Latinoamerica-Messico

Las luces y sombras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su décimo aniversario. El 1º de enero se cumplen 10 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México por el que se creó la zona de libre intercambio de bienes y servicios más grande del mundo. Para México, el TLCAN representaba la joya de la corona de un proceso de reformas orientadas a modernizar la economía y abrirla al exterior. El Tratado generó grandes expectativas, no sólo de beneficios económicos, sino también sociales. Tanto dentro como fuera del país, políticos, empresarios y economistas pronosticaban que el aumento de las exportaciones y la entrada de flujos de inversión extranjera crearían empleos de forma masiva y harían subir los salarios de modo que se lograría una disminución de la pobreza, la distribución más equitativa del ingreso y la reducción de los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Durante los noventa, el caso de México fue utilizado ampliamente como ejemplo de éxito de la apertura económica ya que, a pesar de la crisis de 1994-1995, las exportaciones y los flujos de inversión extranjera directa tuvieron un crecimiento espectacular. En 2000, México pasó a ser el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer receptor de inversión extranjera directa en América Latina. Sin embargo, con la caída de la economía de Estados Unidos, el panorama de los tres últimos años ha sido muy diferente. En 2003, México ha registrado una caída en su PIB por tercer año consecutivo, algo inédito en las últimas dos décadas. La inversión extranjera directa se ha reducido drásticamente, al grado de que las remesas de trabajadores mexicanos en Estados Unidos se han convertido en la principal fuente de divisas para el país. A esto se suma que el crecimiento de las exportaciones se ha frenado y el lugar de México como segundo socio comercial del vecino del norte ahora es ocupado por China.

En lo social el balance es sombrío, ya que los impresionantes beneficios económicos obtenidos hasta 2000 no se tradujeron en una mejora significativa de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Según las cifras más conservadoras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el porcentaje de hogares en condiciones de pobreza en ámbito nacional era técnicamente el mismo que en 1994, mientras que había aumentado en las zonas rurales. La pobreza es un fenómeno tan complejo y en el que inciden tantos factores, que no se podría afirmar que el TLCAN la haya aumentado, pero sí que no ha contribuido a disminuirla. En cuanto a la distribución del ingreso, éste se ha deteriorado significativamente. Entre 1994 y 2000, la participación del 80% de la población en el ingreso total cayó para situarse en un 16.6%, mientras que ocurrió lo contrario para el 20% de mayores ingresos. En el año 2000, el 10% más rico acaparaba casi la mitad del ingreso. En cuanto al flujo de emigrantes, durante la década de los noventa creció vertiginosamente, de manera que la población mexicana censada en Estados Unidos pasó de 4,5 millones en 1990 a 8,5 en 2000.

El agotamiento del éxito económico del TLCAN se debe, además de a la desaceleración de la economía estadounidense, al surgimiento de China como competidor, tanto hacia el mercado norteamericano como hacia las inversiones extranjeras, y a que la política macroeconómica seguida por el Banco de México ha generado un tipo de cambio sobrevaluado que resta competitividad a las exportaciones mexicanas. Se podría decir que tras la devaluación de 1994-1995, México se benefició del abaratamiento de sus productos de exportación, pero no aprovechó la coyuntura para desarrollar las capacidades que le permitieran ofrecer algo más que maquilas baratas producidas con salarios bajos, por lo que incluso con la recuperación prevista de la economía de Estados Unidos, la economía podría continuar estancada.

En cuanto al fracaso social, se puede explicar en primer lugar porque los empleos generados por el aumento de las exportaciones y la inversión extranjera directa no compensaron los empleos perdidos por el incremento de las importaciones y el desmantelamiento de un gran número de cadenas productivas locales. Por otro lado, las nuevas exportaciones provinieron de sectores que demandaban poca mano de obra no cualificada, por lo que los salarios reales de la mayoría de la población cayeron, mientras que los de los trabajadores cualificados aumentaron, lo que explica el estancamiento de la pobreza y el aumento en la desigualdad de ingresos.

Adital - 31/12/2003

Hora de definiciones

Desde el vuelco electoral de julio de 2000, que sacó al PRI de la Presidencia de la República y llevó a Los Pinos a Vicente Fox, se ha venido señalando que los partidos del país ya no reflejan con fidelidad el mapa político real ni las tendencias y posturas frente a los grandes asuntos nacionales. Da la impresión de que Acción Nacional no sabe qué hacer con el poder presidencial, que el Revolucionario Institucional no se halla fuera de él y que el Partido de la Revolución Democrática sigue en el desconcierto por la consumación de una alternancia que era parte de su razón de ser y por la cual peleó desde su fundación, pero que no ganó. En este contexto desdibujado y confuso sería lógico y hasta saludable un reordenamiento y una reagrupación de las fuerzas políticas en los debates posteriores a la alternancia presidencial, en la medida en que los puntos de confluencia y de deslinde ya no necesariamente son los que eran hasta hace tres años.

Un ejemplo claro es el reagrupamiento de diversos protagonistas políticos en torno a un neoliberalismo restaurado que busca abrir a la inversión privada los sectores eléctrico y petrolero, que son, hasta ahora, propiedad exclusiva de la nación, y que propugna una ortodoxia administrativa que se traduce en una propuesta de miscelánea fiscal no muy diferente, en sus consecuencias para la población, de un plan de choque.

La mayor parte del empresariado, el gobierno foxista y un sector del priísmo, encabezado por Elba Esther Gordillo Morales, confluyen en una alianza tácita, pero bien definida, para impulsar esa política que, por impopular que sea, podría tener legitimidad si hubiese sido enunciada claramente a la ciudadanía en alguna de las propuestas de campaña presentadas ante el electorado en 2000 y en los comicios legislativos de este año. Pero ni el partido ni los amigos del Presidente, y mucho menos el Revolucionario Institucional, ganaron las posiciones de representación popular que actualmente ostentan -incluida, por supuesto, la curul plurinominal de Gordillo Morales- ofreciendo el desmantelamiento del sector energético público y el establecimiento de impuestos draconianos para pagar los saldos del rescate bancario zedillista y la ineptitud administrativa del gobierno sucesor.

No sólo desde esa perspectiva la coalición compuesta por el Presidente de la República y la secretaria general del PRI resulta un engaño a la ciudadanía. Lo es, también, habida cuenta de la manera vergonzante y desaseada en que opera, en la Cámara de Diputados, con el fin de aprobar el engendro fiscal cocinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentado en un principio por la diputación priísta -antes de que el asunto la llevara a la fractura- como iniciativa propia. Ahora, el partido del IVA y las privatizaciones recurre a inmoralidades y golpes bajos tales como obstaculizar, por vía del panista Juan de Dios Castro, presidente de la Cámara de Diputados, la decisión mayoritaria de la bancada priísta de remplazar a Gordillo Morales por Emilio Chuayffet en la coordinación de la fracción parlamentaria del tricolor. Tal maniobra, concebida para dar margen a una aprobación manipulada de la propuesta fiscal oficial, no sólo violenta las normas elementales de la democracia, la representatividad y el régimen de partidos, sino que constituye una intromisión del Ejecutivo en asuntos del Legislativo digna de las peores épocas del presidencialismo priísta.

La coalición de gobierno formada por Vicente Fox y Elba Esther Gordillo Morales debe definirse ante la opinión pública con su verdadero rostro y sus propósitos reales, como hicieron ayer los legisladores priístas y perredistas que coinciden en el rechazo al engendro fiscal que se pretende imponer a la sociedad traicionando compromisos de campaña.

La Jornada (editorial) - México D.F., 10/12/2003

Claman justicia, no venganza, los ex guerrilleros

Gustavo Castillo

Emocionados, ex guerrilleros, líderes del movimiento estudiantil del 68 y activistas políticos de los años 60 y 70, que fueron encarcelados durante las administraciones de Gustavo Días Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, se reunieron en el Archivo General de la Nación para recordar que alguna vez estuvieron presos en el llamado palacio negro. Ahí, unos 120 ex presos políticos firmaron el Manifiesto de Lecumberri, en el que demandan a los poderes Ejecutivo y Judicial que castiguen a los represores de la época en que fueron detenidos, torturados y en la que también muchos de sus compañeros fueron desaparecidos.

Esta vez no entraron por la aduana custodiados por policías o agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), tampoco con los ojos vendados, golpeados o tras horas o días de haber permanecido en cárceles clandestinas. Ingresaron por la puerta principal acompañados de esposas, hijos y en algunos casos hasta nietos. Desde la entrada hasta el centro de Lecumberri, donde se encuentra la gran cúpula (panóptico) que se forma en el centro de la ex penitenciaria construida por Porfirio Díaz, hubo quienes recordaron con sus familiares momentos de la visita familiar en aquellas épocas. Recorrieron los espaciosos pasillos que brillaban de limpios y que hoy son utilizados para montar exposiciones fotográficas o documentales. Luego, ya bajo la cúpula y rodeados de imágenes que rememoran la vida en esa prisión en 1968 y los años 70, el grupo de viejos combatientes apeló a mantener sus convicciones juveniles de cambio y revolución.

Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, dirigente del movimiento estudiantil de 1968, llamó a los que asistieron al "rencuentro de presos políticos", a "vivir y recordar lo que hoy es una flor marchita", pero pidió que en adelante "la nostalgia que embarga, no debe hacer que se viva en ella". Con la voz a punto de quebrarse, les dijo: "¡No, no nos reunamos para decir que estás viejo o que el tiempo no pasó por ti! Debemos unirnos para luchar por el futuro. ¡Estamos vivos y actuantes! Que la nostalgia sirva como acicate para seguir luchando".

A la reunión asistieron integrantes del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de Los lacandones, Los espartacos, de lo que fue el Comité Central del Partido Comunista. En esos años "lo que menos importaba era la organización, en ese entonces eran un mar de ellas que nacían y morían, que se fundían", indicó Rosalba Robles Vessí, quien estuvo en Lecumberri de 1970 a 1974. "Que se haga justicia, no venganza", dijo Robles Vessí, al referirse a la posibilidad de enjuiciar a los responsables del 2 de octubre, del 10 de junio de 1971 y de la llamada guerra sucia.

Federico Emeri, Salvador Ruiz Villegas, Salvador Martínez della Rocca, del Comité del 68; Vicente Estrada y Mario Ramírez, integrantes de grupos armados en Morelos y Guerrero, así como otros ex presos políticos, como Zoila Ruiz, Fernando Castillo, César Enciso, Patricia Mares, Raúl Sicilia, Fernando Rivas, Carlos Andrade, Carlos Aquilino, David Vega, Saúl Alvarez, Alejandro Ortiz, David Uriarte, Manuel Fernández, Arcelia Ortega, Rocío Herrera y Jorge Abaroa, entre otros, estuvieron ahí rememorando los accesos, las salidas, los patios, las charlas entre presos. Los promotores de la reunión fueron Enrique Condés, José Luis Moreno Borbolla -coordinador del Colectivo de ex Militantes del Movimiento Armado Socialista-, Salvador Ruiz Villegas, Mario Rechi -actual jefe de asesores del secretario del Trabajo, Salvador Abascal-, Jesús Martín del Campo, David Cilia, Arturo Martínez Nateras y Ricardo Rodríguez.

Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación, hizo que centenares de recuerdos volaran, se convirtieran en imágenes palpables de un inmueble y de instantes que ya no estarán nunca más en ese sitio que alberga hoy más de 60 millones de documentos históricos, entre ellos los informes de la DFS y los archivos personales de muchos de los que ayer estuvieron ahí.

Se consideraron afortunados de haber sido detenidos y encarcelados en Lecumberri, porque muchos de sus compañeros "nunca llegaron a pisar una cárcel y a ser enjuiciado bajo acusaciones falsas. Los desaparecieron". Como si hubieran sido los jóvenes veinteañeros que quisieron cambiar el sistema político nacional, se divirtieron subiendo un torreón de vigilancia, y desde ahí señalaron sus crujías, donde leyeron periódicos, escribieron cartas a sus familiares y amigos, o cazaron ratas bajo la mirada de los custodios en los años o meses que permanecieron en esa prisión. También recordaron horas o días en el apando, celda sin luz y sin sanitario donde había que vencer el miedo y la soledad. Se dieron tiempo para rememorar que en ese sitio también estuvieron presos José Revueltas y Heberto Castillo.

Ahí, en un edificio lleno de luz y limpieza, donde ni siquiera permiten fumar en áreas alejadas de la zona de acervos documentales, se llenaron de firmas 14 hojas, era la declaración de Lecumberri, pidiendo justicia y castigo para los represores. Martínez della Rocca aseguró que la decisión de la Suprema Corte de establecer que el delito de privación ilegal de la libertad (equiparable al secuestro) no prescribe hasta en tanto no aparezca la víctima, viva o muerta, abre una puerta de esperanza para que sean encarcelados personajes como los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, o los que fueron titulares de la extinta DFS, el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

La Jornada - México D.F., 9/11/2003

La guerra sucia no prescribe

Debe saludarse, como un importante paso hacia la impartición de justicia contra los represores del pasado reciente, la decisión adoptada ayer por unanimidad por los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar que los secuestros de luchadores políticos y guerrilleros que perpetraron la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y otros órganos del Estado no sólo no han prescrito, sino que ni siquiera se ha iniciado el periodo de prescripción.

El fallo explica que las desapariciones forzadas de personas son, en tanto no aparezcan las víctimas, delitos cuya comisión continúa. En otros términos, la captura ilegal de Jesús Piedra Ibarra, su "desaparición" en la DFS y su actual ausencia son un ilícito que persiste hasta la fecha. Jurídicamente hablando, pues, ese y otros cientos de desaparecidos políticos permanecen secuestrados, y los presuntos autores de las correspondientes privaciones ilegales de la libertad resultan plenamente imputables ante los tribunales.

Lo que podría parecer mera precisión jurídica reviste gran importancia para procesar y castigar a los responsables aún vivos de las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el poder público en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, así como para esclarecer el destino de los opositores políticos, guerrilleros, sindicalistas y agraristas asesinados durante la guerra sucia emprendida en esos sexenios, que segó vidas, destruyó familias, desgarró el tejido social del país y envileció y pervirtió la institucionalidad nacional.

Ciertamente, la resolución comentada no asegura por sí misma, ni en forma automática, la impartición de justicia para todos los crímenes, excesos y abusos de poder a lo largo de los años sesenta, setenta y ochenta. Después de décadas de impunidad para los represores, puede resultar exasperante que apenas se haya logrado crear la posibilidad legal de girar órdenes de aprehensión contra dos de los presuntos criminales de Estado: Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, antiguos mandos de la DFS, con los cuales sumarían apenas cuatro los procesados, hasta ahora, por delitos en el contexto de la guerra sucia, habida cuenta de que actualmente se encuentran sujetos a juicio por el asesinato de 22 guerrilleros los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo.

Desde otra perspectiva, este episodio judicial nos acerca a la posibilidad de presentar acusaciones formales contra el resto de los represores, empezando por aquellos a los que se presume responsables máximos de los delitos de lesa humanidad: Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo. Finalmente, el fallo referido representa una vindicación de la larga e incansable lucha realizada desde los años setenta por organismos de defensa y promoción de los derechos humanos, empezando por los que ha presidido doña Rosario Ibarra de Piedra, madre del desaparecido para el que ahora empieza a ser posible la justicia.

La Jornada (editorial) - México D.F., 6/11/2003

Tepito rinde culto a la Santa Muerte

Josefina Quintero Morales

México D.F. - La imagen de San Antonio de Padua, uno de los santos más venerados por los fieles católicos, fue sustituida en la capilla de San Antonio Tomatlán, en el barrio de Tepito, por la de la Santa Muerte, a la que rinden tributo cada día primero de mes. Quien no cree en ella la respeta; "para acercarse hay que estar seguros de cumplir el compromiso. Llevarle cigarros, vino, comida y fruta; todo lo que le gusta". A cambio, la Santa Muerte se encarga de proteger los caminos en el barrio, aseguran los moradores.

La santificación le fue otorgada por la gente, no por bondadosa sino porque ayuda al afligido, sin importar su condición. Por ello se dice que quienes más la veneran son policías y narcotraficantes, platica doña Margarita, vecina del lugar. Pero hay que tener cuidado, advierte la mujer, porque con ella no se juega; "aunque uno no crea en sus milagros, lo mejor es respetarla".

Hay historias de gente que no ha cumplido sus promesas y "es canija con ellos. Un chamaco le prometió que durante un año no robaría y a las dos semanas ya se había metido a una casa. Después de esto no lo dejó hasta que se volvió loco". Quienes más la tratan son los brujos, chamanes, hechiceros y otras personas dedicadas a la santería. Con ella se hacen rituales en cuevas y se le ofrecen animales en sacrificio; por ello la Iglesia católica ha hecho campaña para prohibir el culto a la Santa Muerte y pone en duda su existencia. Sin embargo, aquí la creencia se trasmite de padres a hijos, quienes cuentan historias de lo milagrosa que es y la ayuda que les brinda. La fe en la Santa Muerte para algunos jóvenes no tiene explicación, pero sí la ven con temor, porque es severa en sus castigos.

A la Santa Muerte se le encuentra vestida según su invocación. Si viste de negro, es porque el llamado es para defender a sus fieles de los enemigos; de rojo, cuando se le pide ayuda en situaciones de amor, y de blanco representa la protección, la luz, la sabiduría, la senda del conocimiento.

La Jornada - México D.F., 2/11/2003

La crisis que golpeó a pobres ahora pega a ricos

Roberto González Amador

México, como la gran mayoría de naciones de Latinoamérica y el Caribe, atraviesa por ''una tercera década perdida'' para el desarrollo económico y la mejoría en el bienestar de la población, estancamiento que ''hace evidente'' que el modelo económico acatado por los gobiernos de la región desde principios de los años 80 ''ha mostrado su fracaso'', advirtieron expertos este lunes.

El modelo económico comenzó golpeando a los más pobres y a las clases medias, pero recientemente, a la par de la extranjerización de las economías, empieza a ''pegar'' a los grupos más pudientes. ''Eso explica que en los últimos meses varios prominentes empresarios de Latinoamérica estén criticando al neoliberalismo, lo llamen por su nombre y propongan estrategias alternativas'', comentó el profesor universitario José Luis Calva.

Convocados por el Programa sobre ciencia, tecnología y desarrollo (Procientec) de El Colegio de México, analistas y especialistas en desarrollo económico, industrial y agropecuario iniciaron ayer una reunión de dos días para discutir alternativas al modelo de crecimiento adoptado en el país durante las últimas dos décadas, en una conferencia internacional titulada Nuevos caminos para el desarrollo sustentable en México.

El especialista José Luis Calva, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso el resultado de 20 años de modelo de apertura económica y comercial y liberalización, impuesto a Latinoamérica por los organismos financieros internacionales después de la crisis de la deuda a principios de los años 80. En la década de los 80 el producto interno bruto (PIB) per cápita disminuyó en Latinoamérica 0.9 por ciento anual, mientras en el conjunto de países de Africa subsahariana retrocedió 1.4 por ciento y en el bloque de naciones del sureste de Asia, que han aplicado una estrategia distinta a la promovida en América Latina por los organismos financieros internacionales, el PIB per cápita aumentó en esa década 6 por ciento en promedio anual.

Los años 90 no fueron diferentes, de acuerdo con José Luis Calva: el PIB per cápita en Latinoamérica creció a un ritmo de 1.3 por ciento; el del Africa al sur del Sahara retrocedió 0.4 por ciento y el del conjunto de naciones del sureste de Asia creció 6 por ciento anual. ''Desde que las reformas de libre mercado comenzaron a ser aplicadas a principios de los años 80 en México, 20 millones de personas han caído en la pobreza, y de ellas, 11 millones en la indigencia'', expuso Calva. El especialista añadió que en México, entre 1982 y 2002 el PIB por persona creció a un ritmo de 0.35 por ciento, mientras en los 50 años precedentes a la implantación del actual modelo económico en el país registró un aumento de 3.14 por ciento anual. ''Todos estos indicadores muestran que el modelo económico está llevando al país, y a la mayoría de naciones de la región, a la tercera década perdida para el desarrollo'', señaló.

En la misma conferencia, Héctor Guillén, de la Universidad de París, consideró que el modelo económico vigente en México ''funciona solamente para un pequeño sector de la población, el que concentra la mayor parte del ingreso nacional, que se ha beneficiado y aumentado su ingreso en los últimos años''. Pero, abundó, para el conjunto de la población ha significado aumento en la pobreza y restricción salarial. ''Este modelo no ha funcionado y sus beneficiarios están promoviendo reformas una tras otra contra el interés de la mayoría para mantener sus privilegios'', indicó.

La conferencia, a la que asisten especialistas de la academia, la industria y la agricultura de varios países, dejó claro que el debate actual no es acerca de si existe una alternativa al modelo de desarrollo económico impuesto por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y acatado a pie juntillas por los gobiernos latinoamericanos. ''En esta conferencia no tratamos de sacar un plan o una plataforma. Estamos analizando de manera seria y crítica. El punto es que sabemos que hay alternativas. Ya no estamos en la situación de hace 10 años, cuando debíamos demostrar que había esas alternativas. Ahora lo que se discute es cómo aplicarlas'', sostuvo Alejandro Nadal, coordinador del Procientec, entidad que organizó la conferencia con el apoyo de la Fundación Rockefeller.

Nadal expuso que los defensores y beneficiarios del actual modelo económico plantean que se requiere más tiempo para que puedan verse los beneficios. ''Por eso promueven más reformas y dicen que lo único que hace falta es tiempo para ver resultados, pero sabemos que eso es falso''.

En la conferencia, José Luis Calva esbozó algunas ideas sobre políticas alternativas, entre las que citó una política cambiaria activa, que contribuya al equilibrio sostenido de las cuentas externas; una política comercial pragmática, en la que México haga uso de sus atribuciones como miembro de la Organización Mundial de Comercio e imponga aranceles y salvaguardas para proteger a sus productores; e impulsar una reforma fiscal, en la que es posible elevar los ingresos sin gravar con impuestos al consumo de alimentos y medicinas, como propone el gobierno.

La Jornada - México D.F., 21/10/2003

¿Qué está pasando en la economía mexicana?

Cecilia Durán

Mientras el Presidente Vicente Fox dice que la economía va por buen camino, analistas económicos no ven repunte. Últimamente en los periódicos mexicanos, de la capital y de los estados, en sus secciones de Economía, Negocios y Finanzas, aparecen noticias poco alentadoras con respecto al funcionamiento económico de México. Irremediablemente surge la pregunta: ¿qué está pasando con una de las economías más fuertes de América Latina?

Los últimos reportes económicos indican que el PBI del 2° trimestre del año mostró una contracción de entre 0,16 y 0,3 por ciento, con lo que se complementaría una recesión. La misma se debe principalmente a la caída de la producción mexicana, que generó factores negativos para el ánimo de los inversionistas. En general los datos muestran que la actividad productiva aún está lejos una recuperación debido a la lentitud en la reactivación del mercado manufacturero en Estados Unidos y la falta de dinamismo en la generación de empleos.

Estos son algunos de los factores que están afectando en la reactivación de la producción industrial, especialmente en las manufacturas. La debilidad de los mercados interno y externo es notoria en la falta de crecimiento industrial. Una de las industrias más afectadas es la automotriz y esto ha llevado a que empresas como Wolkswagen se viera obligada a realizar un despido masivo de empleados. Nissan Mexicana implementó el modelo de paros técnicos de un día a la semana para evitar despidos.

En el sector comercial interno también se registran cifras negativas: hay un escaso crecimiento anual, una disminución mensual y no se aprecia una recuperación sostenida. En cambio, cifras más positivas se observan en el comercio exterior que registra incrementos anual y mensual de las exportaciones e importaciones. A pesar de que los resultados de las finanzas públicas acumulados en mayo resultaron favorables respecto a lo programado, en ese mes disminuye el superávit respecto a lo ocurrido un año antes.

En lo que respecta a la inflación, en junio se registró un porcentaje de 0,08. Con ello, en el semestre acumula un alza de sólo 1,25 por ciento, contra 2,63 por ciento en el mismo período de 2002. Esta inflación se debe a un comportamiento diferente de los precios de bienes administrados y concentrados (donde influye un cambio en política de precios y subsidios) y de los agropecuarios.

En política monetaria y variables financieras hasta la primera mitad de junio, se consolida cierta estabilidad. Las tasas de interés registran nuevos mínimos históricos, debido a un acomodo en la situación internacional de liquidez y al movimiento de los principales réditos internacionales. En tanto, el tipo de cambio prosigue un comportamiento reactivo a los movimientos de los rendimientos.

Frente a este panorama, se levantan la voz de especialistas como Jaime Asencio, analista de Bursamétrica, que asegura que " la crisis tecnológica, la de credibilidad en los resultados de las empresas que cotizaban en la bolsa y la incertidumbre de la guerra debilitaron el entorno en el que la economía mexicana tendría que haber hallado un impulso para salir de su propia recesión".

El último reporte de INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) marca que la tasa de desempleo abierto en el mes de junio alcanzó el nivel más alto registrado desde febrero de 1998. De acuerdo con los datos aportados por el INEGI, el desempleo abierto en julio fue de 3,52 por ciento, o sea, 1.46 millones de personas son desocupados abiertos, que equivale a un aumento de 257 mil personas en los últimos doce meses.

El aumento en la tasa de desempleo abierto se debe principalmente por el menor dinamismo de generación de empleos formales. La pérdida de estos últimos se genera en los estratos saláriales más bajos, hecho que aumenta la ocupación en los mercados de trabajo informal y de condiciones críticas.

El bajo crecimiento de los mercados interno y externo, así como la incertidumbre en torno al proceso de recuperación en el corto plazo, son los elementos principales que han frenado las decisiones de inversión productiva, y en consecuencia, la posibilidad de ampliar la planta laboral en el sector formal.

Según las declaraciones del Presidente Vicente Fox "el indicador Global de Actividad Económica, IGAE, reveló un crecimiento económico del país de un 1.6 por ciento en junio. Esto indica una tendencia positiva aunque todavía modesta para la economía en su conjunto". Mientras el Secretario de Economía, Fernando Canales, aseguró que con la implementación de programas emergentes se logrará la recuperación de empleos. Sin embargo, el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Económico del IMEF, Gerardo Cruz, no ve un repunte. "No hay nada por sentado. Estamos lejos todavía de una recuperación vigorosa de nuestra economía", señaló.

Adital - 2/9/2003

Virgen de Guadalupe SA

Silvia Ribeiro*

La imagen de la Virgen de Guadalupe es, desde junio de 2002, una marca registrada otorgada al ciudadano chino Wu You Lin, que por 2 mil 400 pesos mexicanos obtuvo el monopolio de uso en sus productos por diez años, con derecho a licenciarlo a terceros y opción a renovación. Una verdadera ganga, considerando que, según informó Rodrigo Vera en Proceso (9/2/2003), la Basílica de Guadalupe hizo un contrato cediendo el uso exclusivo de la imagen guadalupana en marzo del mismo año a la empresa transnacional Viotran por 12.5 millones de dólares, válido por cinco años. Claro, que en ese paquete también se incluyó a San Juan Diego y se le garantizó a la empresa la "bendición especial" del rector de la Basílica, Diego Monroy -firmante del contrato-, o de Norberto Rivera, arzobispo primado de México.

Según aclaró el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), "no había sustento jurídico" para negarle el registro de la marca al comerciante Wu You Lin. Más allá de que varios juristas mexicanos discuten esta afirmación, es interesante que el IMPI y las autoridades de la Basílica de Guadalupe parecen manejar un concepto más laxo de la moral que la propia Organización Mundial de Comercio (OMC). En ella, en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas al Comercio, el artículo 27 (2) dice: "Los miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad". Pero pareciera que ni para el IMPI ni para las autoridades de la Basílica de Guadalupe la venta del uso comercial exclusivo de la Virgen de Guadalupe está relacionado con ninguna de esas categorías.

Según encuestas, hay en México muchos más guadalupanos que los que profesan la religión cristiana. No es extraño, ya que la Virgen de Guadalupe es uno de los sincretismos religiosos indígenas más extendidos. La mayoría de las culturas indias mexicanas asocia o reúne en la misma figura a esta virgen con la madre tierra, Tonantzin, y otras.

Joan Martínez Alier, conocido economista catalán -referente obligado en temas de economía ecológica-, participó en septiembre de 2000 en el seminario Biopiratería o bioprospección, derechos indígenas y campesinos, realizado en México. En esa ocasión decía: "no es cuestión de traducir la cultura a dinero. La gente pobre del mundo sabe esto muy bien, y en su lucha ha tenido que aprender muchos lenguajes: español, inglés y ahora el lenguaje de la economía y el lenguaje jurídico de la Constitución, para intentar resguardar sus derechos indígenas. Además, según la cosmología propia de estas culturas, la tierra y el subsuelo son sagrados. Es como la Virgen de Guadalupe: si algo es sagrado no se puede alquilar ni vender a Japón, por ejemplo; sería un insulto decir a qué precio se vende la Virgen de Guadalupe o la Bandera nacional. Quizá, si se reconocieran las cosas consideradas sagradas en el mundo, sería una manera de combatir la globalización del mercado. Hay cosas que sencillamente no se pueden vender. El punto central es repensar la inconmensurabilidad de los valores. No son equiparables los valores económicos con los ecológicos, o con los de la cultura de la gente o los valores sociales. Así es como encaja la economía ecológica con la defensa del ecologismo popular: la gente campesina e indígena que no se dice ecologista, que no quiere ni usar esa palabra pero que en el fondo son los verdaderos ecologistas, combaten para mantener los recursos naturales a disposición de la gente."

A contrapelo de todos ellos, la globalización del mercado y sus acólitos avanzan bárbaramente, y el ejemplo que en ese momento causó estupor en el público ahora es una realidad, al igual que la privatización creciente del agua, los bosques, la biodiversidad, los recursos genéticos e inclusive los conocimientos indígenas. Todos los sistemas de propiedad intelectual son una forma de privatización, de despojo del patrimonio público.

Es parte de la misma esencia vender a la Virgen de Guadalupe, patentar plantas medicinales y semillas o convertir el cuidado de los bosques y los suelos en una mercancía que con el malusado nombre de "servicios ambientales" tambien puede ser comerciada. La OMC lo tiene claro y por eso ha ido incluyendo todos estos temas en su agenda, en la tarea de redactar la nueva constitución del mundo mediante sus regulaciones. Obedientes, los gobiernos e instituciones nacionales se encargan de ir aún más lejos de lo que se les dicta.

Pero nada de esto son mercancías. Son parte de las culturas y eso es lo que hay que defender en su integralidad: los derechos de los pueblos a sus formas diversas de vida y de entender la religiosidad, así como el derecho a los recursos que cuidaron y desarrollaron por milenios.

Quizá el ejemplo tan brutal que para la vasta mayoría de los mexicanos significa hacer una marca registrada de la Virgen de Guadalupe sea la gota que desborde el vaso, o pronto tendremos que pagar desde el agua de ese vaso hasta el aire que respiramos, y sólo podrán vivir los que puedan comprarse ese derecho.

*Investigadora del Grupo ETC

La Jornada - México D.F., 19/8/2003

Ciudad Juárez: oprobio nacional

Unas horas después de que los responsables nacionales de Gobernación, Seguridad Pública y procuración de Justicia anunciaran con bombo y platillo en Ciudad Juárez un plan tardío, confuso e insuficiente para reforzar la seguridad de las mujeres en esa ciudad fronteriza, policías estatales descubrieron los cadáveres de tres jóvenes que fueron reportadas como desaparecidas el pasado domingo.

Cabe esperar que los secretarios de Gobernación, Santiago Creel; Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; el procurador Rafael Macedo de la Concha, el gobernador Patricio Martínez, así como el procurador de Chihuahua y el alcalde juarense, sean capaces de comprender que estos tres nuevos homicidios representan, también, otros tantos desafíos colocados sobre sus respectivos escritorios por los criminales que, durante más de una década, han segado la vida de tres centenares de mujeres en esa localidad chihuahuense sin que, hasta la hora actual, las autoridades federales, estatales y municipales hayan sido capaces de resolver en forma satisfactoria y creíble ni uno solo de esos crímenes.

A juzgar por las críticas formuladas al programa gubernamental de seguridad anunciado anteayer --considerado "una tomadura de pelo", para el cual no se tomó en cuenta a las organizaciones de familiares de las víctimas ni siquiera para invitarlas a la presentación--, estas tres nuevas muertes no serán saldadas con la justicia, sino con la impunidad.

Y es que, además de las misteriosas "40 acciones" mencionadas --pero hasta ahora no detalladas-- por Creel Miranda y del patrullaje policiaco ofrecido por Gertz Manero, para esclarecer los asesinatos pasados y evitar nuevos homicidios es necesario, antes que nada, sanear a fondo los cuerpos policiales --los municipales, los estatales y los federales-- y las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Se requiere, además, escuchar a los familiares de las víctimas, que son quienes más lejos han llevado las investigaciones.

Es necesario, asimismo, poner de lado los evidentes y deplorables jaloneos políticos entre la autoridad municipal, el gobierno de Chihuahua y el Ejecutivo federal y las intrigas burocráticas que han impedido, hasta la fecha, responder con eficacia a la imparable masacre de mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres en Ciudad Juárez.

La delincuencia organizada está tan segura de su propia fortaleza y de las debilidades, incoherencias y pugnas internas de las autoridades, que se ha dado el lujo de colocar, sobre la mesa en la que se anunció el "Programa Integral de Seguridad para Ciudad Juárez", tres nuevos cadáveres. Los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de terminar con el oprobio nacional de los homicidios impunes de mujeres en esa ciudad, no sólo porque así lo manda la ley y porque así lo exigen la ética y el sentido común; no sólo por humanidad, por interés político y por decoro, sino también para evitar que el país entero, con su indiferencia creciente y aun su cinismo, siga volviéndose cómplice de los asesinos.

La Jornada (editorial) - México D.F., 24/7/2003

Las paradojas políticas de los obispos mexicanos

Bernardo Barranco V.

No es ninguna novedad que la jerarquía se pronuncie sobre los procesos electorales ni que oriente políticamente a la feligresía. Lo novedoso es que procesos y actores políticos han cambiado cualitativamente. Recordemos la intervención, en 1981, del cardenal Corripio Ahumada, en plena reforma política de López Portillo, cuando el prelado hizo un llamado a los católicos a no votar por el Partido Comunista Mexicano, o bien las negociaciones subterráneas del entonces nuncio Girolamo Prigione y de la alta jerarquía, en 1988, para obtener las reformas constitucionales que a la postre les beneficiarían.

La intervención del clero en materia política se intensificó en los procesos electorales, porque eran los momentos de mayor debilidad del sistema político mexicano. En más de 20 años la Iglesia ha sido persistente; sin embargo, hoy por hoy la diferencia radica en que los procesos electorales son más competitivos, hay partidos con estrategias electorales, medios de comunicación más incisivos y tienen un garante en el IFE, que ofrece mucho más certidumbre que los comicios dominados por el partido de Estado. Hoy todos estos actores reaccionan ante cualquier inducción, sea de tipo ético-moral que interfiera y repercuta con el estado de ánimo de los votantes.

En el fondo, buena parte de la jerarquía está apostando por apoyar al PAN y al gobierno de Vicente Fox, perfilándose como su aliada natural. Ya en los documentos firmados por la región pastoral de occidente -siete diócesis encabezadas por la de Guadalajara-, como el del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Luis Morales Reyes, Votemos con responsabilidad, se nota la preocupación de los obispos por la desilusión de la población ante las expectativas no cumplidas por Vicente Fox, por tanto, determinan que es necesario que haya un factor decisivo de nueva correlación en el Congreso para que el mandatario pueda llevar a cabo las "necesarias reformas estructurales". De ahí que sus orientaciones pastorales y condenas apuntan a favorecer a candidatos y al Partido Acción Nacional.

Sin embargo, la exhortación de la Secretaría de Gobernación a los obispos de no intervenir en asuntos político-electorales y que respeten la esfera de lo político resulta incongruente y hasta contradictorio, porque tanto políticos como funcionarios federales, empezando por el propio Fox, no lo han hecho y constantemente invaden el terreno de las creencias. El silencio de Gobernación contrasta con el actual exhorto. Por otra parte, esta coyuntura ha evidenciado los vacíos jurídicos en la materia. A pesar de que las leyes prohíben cualquier injerencia religiosa en materia electoral y no existe claridad en las sanciones, resulta inconcebible que en más de nueve años de haber sido promulgada la Ley de Asociaciones y Culto Público aún no exista un reglamento que pueda normar la actuación.

Los obispos están demostrando que les está costando mucho trabajo ubicarse en el proceso de transición que vive México. Lo mismo ha pasado en Sudamérica con los tránsitos de las dictaduras a la democracia e igualmente en Polonia, donde la Iglesia perdió la centralidad que había adquirido durante el sistema socialista. Nuestro proceso de transición es complejo y los obispos necesitan realizar una lectura más fina de la realidad para así definir su papel. Es claro que no pueden seguir interviniendo como si estuvieran con el antiguo régimen. Si hoy las diferentes propuestas políticas son heterogéneas, plurales y diversificadas, el discurso "orientador" de los obispos resulta en contrasentido, porque sus orientaciones acotan, parcializan y son intolerantes ante la búsqueda de los ciudadanos por elegir aquel partido o candidato que le convenga. Por otro lado, tenemos que ante esta realidad, en la que algunos obispos quieren estar por encima de la ley señalando que primero está la ley divina, resulta provocador y peligroso que con esta excusa quieran pasar por alto las leyes, siempre perfectibles, establecidas por una sociedad que aspira a legalidad y a la democracia. Se abre pie al viejo tema espinoso del fuero eclesiástico.

Resulta paradójico que teniendo un gobierno favorable como el de Vicente Fox, católico, devoto de la Virgen de Guadalupe, las iniciativas de los obispos hayan sido severamente cuestionadas. Basta con que recordemos el incumplimiento del decálogo de Fox, las críticas al libro Aura, por parte del secretario del Trabajo, Carlos Abascal, que lo único que provocaron fue convertir esa obra en un best seller; o bien la polémica por la cinta El crimen del padre Amaro, que de igual manera la colocó como el filme más taquillero en la historia del cine mexicano moderno; el intentar convertir el asesinato del cardenal Posadas en un crimen de Estado; la marcha atrás en el asunto del Antiguo Palacio del Arzobispado y, finalmente, las tentativas de la comercialización de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estas situaciones han fracasado, arrojando un saldo negativo en la dimensión más delicada de un actor religioso, que es la autoridad moral.

Los obispos que no han sabido leer los cambios tienen ante sí un reto que es el de adecuarse creativamente a nuevas oportunidades que no necesariamente pasan por la correlación política ni por el poder. De lo contrario lo único que están ocasionando es provocar a la sociedad, despertar el laicismo jacobinista, al león secular que guarda en sus entrañas el México moderno. En todo caso, quien sí ha sabido leer con agudeza el momento es México Posible, que agradecerá como Fuentes y El padre Amaro la enorme promoción involuntaria de su causa.

La Jornada - México D.F., 31/5/2003

¿Indigenismo del cambio?

Magdalena Gómez

La desaparición del Instituto Nacional Indigenista (INI) para dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un eslabón más de la cadena de burlas a los pueblos indígenas por parte del autodenominado "gobierno del cambio" en complicidad con el Congreso de la Unión.

La referida comisión no implica ningún cambio de fondo y se suma a la estrategia oficial de impulsar la aplicación de la contrarreforma indígena y darle al diferendo político con el EZLN y los pueblos el carácter de cosa juzgada también en el ámbito político, con el factor adicional de contravenir seriamente el contenido del Convenio 169 de la OIT, que está por encima de la ley que creó la comisión.

Tras 55 años de vida de una institución que permaneció tan marginal a la administración pública como los pueblos indígenas a la sociedad y que expresaba ante todo una visión que los ubicaba como objeto de asistencia antes que sujetos de derecho, se pretende festejar que la nueva institución no estará sectorizada con ninguna dependencia y que favorecerá la llamada "transversalidad" de las políticas públicas en esta materia. ¿De qué hablamos? Ya en la ley del INI de 1948 se enunciaba en su artículo 12 su facultad de coordinar las acciones del conjunto de la administración pública, lo cual nunca se logró.

El Convenio 169 ha sido reiteradamente violado, desde la seudoconsulta del INI previa a la elaboración del proyecto de comisión, en la cual se sustituyó el concepto de instancias representativas de los pueblos por foros de consulta y se concluyeron cuestiones poco creíbles como que los indígenas plantearon que querían un organismo "descentralizado y no sectorizado", cuando estos conceptos corresponden a las inquietudes de la burocracia. Llegaron al absurdo de incluir bajo el rubro de "sujetos indígenas a los que se debe consultar" a las dependencias del gobierno. El Congreso de la Unión no sometió a consulta su dictamen de ley que creó la flamante comisión de nombre tan largo y alcances tan cortos.

Por lo que se refiere a los objetivos, estructura y funciones del nuevo organismo, encontramos, entre otros, que será "instancia de consulta" de la administración pública, es decir, sustituye y usurpa la titularidad de un derecho que el Convenio 169 otorga a los pueblos. También pretende "coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas", así como "proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 'B' del artículo 2º de la Constitución". Es decir, que en ejercicio de la autonomía de los pueblos, a la que "coadyuvará", los sustituirá.

Para realizar tan elevados fines contará con una junta de gobierno integrada por casi todo el gabinetazo, donde el director, o inminente directora, de la comisión sólo tendrá derecho a voz y se excluye la participación y decisión de los pueblos, pese a que así lo estableció el texto de la contrarreforma como frase proveniente de la propuesta Cocopa. Existirá también un consejo consultivo al estilo de los viejos tiempos donde participarán organizaciones sociales, académicas, las juntas directivas de las comisiones de asuntos indígenas, un representante de cada entidad federativa donde se asienten los pueblos y un ambiguo sinnúmero de representantes indígenas, pero eso sí, será un indígena quien presida el consejo.

Por otra parte, se incluye la disposición transitoria de que serán transferidos los programas actuales del INI que correspondan a las funciones de otras dependencias. Ni siquiera se pensó en transferir a los pueblos los escasos recursos e infraestructura con los que cuenta la institución desmantelada. Nada se dice, por ejemplo, de las radios indigenistas, cuya transferencia a los pueblos fue incluida en los acuerdos de San Andrés.

Se cierra de mala manera una etapa que congregó a servidores públicos que hicieron del trabajo indigenista su proyecto de vida, que si bien no exento de paternalismo, tuvo sin duda fortalezas en el rubro de servicios, como investigación, videoteca, fotografía, procuración de justicia, entre otros, que bien podrían haberse integrado en una institución que no mezclara coyunturas y humores sexenales.

En síntesis, "la INI", como le dicen los indígenas, merecía morir con la dignidad que implicaba ceder el paso a la autonomía. No hay tal, la comisión no puede impulsarla aun cuando se expropie y perviertan las palabras y se les vacíe de contenido. Nunca pensé que llegaría a tener la tentación de proponer "una lágrima por el INI".

La Jornada - México D.F., 20/5/2003

Con visiones opuestas, Fox y líderes agrarios firman el Acuerdo

Juan Manuel Venegas y Angélica Enciso

Todos los actores políticos lo firmaron, pero cada uno lo interpretó a su manera y ofreció su propia y distante visión de los alcances del Acuerdo Nacional para el Campo. Así, mientras que para el presidente Vicente Fox quedaron ya "pactadas" las "grandes directrices políticas, financieras y de inversión" de los programas destinados a las comunidades agrarias del país, para los dirigentes de las organizaciones campesinas el texto que ayer se firmó es apenas el inicio de futuras negociaciones.

El caso del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus implicaciones en el campo mexicano marcó aún más las diferencias, pues al tiempo que los dirigentes campesinos interpretaron que en el acuerdo se contempla de "manera explícita" la revisión del TLCAN para excluir al maíz blanco y al frijol de las reglas actuales de desgravación, el gobierno federal, por medio del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, advirtió que en materia de comercio internacional "nos queda claro" que la finalidad del tratado con Estados Unidos y Canadá es fortalecer las economías de los países, por lo que la relación entre productores debe ser de "socios y no de competidores".

Sobre la situación del maíz y el frijol, el secretario -abucheado y descalificado en el acto de ayer en Palacio Nacional- aclaró que la idea del gobierno es "sanear y mejorar los procesos productivos y comerciales para hacer estos cultivos rentables, competitivos y defendibles". Más: si para los dirigentes el documento firmado es "producto" de las movilizaciones y la lucha de los campesinos, tanto el Presidente como el secretario de Gobernación, Santiago Creel, fueron claros en su advertencia: desde ahora no aceptarán reclamos "que quebranten la ley" ni "fuera del marco" de las instituciones. "Esta nueva forma (de hacer política) implica un compromiso de todos para no violentar el estado de derecho", aseveró Fox.

Por lo pronto, lo que quedó claro fue la alerta del líder del movimiento El campo no aguanta más, Carlos Ramos Alba: "Reconocemos las limitaciones y los riesgos" de signar un documento que, según él y sus compañeros, tiene muchas reservas y limitaciones.

La ceremonia de firma del acuerdo para el campo se efectuó ayer en el patio central de Palacio Nacional. De los mil 200 lugares destinados para invitados, por lo menos 500 quedaron vacíos, destacando la falta de presencia campesina. Contados eran los hombres del campo que acudieron a la cita en la sede del Ejecutivo de la Unión.

Fox festejó, sin embargo, la presencia de los dirigentes: "Es una victoria política de generaciones protagonistas de la larga marcha de la transformación democrática de México. El Acuerdo Nacional para el Campo es fruto de un amplio proceso incluyente, respetuoso y plural, generado desde las entrañas mismas de la sociedad rural y apoyado por una Presidencia de la República que se abre a la sociedad, que escucha sus demandas, que acepta sus propuestas y que responde con compromiso". Consideró que el diálogo con las organizaciones campesinas y "el entendimiento" logrado significan el inicio de "una nueva era en la relación del Estado con la sociedad, (pues) sustituimos las tensiones, los desencuentros, las tentaciones por el descrédito, el envilecimiento de la política, por el acuerdo que abre el camino a un nuevo modo de hacer política".

Tras puntualizar que el acuerdo contiene de "manera implícita" el compromiso de todos para "mantener dentro de los cauces del diálogo los reclamos de solución a posibles problemas del futuro", el Presidente ofreció su visión de lo que se presentó ayer: "El acuerdo para el campo que hoy firmamos es imprescindible para edificar una sociedad rural nueva, justa, productiva y sustentable". Quedaron "pactadas", subrayó, "las grandes directrices políticas, financieras y de inversión para activar programas de emergencia, elaborar presupuestos multianuales, identificar y transparentar los subsidios indispensables para consolidar las áreas de producción exitosas; para apoyar decididamente a los productores medios y para comprometernos con los productores de subsistencia y así definir también los precios objetivo y construir la nueva educación rural y superar la marginación de las familias" de las comunidades campesinas.

Con la parte del fomento productivo, añadió, "¡estamos haciendo una reforma estructural! Que da certidumbre, competitividad y rentabilidad a nuestros productores mediante programas y presupuestos de largo plazo. En la parte social, en tanto, estamos comprometiendo a incrementar los recursos y fortalecer los programas para llevar más microcréditos y proyectos productivos; más educación y becas; más salud y seguro popular; más alimentación y nutrición; más vivienda y servicios para la población rural". Para lograr esos objetivos, anunció que a los 117 mil millones de pesos que este año se autorizaron para el sector se sumarán otros 2 mil 800 millones, de los cuales 400 millones se destinarán a "incrementar y mejorar los servicios de salud" de las familias del campo, particularmente a través del seguro popular; 500 millones irán a los programas para "adultos mayores"; 100 a los proyectos productivos para mujeres, y 260 millones para "iniciar" proyectos de vivienda rural.

En cuanto al capítulo agrario del TLCAN, Fox se limitó a señalar que en "la defensa" de los intereses y los ingresos de los productores mexicanos, "vamos a aplicar todos los mecanismos de defensa establecidos en las leyes correspondientes, para reducir el efecto de las asimetrías que causan los apoyos y subsidios en el exterior sobre nuestros productos y productores agrícolas y, en particular, atenderemos de manera prioritaria los cultivos de maíz blanco y frijol".

Para los dirigentes agrarios, sin embargo, esto es apenas el inicio de futuras negociaciones. Fijaron posiciones. Por El campo no aguanta más, Carlos Ramos Alba acusó que la "correlación y posicionamiento político" de Fox "limitaron el alcance y las expectativas de un verdadero cambio estructural demandado por los campesinos", quedando en su lugar "un acuerdo limitado que no contiene ni los objetivos, ni las estrategias, ni los planes e instrumentos para llegar a los cambios anhelados por la nación". Habló de lo que falta por revisar y negociar: soberanía y seguridad alimentaria; revisión "profunda" del capítulo agropecuario del TLCAN y otras iniciativas internacionales, como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA); revisión del artículo 27 constitucional que garantice y proteja la propiedad social de la tierra; instauración y ejercicio de un presupuesto multianual para el campo, y una ley de amnistía para liberar a cientos de luchadores sociales y dirigentes campesinos encarcelados, entre otras demandas.

Del Congreso Agrario Permanente, Rafael Galindo indicó que "somos realistas y no echamos las campanas al vuelo". Aclaró que el acuerdo "expresa sólo la voluntad para iniciar las reformas de fondo", por lo que su nombre ahí "no implica dejar la lucha campesina, ya que existen demandas insatisfechas". Estamos "por iniciar" el diseño y puesta en práctica de reformas estructurales, enfatizó. Por El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, se concentró en el TLCAN. Según sus aseveraciones, el documento firmado "genera obligaciones y demanda al Presidente de la República presentar la solicitud formal para que en el marco de lo convenido entre nosotros (las organizaciones y el gobierno) se inicien de manera inmediata las consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para alcanzar el propósito de revisar el tratado y excluir el maíz blanco y el frijol de las reglas actuales de la desgravación".

Finalmente, por la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López habló de "la urgencia" de establecer "un acuerdo paralelo complementario en el TLCAN... que es posible y la opción viable para que nuestros productores puedan defenderse ante una competencia tan desigual y aplastante" frente a estadunidenses y canadienses. Y sobre el acuerdo firmado, indicó que "puede ser la base de la gran transformación rural" y para la definición de un verdadera política de Estado y un programa de transición para la agricultura tradicional...

Así, según los dirigentes, el Acuerdo Nacional para el Campo es apenas el inicio de las negociaciones por venir.

La Jornada - México D.F., 29/4/2003

Incongruencia frente a Cuba

El voto de México sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, revela una profunda contradicción en la política exterior del gobierno foxista y trasluce una grave ruptura de la tradición histórica de la diplomacia mexicana frente al ilegal embargo que la isla caribeña padece desde hace más de cuatro décadas.

En primer término, ha de señalarse claramente el contexto del voto mexicano en Ginebra: si bien no apoyó la resolución endurecida presentada por Costa Rica -que exigía una condena de la ONU a Cuba por la represión de opositores emprendida por el régimen de Fidel Castro- y sí se avaló el documento que insta a La Habana a aceptar la visita de una misión internacional relatora de Naciones Unidas, México no suscribió la propuesta cubana para exigir el retiro del embargo estadunidense, posición que rompe bruscamente con la línea diplomática mexicana y deja en entredicho los argumentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de su subsecretaria Marieclaire Acosta de que México siempre se ha manifestado en favor del levantamiento del bloqueo.

La contradicción entre el discurso de la SRE y el voto de México en la ONU es evidente y deja entrever un doble rasero, pues si bien es un hecho que las violaciones a los derechos humanos no deben ser toleradas en ninguna forma y en ningún país, también es cierto que la vigencia del embargo estadunidense es una vulneración al derecho internacional, origen de graves padecimientos para la población cubana y un acicate para las tentaciones totalitarias de Washington.

En tanto no se normalice la situación de Cuba en el contexto mundial y no se levante el bloqueo que padece, las posiciones bienintencionadas en materia de derechos humanos seguirán contaminadas por los asuntos políticos. Si el gobierno de Fox se sitúa en contra del embargo, ¿por qué no avalar la resolución en ese sentido? ¿Es que no la apoyó justamente porque provino del régimen cubano, blanco de profundas animadversiones de importantes personajes de Los Pinos y Tlatelolco? ¿O se votó así justamente porque el gobierno de México ha roto su tradición histórica y se ha plegado diplomáticamente ante la Casa Blanca? Sea como fuere, explicar a cabalidad a los ciudadanos por qué México no se manifestó en Ginebra en contra del embargo es una urgente obligación de la cancillería.

Con todo, tras el desprecio mostrado por Washington a la ONU al desatar su ilegal guerra contra Irak, la credibilidad de Naciones Unidas se encuentra en entredicho, pues mientras censura a países pobres y hostigados por las potencias, como Cuba, permanece en la inacción frente a las prácticas totalitarias y las violaciones a los derechos humanos y a la normatividad internacional perpetradas por Estados Unidos e Israel, naciones que han roto con el multilateralismo y pasado por alto la autoridad del Consejo de Seguridad.

Una ONU firme y congruente es indispensable para preservar la paz, la legalidad y la convivencia armónica a escala global, y es de desear que esa crucial instancia emprenda una reformulación de sus posiciones y facultades a fin de ser realmente capaz de hacer cumplir el derecho internacional. De lo contrario -en el entendido de que las vulneraciones a las garantías fundamentales son crímenes intolerables, provengan de donde provengan- la ONU podría quedar reducida a un dócil instrumento de dominación al servicio de las grandes potencias.

La Jornada (editorial) - México D.F., 18/4/2003

Por el Estado laico

Carlos Martínez García

Los tiempos que corren en nuestro país son de disputa por el perfil de la nación. El conservadurismo asentado en Los Pinos, apoyado por los herederos culturales de quienes en el siglo XIX consideraron la gesta juarista como una afrenta y una herejía a revertir en cuanto les fuera posible, está reavivando un debate que parecía saldado en el contrato social surgido primero con las Leyes de Reforma y, después, con la Constitución de 1917.

Con el fin de externar su preocupación por el rumbo que le quiere dar el foxismo a las instituciones del Estado mexicano, un grupo plural de intelectuales, políticos y artistas lanzó a la opinión pública un manifiesto llamado En defensa del Estado laico. Consideran que está amenazada la laicidad fruto del liberalismo triunfante. La amenaza proviene de la derecha, conformada por "grupos (que) quisieran revertir las garantías de los artículos 3, 24 y 130 constitucionales que, haciendo referencia al 'principio histórico de la separación del Estado y las iglesias', disponen que las educación que imparta el Estado 'será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa' y que 'todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade'". Los firmantes, entre quienes se encuentran Carlos Monsiváis (but of course); José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el periodista y novelista Vicente Leñero, la politóloga Soledad Loaeza, Cuauhtémoc Cárdenas y otros personajes, afirman, y me parece que con sobrada razón, que el laicismo ha sido la garantía para el surgimiento, afirmación y prevalencia de la diversidad ideológica, religiosa y social.

En sentido contrario a los discursos que hizo Vicente Fox en campaña, al igual que como Presidente de la República, están los hechos que apuntan hacia una de sus obsesiones: la de anular, o por lo menos disminuir, la diversidad que él percibe contraria a su proyecto de allanarle el camino a una visión particular de lo que debe ser la sociedad. Uno de esos momentos uniformizadores tuvo lugar cuando Fox declaró que la canonización de Juan Diego, y la consecuente visita de Juan Pablo II para el acto, tenía de plácemes a todos los mexicanos. Y cómo no recordar su postración ante Karol Wojtyla y el consecuente beso al anillo papal. Ya casi es noticia cuando el Presidente y su esposa dejan de rezar en público en algún acto político; sus publicitadas asistencias a misa no son tanto el ejercicio de un derecho personal, sino que parecen más parte de una estrategia política para debilitar el laicismo del Estado mexicano. Todo lo anterior, y más que los lectores acuciosos seguramente recuerdan, apunta más allá de lo anecdótico y circunstancial, ya que embona con intentonas que atacan el equilibrio social y religioso crecido al amparo del laicismo. Por ejemplo, ha trascendido el proyecto del gobierno foxista de emitir un reglamento de asociaciones religiosas y culto público, que expresaría de manera práctica los principios contenidos en la ley respectiva promulgada hace 11 años. El reglamento contradice a la ley, y está redactado de tal forma que favorecería a la Iglesia mayoritaria y tradicional. Además, mediante una herramienta administrativa, evitándose así el proceso legislativo -que de acuerdo con las tendencias y composición del Congreso le sería contrario-, el gobierno busca poner las bases para una reversión práctica del laicismo mexicano.

Mientras las huestes que reclaman derechos religiosos supuestamente conculcados por el cuerpo de leyes que nos constituyeron como una nación independiente consideran al Estado laico un enemigo, quienes signaron el documento que estamos comentando aclaran: "Reiteramos que el laicismo no se opone a las religiones: sólo impide que el Estado favorezca a una sola de ellas". Aquí está uno de los puntos nodales. Lo que Vicente Fox, su cónyuge (que por cierto lo es gracias a las leyes laicas, porque de acuerdo con el derecho eclesiástico católico no puede serlo) y quienes entusiastamente apoyan la reducción de la laicidad estatal no es el ensanchamiento de libertades para todas las confesiones, sino el privilegiar a una de ellas que coincidentemente es en la que milita el matrimonio de Vicente y Marta. El laicismo no es el ogro comecuras que nos presenta el mochismo actual, ha sido y es garante de libertades en una sociedad que se pluraliza en cosmovisiones y concepciones de la vida.

En la andanada desatada desde Los Pinos contra la educación laica está la Guía de padres, que con tanta enjundia y sentido misionero prohijó y promueve Marta Sahagún. Esta triada de libros tiene más de intencionalidad política que de preocupación pedagógica. La mexicana es una sociedad diversificada y lo que menos necesita son recetas simplificadoras, que se usan como escalón futurista para el relevo en la silla presidencial. Termino con una de las consignas contenidas en el manifiesto: por un Estado laico sin concesiones que actúe con estricto apego a la Constitución.

La Jornada - México D.F:, 2/4/2003

Futuro agrícola se juega en difícil diálogo

Diego Cevallos

El campesino mexicano Luis Rosas espera que el diálogo entre gobierno y grupos agrarios le permita recibir nuevos subsidios y que el país renegocie con Canadá y Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero lo más probable es que resulte defraudado. El objetivo del diálogo, iniciado en febrero, es definir una nueva política que permita sacar al agro de su pobreza. En la actualidad, son pobres 90 por ciento de las 25 millones de personas que viven en el campo mexicano.

”El gobierno sólo responderá a propuestas viables”, y la vigencia del TLCAN no está en discusión, advirtió el secretario (ministro) de Agricultura, Javier Usabiaga. Los problemas del sector persistieron y se agravaron pese a la revolución agrarista de comienzos del siglo XX, que causó la muerte de cerca de un millón de personas, y a 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que invoca la herencia y defensa de aquella revolución. ”Me dicen (los dirigentes campesinos) que el gobierno soltará ayuda pronto y eso es bueno. Ya espero que me la den”, dijo a IPS Rosas, un agricultor pobre de 71 años, miembro de la Unión Campesina Democrática (UCD), que asiste como oyente a las negociaciones con el gobierno, junto con otras 300 personas.

Ese diálogo se desarrolla en la capital y ambas partes esperan que termine a mediados de marzo. Rosas prefiere pasar la mayor parte del tiempo en la zona rural del estado de México, vecino a la capital, donde tiene un predio de dos hectáreas sembrado con maíz, que según indicó ”ya no da para comer”. La UCD, identificada con posiciones políticas de izquierda, pide renegociar el TLCAN, porque le atribuye el origen de la mayoría de los males del campo. Los compañeros de Rosas le aseguraron que esa demanda será satisfecha.

El gobierno ya recibió más de 2.000 ponencias escritas en el marco del diálogo, y muchas de ellas propusieron aumentar subsidios a la agricultura, acotar el libre mercado interno y renegociar el capítulo agrícola del TLCAN, con Canadá y Estados Unidos. Otras pidieron cambiar las políticas hídricas y de riego, frenar la importación y consumo de productos transgénicos, amnistiar a campesinos acusados de diversos delitos y prohibir que sociedades mercantiles compren tierras comunales. También se planteó dictar una ley sobre derechos y cultura indígenas, con contenido afín a las reivindicaciones del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional, asentado en el meridional estado de Chiapas.

Las propuestas inviables, pero que tengan sentido, serán dejadas para un análisis posterior, prometió Usabiaga. El gobierno del presidente Vicente Fox, primero ajeno al PRI en más de siete décadas, ofreció procesar todos los pedidos de los campesinos, pero advirtió que el Estado no tiene dinero para más subsidios y que está cerrada la posibilidad de revisar el TLCAN. En las mesas de diálogo, los representantes gubernamentales han sido abucheados en numerosas ocasiones por señalar que los subsidios sólo podrían elevarse si aumentan los impuestos, y que la estructura de libre mercado no puede cambiarse por decreto.

Los campesinos entablaron el diálogo con el gobierno luego de realizar marchas para protestar contra la nueva etapa de apertura comercial agrícola pautada por el TLCAN, que entró en vigor en enero. Esa nueva fase implicó eliminar aranceles para el intercambio de 21 productos agrícolas, entre ellos papa, trigo, manzana, cebolla, café y carnes de pollo y de becerro. El TLCAN previó tres etapas de apertura para el comercio agrícola y pecuario. La primera comenzó en 1994, cuando entró en vigor el acuerdo, y el comienzo de la tercera se fijó para 2008.

El gobierno de Fox prometió cumplir los acuerdos que firme con los campesinos, pero observadores creen que sólo aceptará tales acuerdos si se enmarcan en las estructuras de mercado y no amenazan el equilibrio fiscal. ”Si el gobierno pretende alcanzar acuerdos generales y sin sustancia, recibirá como respuesta la movilización y el rompimiento del diálogo”, afirmó José Durán, dirigente de la UCD. En las negociaciones participan varios grupos, y los más importantes son la Confederación Nacional Campesina (CNC), ligada al opositor PRI, y la alianza de organizaciones campesinas El Campo No Aguanta Más. El gobierno no debe minimizar los problemas del campo ni buscar soluciones superficiales, pues si lo hace hay el riesgo de un estallido social, advirtió la CNC. Hay ”redentores” que dicen representar al campo, pero que no dejan trabajar, comentó Fox tras conocer las críticas de dirigentes campesinos contra su gobierno en las mesas de negociación.

La mayoría de los grupos campesinos atribuyen los problemas del sector rural a la apertura comercial agrícola y al abandono del Estado. En las últimas décadas, Canadá y Estados Unidos subsidiaron a sus productores del campo mientras abrían sus mercados, pero México redujo en ese periodo sus políticas de apoyo a la agricultura. La inversión pública en fomento rural disminuyó 95,5 por ciento de 1982 a 2001, indicó el investigador José Luis Calva, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1982, cuando el país comenzó a aplicar políticas de apertura comercial, la importación anual de alimentos tenía un valor de 7.790 millones de dólares, y en 2001 había aumentado a más de 11.000 millones de dólares, destacó. Veinte por ciento de los trabajadores del país residen en el campo, y en Estados Unidos esa proporción es apenas a 2,6 por ciento. No obstante, la productividad por hectárea estadounidense es 16 veces mayor que la mexicana, según varios estudios. En Estados Unidos, el promedio de subsidio estatal a agricultores es 122 dólares por hectárea, y en México sólo 53 dólares por hectárea. En México hay 20 tractores por cada 1.000 trabajadores, y en Estados Unidos 1.484.

Las diferencias en materia de desarrollo agrícola con Estados Unidos son enormes, y el país debe modernizarse para poder competir, destacó Usabiaga. El secretario puso como ejemplo la experiencia de productores locales de frutas y hortalizas, que lograron tecnificarse y conquistar el mercado de Estados Unidos mediante grandes inversiones. De 1994 y 2001, las exportaciones de brócoli y otros productos agrarios al mercado estadounidense crecieron más de 400 por ciento, subrayó.

Tierramérica - 10/3/2003

Edomex: elección jurasica

Las campañas electorales en el estado de México, caracterizadas por la ausencia de propuestas, descalificaciones mutuas entre partidos y candidatos, la manifiesta parcialidad de las autoridades federales, estatales y municipales, juegos sucios de toda clase y, en general, un sentido cívico y republicano casi nulo, desembocaron ayer en unos comicios distorsionados por las marrullerías de los partidos y desairados por los electores.

No habría podido ser de otra manera, si se tienen en cuenta los precedentes. En el estado de México las campañas -especialmente por lo que hace a la rivalidad entre el Partido Acción Nacional y la Alianza para Todos, formada por el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México- desembocaron en las triquiñuelas de siempre por parte del Ejecutivo estatal (priísta), en acciones de abierto proselitismo panista de la Presidencia de la República y en una guerra de declaraciones y demandas judiciales en las que se vieron involucrados incluso el presidente Vicente Fox y su esposa. En ese ambiente enrarecido y contaminado vino a poner la puntilla el atentado sufrido por la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), María Luisa Ferrera, y la peregrina hipótesis esgrimida por el procurador estatal, Alfonso Navarrete Prida, quien aventuró que habría podido tratarse de "lesiones autoinfligidas".

De esa forma, la primera conclusión que puede extraerse de la jornada electoral de ayer en la entidad más poblada de la república es la persistencia de la subcultura política de manipulación y distorsión de la voluntad ciudadana, características del más rancio priísmo. Ayer, los cínicos operativos de compra de sufragios llevados a cabo por el tricolor y su aliado de ocasión, el Verde Ecologista, recordaban los peores tiempos del llamado sistema político mexicano, cuyas prácticas parecen haberse contagiado, para colmo, a las otras formaciones que hoy en día detentan posiciones de poder.

La situación no sólo es preocupante por lo que significa para el estado de México, sino también en la medida en que prefigura lo que pueden ser las elecciones federales de julio próximo (en las que habrán de renovarse la Cámara de Diputados y parte del Senado), de cuyo tono y resultados dependerá, en buena medida, el margen de acción de que dispondrá el gobierno de Fox en la segunda parte de su sexenio.

Aún es tiempo para que la clase política del país -autoridades y fuerzas partidarias- atienda los signos ominosos de los comicios mexiquenses y restaure el entorno de civilidad, legalidad y debate civilizado que debiera imperar en la vida institucional de la república, a fin de orientar al país a unas elecciones propositivas y pacíficas que contribuyan a resolver los problemas nacionales, no a empeorarlos. Para ello es necesario, en lo inmediato, que las anomalías y los presuntos delitos electorales reportados en el estado de México se investiguen, esclarezcan y sancionen conforme a derecho.

La Jornada (editorial) - México D.F., 10/3/2003

Contra la discriminación

Gilberto Rincón Gallardo

La lucha contra las distintas formas de la discriminación en México apenas empieza. Los pasos legales e institucionales que hemos dado, no obstante ser importantes e imprescindibles, representan un avance escaso respecto de la magnitud de los desafíos que enfrentamos. Los días 10 y 11 de marzo se realizará el Foro Internacional por la No Discriminación, convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que contará con la presencia de legisladores, funcionarios públicos y especialistas de distintos países. Este acto es un apoyo más a la tarea de generar un clima de sensibilidad y apoyo a la propuesta de construir una legislación federal contra la discriminación en nuestro país.

El nuevo ambiente de discusión social que vivimos permitió, entre otras cosas, otra lectura del fenómeno de la discriminación. En este nuevo ambiente, se hizo posible mostrar que la lucha contra la discriminación y la exclusión social es parte imprescindible del proceso de construcción democrática.

En febrero de 2001, se instaló, con el apoyo del nuevo gobierno federal, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. Esta comisión se integró con representantes de los principales partidos políticos, con legisladores, con funcionarios públicos, con representantes de organizaciones que defienden los derechos de grupos sujetos a discriminación, y por académicos y otros especialistas. Se trató de una comisión plural e incluyente, y los resultados de su trabajo reflejaron, por fortuna, esta composición.

La comisión, tras un intenso trabajo de casi un año, ofreció dos productos de gran importancia: uno, el libro La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad, que es el primer estudio sistemático acerca de las prácticas discriminatorias y de exclusión social en México, y al que vemos como una suerte de "Libro blanco" sobre la discriminación en nuestro país. El segundo resultado fue el Anteproyecto de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que ha servido de base para que el gobierno federal presente al Congreso de la Unión una iniciativa de ley federal del mismo nombre, que ahora se discute con amplias posibilidades de aprobación.

La propuesta de ley busca reglamentar el Párrafo 2 del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que aparece, por primera vez en nuestra historia, la prohibición explícita de las prácticas discriminatorias. Este párrafo se incluyó en la Constitución mexicana apenas en agosto de 2001 y representa un avance legislativo de suma importancia para la lucha por la equidad en México.

La propuesta de ley federal que ahora discute el Congreso de la Unión fue construida sobre la base de ciertos criterios que sería deseable destacar.

Primero. El proyecto de reforma legal en México para luchar contra la discriminación consiste en la aplicación de un mandato constitucional. En efecto, la lucha contra la discriminación adquiere una enorme importancia social y política cuando se le sitúa en la estructura constitucional y se le otorga el rango de lo que en el lenguaje jurídico mexicano se denomina "garantía fundamental", es decir, el equivalente a un derecho fundamental de la persona o derecho humano, sin exclusiones ni distinciones arbitrarias.

Segundo. El proyecto legal está formulado sobre la base de las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales en materia de lucha contra la discriminación (tanto en el nivel regional de la OEA como en el de las Naciones Unidas). En su gran mayoría, estos instrumentos han sido hechos suyos por el Estado mexicano como resultado de su firma y ratificación. Se trata de normas con vigencia legal en México y que deberían ser aplicadas incluso en ausencia de una legislación como la que proponemos. Sin embargo, se trata de normas que han tenido graves problemas no sólo para su aplicación, sino incluso para su conocimiento y difusión, por lo que su inclusión en el texto constitucional y en una ley federal les da un sentido imperativo que actualmente no poseen, y en la búsqueda de la cohesión social.

Tercero. El proyecto legal exige un enfoque integral acerca de las prácticas discriminatorias. En la medida en que la discriminación se entiende como una limitación objetiva al acceso a los derechos o las oportunidades como resultado del estigma social, no existen en la ley grupos normativamente prioritarios. Toda persona que pertenece a un grupo susceptible a la discriminación o a la exclusión tiene el derecho universal a no sufrir discriminación, y este derecho no admite grados de aplicación ni criterios de prioridad. Gracias al enfoque integral, la ley federal se presenta como una suerte de Acta de nuevos derechos civiles, que prescribe una serie de protecciones específicas y una serie de acciones institucionales, cada una de las cuales puede desarrollarse en leyes particulares, en normas reglamentarias e incluso en criterios de política pública aplicables a cada grupo específico.

Cuarto. La legislación contra la discriminación tiene que normar prácticas y actitudes no sólo en el terreno de la acción pública sino también en el ámbito privado. Aunque sabemos que la lucha contra la discriminación es un capítulo legítimo de la lucha por el pleno respeto a los derechos humanos, las experiencias institucionales nacionales a veces hacen olvidar que las prácticas de desprecio y exclusión social con mucha frecuencia se realizan fuera del ámbito público y que están lejos del escrutinio de las instituciones defensoras de los derechos humanos.

Quinto. La lucha contra la discriminación debe ser un proyecto de cohesión social; por ello exige la presencia de acciones afirmativas. El texto constitucional en México formula una cláusula de igualdad material (que ampara acciones afirmativas o institucionales del Estado mexicano) sólo para el caso de los grupos indígenas. El proyecto de ley federal extiende el concepto de compensaciones y oportunidades especiales para niños, ancianos, personas con discapacidad y mujeres. Estas medidas no se conciben como privilegios absolutos, sino como estrategias flexibles para generar una igualdad real de oportunidades para estas personas.

Sexto. Por último, es necesario decir que la lucha contra la discriminación y la exclusión social es fundamentalmente cultural y educativa, y marginalmente represiva y judicial. Esto implica que si bien es necesario que la legislación antidiscriminatoria contemple medidas de sanción o castigo contra las prácticas específicas de discriminación y exclusión social, la tarea de largo aliento respecto de esta problemática es el logro de la cohesión social y la construcción de una atmósfera cultural de respeto a las diferencias.

Esta legislación es necesaria, porque, para insistir en un juicio que mucho se repite en nuestro medio, la discriminación no sólo amerita una condena, sino que exige una alternativa.

Reforma - México D.F., 8/3/2003

El espíritu (roto) de la colmena

Ilán Semo

¿Por qué resultan tan explosivas las declaraciones de Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre el origen ilegal de los fondos que alimentaron la campaña electoral de Vicente Fox? De hecho, las primeras acusaciones contra los Amigos de Fox -que es la versión triunfante de las ONG, una suerte de club parapartidario que circunvala al PAN para administrar lealtades, acopiar apoyos y (¿sorpresa?) blindar complicidades- se remontan a los días todavía festivos que siguieron a las elecciones de 2000. Inclusive antes de la entrega de poderes, los primeros en señalar evidencias son los priístas. Se les desacredita porque "están dolidos y no saben perder"; "es pura envidia y rencor", dice el jefe de la bancada panista en el Congreso de la Unión. Un priísta clamando "¡fraude!" es simplemente una falta de seriedad; ¿qué pasó, licenciado?

No obstante, el panismo se apresura a revirar con acusaciones en contra de Francisco Labastida por haber empleado fondos de Pemex para su propia campaña. El PRI denuncia al PAN por haber recurrido a fondos de "origen oscuro" (dinero lavado); el PAN al PRI, por haber desahuciado al erario. Gradualmente, en los meses y años siguientes, la opinión pública -existen ya cuatro libros al respecto- documenta que probablemente ambos tengan razón. Todavía en octubre de 2000, el panismo intenta un pacto o un voto de silencio (compartido). La consigna es el cambio en la omertá. "Si tú no hablas, yo me callo". Si el país se ha democratizado, si los votos cuentan, si ya somos efectivamente plurales, ¿por qué no democratizar también los privilegios que otorga la complicidad? Algo así como el respeto al fraude ajeno es la estabilidad democrática. La nueva democracia se esmera en asegurar una creativa e imaginativa reinvención de tradiciones probadas.

En 2001 y 2002, el financiamiento de los partidos políticos se transforma en el vía crucis de una de las pocas instituciones hipotéticamente sanas que el viejo régimen hereda al nuevo: el Instituto Federal Electoral (IFE). Si después de 2000 ceden o desaparecen paulatinamente, no sin accidentes aquí y allá, los conflictos poselectorales como fuente principal de la incertidumbre que se cierne sobre el naciente sistema democrático, aparece en cambio, de manera, por decirlo de alguna forma, epidémica, el problema del financiamiento de los partidos como un territorio inabarcable de disputas que minan y debilitan la legitimidad lograda por el IFE. Quienes abonan este terreno son los propios partidos políticos, que jamás elaboran leyes regulatorias de su financiamiento y códigos que acoten el secreto bancario, y el Poder Judicial que cede y concede amparos a los acusados -en particular a los dirigentes de los Amigos de Fox-, que resultan auténticos blindajes legales.

En 2000, los políticos descubren que el voto lo es todo. Después de décadas de elecciones que eran simulacros, es un descubrimiento sin duda saludable. Pero descubren también que en una era dominada por los medios masivos de comunicación, el financiamiento también lo es todo, es decir, que el carisma del acarreo ha llegado a su fin. Y el sistema no se halla preparado para digerir ambos descubrimientos. Hoy un político sin medios no es ni medio político.

Dada la historia natural de la corrupción en el país, el principio del secreto bancario formula un derecho que la Constitución, por decir algo, sancionaría como un privilegio: el privilegio de usar el secreto como una caja fuerte de la corrupción. La mayoría de los escándalos recientes, digamos en los últimos 10 años, están ligados a este secreto: las cuentas de Raúl Salinas de Gortari, el Fobaproa y ahora el dudoso origen de los fondos de los Amigos de Fox. Quien acaso conoce una de las combinaciones de esta caja fuerte es precisamente Eduardo Fernández, quien ejerció la dirección de la CNBV durante años clave en el sexenio de Ernesto Zedillo.

De existir un programa de testigos protegidos, el antiguo presidente de la CNBV podría ofrecer información no sólo sobre los Amigos de Fox sino también, por ejemplo, sobre el Fobaproa. Los programas de testigos protegidos están dirigidos a posibilitar que cómplices del crimen sirvan como fuentes realmente autorizadas de información. El cómplice es un testigo tan fiel o tan dudoso como cualquier otro. La diferencia es que lucha por su sobrevivencia. En el caso de los Amigos de Fox, Eduardo Fernández representa probablemente el testigo estrella.

Lo que anima el carácter, digamos, voluble de las interpretaciones sobre la procuración de justicia actualmente es observar al Presidente de la República pasar en tan solo dos meses del "¿Por qué yo?", que quiso demarcar la hipotética imparcialidad del Poder Ejecutivo frente a la represión en contra del Canal 40, a "El que la hace, la paga", con el que se arenga a la PGR para practicar la forma de justicia exprés más expedita que se ha visto a lo largo de lo que va del sexenio, y detener a Eduardo Fernández. La similitud entre ambos casos es un principio antiguo y general: el derecho es para los amigos, mientras que la ley es para los enemigos. La diferencia reside en que en la denuncia contra los Amigos de Fox el implicado directo es el propio Poder Ejecutivo.

Las implicaciones podrían ser graves, gravísimas. La más alarmante, obstrucción de la justicia. Es inútil proclamar la voluntad de pasar a un régimen de estado de derecho, cuando quienes ejercen la procuración de justicia pueden emplear la justicia misma para quedar exonerados de sus implicaciones.

La Jornada - México D.F., 1/3/2003

Con la representatividad obrera a la baja, la CTM llega a su 67 aniversario

Fabiola Martínez

La Confederación de Trabajadores de México (CTM), con los 5.5 millones de afiliados que presumía el extinto líder de esta central obrera, Fidel Velázquez, está convertida en un gigante con pies de barro. El número de trabajadores sindicalizados sin su consentimiento (situación conocida como contratismo de protección), ya rebasó la afiliación registrada en la CTM, lo que evidencia el desgaste del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la baja representatividad de la principal confederación del país que mañana celebra 67 años de existencia.

Información oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) revela que en 2000 la membresía cetemista no rebasaba el millón de trabajadores inscritos en 581 sindicatos; en tanto, las agrupaciones "no afiliadas al Congreso del Trabajo (CT)" poseían la representación de un millón 101 mil 127 trabajadores. A escala nacional existían en ese año 4.7 millones de trabajadores sindicalizados (equivalente a 10.8 por ciento población económicamente activa) inscritos en 2 mil 155 asociaciones, esto es, apenas 607 sindicatos más que los registrados 17 años atrás.

Javier Aguilar García, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en la historia y composición del sindicalismo mexicano, afirmó que la estructura de organizaciones como la CTM, bastión del CT, "continúa siendo vertical y muy rígida", lo que impide dar respuestas eficaces de los trabajadores ante la política económica actual.

De su relación con el gobierno del presidente Vicente Fox, el primero de oposición después de 71 años de hegemonía priísta, Aguilar afirma que la CTM perdió su oportunidad política de convertirse en organización autónoma, es decir, "ahora colocan los sindicatos al servicio del gobierno panista, en particular por su actitud frente a la reforma laboral, y repiten en afán de conservar su poder, la lógica de sometimiento que tuvieron con los presidentes surgidos de su partido". En síntesis, señala el autor de la Historia de la CTM; La población trabajadora y sindicalizada en México en el periodo de la globalización, y La política sindical en México: industria del automóvil, entre muchas otras obras relacionadas con los integrantes del CT: "Ya no queda nada de aquella confederación surgida en 1936, cuyo objetivo central era 'hacer un país de trabajadores' bajo el lema de 'Por una sociedad sin clases', el cual derivó en el enunciado que se conserva: 'Por la emancipación de México'". Lo que tenemos ahora "es una central obrera distorsionada, desfigurada, que se ha reducido a buscar la firma de contratos colectivos y puestos políticos. No tiene un proyecto de los trabajadores que se pueda aplicar en el país para la definición de las políticas públicas en un esquema similar al que han aplicado otras centrales como la CUT (Central Unica de los Trabajadores) de Brasil", dijo.

Para dar con el número oficial de la verdadera membresía cetemista, el investigador tardó 14 años, ante el celoso resguardo que mantiene la secretaría de organización de la central del directorio de integrantes que utiliza para el cobro de cuotas y, sobre todo, para exigir puestos de representación popular. "El avance en mi investigación fue posible por el descuido voluntario o involuntario, no lo sé, de un integrante de la secretaría de educación cetemista, encabezada entonces por el actual gobernador de Sinaloa, Juan S. Millán, quien permitió el acceso a importantes documentos estadísticos", relató Aguilar en entrevista.

Igual hermetismo impera en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS para permitir el acceso a su base de datos; no obstante, el autor subraya que "el dato real de las asociaciones y afiliados con que efectivamente cuenta la CTM se obtuvo exclusivamente de documentos oficiales, que son resguardados como si fueran secreto de Estado". Al final, el hallazgo cotejado posteriormente con documentos oficiales no deja dudas: la CTM continúa siendo la central obrera más importante del país, porque detenta contratos colectivos en sindicatos de industria, gremiales, de empresa y nacionales. Además conserva federaciones en todas las entidades y pelea titularidad de contratos en cuanta empresa se instala en el país. Sin embargo, en las dos décadas recientes su evolución ha sido lenta y, a partir de 1986, los sindicatos de protección iniciaron un crecimiento imparable. Por ejemplo, en ese año, la CTM poseía 469 asociaciones y 455 mil 718 afiliados, mientras "aquellos que sin escrúpulos venden protección jurídica a las empresas", tenían apenas 67 sindicatos y 52 mil 458 trabajadores inscritos bajo su control.

En 1997, año del deceso de Fidel Velázquez, los cetemistas tenían 581 asociaciones registradas ante la STPS y 926 mil 455 integrantes, al tiempo que los "independientes o no afiliados al CT" sumaban 373 organizaciones y 282 mil 280 miembros. La mayor evolución se registró en los últimos tres años del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, toda vez que los de protección acumularon 469 sindicatos que agrupaban a un millón 101 mil 127 trabajadores, "mientras que la CTM no alcanzó a rebasar el millón", debido a que en los tres años recientes el producto interno bruto ha permanecido en los mismos niveles y, en consecuencia, la generación de empleos y la posibilidad de afiliar a los ocupantes de nuevas plazas también ha sido prácticamente nula, explicó Aguilar, estudioso de este tema desde la década de los setenta y doctor en ciencia política por la UNAM.

Otro obstáculo para el fortalecimiento de la CTM es la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), constituida en 1997 con seis organizaciones disidentes al control ejercido por Fidel Velázquez, encabezadas por los sindicatos del Seguro Social y de Teléfonos de México, entre otros. También influye en este proceso el avance del Frente Sindical Mexicano (FSM), cuyo bastión es el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), otrora integrante activo del CT. En ese contexto, agrega el especialista, es evidente que la estructura y funcionamiento de la CTM ya no responde a las necesidades de los trabajadores mexicanos; se requiere entonces que se planteen nuevas formas de organización capaces de representar "fiel y vigorosamente a las masas de trabajadores que se encuentran dentro y fuera de las actuales estructuras".

La Jornada - México D.F., 23/2/2003

Marcha mixteca a la capital de Oaxaca

Rosa Rojas

Tlaxiaco, Oax., 3 de febrero. Ellos creen todavía que en este país debe haber alguien que pueda hacer justicia. Por eso, unas 350 personas -hombres mujeres y niños- decidieron emprender una marcha de casi 190 kilómetros desde esta ciudad de la Mixteca Alta hasta la capital oaxaqueña, para ver si hay alguna autoridad estatal o federal que pueda hacer que se cumpla la ley.

Muy de madrugada se pusieron en camino a la ciudad desde sus pueblos, algunos situados a casi tres horas de viaje por malas carreteras de terracería que atestiguan el abandono oficial en la región y que son parte de la explicación de por qué esta entidad es una de las principales expulsoras de mano de obra hacia el norte de México y a Estados Unidos.

Los contingentes son de San Pedro Yosotato, Santa Catarina Yosonotú, San Isidro Monteverde y San Miguel del Progreso. La marcha es para exigir solución a los problemas agrarios, políticos, económicos y sociales de la Mixteca. A su paso, al tiempo que informan de sus problemas a las comunidades por donde cruzan, invitan a los habitantes a unírseles para obligar a las autoridades a actuar: "el gobierno sólo hace caso cuando corre sangre. Nosotros estamos tratando de evitarlo".

La primera parada fue en el centro de Tlaxiaco, donde organizaron un mitin en el que los ejidatarios de Yosotato explicaron que se ven obligados a abandonar su comunidad porque un grupo de 300 hombres armados de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas -ambas comunidades del municipio de Santa Lucía Monteverde- invadieron su pueblo, destruyeron sus casas, quemaron sus huertos y viven en sus tierras. Exigieron que se encarcele a los malhechores, que les sean devueltas sus tierras y sus pertenencias, porque incluso hay fallos del Tribunal Unitario Agrario que reconocen sus derechos.

También Yosonotú tiene problemas con sus vecinos de Santa Lucía Monteverde, que los despojaron "de manera ilegal y con uso de violencia" de poco más de 788 hectáreas. "Marchamos para no perder nuestras tierras", señalan en sus pancartas. San Isidro Vista Hermosa por su parte, lucha desde el siglo pasado por separarse del municipio de Santa Cruz Nundaco e integrarse al de Tlaxiaco. Acusaron a los habitantes de la cabecera municipal de constantes agresiones, imposiciones, violación de su derecho a decidir su destino y la relación de gobierno que quieren, como lo establece el artículo 39 constitucional.

Imágenes tutelares

Al frente de la columna un pendón del Cristo del Perdón, un cuadro de la Virgen de Guadalupe y la bandera nacional. Integran la descubierta las autoridades ejidales de Yosotato; las municipales de Yosonotú; los integrantes del consejo de ancianos de San Isidro. Atrás, una gran manta con la imagen de Emiliano Zapata armado y la leyenda "Exigimos solución a los conflictos de la Mixteca".

"Varias comunidades hemos decidido abandonar nuestros pueblos, desesperados por la violencia y los desalojos, somos desplazados y no volveremos hasta que haya respuesta a nuestros reclamos, porque en nuestras comunidades no hay seguridad", voceaba de trecho en trecho uno de los marchistas, encaramado en la patrulla de la policía municipal de Tlaxiaco. En otra consigna el clamor se repite fila tras fila cuando se le pregunta a la gente por qué están en la marcha: "ya nos quitaron nuestras casas, ya nos quitaron nuestra tierra. ¿Qué sigue? Que nos quiten nuestras vidas ¿Justicia? ¿Cuál? ¿Dónde?

"Estamos viviendo en la comunidad de Yosotato porque se quedaron con nuestro ejido quienes lo invadieron en noviembre de 2000. Estamos arrinconados con las familias, no hay tranquilidad para nosotros", explicó Manuela Castro Santiago, madre de cuatro hijos -de 30, 28, 25 y 15 años-. Se le preguntó hasta dónde van a llegar: "vamos a Nochistlán y de ahí, esperemos que con suerte, a ver si hay alguien que venga a nuestro encuentro y resuelva nuestras demandas, y si no, vamos hasta Oaxaca".

En Tlaxiaco, el presidente municipal -de extracción perredista-, Hugo Pacheco Pérez, participó en el mitin invitando a los ciudadanos del municipio a solidarizarse con los marchistas para que las autoridades federales y estatales den solución a problemas que han estado rezagados por casi 70 años. "No podemos vivir con la represión a nuestras comunidades" subrayó, y enumeró los problemas que no han encontrado solución, pese a que las comunidades tienen en su favor resoluciones de tribunales agrarios y judiciales, los de Yosotato y Llano Guadalupe, así como la del municipio vecino de Yosonotú. Afirmó que los problemas agrarios se están convirtiendo en problemas sociales.

Francisco López Bárcenas, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, apuntó que si los conflictos que motivaron la marcha no se resuelven en los próximos días, junto con la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos se solicitarán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pactos políticos e impunidad

La siguiente parada, ya a 40 kilómetros de Tlaxiaco, fue en un vallecito a un lado del camino, para la comida -tacos y tamales fríos-. La marcha, que va acompañada por una caravana de unos 40 vehículos, se detuvo menos de una hora. Ahí, Inocente Castro Victoria, abogado que lleva los casos penales; el comisariado ejidal de Yosotato, José Cenobio López Castro, y una decena de ex autoridades de la comunidad explicaron cómo es que campea la impunidad en la Mixteca Alta.

Informaron que la primera incursión de Nopalera y Zimatlán contra San Pedro Yosotato fue en febrero de 1998, cuando invadieron armados y en forma violenta 30 hectáreas del predio denominado Segundo Polígono, donde destruyeron 16 viviendas. Entonces se hizo la denuncia ante el Ministerio Público, se abrió el expediente 58/98, se dictaron 22 órdenes de aprehensión y se ejecutaron sólo 11. "Y eso se logró no porque hayan llegado a Nopalera a detenerlos, porque la policía no puede entrar ahí, ya que tienen armas más poderosas que las de los policías", sino porque unos 400 agentes preventivos pusieron un retén en el camino.

El resto de las órdenes de aprehensión ya no se ejecutó "por las presiones que hizo el ahora diputado local del PRD Salomón Jara y la organización que encabeza, la UCD. Se llevaron detenidas a esas 11 personas a Oaxaca y por los acuerdos que hicieron con el entonces gobernador Diódoro Carrasco y con el presidente del PRI en ese tiempo, el actual senador Ulises Ruiz Ortiz, los pasaron luego a Tlaxiaco, después a Putla y de ahí salieron en completa libertad. "A criterio del juez no hubo elementos suficientes para acreditar el despojo, a pesar de que habían destruido 16 casas y se habían apoderado de 30 hectáreas ejidales. Será que somos pueblos que no pertenecemos a ningún partido político ni a ninguna organización. Quizá ese es nuestro punto vulnerable" comentaron.

La segunda invasión se dio en 2000, el 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Los de Santa Lucía Monteverde (Nopalera y Zimatlán) "desaparecieron" el pueblo en el que vivían ahí 35 familias, "teníamos escuela, cancha de basquetbol, nos robaron toda la cosecha, destruyeron los árboles frutales de los huertos, se robaron el ganado y animales como gallinas. Pusimos una averiguación en la procuraduría estatal de justicia, la 78/FM/2000, se consignó, pero la juez sigue considerando que no hay daños que perseguir".

La Jornada - México D.F., 4/2/2003

Más negocios a costa de la gente y la naturaleza

Iván Restrepo

El municipio Solidaridad concedió recientemente el permiso que faltaba para construir un home port en el centro de diversiones de Xcaret, a 60 kilómetros de Cancún, lo que posibilitará el arribo y permanencia de gigantescos barcos convertidos en hoteles flotantes, que a veces alojan a miles de persona. En ellos los huéspedes tienen todo: comida, diversión y tiendas libres de impuestos.

Desde que se conoció la intención del poderoso grupo empresarial Xcaret de levantar esa terminal portuaria tuvo la oposición de hoteleros, comerciantes, restauranteros y prestadores de servicios turísticos, porque los barcos-hoteles les quitan clientela. Afirman que quienes adquieran paquetes (unos 800 mil al año) para visitar el Caribe mexicano en estos barcos casi no consumirán nada en tierra firme ni propiciarán la creación de empleos, agudizando los problemas de Cancún y la Riviera Maya, ya que en esta zona se levanta la infraestructura hotelera más importante del país, que es la que genera más divisas; sin embargo, los visitantes no gastan lo suficiente ni llegan en el número requerido mientras crecen la oferta hotelera, la pobreza entre sus antiguos habitantes, indígenas mayas, y los daños ambientales. Del turismo vive 80 por ciento de la población.

Los grupos ecologistas también se oponen a la construcción de este puerto, pues el arribo de cientos de esos enormes hoteles flotantes afectará aún más el ya amenazado arrecife coralino de la región, el segundo en importancia del mundo, después del de Australia. Además, usan el mar como basurero. Precisamente la naviera que forma parte de la sociedad para explotar este home port es Carnival, empresa que ha sido multada muchas veces con decenas de miles de dólares porque tira su basura en las aguas marinas.

Para reducir la oposición a la construcción del home port, el ayuntamiento de Solidaridad puso varias condiciones: el pago de 30 dólares por pasajero, que los beneficiarios del negocio inviertan 2 millones de dólares en obras de infraestructura pública y social, y que la mitad de los paquetes que venda Carnival incluya siete noches de estancia en hoteles de la Riviera Maya. Los dueños de Xcaret aceptaron las condicionantes, no por altruistas, sino porque ganarán tanto dinero que pueden ceder migajas. En cambio, Carnival las rechazó. Estima que el proyecto ya no es viable, pues la inversión inicial (en estudios, relaciones públicas y aspectos legales) casi se duplicó y asciende a 70 millones de dólares. Su vicepresidente, Giora Israel, dijo que la empresa engloba 11 líneas de cruceros que llegan a 129 países y en ninguno "se había sentido tan insultada" por las autoridades y por los hoteleros de Cancún y la Riviera Maya.

Ocultó el señor Giora que los hoteles flotantes cuentan con más de 100 mil cuartos-cabina, lo que rebasa la capacidad hotelera de Cancún y la Riviera Maya, República Dominicana y Puerto Rico. A bordo disponen de más de 200 plazas comerciales libres de impuestos y cerca de 150 restaurantes. No pagan impuestos locales por arribar con sus miles de pasajeros y compiten deslealmente con la industria turística local. Son los modernos piratas marinos y cada vez se exige más a las autoridades regular su presencia en las costas del mundo.

Aunque los inversionistas del home port ya tienen respaldo oficial para construirlo, hay demandas contra las secretarías del Medio Ambiente y de Comunicaciones y Transportes porque las autorizaciones que dieron violan normas legales muy claras. También hay otra en la Comisión Federal de Competencia. Pero como muestra la historia reciente (no sólo en el caso de la invasión armada de Tv Azteca a la sede de Canal 40) la lentitud es virtud oficial cuando se trata de ayudar a los empresarios afines al régimen en turno, como al grupo Xcaret, el más influyente de Quintana Roo, que reina al amparo del gobierno estatal y el federal.

Xcaret posee un parque de diversiones, disfrazado de ecológico, que lleva ese nombre: Xel Ha y El Garrafón. Pronto abrirá otro en Chiapas, en el imponente Cañón del Sumidero. Ahí piensa cobrar 25 dólares la entrada, en vez de los 50 que cuesta visitar Xcaret. Aun así, es la quinta parte del salario mensual de un indígena de la región. En el gobierno del cambio, primero los negocios, luego la gente y la naturaleza.

La Jornada - México D.F., 27/1/2003

Comitán: muertes que indignan

¿Eran necesarias las muertes de 32 recién nacidos para empezar a preocuparse por la carencia de servicios de salud en Chiapas? ¿No bastaba con saber que ese estado tiene el triste récord de la entidad con mayor mortalidad infantil? ¿No eran suficientes las reiteradas denuncias de las comunidades rurales sobre el desabasto de medicinas, falta de médicos y carencia de clínicas? ¿Es fruto del azar que eso suceda en una región mayoritariamente pobre, indígena y campesina?

El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, recibió la administración en una situación de emergencia sanitaria que fue comunicada a la Secretaría de Salud. Obtuvo el silencio como respuesta. Hoy vuelve a advertir sobre la gravedad de la situación. ¿Se repetirá la sordera y la ceguera de las autoridades federales ante una intolerable situación de sufrimiento y de carencia de derechos?

Según el mandatario, en Chiapas hay un rezago de 30 años en los servicios de salud. Asegura que no ha recibido ningún recurso extraordinario para reducir las consecuencias sociales de esta situación indigna. Ahora, después de estas trágicas muertes masivas, comprueba que se necesitan 500 centros de salud más y otros 2 mil 500 trabajadores sanitarios adicionales. Dice, además, verse obligado a pedir dinero prestado, con fuertes intereses, a la banca comercial, para financiar los servicios de salud.

Mientras tanto, a más de mil kilómetros de distancia, desde la ciudad de México, la Secretaría de Salud ha negado tener responsabilidad alguna en los decesos. Según el subsecretario Roberto Tapia Conyer es el gobierno de Chiapas el que toma sus propias medidas en materia de salud.

Es evidente que la descentralización de los servicios médicos sólo ha servido para que las autoridades federales y las estatales se responsabilicen mutuamente de la inercia y del empeoramiento de la atención y prevención de enfermedades, como es también obvio que la principal propuesta sanitaria de la actual administración, el Seguro Popular, no resuelve los grandes problemas del sector.

El primero de enero de 1994, cientos de comunidades indígenas chiapanecas se levantaron en armas cansadas de la muerte inútil de los suyos. Durante nueve años los gobiernos federal y estatal en turno han informado de cuantiosas y sistemáticas inversiones en el estado. Pero según el gobernador Salazar, su administración heredó una deuda en el sector de 80 millones de pesos. Más allá de las palabras, el trágico fallecimiento de infantes en el hospital de Comitán muestra que esas muertes inútiles siguen siendo una realidad cotidiana en la entidad. ¿Dónde quedaron esos millonarios recursos destinados a cuidar la salud de los habitantes del sureste? ¿Dónde está el supuesto bienestar, anunciado por los discursos oficiales, en el que deben vivir esos anónimos niños que fallecen porque sus familias viven en condiciones medievales?

México tiene un candidato oficial a la presidencia de la Organización Mundial de la Salud y lo promueve por todos los medios: ¿quién paga, con muertes y falta de servicios, esa promoción? ¿Cómo se puede pretender ser un ejemplo mundial cuando vastos sectores geográficos y sociales mexicanos viven en una situación indigna que ofende e interpela a toda persona con conciencia y sensibilidad?

El fallecimiento de los infantes en el hospital de Comitán nos recuerda, una vez más, la enorme distancia que hay entre el México real en el que viven los de abajo y el México que presumen los políticos en sus discursos e informes oficiales. Esas muertes nos indignan.

La Jornada (editorial) - México D.F., 18/1/2003

El zapatismo vive para contarla

Magdalena Gómez

El primero de enero de 2003 el zapatismo se hizo presente mostrando la fuerza social que ya traía atrás de sus milicianos aquel también histórico primero de enero de 1994. Hoy como entonces nos muestran que no podemos leerlo con las claves de los movimientos guerrilleros de otras regiones y otras décadas ni tampoco a partir de los tradicionales movimientos sociales o frentes, mucho menos con los referentes de los partidos políticos.

La nueva toma de San Cristóbal de las Casas, esta vez cívica y pacífica, fue una demostración de fuerza real; no cualquiera en sus condiciones puede congregar a 20 mil partidarios para respaldar la voz de sus dirigentes. Por lo pronto resulta evidente que el silencio de los dos años pasados les ha permitido concentrarse en fortalecer su organización y autonomía, la cual "con ley o sin ley" están ejerciendo y llaman a hacerlo al resto de pueblos indígenas en el país.

Los discursos de la comandancia general del EZLN cobran así mayor significación. Ofrecieron respuestas puntuales y contundentes a los múltiples cuestionamientos, rumores y afirmaciones tendenciosas que se han propalado recientemente para extender acta de defunción política al zapatismo, en especial al subcomandante Marcos, en ese afán racista de calificar este movimiento en función de las grandezas y debilidades del sup.

Importa destacar las profundas implicaciones de este regreso zapatista a la política pública, más allá de mi divergencia frente a la acusación excesiva que hicieron al hoy gobernador de Michoacán pretendiendo relacionar su actual cargo, obtenido mediante voto popular, con la negociación de la postura perredista en materia indígena.

Con firmeza, no exenta de justificada indignación, los comandantes y comandantas presentaron un retrato que dejó claro que hoy por hoy del Estado mexicano y sus tres poderes no esperan nada: ni del foxismo, que nada ha cambiado, mucho menos de los partidos políticos, incluido por supuesto y con plena razón el PRD, pues sus diputados, que primero se deslindaron de los senadores con el voto en contra del dictamen indígena, ahora los están siguiendo para reglamentar la contrarreforma indígena.

Si recordamos el discurso del 28 de marzo de 2001 ante el Congreso de la Unión, daremos cuenta del recuento histórico que hicieron la comandancia y el Congreso Nacional Indígena respecto a las causas que originaron el conflicto armado como sustento de las demandas cuyo cumplimiento se pactó en los acuerdos de San Andrés. En esa ocasión la clase política quedó emplazada y falló, aun algunos traicionaron alianzas que se suponían de principio. Se dio así al traste con las posibilidades de rencauzar el proceso de paz y, lo más importante, la oportunidad de ofrecer a los pueblos indígenas una vía constitucional para su fortalecimiento y participación en los cambios que el país requiere, en especial el tan aplazado proceso de reforma del Estado.

En contraste con aquel discurso, que algo de esperanza tenía, ahora se pasó lista a los principales actores, cuyas decisiones han consolidado su convicción de que no es el camino del diálogo oficial el que les permitirá avanzar, sino el de la movilización política y el fortalecimiento de la autonomía; por ello anuncian que regresaron para quedarse y muy probablemente no sólo en el escenario chiapaneco. Porque de entrada reivindican su derecho a vincularse con las luchas de otros pueblos en cualquier parte del mundo y reafirman que la resistencia y la dignidad son éticamente superiores a las migajas que implican los llamados apoyos oficiales.

Esta vez no hay compás de espera, ni reiteración de las condiciones para reanudar el diálogo. No es el escenario que requerían los pueblos y el proceso para el cual la paciencia y la dedicación zapatista e indígena no han faltado; sin embargo, constituye una bocanada de aire fresco la movilización indígena y la interlocución política abierta con el EZLN.

Buen inicio de año para los excluidos, rurales y urbanos, indígenas y no indígenas, mexicanos y de otros países. En San Cristóbal vimos un movimiento cohesionado con su dirigencia que seguirá hablando y tejiendo alianzas. Un movimiento dispuesto a defender con hechos a los suyos, por ello anunciaron que no permitirán el desalojo en Montes Azules. Vimos un movimiento vivo para el que los tiempos electorales no tienen significado, no porque se los hayan quitado; al contrario, una y otra vez han confiado en la palabra oficial y una y otra vez no ha sido honrada. La toma de San Cristóbal tiene un simbolismo que seguramente no entenderán las elites políticas, porque no pueden leer, y aquí podemos evocar a Saramago y con él decir que hay ciegos que ven y otros que viendo no ven.

La Jornada - México D.F., 7/1/2003

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