad civil estuvieron lejos de acercarse a un consenso. La demagogia podrá llamar así a un acto unilateral al que los demás se someten, y esto sólo en la esfera gubernamental cuyos accidentes representativos son muy obvios. Pero lo que la realidad puso a la vista de todos, aun en esa esfera, fue un claro disenso. El disenso de Monterrey.

La Jornada - México D.F., 26/3/2002

El ceremonial de Monterrey

Alejandro Nadal

¿Cuánto costaría cortar por la mitad la pobreza en el mundo, alcanzar la educación primaria universal y revertir la epidemia de VIH/sida?

La pregunta es difícil, pero Naciones Unidas estima que para lograrlo se necesita duplicar la ayuda externa que anualmente proporcionan los países más ricos.

Hace 30 años, la Comisión Pearson fijó la meta de 0.7 por ciento del PIB de los países ricos para ayuda al desarrollo. Pero hoy la ayuda externa apenas alcanza 56 mil millones de dólares (mmdd), o sea 0.22 por ciento del PIB de los países industrializados y el mundo tiene que conformarse con gestos de buena voluntad.

Para no llegar a Monterrey con las manos vacías, los países ricos hacen promesas. La Unión Europea (UE) ofreció en Barcelona aumentar su ayuda de 0.33 a 0.39 por ciento del PIB para 2006. La ayuda de la UE pasaría de 24 a 28 mmdd en ese mismo año. Pero la promesa de Barcelona no es un compromiso firme (como los del Tratado de Maastricht en materia de déficit fiscal o inflación.) Y no es evidente que países como Alemania (que debe reducir su déficit) o España (que carece de recursos) puedan cumplir la promesa.

Por su parte, Estados Unidos, que tiene el peor desempeño en este renglón con 0.1 por ciento de su PIB para ayuda externa, ha ofrecido incrementarla a 0.15 por ciento en los próximos tres años. El ofrecimiento de Bush no altera significativamente las cosas.

Las promesas apenas representan 9 mmdd adicionales dentro de cuatro años, cuando se calcula que la ayuda debe aumentar en 50 mmdd.

Lo peor es que no sólo la ayuda externa es insuficiente, sino que hay problemas estructurales que la contrarrestan. Uno de ésos es el de la deuda externa de los países pobres, problema que se ha agravado en la pasada década. Las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) revelan que entre 1990 y 2000 la deuda externa total (pública y privada) de los países en desarrollo se duplicó, pasando de 1.4 billones de dólares a 2.6 billones de dólares.

América Latina sigue siendo la región más endeudada, al pasar de 475 a 815 mmdd entre 1990 y 2000. Pero los países de Asia casi triplicaron su deuda externa en ese lapso, al pasar de 274 a 680 mmdd.

La mayor parte de este aumento se explica por el incremento de la deuda de los países de ingresos medios, que pasó de 1.4 a 2.5 billones de dólares. En el mismo periodo, la deuda de los países de menores ingresos (según el Banco Mundial aquéllos con un ingreso per capita inferior a 755 dólares anuales) aumentó de 418 a 572 mmdd. La razón es sencilla: los países de menores ingresos casi no tienen acceso a los mercados de capital.

La deuda externa total de los países menos desarrollados genera intereses por 128 mmdd anuales. Aunque no todo este monto es pagado efectivamente, las erogaciones por intereses gravitan de manera onerosa sobre la política fiscal de los países endeudados.

La Iniciativa sobre Países Pobres Fuertemente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés) no ha podido atenuar de manera significativa el problema. Y muchos de los países ricos simplemente han financiado el perdón de deudas con fondos que habrían sido destinados a la ayuda externa. De este modo, la HIPC aumenta la competencia entre países subdesarrollados sobre los recursos asignados a la ayuda externa.

Para el caso mexicano, el presidente Fox preparó el terreno para Monterrey afirmando que el problema de la deuda ya no es prioritario. Ignora que el pago de intereses superó los 12 mil 500 millones de dólares el año pasado.

Tradicionalmente el pago de intereses es comparado con las exportaciones totales. Pero ese indicador es absurdo. Las exportaciones deben generar divisas para cubrir el costo de las importaciones, y no sólo el pago de intereses. En el caso mexicano, la balanza comercial es deficitaria, así que el indicador de intereses contra exportaciones carece de sentido. El Presidente debería revisar no sólo sus números, sino la lógica de los indicadores que le proporciona el gabinete económico.

En resumen, la Conferencia de Monterrey no ofrecerá soluciones a los problemas de la deuda y de la ayuda externa. Lo superfluo dominará.

Pero el ceremonial hará toda la diferencia. Después de todo, ya lo decía Enrique V (acto cuarto) la noche antes de la batalla de Agincourt: ''¿qué tienen los reyes que no tengan los comunes mortales?'' El ceremonial, nada más.

La Jornada - México D.F., 20/3/2002

La trayectoria de Rosario

Nora Patricia Jara

L'articolo che segue tratteggia la figura dell'esponente del Prd ed ex jefa de gobierno del Distretto Federale Rosario Robles Berlanga. Il giorno stesso della sua pubblicazione, Rosario Robles è stata eletta segretaria generale del partito.

[...] En México hemos tenido cuatro gobernadoras, siete secretarias de Estado y nueve embajadoras; entre estas mujeres se destaca la figura de Rosario Robles Berlanga, ex jefa de Gobierno del Distrito Federal y reconocida activista sindical en la UNAM. Desde su aparición en las filas del Frente Democrático Nacional y luego en el PRD, la dirigente universitaria significó para los que se acercaron a ella una esperanza en una nueva generación de políticos y gobernantes provenientes de la izquierda, de los que sí pueden llegar al poder y ejercerlo. En el caso de las mujeres, de las que sí pueden romper con lo que las feministas llaman "el techo de cristal".

Ella es protagonista de la consolidación de un proyecto de izquierda que quiere ser una opción electoral, pero también de gobierno; una alternativa que responda a la inquietud ciudadana desde el ejercicio de la administración pública con eficacia, honestidad y con objetivos sociales. Esta mujer tan temperamental ante la crítica y que a los embates responde con certeza, se propone hoy como una verdadera representación del cambio que su partido requiere de forma urgente. Y en su intento por ocupar la presidencia nacional del PRD tendrá que aprender que no basta la popularidad, y que los órganos de control electoral de su partido son poco confiables.

A eso hay que sumar el impacto de las denuncias de sus enemigos por supuestos desvíos de fondos públicos en campañas para mejorar su imagen, y la realidad de las múltiples necesidades que hay en una ciudad capital como la nuestra y que pudieron beneficiarse de esos millones del erario. Es aquí donde se ubica una de las críticas más fuertes en su contra y que la han llevado a probar ante los jueces cada uno de sus gastos, y aunque los fallos hasta ahora son en su favor, nadie la exime de derrochar el presupuesto en publicidad. Pero ello al parecer obedeció más a su capacidad de respuesta política que a falta de honestidad: cada vez que la jefa de Gobierno aparecía en horario triple A de la televisión promoviendo sus actos de gobierno, aseguraba una ventana para su proyecto político y el de su partido. También en su gestión, la aprobación de la llamada ley Robles por parte de la Asamblea Legislativa del DF y la ejecución de políticas dirigidas a la mujer se instauraron como prioridades, con lo que se reorganizaron los servicios de salud en la ciudad de México, en especial los dirigidos a la salud reproductiva.

Promovió la detección y atención de los padecimientos que se manifiestan como la principal causa de muerte entre la población femenina de esta capital. Y es en el campo de la salud pública donde se circunscribe la ley Robles, que permite el aborto en casos de malformaciones, violación o inseminación involuntaria, misma que fue reconocida como válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que es resultado de la voluntad de una política que supo interpretar las demandas del Movimiento Amplio de Mujeres, en un precedente que promueve opciones legales en lugar de sanciones, como en ese momento se proponía en algunos estados de la República. [...]

La Jornada - México D.F., 17/3/2002

Murió el último de los generales del Ejército Libertador del Sur

Anenecuilco está de luto, y los zapatistas de ahora y de siempre lloran en silencio: el pasado 5 de marzo falleció, a los 105 años de edad, Emeterio Pantaleón, el último de los coroneles que quedaba del Ejército Libertador del Sur; estratega clave de Emiliano Zapata, quien lo hizo coronel a los 18 años, y combatiente lo mismo de Venustiano Carranza que de Carlos Salinas de Gortari, contra quien encabezó marchas en la ciudad de México para protestar por la reforma al artículo 27 constitucional y en apoyo al EZLN.

Originario de Olinalá, Guerrero, Emeterio relató en su última entrevista para la película Los últimos zapatistas, héroes olvidados, su ingreso a las filas de Zapata: "de voluntad mía no fui. Yo fui forzado. A mí me robó Zapata, en un punto que se llama La Lluvia. Ahí estábamos dándole agua al ganado y mi hermano y yo bañándonos. Estábamos jugando, salpicándonos agua en la cara cuando llegó Zapata. Eso quiero -dijo-, hombres que sean de pleito, yo necesito esa gente.

"Miren muchachos -recordaba Emeterio que decía el caudillo del sur-, nosotros estamos tratando de recuperar lo que el gobierno y los hacendados nos han quitado. Si lo logramos, esto no va a ser para nosotros, esto será para los que vienen. Nosotros vamos a morir, y yo los invito a que se unan a esta causa justa... Así que como queriendo y no queriendo tuvimos que unirnos a la Revolución."

Y desde entonces hasta antes de su muerte, Emeterio no dejó de combatir. En 1912 se sumó a la lucha zapatista, primero bajo las órdenes del general Francisco Mendoza Palma y después dependiendo del general Otilio Montaño. A los 18 años se convirtió en el coronel más joven del Ejército Libertador del Sur. Sus dotes de estratega lo llevaron a salir victorioso en 53 de las 55 batallas que tuvo a su mando. Se le recuerda por su papel en el invierno de 1916, cuando las tropas zapatistas recapturaron Jojutla y 30 comunidades más de las manos del general carrancista Pablo González. En Tochimilco, Puebla, fue herido de gravedad y casi pierde la vida. A partir de ese momento se separó del campo de batalla.

En la década de los 30, Emeterio se avecindó en Anenecuilco, pueblo natal de Emiliano Zapata. Ahí recibió una dotación ejidal y comenzó a trabajar la tierra. Tres décadas después volvería a las andadas en defensa de la libertad y de la tierra: en los 60 comenzó a trabajar con los movimientos de resistencia civil campesinos.

Cuando irrumpió el movimiento zapatista en Chiapas, en 1994, Emeterio expresó su admiración y encabezó marchas en su apoyo. El 5 de marzo de 2001, en el marco de la marcha zapatista hacia la ciudad de México, Emeterio le pidió a la comandancia del EZLN que utilice "las armas de la inteligencia y la legalidad" para dialogar con el gobierno federal, "pues éste tiene la obligación de cuidar a la nación y no pelear con la gente que forma parte de ella". "Tienen que llevar el arma en la mente, por que si no, los matan. Eso les recomiendo. Los avala la Constitución. Hay que pedirle al gobierno que no sea ingrato y ayude a la gente buena", abundó en aquella ocasión.

Reconocido como una de las fuentes orales vivas más importantes del movimiento revolucionario en México, Emeterio participó en diversos documentales y películas, la mayoría realizados por creadores extranjeros, quienes reconstruían la historia del zapatismo. La semblanza más completa sobre su vida y sus ideales fueron plasmados en la película Los últimos zapatistas, héroes olvidados, de Francesco Taboada Taboane. [...] En este documental, Emeterio denunció así la nueva opresión política y económica que viven los campesinos mexicanos: "Quedó sin garantías el precio del maíz. El gobierno sabe que el maíz es la base de nuestra cultura, y quitándolo, pues nos quitan a nosotros. Nos desaparecen como campesinos y pasamos a ser obreros de sus fábricas. Nos quitan la libertad."

En el pasaje final del filme califica la tierra como "la expresión más sublime de amor que el hombre puede tener con el planeta, pues es la tierra la que nos da de comer. Es patrimonio del hombre. No le debemos poner precio, porque es como si nos pusiéramos un precio a nosotros mismos".

También participó en el video El pasado zapatista, producido y dirigido por Susan Lloyd, de la Universidad de California. Ahí es la principal voz en off y canta su corrido:

"Soy un indio mexicano

Soy un criollo de este país

Soy el dueño de la riqueza

Porque planto el maíz.

"Es verdad que soy pobre

aunque visto en algodón

y mi ocupación es la de un labrador

¡Viva Zapata!"

La Jornada - México D.F., 10/3/2002

Madrazo y la restauración

Alberto Aziz Nassif

El "triunfo" de Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo no es sólo un regreso a las viejas prácticas del fraude, sino la constancia de un sistema político que sigue operando en una parte importante del país. Las elecciones internas de ese partido sirven para delimitar con mucha claridad las tensiones que se viven hoy en México entre lo que ha cambiado, los espacios de pluralidad, las alternancias en el poder, el ensanchamiento de las libertades de expresión, la división de poderes, mayor apego a la legalidad, y lo que todavía sigue tan campante: el fraude, la ilegalidad, el abuso de poder, la corrupción, es decir, lo que emblemáticamente representa el madracismo.

Un partido que presumió a fines de 1999 de que había obtenido 10 millones de votos en su elección del candidato presidencial, y que dos años después, en comicios internos, no llegó ni a 3 millones de votos válidos (su voto duro, que representa menos de 5 por ciento del padrón nacional) no es ciertamente un partido que crece. Un partido cuyos líderes obreros viven como jeques millonarios, mientras el salario de los obreros -que dicen representar- no les alcanza ni para lo más indispensable, y que además son premiados como sucedió el pasado sábado con el senador Romero Deschamps, no habla de un partido con mucha calidad moral.

Los partidos son burocracias con jerarquías que se reproducen y que administran incentivos colectivos y selectivos. El PRI ha evolucionado en los últimos años y ha extraviado los incentivos colectivos, su identidad y su ideología; pero también ha perdido poder, recursos, militantes y, por supuesto, votos. Ahora con Madrazo es factible que los incentivos selectivos, los del poder y el dinero, vayan a ser completamente dominantes. Habrá que ver cómo se legitima un liderazgo que llega a la presidencia del PRI mediante el fraude: cientos de casillas en Tabasco y Oaxaca mostraron una tomografía fraudulenta, pero los débiles instrumentos de legalidad sólo sirvieron para anular 33 de un total de mil 669 casillas impugnadas, es decir, la legalidad priísta sólo alcanzó para limpiar 1.9 por ciento de ese universo. Cuando se dan estos casos se aprecia más la existencia del Instituto Federal Electoral. Habrá que ver cómo construye credibilidad un liderazgo cuyo discurso está completamente separado de las prácticas. El problema de fondo no es nada más el señalamiento del fraude y una trayectoria de ilegalidad, sino observar cómo se premia, avanza y se fortalece este tipo de perfiles políticos.

¿Qué clase de país es México para que uno de los principales partidos políticos pueda tener un liderazgo como el de Roberto Madrazo? ¿Qué tipo de país es México, donde un líder petrolero como Romero Deschamps, sospechoso de millonario fraude, es premiado como héroe? Tenemos un país en pleno tránsito democrático, lleno de fragilidades en sus avances democráticos y con amenazas restauradoras del viejo régimen. El PRI es un partido de incentivos selectivos, de maquinarias aceitadas con dinero público, de liderazgos plagados de abusos de poder, de disciplinas a prueba de cualquier arbitrariedad: es una organización de clientelas, no de ciudadanos.

El PRI llega a sus 73 años de existencia al mismo tiempo que instala a sus nuevos líderes en el mando. Para entender el suceso hay que volver a "la ley de hierro a la oligarquía" de Robert Michels, contemporáneo del PNR callista. Imaginemos que el modelo madracista que se impuso en Tabasco, es decir, división interna, control, ilegalidad, fraude y abuso del poder, querrá imponerse ahora a nivel nacional. No sabemos cuál vaya a ser el éxito con una estrategia de este tipo; por lo pronto, hay que anotar que la incipiente democracia mexicana está amenazada.

Mientras la lógica de la democracia tiene como objetivo formas legales y transparencia como reguladores y contrapesos, en la lógica del poder no importa la legalidad ni las reglas democráticas, sino poner en juego cualquier estrategia para conservar y acrecentar el dominio. La llegada de Madrazo al PRI representa el inicio de una estrategia de restauración del poder perdido el 2 de julio de 2000. El primer asalto de esta ruta fue vencer a los grupos que perdieron la Presidencia y que se agruparon en la candidatura de Beatriz Paredes; el siguiente asalto será en 2003, para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados; y el tercero, en 2006: recuperar la Presidencia de la República. Con estos objetivos veremos cómo se mueven las fichas.

Hoy el tablero está casi definido. El gobierno foxista, el PAN, el PRD y las fuerzas democráticas ya saben quién es el contrincante, cuál es su trayectoria y hacia dónde se dirige.

La Jornada - México D.F., 5/3/2002

Corporativismo y corrupción sindical

Néstor de Buen

Sea o no cierto, aunque parece que sí lo es, el arreglo económico que se estableció entre el sindicato y Pemex para favorecer al PRI podría ser el principio del fin de una de las instituciones más corruptas en nuestro país. El famoso corporativismo: un sindicalismo sometido al total control del Estado vía registros y tomas de nota tiene un precio de regreso: la protección estatal frente a los sindicatos independientes; favores políticos, diputaciones y alguna senaduría para sus más destacados dirigentes y, entre otras cosas, impunidad fiscal. Porque la infinita capacidad de manejar intereses económicos que no aparecen en libros es una de las características que derivan de su total sumisión al Estado y que el gobierno compensa con una discreción sutil con respecto a las intimidades económicas de los propios sindicatos y, sobre todo, de sus dirigentes.

Cuando ingresé, hace muchos años, a trabajar como secretario de acuerdos a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en tiempos en que la presidía el licenciado Juan C. Gorráez, lo que más me llamó la atención fue que alguno de los representantes de los trabajadores que integraban la junta era, a su vez, dueño de empresas. También viví la experiencia, creo que ya como litigante, de que el dueño de un conocido restaurante, al que solía ir, fuera líder sindical en la misma rama. Y cuando el dueño del local lo quiso desahuciar, simplemente se emplazó a huelga a sí mismo y la estalló, lo que obligó al dueño a una transacción porque ejecutar el desahucio era imposible.

El corporativismo sirve al Estado, sin la menor duda. Pero el precio que paga es notablemente alto. Quizá con la característica muy particular de que ese precio sólo es cupular y no se derrama hacia el gremio. Y se alimenta de buenas propinas si la conducta del pseudodirigente en la firma o en la revisión del contrato colectivo de trabajo fue discreta, o de algo mejor que una propina buena, si se trata de disminuir personal y condiciones previstas en un contrato colectivo de trabajo.

Todo eso es posible porque nuestra famosa Ley Federal del Trabajo está hecha para impulsar esas corrupciones que los controles estatales hacen posibles. Un sindicato no puede funcionar, a pesar de ser persona moral desde su constitución, si no obtiene el registro o, en su caso, la toma de nota de su directiva. Los estatutos sindicales deben pasar por el control riguroso de las autoridades. Los peticionarios del registro deben presentar padrones de socios con todos los detalles y si pretenden acreditar su carácter de trabajadores, no es difícil que la autoridad registral les exija credenciales de la empresa o las sustituya con una inspección de nóminas que de inmediato alerta a la empresa sobre las pérfidas intenciones de sus trabajadores. Con lo que se inauguran etapas de despidos y represalias. Todo ello viola la autonomía sindical.

Esos problemas, que siguen vigentes, caracterizan a nuestro mal llamado sindicalismo como uno de los más corruptos del mundo. Entre otras razones porque basta que el dueño de un membrete sindical, sin representación alguna en la empresa, firme un contrato colectivo con el patrón y lo deposite ante la Junta competente, para que los trabajadores fracasen en sus intentos de emplazar a huelga para firmar un verdadero contrato colectivo de trabajo. En esos escenarios los premios económicos abundan, muchas veces repartidos entre el sedicente líder y algún abogadillo aprovechón de la empresa, sin que el fisco se entere y ni siquiera quiera enterarse.

Nuestro sistema legal en materia colectiva es una verdadera vergüenza. Ahora se le podría poner remedio aplicando la jurisprudencia LXXVII/99 de la Corte, que antepone los tratados internacionales sobre las leyes. Y ahí está el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, que de aplicarse -y se debe aplicar- superaría las ignominias de la ley.

Habría que empezar por la acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de someter a auditorías constantes a los sindicatos, federaciones y confederaciones. No habría sorpresas, porque todo es sabido, pero sí desasosiegos y algo más. Esto no pone en riesgo, por supuesto, la famosa autonomía de los sindicatos. Todos debemos cumplir la ley. El problema es que hacerlo rompe la vieja alianza. Y eso no es fácil que lo admitan nuestras autoridades de ahora y de siempre.

Jornada - México D.F., 29/1/2002

El octavo año de la rebelión zapatista

Gilberto López y Rivas

Este primero de enero se cumplió el octavo aniversario de la insurrección de los mayas zapatistas. No han sido pocos los esfuerzos y los sacrificios de este movimiento para llegar a los ocho años de vida sin renunciar a sus principios y sin perder la hegemonía política en amplias regiones del estado de Chiapas y entre los sectores del movimiento indígena mexicano más representativos e independientes del Estado.

Referente moral y programático alternativo en los ámbitos nacional e internacional, el EZLN ha logrado sobrevivir a una guerra de contrainsurgencia que no ha cesado con el gobierno foxista y que, como en todo enfrentamiento, ha tenido muertos, heridos, desplazados, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos, prisioneros y toda la secuela de la ocupación castrense de territorio, hostigamiento de población civil, prostitución, alcoholismo y drogadicción. También, la contrainsurgencia ha implicado la formación, el entrenamiento, el apoyo logístico y en armamento de grupos paramilitares que hasta la fecha continúan su trabajo como complemento clandestino e ilegal de la acción militar.

Pese a todos los esfuerzos de los sucesivos gobiernos del continuismo salinista, incluyendo el actual, el EZLN no ha podido ser derrotado ni neutralizado políticamente. A pesar de las campañas mediáticas contra el movimiento y sus dirigentes, de la orquestada propaganda de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de embajadas y consulados, del férreo control migratorio y policiaco de observadores y simpatizantes nacionales y extranjeros, de la información proporcionada por los órganos de inteligencia civil y militar para nutrir controvertidos libros y artículos, el zapatismo contemporáneo ha resistido incólume calumnias y tergiversaciones.

En estos ocho años de vida, el EZLN ha tenido que resistir no sólo los embates militares, políticos y propagandísticos del régimen. También se ha enfrentado a quienes desde distintos campos políticos y sociales han pretendido anular su presencia o disputar su hegemonía. Recordamos, por ejemplo, a intelectuales y fuerzas políticas en el propio movimiento indígena que incluso acusaron de traición al EZLN por firmar los acuerdos de San Andrés, aduciendo que las autonomías indígenas tenían necesariamente que expresarse como un régimen regional con estructuras gubernamentales que constituyeran un nuevo nivel de gobierno entre el estado y el municipio. Paradójicamente, algunos de los dirigentes que defendieron esas posiciones se encuentran actualmente dentro del campo del oficialismo foxista o en el gobierno del estado, ocasionando desde entonces rupturas o estimulando falsas expectativas entre el movimiento indígena.

Muchas polémicas ha tenido el zapatismo con las izquierdas tradicionales. Unos considerando posible la utilización y el manipuleo del EZLN para sus propios fines; otros pretendiendo imponer una perspectiva pragmática y electorera a una organización que va más allá de las alternancias en el gobierno que poco cambio significan para las mayorías nacionales. La sola existencia de los zapatistas como fuerza política indiscutible exhiben sin pudor los "errores tácticos", el oportunismo, la confusión ideológica, el deterioro moral de una izquierda que se aparta de la ética en aras de ganar espacios en los cargos de representación popular o en el gobierno, a cualquier costo y sin escrúpulos en el ejercicio de la función pública.

No han estado los propios zapatistas exentos de errores y sectarismos que les han impedido ampliar en ocasiones el margen de sus alianzas y la conservación de compañeros de ruta. Sin embargo, siempre han manifestado una congruencia estratégica entre lo que dicen y lo que hacen.

Además, ¿qué organización armada ha renunciado al uso de la fuerza por el reclamo generalizado de la sociedad civil en esa dirección? ¿Qué movimiento se ha mantenido firme al sistemático intento de coptación por parte del gobierno para que reciban alimentos, medicinas y otras ayudas materiales y de servicios, que son en realidad la "cara amable" de la contrainsurgencia?

El EZLN ha jugado el papel de una conciencia crítica nacional de carácter irreductible; con una posición política basada estrictamente en el interés patriótico y de clase que no conlleva los consabidos réditos a cobrar a corto plazo de los políticos tradicionales. Pudiera pensarse que el EZLN sacrificó sus intereses como organización nacional al mantenerse firme en el tema de las autonomías indígenas; y al no aceptar negociar al margen de los pueblos una salida "realista" ante la contrarreforma en materia de derechos indios. Sin embargo, éste es precisamente uno de los sacrificios mas notables de un comportamiento distinto a la cultura política de los cochupos y las concertacesiones.

En estos ocho años, el EZLN ha sido fiel a los ideales que le dieron origen, ganándose el respeto y la admiración de millones de personas por su trayectoria consecuente en favor de los oprimidos y explotados, como digno representante del movimiento indígena que obligó al régimen de partido de Estado a negociar y firmar los acuerdos que de cumplirse eventualmente establecerían las condiciones para el reconocimiento efectivo del carácter pluriétnico de la nación.

La Jornada - México D.F., 4/1/2002

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