Latinoamerica-Peru

Quedaron muy defraudados los agoreros que vaticinaban para el lunes 6 un show emerretista similar al de Abimael Guzmán y su corte. No hubo gritos como en las presentaciones en Dircote, ni vivas al cacique de Tungasuca al que le expropiaron el nombre. Ni siquiera hubo jolgorio a pesar de que muchos de ellos se reencontraban, por primera vez, luego de una década, ya que, como es público, Fujimori y Montesinos nunca permitieron que los miembros del MRTA tuvieran cónclaves como los senderistas. Hubo una actitud abierta de colaboración con el tribunal esbozada con claridad en una carta de Víctor Polay, leída por el tribunal, en la que marca distancias con Sendero Luminoso y su líder, asume la responsabilidad por lo ocurrido, pide perdón a las víctimas por el daño causado y solicita un juicio justo.

Con ello, en buena cuenta, Polay reiteraba el anuncio que había hecho en junio de 2003 cuando hizo una declaración de adiós a las armas que fue divulgada en una sesión pública de la CVR. En el mismo sentido se pronunciaron otros dirigentes del MRTA como Alberto Gálvez Olaechea y Peter Cárdenas Schulte, quienes plantearon también su rechazo a los métodos violentos empleados por su organización. El anuncio hubiese tenido una trascendencia enorme en cualquier parte, pero la fuerte campaña alarmista desatada semanas antes de la entrega del Infome Final de la CVR impidió una discusión mayor acerca del anuncio que ponía fin a las actividades del MRTA que, debe recordarse, no había entrado a ningún tipo de conversaciones como las del acuerdo de paz senderista.

Aunque para el Estado peruano Sendero Luminoso y el MRTA sean igualmente terroristas ante la ley, las diferencias entre ambas organizaciones son muy marcadas y deben ser resaltadas si se quiere comprender cabalmente lo ocurrido. No se trata, ciertamente, de rebajar las graves responsabilidades del MRTA, como plantean algunos sectores interesados, sino de poner en su real dimensión a Sendero Luminoso y su demencial uso de la violencia y el terror contra todos los sectores del país, seguido de una de las claudicaciones políticas más desvergonzadas que se haya registrado mundialmente en movimientos de este tipo. Al hacerlo, se verá que Sendero empleó formas de violencia a gran escala sin preocuparse jamás por reducir el impacto de ésta sobre la población civil. No utilizó uniformes con distintivos propios o campamentos guerrilleros fuera de los centros poblados para proteger a los civiles. Todo lo contrario: los maoístas criollos involucraron directamente a la población civil, buscando atraer la represión sobre ellos. Recurrieron a los atentados terroristas y a los "aniquilamientos selectivos" que enlutaron a miles de hogares peruanos.

En ese panorama, su líder máximo nunca combatió, aunque ordenó y celebró los crímenes cometidos, tal como se aprecia en los casetes de audio que registran las reuniones de su organización. Así, dirigiendo su febril guerra popular como si estuviera jugando nintendo (la frase es de su ex camarada Feliciano), nunca aceptó ninguna de las numerosas propuestas de paz o diálogo que se le hicieron. Al ser capturado, sin embargo, sólo tomó tres semanas de reclusión, en una vivienda de oficiales de la isla San Lorenzo, para que Guzmán le ofrezca conversaciones de paz al mismo gobernante "lacayo del imperialismo" al que fieramente combatían sus huestes. De esta manera, la peculiar diplomacia gonzalista sirvió para evitar las rígidas condiciones de reclusión que sufrieron los presos del MRTA en la Base Naval. Más aún, permitieron que el líder de los senderistas permaneciese en prisión con su compañera Elena Iparraguirre.

El MRTA, por su parte, inició sus acciones armadas buscando reproducir el camino seguido por otros movimientos de su tipo en América Latina, veinte años después de la oleada cubana y contra gobiernos democráticos. Así Polay, el "Comandante Rolando", quiso ser Fidel Castro, pero sin tener a Batista al frente por lo que su reclamo de encabezar un movimiento sedicioso amparado por la Constitución es improcedente.Lo que sí es cierto es que el MRTA buscó convertirse en el brazo armado de los sectores más radicales de Izquierda Unida, el frente izquierdista de los ochentas, a diferencia de Sendero que buscó liderar una delirante revolución mundial desde el campo ayacuchano. El MRTA, por el contrario, guió sus acciones por el libreto guerrillero clásico: atacar a los grupos más ricos de la población para financiar un aparato militar, procurando causar el menor número posible de bajas. De esta manera, en un principio asaltaron bancos sin disparar a los policías que les dispararon a ellos, proporcionándoles sus primeros "mártires", y no cometieron asesinatos a sangre fría hasta el ataque contra el general López Albújar en enero de 1990, en represalia según ellos por la matanza de Molinos (Junín) el año anterior.

De ahí en adelante, se registrarían otros crímenes como el del empresario David Ballón Vera, luego de un largo secuestro. Los repudiables secuestros y extorsiones a empresarios fueron el tipo de crimen más difundido que perpetraron, adoptando una forma muy común de financiamiento para organizaciones de su tipo en América Latina, especialmente luego del célebre secuestro de los hermanos Born, propietarios de Bunge y Born, en Argentina en 1974, que les proporcionó 60 millones de dólares a los montoneros. Por otro lado, con el transcurso de los años entraron en una competencia macabra con Sendero, realizando atentados con explosivos que, aunque no llegaron a la vesania de los coches bomba senderistas, sí causaron enormes pérdidas materiales. De esta manera, fueron perdiendo gradualmente la imagen de guerrilleros por la de terroristas a secas que conservaron, al menos hasta 1991, cuando una de las canciones más populares de la época, Las Torres, compuesta por Alfredo Sillau de los No sé quién y los No sé cuántos, hacía bailar a los peruanos repitiendo "Un terrorista, dos terroristas/ un guerrillero emerretista/...".

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación atribuye al MRTA solamente el 1.8% de las muertes del conflicto. ¿Por qué entonces tanto encono al considerarles responsable del terror? Salomón Lerner, ex titular de la CVR, señala con razón, que sucesos como la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, y los ataques a empresarios e industriales en un país muy centralizado como el Perú, causan una conmoción mayor que la muerte de miles de campesinos en lugares alejados del país.

Caretas - Lima, 9/12/2004

Efrén Ticona, el único que quedó vivo

Óscar Miranda

Según la historia oficial, 125 presos por terrorismo que se amotinaron en el penal de Lurigancho fueron ejecutados extrajudicialmente por efectivos de la Guardia Republicana (GR), en junio de 1986. En esa ocasión se dijo que nigún senderista quedó vivo. Pero hay un hombre que desmiente la historia oficial. Ese hombre estuvo allí. Y ha sobrevivido para contarlo. Su nombre es Efrén Ticona Condori. El periodista Ricardo Uceda Pérez lo ubicó casi de casualidad, cuando trataba de reconstruir lo que sucedió esa madrugada del 19 de junio en el Pabellón Industrial para su libro Muerte en el Pentagonito. Un ex preso común de Lurigancho le dijo, ante su asombro, que hubo un sobreviviente de la masacre. Uceda logró contactarse con él y entrevistarlo.

El testimonio de Ticona constituye la oportunidad de conocer por primera vez la perspectiva de los senderistas durante el debelamiento del motín. Y aporta nueva información sobre la operación que terminó con la responsabilidad judicial de seis oficiales y efectivos de la Guardia Republicana. A Ticona le encargaron la misión, durante el motín, de escuchar en la radio las noticias sobre el operativo, mientras sus compañeros preparaban las defensas. Uceda relata en su libro que la arremetida policial –que contaba con el apoyo del Ejército– empezó a la una de la mañana. Los guardias hicieron tres intentos de abrir forados al pabellón, utilizando explosivos. Solo el último logró un agujero adecuado para que pasaran los efectivos uno por uno. Entraban al pabellón a oscuras, disparaban a ciegas y salían.

En determinado momento los policías introdujeron reflectores y, según percibió Ticona, comenzaron a rodearlos. Gracias a las luces disparaban cada vez con más precisión. Los amotinados seguían gritando lemas y cánticos para darse fuerza, raspaban los cuchillos contra el piso y hacían amagos de atacar, pero minuto a minuto debían retroceder sus trincheras. Cuando el líder de los senderistas Víctor Vidal Mariño, camarada ‘José’, ordenó la salida, se supo que el motín habia terminado. Ticona contó a Uceda que había alrededor de treinta cadáveres. El resto de senderistas fueron reducidos y obligados a salir fuera del pabellón, a través del boquete. Pero mientras los presos iban saliendo, continuaban los disparos afuera. Pronto fue evidente que los estaban ejecutando. Algunos se resistieron a salir, pero fueron obligados. Efrén Ticona vio cómo sus camaradas de armas fueron asesinados uno por uno a su lado, tendidos todos boca abajo. Escuchó cuando a Antonio Díaz Martínez, conocido como el ideólogo de Sendero Luminoso, le preguntaron por el paradero de Abimael Guzmán. Dentro del fragor de los fusiles oyó su silencio. Y el disparo que acabó con su vida.

Cuando escuchó el balazo sobre la cabeza del muchacho tendido a su lado, sintió que la sangre corría por su cuello. La bala le había rozado. Luego escuchó que uno de los encapuchados contaba los cadáveres. Contó hasta ciento once. Algunos efectivos acuchillaron a los agonizantes. De pronto, narra, alguien llegó corriendo y los hizo formar a gritos. Los policías y militares se iban. Minutos después, inmóvil entre los cadáveres amontonados, se dio cuenta de que estaba solo. Se había salvado. Ahora, es otra historia lo que tuvo que hacer Efrén Ticona Condori para salir con vida de Lurigancho. Hasta hoy lo creían muerto.

La República - Lima, 7/12/2004

El fantasma que más gusta de usar la derecha

Carlos Noriega

El septuagenario, puño derecho en alto, y la envejecida voz de un Abimael Guzmán canoso, de lentes y encorvado gritando en medio de una audiencia judicial “gloria al marxismo-leninismo-maoísmo” fueron suficientes para despertar los fantasmas de la lucha armada conducida por Sendero Luminoso, considerada la etapa más violenta de la historia del Perú. Entre 1980 y 2000, la lucha armada y la guerra sucia como respuesta del Estado dejaron cerca de 70.000 muertos. Abimael Guzmán, jefe máximo de Sendero Luminoso, está encarcelado desde septiembre de 1992 en una base militar, pero su condena a cadena perpetua impuesta en un juicio sumario por un tribunal castrense que actuó en secreto y sin respetar las mínimas garantías de un debido proceso fue declarada inconstitucional en el 2003, por lo que el 5 de noviembre último comenzó a ser juzgado públicamente por una corte civil, pero el proceso se truncó diez días después en medio de un descomunal papelón de sus conductores.

Las desafiantes proclamas de Guzmán y la patética incapacidad de los magistrados encargados de este primer frustrado juicio civil a la máxima dirigencia de Sendero Luminoso han sido aprovechados al máximo por voces interesadas en resucitar los miedos del pasado, en unos casos para buscar sacar provecho político poniendo cara de duros y en otros casos para desacreditar la institucionalidad democrática en proceso de reconstrucción y reavivar nostalgias autoritarias. Con la excusa de un supuesto rebrote del terrorismo senderista, lo que se viene dando, a partir de la imagen de Guzmán con el puño en alto, es, en realidad, un rebrote autoritario de inspiración fujimorista. Los herederos mediáticos y políticos del fujimorismo –que en el Perú es sinónimo de la derecha política y económica más autoritaria– han desatado una ofensiva contra la izquierda legal en su conjunto, tanto política como sindical, y contra los conductores de la transición democrática –con el ex presidente Valentín Paniagua a la cabeza–, acusándolos de favorecer este supuesto resurgimiento de Sendero. El mensaje nada sutil de estos resucitados sectores autoritarios es: la democracia es débil y favorece el crecimiento del terrorismo, por eso necesitamos un gobierno de “mano dura” como el de Fujimori. Y sobre esa premisa vienen desarrollando una profusa campaña mediática.

Mientras algunos políticos y analistas que en su momento fueron muy cercanos al gobierno de Fujimori han regresado a las primeras planas pregonando el resurgimiento de Sendero Luminoso, la realidad, sin embargo, indica que el grupo maoísta está dividido, muy debilitado y reducido a pequeños bolsones aislados y precariamente armados. “No veo ningún peligro de un resurgimiento de Sendero Luminoso como en 1980 (año de inicio de las acciones armadas senderistas). Sendero ya no está militarizado y por lo tanto no tiene capacidad de desarrollar acciones armadas de importancia”, señala Carlos Tapia, reconocido estudioso del proceso de violencia política y de Sendero Luminoso en particular.

Los nostálgicos del fujimorismo acusan al gobierno de transición de Paniagua y al actual régimen de Toledo de haber flexibilizado las condiciones carcelarias de los detenidos por terrorismo al punto de convertir las cárceles “en centros desde los cuales se dirige el reagrupamiento de Sendero Luminoso”. “Eso es absurdo”, dice Tapia. En realidad no ha existido ninguna flexibilización carcelaria, sino todo lo contrario. Guzmán ha perdido una serie de privilegios –como poder reunirse periódicamente con los dirigentes de su partido presos en otros penales y llevar una vida de pareja con Elena Iparraguirre, número dos de Sendero y detenida junto con él en septiembre de 1992– que le dio Fujimori como retribución por un mensaje televisivo de Guzmán de 1993 llamando a “un acuerdo de paz” y elogiando al gobierno de Fujimori, el cual fue usado por éste con fines electorales.

Página/12 - Buenos Aires, 27/11/2004

Sendero Luminoso te invita a su fiestita

Carlos Noriega

La primera sesión del juicio contra Abimael Guzmán, líder del maoísta Sendero Luminoso, y la cúpula de ese grupo terrorista terminó en medio de un caos generalizado, con los jefes senderistas dueños del escenario y los jueces abandonando presurosos el recinto judicial sin saber qué hacer. Con el control absoluto de la situación, Guzmán terminó convirtiendo el primer día del juicio en su contra en una especie de fiesta senderista, con consignas, abrazos y risas. En su primera aparición pública en doce años, Guzmán, que dentro de un mes cumplirá 70 años, lucía bastante avejentado, delgado y encorvado.

Guzmán y los líderes senderistas están siendo juzgados en tribunales civiles luego de que se declararan inconstitucionales los procesos militares que los condenaron a cadena perpetua. En lo que se ha calificado como “un grave error”, este primer juicio civil contra Guzmán no es por los crímenes cometidos por Sendero Luminoso, al que la Comisión de la Verdad señala como responsable de cerca de 40.000 muertes sino por el uso de una academia preuniversitaria para financiar las actividades senderistas y reclutar militantes. El llamado megajuicio contra Guzmán y los jefes de Sendero tendrá que esperar todavía varios meses, porque, aunque parezca increíble, las autoridades judiciales señalan que “los hechos todavía siguen siendo investigados”. En el proceso iniciado el 5 de noviembre están siendo juzgados Guzmán y otros 17 senderistas, dos de los cuales están como reos ausentes. Siete de los procesados que estuvieron en la sala, incluido Guzmán, pertenecen al Comité Central de Sendero. La Fiscalía ha pedido para Guzmán y la cúpula de Sendero cadena perpetua y una insólita reparación civil de 15.000 millones de dólares.

Cuando el presidente del Tribunal, Dante Terrel Crispín, quien ha sido cuestionado por haber defendido en el pasado como abogado a procesados por terrorismo, ordenó que se retiraran los camarógrafos y fotógrafos que cubrían el inicio del juicio para seguir con la sesión, Guzmán, que no parecía estar dispuesto a perder la oportunidad de estar frente a las cámaras después de 12 años de encierro, se paró de la silla y dio la vuelta para mirar a los periodistas que tenía a sus espaldas, sonrió, alzó el puño derecho y comenzó a gritar algunas consignas, que eran prácticamente inaudibles detrás de los gruesos vidrios antibalas que separaban a los periodistas y a los familiares de los detenidos de la sala donde se desarrollaba el juicio. Consciente de que había logrado su objetivo de tomar el control de la situación y convertirse en el actor excluyente, Guzmán sonreía feliz al otro lado del vidrio.

Elena Iparraguirre, pareja de Guzmán y la segunda al mando senderista, también se paró para sumar su puño alzado y su voz a los de Guzmán, y fue seguida por los otros miembros de la cúpula senderista, con la excepción de Oscar Ramírez Durand, el camarada Feliciano, hoy peleado con Guzmán. Los otros procesados que no forman parte de la alta dirigencia senderista se quedaron sentados. El coro de voces senderistas comenzó a gritar “Viva el Partido Comunista del Perú (nombre oficial de Sendero Luminoso)”, “Gloria al marxismo, leninismo, maoísmo”, “Vivan los héroes del pueblo”, “Gloria al pueblo peruano”. Luego, los acusados comenzaron a desfilar para abrazarse emocionados a Guzmán, su presidente Gonzalo, a quien veneran casi como a un Dios. Antes de retirarse, Guzmán caminó unos pasos hasta el vidrio para acercar sus manos a las de la madre y la hermana de Elena Iparraguirre. Y se fue sonriendo, dueño de la situación.

Mientras los senderistas se abrazaban, Feliciano se retiraba solo y en silencio. Feliciano era el tercero al mando en el momento que Guzmán e Iparraguirre fueron detenidos en septiembre de 1992, y cuando un año después ellos llamaron a deponer las armas desde la prisión, Feliciano desconoció la orden y prosiguió la lucha armada encabezando la facción Proseguir. Desde entonces, las relaciones entre ellos se rompieron. Cuando declaró ante la Comisión de la Verdad, Feliciano calificó como “nefasto” el llamado “Pensamiento Gonzalo”, que no es otra cosa que la tesis ideológica de Guzmán, a quien culpó de haberlos llevado “a un callejón sin salida”. También ha calificado a Guzmán como “un genocida, farsante y traidor” y lo ha acusado de “esconderse en residencias de lujo en Lima, debajo de las faldas de su compañera Elena Iparraguirre, tomando whisky y comiendo de lo mejor, mientras ordenaba el asesinato de indefensos campesinos”. Feliciano se ha ofrecido a declarar en contra de Guzmán, pero incomprensiblemente, la Justicia peruana no se ha preocupado en el tema, al punto que ni siquiera le ha brindado un abogado de oficio para que lo asesore en su colaboración con la Justicia. Ante los jueces, Feliciano señaló que no tenía abogado porque no tiene dinero para pagarlo.

Manuel Fajardo, abogado de Guzmán y de otros líderes senderistas, ha señalado que el juicio contra sus patrocinados “es parte de una estrategia nefasta” y lo ha descalificado alegando que “la formación de un tribunal especial como éste para llevar adelante este juicio es ilegal, y también es ilegal que los civiles sean juzgados en un recinto militar”. Guzmán y los miembros de Sendero Luminoso están siendo juzgados en un recinto de la Base Naval del Callao, donde Guzmán e Iparraguirre se encuentran detenidos. Las autoridades judiciales alegan que el cuestionamiento de Fajardo no tiene sustento porque ese sector de la base militar está bajo jurisdicción del Poder Judicial y no de los militares. Se decidió instalar una sala judicial en la Base Naval para evitar el traslado de prisioneros de “alto riesgo” detenidos en ese lugar.

Página/12 - Buenos Aires, 6/11/2004

Certificado de virginidad, requisito para estudiar

El Colegio de Monjas Dominicas Santa Rosa, de Trujillo, ubicado al norte de Lima, comenzó a exigir a sus alumnas un certificado de virginidad como requisito indispensable para que puedan continuar ahí sus estudios de secundaria. De acuerdo con un reportaje publicado por la Revista Latinoamericana de Cultura y Política, la controversia se desató ya en Perú, toda vez que se ha descubierto que las jóvenes son presionadas con la amenaza de expulsarlas del colegio para que no hablen y menos denuncien lo que pasa en ese plantel, donde se pretende aceptar sólo vírgenes. Las autoridades educativas del país ordenaron ya una investigación.

Trujillo se localiza en la costa norte de Perú, a 570 kilómetros de Lima, la capital. Se le considera la ciudad de la eterna primavera, por su clima cálido, y se le reconoce por su pasado colonial y su herencia prehispánica. Ahora ha adquirido notoriedad por esta historia del virginal colegio. Una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, Yolanda Falcón, confirmó que hay varias denuncias de que en la escuela referida se ha pedido certificado de virginidad a las alumnas como requisito para permitirles continuar sus estudios. "Varias personas nos han llamado para darnos testimonios", no es un caso aislado o individual, y es probable que existan otras adolescentes cuyos derechos han sido igualmente vulnerados, por lo que es necesaria una investigación".

El caso salió a la luz pública a partir de la denuncia de la madre de una adolescente porque a la joven se le exigió presentar pruebas médicas de ser virgen y de no consumir drogas. Dolores Moreno Aguilera reveló que su hija, de 16 años, apareció en una página web muy consultada por las alumnas de esa escuela. Cuando las autoridades del colegio, administrado por monjas dominicas, se enteraron de que el nombre de la alumna aparecía en esa página virtual, en la que se aseguraba que incitaba a sus compañeras a tener relaciones sexuales y a consumir drogas, decidieron expulsarla. Pese a las protestas de la familia por la debilidad de los argumentos, precisó Moreno Aguilera, tanto la sicóloga del colegio como la coordinadora de orientación y bienestar del educando le exigieron que presentara, como parte de sus pruebas de descargo, comprobantes médicos de la virginidad de su hija y de que no es consumidora de drogas. Los exámenes se hicieron y resultaron negativos, detalló Moreno Aguilera, pero de todas formas decidió sacar a su hija del colegio, al considerar que fue víctima de "un injusto maltrato". Además, resolvió presentar el caso a la Defensoría del Pueblo de Trujillo, que a su vez lo turno a las autoridades educativas para que realizaran la investigación correspondiente.

A su vez, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Trujillo, Yolanda Falcón, insistió en que ha habido otras denuncias similares que requieren una investigación a fondo, porque la exigencia de certificados de virginidad a las alumnas vulnera "tremendamente" el derecho a la intimidad de las adolescentes. Precisó que con base en las primeras indagaciones que ha llevado a cabo esa defensoría se confirmó que las autoridades del centro educativo establecieron el requisito de los análisis de virginidad, luego de recibir denuncias anónimas sobre conductas impropias de algunas de las alumnas. Eso de ninguna forma justifica la reacción de las monjas, recalcó Falcón.

El viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, informó que la Dirección Regional de Educación de la Libertad inició ya un análisis del caso y emitirá un pronunciamiento en los próximos días. El funcionario advirtió que de confirmarse la denuncia de Moreno Aguilera las autoridades del colegio estarán sujetas a sanciones por atentar contra los derechos fundamentales de la menor y poner en riesgo su integridad moral.

La Jornada - México D.F., 23/10/2004

Toca fondo el gobierno de Toledo

Ximena Ortuzar

Un nuevo escándalo pone en entredicho al gobierno de Alejandro Toledo: José León Rivera, ministro de Agricultura, renunció el lunes anterior a esa cartera tras ser involucrado en delitos de prostitución y proxenetismo. Este es el quinto secretario de Estado que deja de pertenecer al gabinete ministerial que encabeza Carlos Ferrero Costa, considerado el último intento por salvar al Ejecutivo de sucesivas crisis. La dimisión de León Rivera se produjo por exigencia expresa de Toledo, luego de que el programa televisivo Cuarto Poder denunciara el domingo 6 que en el hostal Villa del Mar Suites, de Trujillo, trabajaban prostitutas, algunas de ellas menores de edad. El hostal es propiedad de Christian León Alva, hijo del dimitido ministro, pero inicialmente perteneció a José León Rivera, quien lo traspasó a su hijo dos meses antes de asumir como titular de Agricultura. En efecto, investigaciones demuestran que José León solicitó la licencia de construcción del hostal y que el permiso le fue otorgado en 2002 para el rubro de "hospedaje". En 2003, la licencia fue cambiada a nombre de su hijo, Christian León Alva, según precisó el informe.

León Rivera asumió la cartera de Agricultura a mediados de diciembre de 2003. Analistas recuerdan que el 23 de octubre el ministro del ramo, Francisco González, "sobrevivió" a la censura en el Congreso. Como miembro de Perú Posible, el partido de Toledo -agregan-, León fue entonces sondeado como posible sucesor de González; con miras a concretar esa meta, León pudo decidir deslindarse del hostal y las ilícitas y comprometedoras actividades que en él se realizan. De hecho, el traspaso se verificó precisamente en octubre de 2003. Estallado el escándalo el domingo 6, Toledo citó de urgencia a León al palacio de gobierno, donde lo interpeló al respecto. Previamente revisó más de una vez el video de la denuncia transmitido por Cuarto Poder. Las explicaciones del acusado no convencieron al presidente, quien exigió la renuncia de su colaborador.

"Por la lealtad a mi partido Perú Posible y por la lealtad que le debo a mi presidente, no voy a permitir que campañas mediáticas dañen la imagen de este gobierno. Por eso he decidido renunciar", aseguró el ministro al anunciar su dimisión en conferencia de prensa, y agregó tener como objetivo final "limpiar mi nombre y el de mi familia". Reiteró además lo argumentado en el momento de conocerse la denuncia: que ni su hijo, el dueño del hostal donde se habría ejercido la prostitución infantil, ni él conocían de estas prácticas ilícitas. Culpó directamente a los empleados del hostal, a quienes, aseguró, "hemos denunciado penalmente y despedido de sus puestos". Afirmó que deja Agricultura "con la frente en alto" por "los muchos logros alcanzados durante mi gestión". Dijo no tener nada que temer, y remató: "Si hay algo que corregir, muerto el perro, muerta la rabia." Diez minutos después que León hiciera pública su renuncia, Carlos Ferrero informó que era aceptada, y coincidió con León al decir que era "para evitar que la discusión mediática perjudique la imagen y la actuación del gobierno (...) Ningún episodio detendrá la promesa del presidente para trabajar por el bien del país", expresó.

La renuncia de León Rivera fue considerada oportuna tanto por el oficialismo como por la oposición. Se sabe que fueron legisladores de la llamada "ala dura" de Perú Posible quienes se adelantaron a pedir la salida de León del gabinete. Marcial Ayaipoma, representante de dicha fracción, explicó: "Aunque (León) no sea responsable directo, es inconcebible que haya respaldado que su familia tenga un negocio de este tipo. Es impropio que un ministro de Estado esté involucrado en estos casos, por tanto debe renunciar". Otro tanto habían expresado parlamentarios del Apra -opositor- y del Frente Independiente Moralizador, que cogobierna con Perú Posible. En la misma mañana del lunes, Toledo había promulgado la norma que modifica algunos artículos de la ley de libertad sexual, para hacer más duras las sanciones contra delitos sexuales, particularmente de proxenetismo y abuso sexual infantil. La permanencia de León en el gabinete, acusado ya de ilícitos al respecto, resultaba insostenible. Entre tanto, sigue su curso la investigación abierta por César Chávez Chávez, titular de la primera fiscalía de prevención del delito de Trujillo, para determinar si en el hostal Villa del Mar Suites se ejerce la prostitución, incluyendo la infantil, y los responsables de esos delitos. Independientemente de los resultados de esa investigación, lo que queda en el sentir colectivo de los peruanos es que de nuevo un ministro del gobierno de Alejandro Toledo es protagonista de un escándalo.

La Jornada - México D.F., 10/6/2004

Una fujiayudita hacia los paramilitares de siempre

Carlos Noriega

Armados con las escopetas que antes usaron para combatir contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, unos 200 líderes de las Autodefensas Campesinas se reunieron en la ciudad andina de Huamanga, capital de Ayacucho, que fuera el epicentro de la violencia política que dejó cerca de 70.000 muertos en los años ’80 y ’90, para jurar fidelidad al prófugo ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y ofrecerle sus armas para presionar por su retorno al país como candidato presidencial en las elecciones del 2006. Fujimori, quien se ha declarado ciudadano japonés para evitar su extradición, está impedido de ser candidato presidencial por tener desde el 2000 una suspensión de 10 años para ejercer cualquier cargo público y varios procesos penales abiertos por corrupción y violaciones a los derechos humanos. De regresar al Perú sería detenido.

A través de un mensaje grabado en video en Tokio, donde radica, el ex presidente peruano llamó a los “ronderos”, como se los conoce a los miembros de las Autodefensas, a levantarse en armas contra el gobierno de Alejandro Toledo, a quien acusó de haber abandonado a las rondas campesinas, a las cuales felicitó por haberse enfrentado “y derrotado” a Sendero, y los instó a respaldar su retorno al poder. Fujimori les ofreció entregarles armas y dinero. Los miembros de las Autodefensas respondieron con aplausos y se comprometieron a “usar las armas si es necesario” para lograr que se archiven los juicios contra Fujimori y posibilitar su regreso al Perú como candidato en las próximas elecciones presidenciales. Los dirigentes de los ronderos recibieron copias del video con el mensaje de Fujimori para mostrarlo en sus comunidades.

El ex presidente hace este llamado a un levantamiento armado contra el presidente Toledo en momentos en que el gobierno pasa por una situación crítica, en medio de una oleada de protestas sociales, una aceptación que apenas bordea el cinco por ciento, exigencias de la oposición para que cambie de gabinete y especulaciones de una posible vacancia presidencial. A raíz de este llamado a una rebelión armada contra el gobierno, la Fiscalía de la Nación le ha iniciado a Fujimori una investigación por atentar contra la paz pública e instigar al desorden, por lo que podría recibir una pena de hasta seis años de cárcel. Este proceso se suma a la larga lista de investigaciones judiciales abiertas contra Fujimori, quien ha sido calificado como “el presidente más corrupto en la historia del país”.

Minutos antes de jurar poner sus armas a disposición de Fujimori, los ronderos habían participado en una ceremonia oficial convocada por el gobierno y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para conmemorar el 21º aniversario de la fundación de las Autodefensas Campesinas, las cuales operaron en la lucha contra la subversión bajo la dirección de las FF.AA. y cuya actuación ha sido calificada por prácticamente todos los sectores políticos como “fundamental” en la derrota de Sendero en el campo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó lo ocurrido en los 20 años de violencia política (1980-2000), también destacó en su informe el papel de las rondas campesinas en la derrota de Sendero, pero señaló que en muchos casos habían cometido violaciones a los derechos humanos.

Durante la ceremonia oficial, que contó con la presencia de los máximos jefes militares de Ayacucho y representantes del gobierno, el jefe de las Autodefensas, Esteban Quispe, llamado “Comando Centurión”, como anunciando lo que vendría después, atacó duramente al gobierno por haberlos “abandonado” y luego disparó contra la CVR, a la que acusó de hacerle el juego a Sendero. Terminada la ceremonia oficial, en la cual los miembros de las Autodefensas desfilaron armados, entró en escena Carlos Raffo, quien fuera el jefe de la campaña electoral de Fujimori en las fraudulentas elecciones del 2000 y que ahora se ha convertido en su principal operador político, para llevarse a un importante grupo de ronderos a la reunión fujimorista, organizada en un restaurante ubicado a pocos metros de la plaza principal de Huamanga. De esta forma, el fujimorismo aprovechó una reunión organizada por el propio gobierno para montar sobre ella otra en la que se puso en marcha una estrategia que anuncia el uso de la fuerza para presionar por la impunidad de Fujimori y su retorno al poder.

En diálogo con Página/12, Carlos Tapia, quien fuera miembro de la CVR, señaló que es “inaudito” que los jefes militares y los miembros del gobierno “hayan permitido que en sus narices y aprovechando una convocatoria a los ronderos hecha por los propios militares se realice una reunión que es un llamado a la subversión armada”. En su opinión, el gobierno debe “sancionar severamente” a los jefes militares que permitieron “de manera sospechosa” que esto ocurra. “Si no hay sanción será una muestra de debilidad frente a los militares”, afirmó. Según Tapia, en Perú debe haber cerca de 16.000 ronderos armados con escopetas, muchas de las cuales se las entregó Fujimori durante su gobierno para que se enfrenten a Sendero Luminoso. Los senderistas, por su parte, no serían más de 150 hombres armados. Los ronderos de la zona de Ayacucho, a los que Fujimori ha llamado a rebelarse contra el gobierno, serían unos seis mil.

Muchos Comités de Autodefensa comenzaron a desactivarse una vez que Sendero quedó militarmente derrotado, pero los militares, según denuncia Tapia, están “reactivando y militarizando las Autodefensas en zonas donde ya no hay presencia de Sendero, lo que es muy peligroso para la democracia”. Y esa reactivación ahora pretende ser aprovechada por el fujimorismo. “Con este llamado, Fujimori pretende usar las rondas como un grupo paramilitar, lo que es muy peligroso. Es muy difícil decir en este momento si Fujimori va a tener éxito en esa intención, pero lo cierto es que entre los ronderos hay mucho descontento porque se sienten abandonados por el gobierno; entre las Autodefensas hay simpatía hacia Fujimori, que en su momento los apoyó y les dio armas, eso no se puede ocultar. Si esta intención de Fujimori llega a prosperar, las elecciones del 2006 serán a balazos”, advierte Tapia.

Página/12 - Buenos Aires, 2/6/2004

Coca con cola

Elizabeth Cavero

Una vez más los campesinos de las cuencas cocaleras marcharon a Lima, durante los últimos quince días, en demanda de atención del gobierno a sus problemas. Una vez más vuelve a estar sobre el tapete el debate sobre la producción libre o controlada de la hoja de coca. Como bien lo saben los campesinos, en este tema el Perú es David y los países consumidores, muy principalmente Estados Unidos, son Goliat. El Decreto Ley 22095, que rige la política de erradicación de cultivos para el uso ilegal desde 1978, es casi una pieza de museo que fue diseñada en función de las convenciones internacionales. La primera de estas convenciones, suscrita al amparo de Naciones Unidas en 1961, consideró premisas que rayaban con lo absurdo, como la que afirmaba que la costumbre andina del chaqcheo producía "intoxicación crónica". Hoy, está comprobado que el consumo por vía oral permite una disolución rápida de los alcaloides de la hoja de coca en la sangre.

¿Es posible abrir el debate sobre la libre producción de hoja de coca en el país? La respuesta que esta semana dio el presidente de Devida, Nils Ericsson Correa, prácticamente lo descarta. "¿Qué gana el Perú liberando la producción cuando esto tendría consecuencias directas sobre el Tratado de Libre Comercio (aún en fase de negociación) y sobre el Atpdea que ha permitido exportaciones por dos mil 356 millones de dólares?". Ericsson, quien admite haber modificado su opinión respecto de las virtudes de la hoja de coca, desde que en el 2001 ejerció la presidencia de la Empresa Nacional de la Coca, afirma estar ahora "más compenetrado con el problema", y ya no habla del valor nutricional de la coca porque -de acuerdo con los nuevos estudios que posee- los nutrientes no son asimilados fácilmente por el cuerpo humano. Durante una conferencia organizada por senadores colombianos en mayo del 2001, Ericsson sin embargo sostenía: "La hoja de coca es, por sí misma, un valioso recurso para el desarrollo alternativo, por ser una fuente de productos alimenticios, medicinales, y de otros principios químicos de utilidad potencial".

Para Hugo Cabieses, experto en el tema de la coca, quien dice no saber si tiene negado el ingreso a los Estados Unidos por sus posiciones frente a la política de erradicación dictada por la superpotencia, el gobierno peruano no tiene rumbo propio en la solución del problema, al punto que no repara en que el DL 22095 solo consideraba legales los cultivos que existían cuando fue promulgado y no los nuevos. "La coca tiene un tiempo de vida de entre diez y quince años. Si han pasado 26 desde que se promulgó esa ley, Enaco está comprando coca que se plantó después de la promulgación y por lo tanto ilegal", afirma. Según su planteamiento, Devida lleva a cabo una política errada que ataca a los productores, pero no a los eslabones intermedios del tráfico de drogas.

Una política de control de daños, más que de erradicación y persecución, es la que debería aplicar el Estado -afirma Cabieses- frente a la producción de hoja de coca, tráfico y consumo de las drogas derivadas. Control de daños en el consumo, mediante campañas de educación que adviertan sobre los efectos del consumo, sin recurrir a gusanos que se comen hojas de coca y cuyos mensajes parecen estar dirigidos a un pueblo como el de Estados Unidos, que se mueve de acuerdo al mercado de los miedos. Por el lado del consumo, Cabieses cita también la experiencia europea de las "salas de drogas" en las que el Estado provee a los adictos medios seguros para la administración de la droga. Ericsson afirma que esto es un imposible en Perú, cuyo presupuesto nacional es menor al invertido en la ciudad de Madrid para afrontar el problema de las drogas. El control de daños en el tráfico significa para Cabieses el tener campañas contra los eslabones intermedios del narcotráfico (lavadores de dinero, traficantes de insumos químicos, etc.), perseguirlos con información y trabajo de inteligencia, y aplicarles leyes severas. "Pero el Perú es uno de los países con penas más severas contra el lavado de dinero en el mundo y no hay una sola persona presa por este delito. ¿Se puede creer que en el Perú los bancos no lavan dinero del narcotráfico?", cuestiona. En cuanto a los productores y la producción de hoja de coca, la política de control de daños pasaría por la no fumigación de los cultivos, la no erradicación forzosa y el sinceramiento de las cifras sobre autoerradicación.

Está claro que aunque Ericsson afirme que en el Perú el cultivo de la coca no es ilegal, el hecho de que se establezca un tope de 9,000 toneladas métricas como lo que el país necesita para la industrialización y uso tradicional, convierte en ilegales las otras 46 mil 667 toneladas métricas que se producen anualmente. La hoja de coca, todo lo indica, no está considerada en el país como un tema que merece una sólida política de Estado. El cultivo legal, para industria y uso tradicional, está apenas reseñado en el punto 27 (de 30) dentro del Acuerdo Nacional, el mismo cuyo título acepta erradicar la producción que alimenta la elaboración de drogas.

El Acuerdo Nacional bien podría considerar que no puede llevarse adelante con seriedad ninguna política sobre la hoja de coca en el Perú, mientras este milenario y virtuoso cultivo de nuestros ancestros andinos no sea eliminado de la lista de estupefacientes que considera Naciones Unidas. Ocupa ahí el primero de cuatro niveles, lo que hace de la coca un producto prohibido y altamente penalizado a nivel nacional e internacional. De acuerdo con Nils Ericsson, ni siquiera se admite que el Perú exporte productos en base a coca que contengan 0,6% de cocaína, que es la proporción en que se le encuentra en la hoja de coca. La penalización de la hoja hace que el nivel de cocaína deba descender a cero por ciento. Trato injusto para un producto nativo cuyas propiedades ya empiezan a ser aprovechadas en la producción de bebidas energizantes como "K-Drink" y "Vortex". Si las ve en un supermercado, no les tenga miedo.

La República - Lima, 2/5/2004

El linchamiento de un alcalde

Carlos Noriega

El brutal linchamiento de un alcalde en un poblado aymara de la frontera con Bolivia por una turba de más de diez mil empobrecidos campesinos, que lo acusaban de corrupto, hizo saltar todas las alarmas en el Perú oficial, acostumbrado a vivir de espaldas a la realidad del interior del país, especialmente a la de los indígenas. Los sentimientos de frustración y rabia no son exclusivos de los aymaras de Ilave (el escenario del linchamiento), y la muerte a golpes de Cirilo Robles ha servido para poner en el centro del escenario nacional una realidad de indignación social creciente, que se manifiesta en una ola de marchas de protesta, huelgas y toma de locales públicos en diferentes partes del país.

El director del diario Correo, Juan Carlos Tafur, señala en su columna que la pregunta que hay que hacerse “no es por qué ha ocurrido semejante barbaridad, sino por qué no ocurren más a menudo, dado el colapso absoluto del Estado en gran parte del territorio nacional”. Más de diez mil comuneros aymaras habían tomado el poblado de Ilave hace 25 días exigiendo la destitución de su alcalde, pero en todo ese tiempo su protesta fue ignorada por los medios de comunicación y por el gobierno. Hasta que la frustración ante la falta de respuestas estalló en una violencia incontrolable y se produjo el linchamiento del alcalde.

Ante los miles de aymaras concentrados en la plaza de pueblo, los enviados del gobierno propusieron que se convoque a elecciones en seis semanas para elegir al reemplazante del alcalde asesinado, pero la población rechazó a los gritos la propuesta y decidió que el gobierno municipal sea ejercido por los nueve regidores en actividad. Mientras Cirilo Robles era matado a golpes por su pueblo, más de tres mil cocaleros continuaban su marcha a Lima para exigir el cese de la erradicación de cultivos de hoja de coca. Son más de 30 mil productores de hoja de coca que se han levantado contra el gobierno y mantienen bloqueadas varias carreteras de las zonas selváticas donde se ubican los valles cocaleros. Los productores de hoja de coca habían concertado hace un año con el gobierno una “erradicación concertada y gradual” de los cocales, pero ahora acusan al gobierno de incumplir el pacto de concertar con ellos por presión de Estados Unidos. El gobierno se niega a dialogar.

En el norte del país, cerca de la frontera con Ecuador, cerca de cinco mil comuneros se han levantado en protesta contra una empresa minera, a la que acusan de contaminar el medio ambiente, y le han dado quince días de plazo para que abandone la zona, o de lo contrario amenazan radicalizar sus acciones. En la sierra sur del país quienes se han levantado en protesta son las comunidades dedicadas a la crianza de vicuñas, que han bloqueado carreteras exigiéndole al gobierno que derogue una ley que les quita una serie de beneficios y permite la libre comercialización de la fibra de vicuña, lo que ha producido una caída en los precios. En la costa del sur las protestas corren a cargo de los trabajadores de empresas harineras, cuyo cierre ha sido ordenado por el gobierno. Lima no está libre de las protestas. Cerca de cinco mil trabajadores de la seguridad social en huelga marcharon por sus calles exigiendo un aumento de sueldos. Las marchas de los trabajadores de la seguridad social se repitieron en las ciudades del interior. Los maestros, por su parte, amenazan con declararse en huelga por considerar insuficiente el aumento de 30 dólares otorgado por el gobierno. Esta ola de protestas que sacude el país crece cuando la últimas encuestas le otorgan al gobierno del presidente Alejandro Toledo una aceptación de apenas ocho por ciento.

Página/12 - Buenos Aires, 29/4/2004

Iniciativas insuficientes

Lily Céspedes

Los ex integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que se encargaron de esclarecer los hechos de violencia política ocurridos en el Perú entre 1980 y el 2000, denunciaron el 2 de marzo la pasividad con que actúan las autoridades y el gobierno para atender las recomendaciones alcanzadas en su informe final presentado hace seis meses. En la presentación de la versión abreviada en quechua y en español del informe final de la CVR —documento de 477 páginas titulado Hatun Willakuy—, los ex comisionados manifestaron su malestar por lo poco que el gobierno ha hecho hasta el momento en relación a las recomendaciones alcanzadas por la Comisión. Salomón Lerner, ex presidente de la CVR, afirmó que no hay signos de cambio frente al informe de la CVR y más bien las instituciones, y los líderes de los partidos políticos se han mostrado "insensibles" frente al informe de la CVR presentado el 28 de agosto del 2003.

Las recomendaciones de la CVR giran en torno a cuatro ejes: reformas institucionales necesarias para hacer real el estado de derecho y prevenir la violencia; reparaciones integrales a las víctimas; plan nacional de sitios de entierro; y mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. "No se ha hecho nada por devolverle el nombre a nuestros compatriotas que murieron por causa de la violencia política en el país", dijeron los comisionados, y señalaron que en este punto lejos de haber habido un avance, se ha producido un grave retroceso.

La CVR ha elaborado un Registro Nacional de Sitios de Entierro sobre la base de la información obtenida durante sus investigaciones. En éste figuran 4,644 sitios de entierro en todo el territorio nacional. Hasta el momento no hay avances en este punto, ni siquiera hay información sobre las muestras de huesos extraídos en fosas de Chuschi, Ayacucho, durante el trabajo de la Comisión. "Ha pasado más de un año y las muestras que extrajeron no tienen todavía nombre ni apellido", dijo la ex comisionada Beatriz Alva. Para los ex comisionados es preocupante que las autoridades sigan hablando de un Plan Nacional de Exhumación, cuando la Comisión recomendó un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico Forense que va más allá de simplemente extraer osamentas, y contempla la identificación de víctimas.

Respecto a las reparaciones a las víctimas de la violencia, la CVR incluyó un Plan Integral que se compone de seis programas: reparaciones simbólicas, en salud, en educación, económicas, colectivas y restitución de derechos ciudadanos. Y recomienda la creación de un ente directivo nacional encargado de coordinar y supervisar la ejecución del Plan Integral de Reparaciones.

En noviembre pasado el presidente Alejandro Toledo anunció la ejecución de un Plan de Paz y Desarrollo en las zonas más afectadas por la violencia a ser ejecutado en una primera etapa hasta el 2006. Dicho plan contempla acciones muy puntuales referidas a los campos de educación, salud y vivienda a favor de las víctimas civiles, militares y policiales, junto con una serie de otras acciones en esos mismos campos pero que tienen relación con los gobiernos locales y regionales. La crítica fundamental a este plan es que el peso está puesto en acciones que no están dirigidas específicamente a las víctimas. Pero son dos las principales objeciones de los ex comisionados en lo que se refiere al tema de las reparaciones: el Ejecutivo se ha centrado en las reparaciones colectivas y hay una falta de equidad en las reparaciones individuales que se vienen otorgando. "Se está dando reparaciones individuales a los ronderos (comités de autodefensas)", dijo el ex comisionado Enrique Bernales, haciendo referencia a las indemnizaciones entregadas a personas integrantes de estos grupos formados por el gobierno para hacer frente a la subversión durante el conflicto armado.

Los ex comisionados, también critican el alcance de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional creada por el Ejecutivo e instalada el 6 de febrero. La Comisión de Alto Nivel, de ocho miembros —de los cuales sólo uno pertenece a la sociedad civil y el resto al Ejecutivo— tendrá como primeras tareas la creación de un Registro Nacional de Víctimas y la judicialización de los casos de violación a los derechos humanos señalados por la CVR. A los ex comisionados les preocupa que el organismo esté subordinado al Ejecutivo, en la medida que su continuidad dependerá de la voluntad del gobierno que asuma en el 2006, al término del mandato de Toledo. "Lo ideal hubiera sido que a través de una ley se creara un Consejo Nacional de Reconciliación, que esté integrado por miembros del Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad civil, algo más de fondo y de mucho más peso", precisó Bernales.

Aunque los integrantes del Ejecutivo continúan siendo mayoría, el Consejo de Ministros aprobó el 17 de marzo que otros cuatro representantes de la sociedad civil se sumen a la comisión. Los familiares de las víctimas también señalaron su disconformidad con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel debido a que deja de lado la responsabilidad que tiene el Estado de reparar en forma individual a las personas que fueron afectadas. El Ministerio Público y el Poder Judicial también fueron blanco de las críticas de los ex comisionados al no registrarse avances en cuanto a la judicialización de los 43 casos de violaciones a los derechos humanos señalados por la CVR. Sólo dos de esos casos han pasado a ser vistos en los tribunales, los demás no han calificado para formular la denuncia penal porque los fiscales consideran que "no hay pruebas" suficientes.

Noticias Aliadas - 1/4/2004

Toledo dice que intenta aprender de los errores

'Estoy en proceso de aprendizaje. Nunca estuve en este trabajo antes, y ustedes no nacieron sabiendo periodismo', les dijo el presidente Alejandro Toledo a una docena de corresponsales europeos acreditados ante la 45° Asamblea de Gobernadores del BID. Como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, el mandatario insistió en que aún está aprendiendo para no incurrir en los mismos errores. Sin embargo, todo parece indicar que aún le queda un largo camino por recorrer. Y es que, una vez más, Toledo se equivocó al enumerar los desaciertos de su gobierno.

Pese a que admitió que el Perú 'no es un país de rosas' y que uno de los principales fallos de su gestión ha sido 'no saber comunicar los logros', el jefe de Estado recurrió nuevamente a la cantaleta de la dictadura y de la corrupción vivida en el régimen fujimorista para explicar el descontento de la ciudadanía.'( Fujimori) robó mucho más que dinero, robó también la fe y la esperanza', señaló, no sin antes mencionar que la huida a Japón del ex mandatario desilusionó a la población y originó que esta dejara de confiar en la clase política. También culpó a Fujimori de sus desdichas en una entrevista concedida a la revista Institutional Investor, que realizó un reportaje especial sobre la crisis de liderazgo en América Latina y colocó al jefe de Estado en portada. 'Aquellos que estuvieron envueltos en corrupción con la dictadura de Fujimori, que están en prisión o fugados, que recibieron millones y millones de dólares de Montesinos, están ahora luchando para salvar sus cuellos. Entonces, ellos crean programas desestabilizadores', declaró a la revista. Recordó que reconstruir instituciones toma tiempo. No obstante, advirtió que él no peleó en las calles para dejar que alguien mine el poder.

En la entrevista, Toledo también se refirió a su baja popularidad. Tal y como lo hizo en la víspera, dijo que sería muy fácil gastar más, dar limosna a los pobres y romper la disciplina fiscal. No obstante, recordó que si recurre a ello, solo generaría inestabilidad, aumentaría el riesgo país y ahuyentaría las inversiones. 'Es necesario pagar un precio político. Ningún presidente en la historia del Perú ha sido más bombardeado con sondeos: 480 encuestas (ayer precisamente se publicaron dos nuevos estudios de opinión, uno de los cuales le dio 6.7%). Soy respetuoso de las encuestas -vengo de un mundo académico- pero muchas de ellas son manipuladas', indicó.

Ayer se difundió además un estudio regional, realizado por la firma Consulta Mitofsky, de México, en el cual el mandatario aparece como el más impopular del continente. Los resultados son tan caóticos que, quizás al verlos, el presidente se anime de una vez por todas a 'aprender de los errores'.

Perú.21 - Lima, 31/3/2004

Cocaleros exigen reconocimiento

Cecilia Remón

“Respeto”, respondió Elsa Malpartida, secretaria de organización de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), al periodista que le preguntaba insistentemente cuáles eran sus demandas. Los productores de coca en el Perú son vistos por muchos -especialmente EEUU- como el primer eslabón del narcotráfico al que hay que eliminar para romper con la cadena. Cifras oficiales -basadas en información proporcionada por EEUU- señalan que en el 2003 existían en el Perú 31,150 Ha sembradas de coca, materia prima para elaborar la cocaína. De ellas, 12,000 Ha serían destinadas para el consumo tradicional y el resto para el narcotráfico. Para el 2004, EEUU ha aprobado US$60.7 millones para la erradicación de cultivos ilegales y tareas de interdicción de drogas, equivalentes a 80% del total de su ayuda militar y policial al Perú.

Según el economista Hugo Cabieses, experto en drogas y narcotráfico, “en realidad existen entre 55,000 y 60,000 Ha en todo el país que producen 75,000 TM de coca al año”. De ese total, 40,000 TM se destinan al narcotráfico y el resto a diversas actividades legales (consumo tradicional e industrialización benéfica).

Por primera vez, 2,268 representantes de los productores de coca de diferentes valles ubicados a lo largo de la selva peruana se reunieron entre el 18 y 20 de febrero en Lima para discutir su problemática y plantear alternativas. Los cocaleros -en su mayoría campesinos pobres con parcelas de menos de una hectárea- tuvieron que sortear numerosas dificultades impuestas por el propio gobierno, bajo presión de la Embajada de EEUU. En los días anteriores al evento, arreciaron los anuncios televisivos pagados por la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (DEVIDA), la agencia antidrogas peruana, en la cual señalaba que nueve de cada 10 hojas de coca iban al narcotráfico. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, acusó a los cocaleros de estar preparando un “bolivianazo”, en referencia a las movilizaciones que derrocaron al presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre pasado, y afirmó que políticos opositores radicales estaban manipulando a los campesinos. Las acusaciones de Rospigliosi llamaron la atención de la opinión pública sobre un evento al que nadie le había dado importancia.

El principal malestar de los cultivadores de coca es el incumplimiento de los acuerdos pactados en abril del año pasado tras la marcha de sacrificio a Lima que realizaron miles de campesinos, que incluía la erradicación gradual y concertada de los cultivos de coca de la mano con programas de desarrollo alternativo viables. Un año después, según los campesinos, nada ha cambiado. Malpartida afirmó que el gobierno se ha burlado sistemáticamente de ellos. “Nosotros exigimos ser interlocutores válidos. El desarrollo alternativo que ellos plantean no ha sido conversado con los agricultores, que son los únicos que saben cuáles cultivos convienen más”, dijo. “Nosotros les hemos presentado nuestras propuestas, pero las han tirado al tacho de la basura”.

Para Azucena Veramendi, del valle del Monzón, en la selva central, “los proyectos de desarrollo alternativo se siembran en una mesa, los cultivan en la pizarra, los cosechan en computadora y los venden en campañas publicitarias de radio y televisión”. La mayor parte de los programas de desarrollo alternativo son financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID), que impone sus condiciones y no son fiscalizados ni controlados por el gobierno peruano. Malpartida señala que el dinero que supuestamente llega para favorecer a los campesinos se diluye en la burocracia de DEVIDA. “Eso es lo que indigna”, dice Malpartida. “Viene dinero para desarrollo alternativo, pero se queda para los [funcionarios] de DEVIDA. Ellos llenan sus bolsillos y sus hogares de buenas comodidades, mientras nosotros los campesinos tenemos que pasar miles de peripecias para solucionar nuestros problemas o para mandar a nuestros hijos a estudiar”.

Los campesinos aseguran que no reciben ninguna ayuda de DEVIDA para colocar sus productos agrícolas en los mercados. “Nosotros mismos tenemos que sacar nuestros productos a vender”, asegura Malpartida. Cabieses, quien fue asesor de la presidencia ejecutiva de DEVIDA entre el 2001 y el 2002, explica que DEVIDA no reconoce a las asociaciones o federaciones de productores agropecuarios de coca. “Individualmente sí, pero no a nivel de gremio, porque consideran que estas asociaciones están constituidas por delincuentes”, dice. “DEVIDA les abre las puertas, pero no los acepta como dirigentes, ni tampoco a sus propuestas”.

Nils Ericsson, presidente ejecutivo de DEVIDA, ha sido muy claro al señalar a los campesinos que no puede apoyar sus proyectos porque son presentados por asociaciones que USAID y EEUU califican como narcotraficantes. Cabieses considera que, a diferencia de gobiernos anteriores, con el actual se han producido avances importantes, “el gobierno [del presidente Alejandro Toledo] ha asumido como propia la erradicación gradual, voluntaria y concertada propuesta por los propios campesinos hace dos años”, señaló Cabieses. “Sin embargo, aunque quedó plasmada en el papel, en la práctica se ha implementado otra cosa”.

La erradicación gradual, voluntaria y concertada debe venir de la mano con proyectos viables de desarrollo alternativo, que le den un ingreso sostenible al campesino, pero no todos han tenido éxito, o han tenido un éxito parcial. Difícilmente cualquier otro producto puede competir con la coca, que es comprada actualmente por la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) -la única entidad autorizada para adquirir y comercializar la hoja para el consumo legal- a US$ 1.5 por kg de coca, mientras que los narcotraficantes pagan el doble. El café se encuentra a menos de $1 por kg, el cacao a $0.70 por kg, y el arroz a menos de $ 0.30 por kg. Los cocaleros afirman que con su congreso han querido que la opinión pública tome conciencia de que no son narcotraficantes ni terroristas. “Simplemente somos campesinos pobres que sembramos la coca para llevar alimentos a la boca de nuestros hijos”, dice Malpartida.

Noticias Aliadas - 18/3/2004

La primera dama problemática

Carlos Noriega

En el Día Internacional de la Mujer, la primera dama, Eliane Karp, decidió romper un largo silencio, aconsejado –casi suplicado– por los asesores presidenciales y el propio mandatario Alejandro Toledo, y volvió al centro del escenario político con una de sus acostumbradas declaraciones controvertidas. Esta vez fue en defensa del ex abogado de la familia Toledo y ex jefe de los servicios secretos, César Almeyda, quien está en prisión desde hace diez días acusado de ofrecer favores judiciales al general Oscar Villanueva, que fuera figura clave en la estructura mafiosa montada por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en los años noventa.

La fiscalía acusa a Almeyda de haber recibido 100 mil dólares de Villanueva, quien era conocido como “el cajero de Montesinos” y que en setiembre del 2002 apareció muerto de un balazo en la boca mientras cumplía arresto domiciliario. Poco antes se había ofrecido a colaborar con la Justicia dando información. La policía cerró el caso como un suicidio, pero las dudas persisten. Almeyda ha reconocido que en aquella cita clandestina Villanueva le entregó datos sobre importantes casos de corrupción, pero que nunca llegaron a los organismos de Justicia.

Karp, protagonista en el pasado de más de un desatino verbal que su esposo y el gobierno han tenido que pagar con varios puntos de popularidad en las encuestas, volvió a desatar un escándalo cuando declaró a una radio local que la acusación contra Almeyda “tiene una fuerte motivación política” y la atribuyó a “una labor de sabotaje de la mafia (de Montesinos y Fujimori)”. La esposa del presidente cuestionó duramente la decisión del Poder Judicial de ordenar la detención del ex abogado de la familia Toledo.

Lo dicho por Karp contradice abiertamente la postura que sobre este tema ha adoptado su esposo Toledo, quien, en un esfuerzo por desmarcarse de los efectos de este escándalo de corrupción, ha acusado a su ex abogado de haber actuado a sus espaldas cuando se reunió con el general montesinista y de haber traicionado su confianza. Con sus declaraciones, Karp ha reactivado las sospechas de que en realidad los vínculos del Palacio de Gobierno con Almeyda no se han roto del todo, como ha asegurado Toledo. Tan grave ha sido el efecto de sus palabras, que los principales asesores presidenciales salieron rápidamente a declarar que la primera dama hablaba “como una ciudadana cualquiera” y que sus opiniones “no representan la postura del gobierno”. Las declaraciones de Karp también han servido para traer nuevamente a las primeras planas las vinculaciones entre la Organización No Gubernamental “Pacha (Tierra, en quechua) por el Cambio”, fundada por Karp y la empresa panameña off shore (una modalidad empresarial muy usada para encubrir ingresos) Blue Bay Investment, de la cual Almeyda es asesor legal en Perú. Ambas comparten la misma dirección en Lima. Por este motivo, la oposición solicitará que Karp acuda a declarar ante la Comisión Investigadora del Congreso, cuya presidencia ejerce el opositor partido aprista, sobre su relación comercial con Almeyda.

Hubo otras ocasiones en las que Karp puso en problemas al actual gobierno. En el 2002 se reveló que Karp recibía 10 mil dólares mensuales por asesorar en temas de inversión agrícola (algo en lo que había trabajado antes que su esposo llegara a la presidencia) al Banco Wiese. El escándalo fue doble: primero por el pago recibido, lo que contradecía las declaraciones de Karp en las que había asegurado que no tenía ingreso alguno, y, segundo, porque el Wiese había sido el banco usado por Montesinos para mover y sacar al extranjero parte de su dinero sucio. Inicialmente Karp se negó a renunciar defendiendo “el derecho de las mujeres a trabajar”, pero luego debió hacerlo ante las fuertes presiones –incluidas las de su esposo–. En octubre pasado Karp acusó al ex presidente Alan García, actual líder de la principal fuerza de oposición, de tener relaciones extramaritales y exigió una investigación. Toledo tuvo que pedirle disculpas públicas a García.

Página/12 - Buenos Aires, 9/3/2004

La democracia que depende de apenas un 7 por ciento

Carlos Noriega

“Estuve y estoy contra todo acto de corrupción”, así comenzó el presidente Alejandro Toledo su discurso del sábado a la medianoche, con el cual intentó calmar, aunque sin mayor éxito, las turbulentas aguas políticas que amenazan hundir su gobierno. Con esas palabras el presidente peruano intentó tomar distancia del escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrado su abogado y hombre de confianza, César Almeyda, quien fuera jefe de los servicios de Inteligencia y que desde el sábado está bajo arresto domiciliario. Una grabación hecha pública ese día puso en evidencia las negociaciones secretas que a finales de 2001 sostuvieron Almeyda, por entonces asesor presidencial, y el general Oscar Villanueva, quien fuera un alto miembro de la mafia de Vladimiro Montesinos, el ex hombre fuerte del gobierno del prófugo ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), y que en ese momento se encontraba prófugo, para que el abogado del presidente buscara sobornar jueces con el fin de que favorecieran al general montesinista en los juicios que enfrentaba por corrupción.

Intentando desmarcarse de las acciones ilegales de su ex hombre de confianza, Toledo señaló que estaba “decepcionado” por la conducta de Almeyda, la que calificó como “un hecho aislado”. “Me duele profundamente que Almeyda haya actuado a mis espaldas y lamento haber extendido mi confianza a quien ha demostrado no merecerla”, señaló el presidente peruano, que en su breve mensaje transmitido por televisión apareció acompañado de todo su gabinete ministerial. Toledo denunció que “la mafia”, término usado para referirse a fujimoristas y montesinistas, buscaba desestabilizar su gobierno para conseguir “impunidad”.

Los principales dirigentes políticos de la oposición calificaron el mensaje de “decepcionante” e “insuficiente”. José Barba, de la derechista Unidad Nacional (UN), insistió en exigir la renuncia de Toledo y el adelanto de elecciones. El pedido ha sido apoyado con entusiasmo por la llamada “mafia fujimontesinista”, que está muy interesada en el derrumbe de la transición democrática y del proceso anticorrupción. Pero no recibió el mismo respaldo en otros sectores políticos. Incluso en UN tomaron distancia de lo dicho por Barba. Antero Flores Aráoz, congresista de esa agrupación, señaló a Página/12 que no compartía la propuesta de Barba, la que calificó como “precipitada y de consecuencias impredecibles”. El Apra, principal fuerza de oposición, no ha adoptado una postura clara en este tema. Mauricio Mulder, congresista del Apra, resumió la ambigüedad de la posición aprista con la siguiente frase: “Nosotros no queremos pedir un adelanto de elecciones para que no se diga que estamos ansiosos por llegar al poder, pero Toledo debe evaluar su condición de un presidente con 7 por ciento de popularidad”.

Consultado por Página/12, el analista político Alberto Adrianzén señaló que “el mensaje ha sido insuficiente porque se esperaba mayor autocrítica y el anuncio de un conjunto de medidas concretas para reforzar la lucha contra la corrupción; Toledo también debió anunciar el licenciamiento de su entorno presidencial”. En opinión de Adrianzén, el mensaje de Toledo “no ha ayudado a superar la crisis”, y considera que “el gobierno comete muchos errores y cada vez es más difícil que Toledo llegue a completar su mandato en el 2006”. “Si Toledo cae –agrega–, saldrá ganando la mafia fujimontesinista que tendrá espacios para negociar.”

En su mensaje, Toledo eludió referirse a la situación de su principal aliado político, Fernando Olivera, embajador en España y líder del Frente Independiente Moralizador (FIM), agrupación política que tiene una alianza de gobierno con el oficialista Perú Posible (PP), gracias a la cual le aporta diez votos en el Congreso de 120 miembros. Esta ausencia fue la más notoria y la más criticada del mensaje presidencial. Almeyda involucró a Olivera en sus turbias negociaciones con el montesinismo, pero luego se retractó, aunque esta segunda versión no ha convencido a muchos. La decisión de Toledo de eludir el tema Olivera no solamente se ha convertido en un factor de irritación en las filas de la oposición, sino, incluso, dentro del propio gobierno.

Antes de aparecer en la televisión cerca de la medianoche del sábado, Toledo mantuvo una reunión de más de tres horas con sus ministros, en la que también participó Olivera, que esa misma noche había llegado de Madrid. Una fuente bien informada, que pidió guardar el anonimato, reveló a Página/12 que en esa reunión, que calificó de tensa, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, le exigió a Toledo que destituyera a Olivera del cargo de embajador en España, que el ministro de Justicia Fausto Alvarado, quien es miembro del FIM, también sea removido del puesto y cambiado por un independiente que garantice un buen manejo de la lucha anticorrupción, y que el gobierno rompiera su alianza con el FIM. El pedido de Rospigliosi habría contado con el respaldo de al menos otros tres ministros. Otros miembros del Gabinete también habrían expresado su apoyo, aunque de manera menos explícita, al rompimiento con Olivera, al que consideran como un factor desestabilizador.

El gobierno de Toledo enfrenta sus horas más difíciles y en el oscuro horizonte de la política peruana aparecen los fantasmas de De la Rúa, Mahuad y Sánchez de Lozada.

Página/12 - Buenos Aires, 2/2/2004

Montesinos era conocido por la CIA como "Mr. Fix"

Angel Páez

Torres era conocido por sus colaboradores y cómplices como "El Doctor", pero los oficiales de la estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Lima lo llamaban "Mr. Fix", porque resolvía sus inquietudes y problemas en un santiamén. Y no obstante las graves acusaciones en contra del asesor presidencial, consignadas en más de un millar de documentos del Departamento de Estado norteamericano desclasificados en los últimos tres años, los agentes mantuvieron con él una estrecha y fluida relación, la que justificaron porque Montesinos era el representante del Estado peruano designado por el mandatario Alberto Fujimori en materia de seguridad y narcotráfico.

Una investigación conjunta efectuada por el Centro por la Integridad Pública, organización independiente con sede en Washington que fiscaliza la transparencia del gobierno norteamericano, y La República, reveló que entre 1990 y el 2000 la CIA suministró no menos de 10 millones de dólares a Montesinos en efectivo y equipos supuestamente destinados para la lucha antidroga. El dinero debía financiar las actividades de la Dirección de Inteligencia en Narcóticos (DIN), creada por Montesinos como parte del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Según la indagación, funcionarios de la propia Embajada de los Estados Unidos informaron a la fiscal anticorrupción Ana Cecilia Magallanes que la CIA "sospechaba fuertemente" que parte de los fondos y los equipos habían sido utilizados por Montesinos en actividades ilícitas. Funcionarios del Departamento de Estado y de la CIA discutieron muchas veces respecto de la relación que la segunda mantenía con Vladimiro Montesinos, porque a la larga afectaría la imagen y reputación de los Estados Unidos, "pero ellos (los de la CIA) afirmaban que las operaciones antinarcóticos en Perú no serían efectivas sin su participación (la de Montesinos)", dijeron funcionarios norteamericanos en Washington al Centro por la Integridad Pública. Lo mismo indicaron voceros de la embajada norteamericana en Lima.

Los reporteros del diario The New York Times, James Risen y Christopher, confirmaron que los oficiales de la estación de la CIA en el Perú se hicieron de la vista gorda respecto de las atrocidades de Montesinos, incluso contra la opinión del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la Administración de la Lucha Antidrogas (DEA). Precisamente, documentos desclasificados de esta entidad desde 1990 llamaban la atención de las vinculaciones con el narcotráfico que tenía el hombre fuerte del régimen de Fujimori. Luego, Karen DeYoung, investigadora del periódico The Washington Post, el 22 de setiembre del 2000, días antes del derrumbe de la administración fujimorista, reportó la existencia de disputas entre distintas agencias gubernamentales "debido a la relación con Mr. Fix, como llamaban a Montesinos, ya que enfrentaba numerosas acusaciones, y sin embargo se estrechaban sus relaciones con la CIA".

El periodista del diario "The New York Times", Tim Golden, confirmó por su parte la versión del traficante de armas libanés, Sarkis Soghanalian Kupelian, de que la CIA fue informada de la venta de los fusiles a Perú que luego fueron transferidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "A fines de 1998, oficiales jordanos se dirigieron al jefe de la estación de la CIA en Ammán para una pregunta de rutina: ¿Le importaría a Estados Unidos que Jordania le venda 50 mil fusiles AK-47 a los militares peruanos? El jefe de la CIA efectuó algunas comprobaciones y respondió a los jordanos directamente: No se preocupen, podemos vivir con eso", escribió.

Golden sostiene que obviamente a la CIA no le importaba que dos de sus colaboradores, Soghanlian y Montesinos, encabezaran una operación aparentemente limpia. Curiosamente, dos años después de la escena descrita por The New York Times, en los primeros días de agosto del 2000 dos agentes de la CIA en Lima se reunieron con el jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional de entonces, Humberto Rozas Bonucelli, y le entregaron copias de los contratos que firmaron los militares jordanos con el emisario de Montesinos, José Luis Aybar. Tal como lo reveló La República, Rozas luego entregó los papeles a Montesinos y éste con Alberto Fujimori montaron una conferencia de prensa para denunciar el golpe del SIN contra los traficantes de armas, y no dudó en denunciar a Sarkis Soghanalian y José Luis Aybar.

El prestigioso programa de investigación Frontline, que difunde la cadena de televisión pública estadounidense PBS, hace poco confirmó, citando fuentes gubernamentales, que Soghanalian es un reconocido colaborador de la comunidad de inteligencia norteamericana: "Cooperó con la CIA, el FBI, el Departamento de Estado y la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA)". La relación de la CIA con Montesinos continuó no obstante las numerosas acusaciones por espionaje telefónico, corrupción, narcotráfico y asesinato, "porque el gobierno del Perú lo colocó como interlocutor oficial en materia de seguridad y lucha antidrogas", dijeron las fuentes al Centro de Integridad Pública. En toda la investigación judicial Montesinos ha negado no solo tener participación en el contrabando de armas para las FARC sino también haber servido a la CIA. Faltaba más.

La República - Lima, 22/1/2004

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