Latinoamerica-Ecuador

La decisión del gobierno de abandonar la consulta popular ante las presiones del congreso evidencia el fracaso del reclamo ciudadano que el 20 de abril pasado demandó "que se vayan todos". La necesidad de un cambio para salir del Estado caduco, obsoleto, corrupto y carente de institucionalidad fue reconocida por el presidente Alfredo Palacio, pero su estrategia flaqueó ante las maniobras del aquí calificado desprestigiado parlamento. Para el ministro encargado del Gobierno, Galo Chiriboga, se cierra un capítulo en la historia ecuatoriana, en la cual el pueblo trató de hacer uso de sus derechos, decidir su destino y lamentablemente esto no fue posible. Chiriboga señaló que los mecanismos democráticos para impulsar la reforma política se agotaron y Palacio no tiene más salidas que desistir de su propuesta, pues las tiendas políticas del órgano legislativo unicameral la bloquearon.

La oposición de los tradicionales partidos social cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID) a cualquier reforma denota que tal paso significaría acabar con un sistema que les depara grandes beneficios de hegemonía y control de espacios de poder. Círculos políticos nacionales estiman que el presidente, a quien el líder del PSC, León Febres Cordero, consideró como un novato y sin experiencia política, abandonó la lucha por su principal objetivo de "refundar el país" ante una creciente amenaza de enjuiciamiento. La maniobra del congreso, impulsada por el PSC y la ID, para reestructurar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no fue el único motivo para que el gobernante desechará su consulta. A los llamados de un juicio político en contra de Palacio por parte de esas dos formaciones, se sumó otro más grave; su posible enjuiciamiento penal por el escándalo de falsificación de su firma ocurrido hace meses en el Palacio de Carondelet (casa de Gobierno). Según fuentes parlamentarias, el parlamento inducirá a la ministra fiscal, Cecilia Armas, para que inicie una instrucción en contra del dignatario por transgredir el artículo 294 del Código Penal, en el caso de la falsificación de firmas. Según el jefe de la Comisión de Fiscalización, diputado Guillermo Haro (de la ID), las pesquisas realizadas en torno a este escándalo arrojaron que no hubo plagio y las rúbricas de documentos son de Palacio. El legislador destacó que la ley reprime con prisión de tres meses a un año a toda persona que denuncia un delito, a sabiendas de que no ha existido el hecho ilícito.

En medio de este escenario, se profundiza una crisis en el debilitado gobierno, que carece de respaldo entre las organizaciones políticas y tampoco se ha ganado el apoyo de la ciudadanía. Los movimientos sociales, que apoyaron la propuesta de reformar el país, se sienten nuevamente sorprendidos por la postura asumida por el presidente, quien desde abril pasado, cuando asumió la jefatura del Estado ha lanzado ideas sin buscar antes el consenso ciudadano. Se avizora asimismo la renuncia de los ministros, en un intento de salvar o apaciguar la situación de crisis reinante para buscar un nuevo derrotero para el Ejecutivo. El primero en dimitir fue Luis Herrería, secretario de la Administración Pública, el hombre de confianza de Palacio y quien lo ha acompañado en los últimos años. Si se sustituye al ministro de Gobierno sería la cuarta ocasión en menos de ocho meses que el mandatario designa a un jefe de Ejecutivo, aunque este último, Chiriboga, se desempeño en ese puesto en calidad solo de encargado. Sin embargo, estas maniobras políticas y destituciones de ministros no resolverán la crisis del Ecuador, que avanzará hacia otro año de elecciones con los mismos problemas pendientes, que han generado nueve años de creciente inestabilidad. Este país andino acumula el récord de tumbar en ese período a tres presidentes, contar con ocho gobiernos, dos congresos, tres Cortes Suprema de Justicia y continuar sin una Corte Constitucional y sin elegir a un Fiscal General. Ni cinco diferentes versiones de consultas populares dieron la posibilidad al gobernante ecuatoriano de sacar adelante su propuesta para transformar esta nación, que sigue con la institucionalidad cuesta arriba.

Argenpress - 6/12/2005

¿Viraje económico?

Luis Ángel Saavedra

El anuncio a principios de agosto de una alianza económica y energética entre Ecuador y Venezuela provocó un remezón político en el gobierno ecuatoriano que culminó con la renuncia de Rafael Correa -el ministro más popular del gabinete del presidente Alfredo Palacio- a la cartera de Economía y Finanzas, y un posible retorno del país a la ortodoxia económica dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Palacio, al asumir la presidencia el pasado 20 de abril, luego de la caída de Lucio Gutiérrez (2003-2005), fortaleció los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Gobierno, con personas que aseguraban una política independiente y basada en intereses nacionales. Correa era sin duda el más fuerte lazo del gobierno con los movimientos sociales que habían provocado la caída de Gutiérrez, por lo que se convirtió en la imagen más sólida del régimen de Palacio, con un 80% de popularidad, el mayor nivel de aceptación popular que ha logrado un funcionario en los últimos 26 años de democracia ecuatoriana.

El ministro conformó su equipo con académicos y analistas que en su momento habían cuestionado el proceso de dolarización vigente desde el 2000, el pago de la deuda externa con fondos de la renta petrolera y el seguimiento irrestricto de la política económica impuesta por el FMI. Este equipo contaba con Pablo Dávalos como viceministro de Economía, quien se encargó del diseño de una política de apertura a nuevas fuentes de financiamiento que permitieran al país no depender únicamente del FMI o el Banco Mundial. La gestión de Dávalos abrió el camino para que Venezuela muestre interés por comprar deuda externa ecuatoriana. Sin embargo, la presión política obligó a Correa a prescindir de Dávalos. El viceministro renunció el 20 de julio, no sin antes insistir en la necesidad de continuar con la construcción de una economía independiente, solidaria y comprometida con las causas sociales. "La soberanía de la política económica deberá reflejarse en una mayor equidad y justicia social", dijo Dávalos al dejar el cargo.

La salida de Dávalos al parecer no trajo cambios en la economía, pues continuaron las negociaciones con Venezuela. El 3 de agosto el canciller venezolano Alí Rodríguez visitó el Ecuador y anunció un acuerdo mediante el cual Venezuela se comprometía a comprar deuda externa ecuatoriana por US$300 millones, a un interés del 8.5% y a cinco años plazo. Además, Venezuela acordó refinar petróleo ecuatoriano para proveer al país de gas licuado y otros derivados, invertir en la modernización de la Refinería Estatal de Esmeraldas y, en el ámbito social, ayudar en el campo de la alfabetización, distribución de medicamentos gratuitos y atención oftalmológica. Pero estos logros de la administración económica de Correa a la larga motivarían su salida del ministerio. Un primer golpe lo propinó el Banco Mundial al negar un desembolso de $100 millones, acordados durante la administración de Gutiérrez. Este hecho provocó las críticas de quienes habían pasado por ese ministerio bajo la tutela de los organismos multilaterales, quienes calificaron a Correa de "ineficaz y fanfarrón". El propio Palacio dejó entrever sus molestias con la actitud de Correa, quien supuestamente negoció con Venezuela sin su conocimiento. Correa respondió que "el verdadero problema son las fuertes presiones para impedir cualquier relación con un país hermano como Venezuela y como corolario de ello la desconfianza en mi labor como ministro de Economía y Finanzas".

Pero no sólo las negociaciones con Venezuela pusieron en guardia a los tradicionales conductores de la economía ecuatoriana. La política energética nacionalista también involucró a la compañía estadunidense Occidental Oil and Gas Corporation (OXY). OXY violó un contrato de participación en la explotación petrolera con el Estado ecuatoriano al haber transferido, en el año 2000, el 40% de sus derechos de explotación a la empresa canadiense City Investing Company, sin haber notificado de esta transacción al Ecuador. "La acción de OXY no contó con la autorización del gobierno y violó el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y las cláusulas 21.1.1 y 21.1.2 del contrato de participación", aseguró el presidente del directorio de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzeli, quien también fue forzado a renunciar de su cargo. Para Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), "al parecer, los intereses de los grupos de poder económico son más fuertes que los deseos de independencia y soberanía que manifiesta tener el gobierno".

El gobierno negó que la renuncia de Correa tenga que ver con un giro en la política económica o con el conflicto con OXY y, para acallar las protestas que nuevamente amenazaban con tomarse las calles de Quito, nombró a Magdalena Barreiro -supuestamente identificada con la política de Correa- como nueva ministra de Economía y Finanzas; sin embargo, la administración de Barreiro no ha mostrado interés por concluir las negociaciones con Venezuela. "Barreiro demuestra ser una buena contadora, le interesa cuadrar los ingresos y egresos de las cuentas fiscales, pero no tiene una visión de un país soberano", afirma Dávalos al comentar la "derechización de la economía" a manos de la ministra de Economía y una "junta económica" creada por Palacio. En efecto, Pablo Lucio Paredes, defensor de la dolarización y vocero de varios círculos económicos que especulan con la cotización de los bonos de la deuda externa, Diego Borja, del sector de exportadores de flores, y Joaquín Zevallos, de las Cámaras de Producción del Guayas y nombrado nuevo secretario de la Producción, forman parte de la "junta económica" nombrada por Palacio y han optado por continuar con las mismas recetas establecidas por el FMI.

Noticias Aliadas - 22/9/2005

Entrevista a Nina Pacari

Gilberto Lopes

Asesora de la fracción parlamentaria del movimiento Pachakutik, que tiene diez diputados (de los cien que integran la Asamblea Legislativa), Pacari es también integrante del Foro permanente de Pueblos Indígena, de las Naciones Unidas.Gilberto Lopes conversó con Nina Pacari sobre la crisis política de América Latina y de su propio país.

-Desde su punto de vista, ¿cuál es la naturaleza de la crisis que vivimos en la región?

-Hay una crisis de un modelo de estado. Esa crisis se visibiliza frente a dos necesidades urgentes: por una parte, no hay respuestas a las demandas de una globalización excluyente, el modelo no da abasto para resolver los conflictos profundos. El segundo es un desafío histórico. Se configuraron estados nacionales sin considerar a la población indígena y negra. Fue en los años 90 cuando se explicitaron los cuestionamientos a ese modelo de estado; cuando, frente a esta realidad global, se comienza a cuestionar un modelo de estado que está en crisis, que no da para más.

-¿Cuál es la alternativa?

-Necesitamos un pacto social para dar viabilidad a una institucionalidad que de respuesta a los problemas de la región. Hace falta también democratizar el tema del desarrollo económico. La democracia se ha instalado en ámbito electoral, pero ha sido insuficiente en lo social y económico; cojea. Los grupos económicos, al amparo de la democracia, han consolidado sus intereses particulares y el poder político quedó atrapado por el poder económico. No se trata de una asociación de personas para una acción política; el objetivo es ver como el partido aúpa mis intereses. Por eso digo que, al amparo de la democracia, han hecho mal uso del poder económico, y eso contribuye a esa fragilidad institucional. Es necesario volver a repensar y construir un profundo pacto social.

-En Ecuador, ¿cómo se manifiesta esa crisis?

-Con la caída de Gutiérrez, en medio de las protestas populares, asumió un nuevo presidente, Alfredo Palacio, al que le queda año y medio en el poder. Si se hubiese propuesto recuperar y consolidar la institucionalidad en este período de transición, ese mensaje generaría confianza y corresponsabilidad ciudadana. Pero salió diciendo que venía a "refundar el país" y a ofrecer una Asamblea Constituyente, para luego desdecirse. Ahora ha lanzado la propuesta de llevar a cabo una consulta, con algunas preguntas sobre reformas constitucionales (voto facultativo, en vez de obligatorio; parlamento unicameral, y otras), pero no la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que ofreció cuando tomó posesión del cargo. Esa falta de responsabilidad, de cumplir lo que ofreció, es uno de los puntos débiles del actual gobierno. Se echó para atrás por la improvisación, por la falta de una visión de país. Hay otros tres grandes temas en la agenda: la necesidad de una mayor inversión social; el logro de estabilidad económica, aprovechando los altos precios del petróleo; y el lanzamiento de un proceso mayor de diálogo. El país estaba señalando que no quería grandes cambios, imposibles de lograr, sino una respuesta a la crisis profunda a la que habíamos llegado.

-¿Palacio no ha dado respuesta a ninguno de esos temas?

-Creo que no. Para apuntalar a la inversión social cuenta con fondos de los excedentes petroleros, 70% de los cuales se destinaban al pago de la deuda. Eso se ha cambiado; se aumentó el porcentaje asignado a educación, salud, vialidad y reparaciones ambientales y se redujo a cerca de 50% lo que se destina al servicio de la deuda. El "Foro Petrolero" proponía poner fin a los contratos con las petroleras que significan una pérdida de 600 millones de dólares anuales para el Ecuador. El crudo más pesado (de menor valor) son los que explotan las empresas privadas; la estatal explota el de mayor valor. Pero, para exportar, se mezclan ambos y se transfiere a la empresa privada parte de los beneficios del Estado.

-¿Cómo se ve el panorama electoral?

-El proceso electoral, presidencial y parlamentario, previsto para octubre del próximo año, se ve confuso, difícil. Lo que se ha visto con fuerza en estos dos años es un rechazo a la política y a los políticos y la exigencia de una nueva forma de hacer política, con un discurso antipolítico. Una situación de caos, de confusión, no hay credibilidad y puede darse cualquier otra situación en medio de esa improvisación. Hay candidatos como Álvaro Noboa, productor bananero cuya candidatura representante de la concentración de todo el poder oligárquico en sus manos; León Roldós, que fue vice-presidente entre 1981-84; Pachakutik, que está pensando en una candidatura de las filas del movimiento. Se está hablando del economista Auki Tituaña; es uno de los nombres que tiene mas posibilidades.

-¿Qué significa Pachakutik?

-Significa cambio, transformación profunda. Se ha definido como movimiento de izquierda comunitaria, con actores indígenas o no, pero con los pueblos indígenas.

-¿Tienen posibilidades de triunfo?

-Hay que trabajar pensando que es posible ganar. Ojalá hubiera apertura de las élites para ceder, para dialogar, para compartir. Nuestro programa tiene cuatro puntos importantes: la democratización del modelo de estado; la construcción de una institucionalidad más democrática, que no esté sujeta a grupos de interés económico, alejada de la corrupción. El segundo tema es el de la economía. Si no logramos revisar herramientas como el presupuesto, creo que tampoco lograremos mayores cosas. El tercero tiene que ver con una fuerte inversión social. Estamos muy carentes de infraestructura, sobre todo en las poblaciones rurales. Es indispensable avanzar en esto para alcanzar los objetivos del milenio. Finalmente, está el tema de la gobernabilidad, de considerar los gobiernos locales. Esa es nuestra propuesta: descentralización y autonomía.

Adital - 13/9/2005

La Amazonía ecuatoriana, botín de las petroleras

Ramón Vera Herrera

La Amazonía es un complejísimo territorio. Es el enclave biológico más diverso, el sistema hidrológico más vasto del planeta, pero también la casa de varios pueblos originarios (kichwa, kechwa, cofanes, shuar, ashuar, wahorani) algunos de ellos renuentes a todo trato con el exterior, conocidos como "no contactados" o tagaeris, y de innumerables colonos mestizos arrumbados ahí, procedentes de muchas partes del país por no tener tierra. Este enorme nicho cubre parte de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay, Venezuela y Brasil y es en el siglo XXI el más aterrador ejemplo de la devastación capitalista. Su destripamiento, el menosprecio al que se somete todo (de los microrganismos a las relaciones sociales) nos asoma al futuro de todos los territorios indígenas y campesinos si la gente no hace conciencia de la magnitud del embate transnacional y su producción de muerte.

Tan sólo en Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza y Esmeraldas, regiones ecuatorianas (donde operan las petroleras, madereras, mineras y los planes geopolíticos militares estadunidenses), quitan el aliento al más plantado los restos de breas y crudo más el "agua de formación" usada en los procesos petroleros botados en los brazos de agua y los pozos, las lagunas y los predios; las perennes quemas de gas y detritos de los procesos de extracción; la tala clandestina y la ganadería extensiva que logran una deforestación brutal. En ciudades como Coca, Sacha y Lago Agrio los oleoductos pasan por en medio con el peligro latente de incendios, derrames o explosiones. Hay pozos y estaciones de bombeo al lado de escuelas. La voracidad por el oro, el sílice, el cobre, el molibdeno y su refinamiento tras extracciones a cielo abierto, llenan de tóxicos (cianuro, por ejemplo) aire, ríos, quebradas. El monocultivo de palma africana, secando arroyos y manantiales, agrava la pérdida de fauna. Se suma la compra de dirigentes, la división de las comunidades, las latas de conserva, machetes o motores de fuera de borda que las empresas "regalan" para congraciarse, las consultas fraudulentas, los retenes militares, la construcción de aeropuertos, las fumigaciones con defoliantes, la instalación de hoteles y spas de "ecoturismo", la biopiratería, el tendido de electricidad y carreteras, el dragado de los ríos. El boom-town como forma de vida sustituye los referentes, con su cauda de alcohol, droga, prostitución, tráfico de armas y corrupción, más la violencia de los paramilitares colombianos que patrullan la noche en motocicletas, adueñados de las poblaciones aledañas a la frontera con Colombia. Para los sembradores o antiguos cazadores es muy problemático convivir con esta maquinaria imparable que los sume en la miseria y la confusión.

El trastocamiento es tal que lo más dañado en el trato que imponen Chevron-Texaco, Occidental (Oxy), Repsol, Petrobras y otras muchas, son las relaciones. Después de años de resistir la entrada de las petroleras, hay comunidades que exigen como punto uno de sus pliegos petitorios que las empresas las contraten. "Eso es lo peor", comentan algunos colonos, "porque la gente ya no ve que eso quieren usarnos de peones, que dejemos de cuidar el bosque, que ya no seamos campesinos. Quieren que seamos bichos que aceptamos cualquier condición laboral, con tal de no salir tan perjudicados. Y lo que nos daña mayormente es ese empleo, que nos separa de la comunidad y nos hace perros fieles de las compañías. Entonces qué hacen. Se niegan a darnos empleo y nosotros, duro y dale exigiendo. Finalmente dicen aceptar. Y nos ponen unas condiciones de miedo. Nos enganchan para hacer los saneamientos ambientales, que es meterse, sin equipo adecuado, sin herramientas buenas, sin la mínima nada, a pura mano limpia, a limpiar la mierda de las breas y el crudo a canales y estanques. Es un trabajo muy jodido y de eso recibimos unos cuantos dólares, y lo peor es que la gente cree que le ganó algo a la empresa y deja su oficio de siempre. Ya puedo comprar, dicen, ya tengo platita".

Las empresas se han robado hasta la historia de los pobladores porque según la diagramación de sus planos de escritorio, renombraron los parajes que antes se referían a vivencias propias. Se habla del Bloque 21, del Bloque 18, las áreas de explotación petrolera con que instauraron el desastre como vida cotidiana. Los casos se repiten: en la cordillera del Cóndor, en Cantón Loreto entre Napo y Orellana (el Bloque 18), en el Sumaco, en Agua Santa, en Yuralpa donde en medio del bosque primario hay una refinería, en Auca, en Taracoa, en los ríos Guataraco, Vigay, Napo, Sumacsacha, Canampo, Coca. En el territorio cofán de Sucumbíos, en el Bloque 31, donde Petrobras (petrolera paraestatal brasileña) a la que el Ejecutivo ecuatoriano "le dio licencia ambiental para una carretera y una base petrolífera en el Parque Yasuní, una zona rica en biodiversidad protegida por el Estado" dentro del territorio huaorani. En el Bloque 16, la empresa argentina-hispana Repsol YPF "ya causó estragos ambientales".

Occidental Exploration and Production Company, o simplemente Oxy, encarna, junto con Chevron-Texaco (empresa que enfrenta un juicio internacional emprendido por Oil Watch), la voracidad y malos manejos de las empresas causantes de tanta devastación. Oxy enfrenta la caducidad de sus contratos con el Estado ecuatoriano por ser reincidente en infringir leyes y ordenamientos (no respeta las tasas máximas de producción, no notifica la perforación de pozos, no informa su movimiento de crudo, no entrega estados financieros, no paga derechos de control, no informa de sus planes quinquenales, opera en áreas protegidas -Limoncocha, Pañacocha, Yasuní y Cuyabeno. Se le acusa de intentar expropiar a escondidas los territorios de varias comunidades, verter "aguas de formación" al río Napo, contratar niños en la limpieza de tóxicos en la zona de Jivino, operar un oleoducto entre Edén Yuturí y lago Agrio sin licencia ambiental, construir una carretera clandestina en el Parque Yasuní en bosque primario del territorio kichwa, no cumplir acuerdos con las comunidades, no arreglar las fugas del oleoducto del Bloque 15, ingresar en territorio indígena sin autorización y hacer uso de violencia, amenazas, detenciones y torturas en la construcción del oleoducto Edén-Lago Agrio. (Acción Ecológica: "La caducidad del contrato de la Oxy", 4 de agosto de 2005).

Pese a esto, Alfredo Palacio, el flamante presidente que subió al poder tras la Rebelión Forajida dijo que declarar o no la caducidad de los contratos de Oxy era "cuestión de Estado". Guillermo Navarro Jiménez, economista ecuatoriano, devela que el gobierno estadunidense definió como precondiciones para firmar el TLC que el Estado ecuatoriano pague a Oxy 75 millones de dólares por devolución del Iva, según un laudo arbitral en Londres (pago cuestionado por Ecuador), y que el gobierno se desista de declarar nulo el contrato con Oxy, pese a las violaciones incurridas: "El argumento del presidente Palacio de que el entredicho legal que el Estado ecuatoriano mantiene con Occidental corresponde a una "política de Estado", tiene entonces por objetivo ocultar que evalúa la posibilidad de acceder al chantaje del gobierno de Estados Unidos, para cumplir con las condiciones exigidas por éste para la firma el TLC" (Altercom, 11 de julio de 2005). Pero en la Amazonía ecuatoriana, los menospreciados pueblos y comunidades, originarios o colonos, entienden su condición, la reflexionan desde sus asambleas y reuniones, resisten y han frenado, a veces a costa de mucha sangre, esos desastres impuestos. Sus enemigos son Estados Unidos y varias empresas, que intentan apoderarse del territorio amazónico con todas las riquezas que saquearán tras comprar, expulsar o masacrar a los habitantes de la región, o cuando los hayan convertido en peones de sus planes geopolíticos.

La Jornada - México D.F., 15/8/2005

"Huaorani no morirán"

Luis Angel Saavedra

El pueblo huaorani, que habita en la Amazonia ecuatoriana, decidió levantarse para frenar la explotación petrolera que está destruyendo su territorio y su forma de vida, basada tradicionalmente en la caza, la pesca y la recolección. "Los huaorani eran una sociedad con poca división del trabajo dentro de las familias. A la cacería salían juntos y se compartían las tareas de la casa, de la chacra y de la crianza de los niños. Los líderes eran los ancianos y las decisiones las tomaban la comunidad en su conjunto", afirma Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, organización que trabaja junto a los huaorani en la defensa de su territorio.

Los huaorani, junto a los tagaeri y taromenane, son pueblos que permanecieron aislados de la sociedad occidental, pero que en los últimos años se han visto enfrentados a las compañías petroleras y madereras que, incluso, propiciaron su división, llevándolos a enfrentamientos, como el ocurrido hace dos años cuando huaoranis vinculados con empresas madereras masacraron a una comunidad taromenane. Para denunciar los atropellos cometidos por las compañías petroleras, Moi Enomenga, líder tradicional de los huaorani, convocó para el 12 de julio una marcha de 22 comunidades huaorani hacia la ciudad de Quito. Hombres y mujeres de estas comunidades recorrieron a pie unos 40 km en la selva, para luego viajar en tres autobuses por más de 12 horas y protagonizar una movilización contra las concesiones otorgadas por el gobierno del derrocado ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) y el convenio firmado en enero con la compañía brasileña Petrobras por ex dirigentes de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana (ONHAE), para brindar facilidades de exploración y explotación petrolera. "Las comunidades del pueblo huaorani rechazamos el convenio firmado por el ex presidente de la ONAHE, Armando Boya, porque no ha consultado con las comunidades y no representa lo que queremos para nuestro futuro. Ningún dirigente de la ONHAE tiene derecho a firmar nada con nadie sin el consentimiento de nuestras comunidades", dijo Enomenga. Por su parte, Alicia Cahuiya, presidenta de la Asociación de Mujeres Huaorani, ratificó la decisión: "queremos nuestro territorio libre de petroleras para nuestros hijos, por eso vamos a desconocer todo lo negociado por la ONHAE". El convenio firmado por ONHAE y Petrobras incluía el financiamiento de proyectos de desarrollo y asistencia social para los huaorani por US$200,000 anuales en los próximos cinco años. La singular marcha fue recibida por el pleno del Congreso Nacional y por el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara. Legislativo y Ejecutivo se comprometieron a revisar los convenios que comprometen territorio huaorani, más aún si estos territorios están en el Parque Nacional Yasuní.

El Parque Nacional Yasuní fue creado en 1979 con 679,730 Ha, de las cuales una tercera parte pertenece históricamente al pueblo huaorani. El 2 de abril de 1990 el gobierno redujo la extensión del Yasuní para dejar fuera la zona hidrocarburífera (bloque 16) de los límites del parque y permitir el ingreso de la empresa estadunidense Maxus, y luego de la española Repsol-YPF. Posteriormente, el gobierno de Gutiérrez comprometió los últimos territorios huaorani entregando concesiones a Petrobras y a la canadiense EnCana. En 1992, Maxus construyó una carretera de 180 km que atraviesa el Parque Nacional Yasuní, mientras que Petrobras y Repsol-YPF iniciaron la construcción de una vía para acceder a sus campos de exploración. Estas compañías contrataron a Entrix, consultora estadunidense en asuntos ambientales, para negociar con las comunidades indígenas afectadas. Entrix sostiene que los acuerdos firmados con la anterior dirigencia de ONHAE benefician a las comunidades y proporcionan todas las medidas de seguridad necesaria para casos de accidentes petroleros, como los derrames, para lo cual se han colocado, en las carreteras y a lo largo del oleoducto que trasporta el petróleo, letreros en castellano que informan que en caso de emergencia se debe llamar a Quito o a un número celular. Es irónica la presencia de estos letreros en una zona selvática sin cobertura celular ni teléfonos convencionales y, además, entre población que no habla el castellano.

"Los dirigentes aceptaron dinero de las petroleras, pero las comunidades no queremos ningún dinero, y no queremos que ningún mediador comunitario de Entrix negocie con nosotros, porque están sólo para destruir nuestra cultura", afirma Moi. Los huaorani están conscientes de que han iniciado una dura batalla, y con la marcha quisieron expresarse frente al gobierno y a la sociedad ecuatoriana, pero saben que lo duro de su resistencia estará en la selva, en su propio territorio. "Hemos venido a dar la guerra aquí en la ciudad, pero si perdemos aquí no nos queda más que dar la guerra allá, y allá nosotros ganaremos", afirmó Moi, mientras hombres y mujeres alzaban sus lanzas y daban su grito de guerra: "Huaorani no morirán".

Noticias Aliadas - 27/7/2005

Warmi Wangurina

Luis Ángel Saavedra

Las mujeres kichwas de la provincia amazónica de Sucumbíos, en el nororiente ecuatoriano, han decidido romper con la relegación histórica en la que han vivido dentro de varias organizaciones indígenas de la región -fundamentalmente masculinas-, y para ello buscan consolidar su propia instancia de representación denominada Warmi Wangurina, o mujeres organizadas en kichwa. La Warmi, como prefieren llamarla sus integrantes, nace como Comisión de la Mujer de la Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos-Ecuador (FOISE), que se crea en 1992 en respuesta a las influencias externas, en especial, a la acción de las empresas transnacionales relacionadas con el petróleo y la madera. ''Las estrategias de respuesta al hostigamiento a las comunidades indígenas han determinado la conformación de organizaciones comunitarias antes inexistentes e innecesarias'', asegura la parlamentaria amazónica Mónica Chuji.

El proceso de penetración de la cultura occidental en Sucumbíos iniciado en 1972 con la prospección petrolera y el ingreso de colonos, involucró a los hombres en otras actividades de subsistencia diferentes a la caza y la pesca, pues los espacios territoriales fueron reducidos o destruidos por la acción de colonos y empresas. Los hombres debieron enrolarse en las compañías o trabajar como jornaleros en las fincas de los colonos. Así, abandonaron la tierra y la mujer debió asumir nuevos roles. Esta influencia alteró las costumbres y las relaciones de género en las comunidades, definiendo roles que tradicionalmente no estaban marcados. El trabajo de la mujer se incrementó al asumir ella más tareas en la producción, cuidado de la familia y frente a la comunidad. La tierra se convirtió en el espacio de exclusividad de las mujeres y, por tanto, el control de la producción pasó a su dominio, desarrollándose un nuevo y profundo lazo con la tierra, en tanto los hombres empezaban a vivir un proceso inverso.

Las primeras iniciativas de organización de la mujer kichwa de Sucumbíos se produjeron con la creación, en 1972, de Jatun Comuna Aguarico -organización de los pueblos kichwas de Sucumbíos-, en el marco de proyectos de producción agrícola y de capacitación para atención en salud. ''En este espacio aún no se nos permitía participar abiertamente en las decisiones organizativas, puesto que nuestra mirada se centraba en aportar económicamente a la familia con los llamados proyectos de avicultura, piscicultura y salud'', manifiesta Celia Mancilla, ex presidenta de Warmi Wangurina. En 1993, un año después de la creación de la FOISE, se desarrolló un proyecto de salud integral y mejoras en la alimentación. En la ejecución de este proyecto, con un rol protagónico de las mujeres kichwas, se vislumbró la necesidad de fortalecer la comisión de la mujer. ''En el ámbito público, las mujeres empezaron a incursionar paulatinamente en la organización, su papel aún era muy tímido ya que en gran medida dependían de las decisiones de los hombres, pues habían tenido poca oportunidad de una educación formal y poca experiencia en liderar organizaciones, porque esto implicaba hacer una pausa en sus 'labores de mujer' para dedicarse a la organización'', sostiene Chuji.

Warmi Wangurina está presente en 47 comunidades kichwas de Sucumbíos, que en su mayor parte viven en conflicto con las empresas petroleras que consideran que las concesiones otorgadas por el Estado ecuatoriano constituyen títulos de propiedad sobre los territorios asignados y no cumplen con las regulaciones constitucionales, como el derecho que tienen las comunidades de ser consultadas previamente por cualquier tipo de actividad en sus territorios. ''Los kichwas de Sucumbíos somos migrantes, venimos de Sarayaku de [la provincia amazónica de] Pastaza, llegamos hace 30 años pero aún conservamos la fuerza de nuestro pueblo; y aquí, en el nuevo Sarayaku de Sucumbíos, estamos dispuestas a revivir en cada comunidad la resistencia que han mostrado las mujeres de nuestra tierra de origen'', afirma Chuji. La parlamentaria amazónica hace referencia a la resistencia del pueblo de Sarayaku de Pastaza frente a la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC), subsidiaria argentina del consorcio estadunidense ChevronTexaco, cuando los hombres, en un momento de debilidad, quisieron negociar con la empresa y fueron increpados por las mujeres. ''Si los hombres negocian, las mujeres amenazamos con botarlos'', afirma Teresa Noteno, actual presidenta de Warmi Wangurina.

Noteno sostiene que para enfrentar a las empresas es necesario instruir a todas las mujeres, para que estén en capacidad de resistir y asumir tareas de dirección en cada comunidad. Para ello Warmi Wangurina ha diseñado un programa permanente de acompañamiento de promotoras en las funciones de dirección de esta organización. ''Cada año me acompañan dos mujeres que se van formando como promotoras para la vida; estas promotoras son elegidas por las mismas mujeres'', afirma Noteno. Pero Warmi Wangurina también apunta en una nueva dirección. ''Queremos ser una organización filial de la FOISE y ya no sólo su Comisión de la Mujer'', afirma Chuji. Esto contribuirá al fortalecimiento de la FOISE, agrega, pero principalmente a ''volver al principio de complementariedad que regía en las comunidades indígenas antes de la intromisión de la cultura occidental, pues las decisiones comunitarias se tomaban escuchando las voces de hombres y mujeres por igual''.

Noticias Aliadas - 26/5/2005

Un Palacio de cristal sobre un terremoto

Daniela Creamer

Dos semanas después del derrocamiento del ex presidente Lucio Gutiérrez, Ecuador parece regresar a la calma y a trazar un nuevo rumbo político. Su sucesor, Alfredo Palacio, ha cambiado el discurso que tanto dividió a la sociedad, dejó maltrecha a la clase política y colocó al país al borde el enfrentamiento. Palacio ha anunciado medidas para ''refundar el Ecuador del siglo XXI'', su meta para el año y ocho meses que le restan de presidencia. Desde que asumió la presidencia, el 20 de abril, Palacio se enfrenta a dos problemas: recuperar el crédito de la sociedad ecuatoriana y lograr el reconocimiento exterior. Para lograr este último no ha dejado de insistir en que su gobierno honrará la deuda externa y todos sus compromisos firmados. En el frente interno promete una redistribución presupuestaria para invertir recursos en cuatro áreas clave: salud, educación, protección social y reactivación productiva, muy descuidadas por el régimen anterior.

Su entrevista con la embajadora de Estados Unidos en Quito, Kristie Kenney, le ha supuesto de hecho el primer aval internacional de su mandato. También logró de alguna manera el de la UE, que reiteró sus buenas relaciones con Ecuador. Ahora espera el de la Organización de Estados Americanos (OEA). Una misión de este organismo panamericano visitó la semana pasada la capital ecuatoriana para analizar in situ lo ocurrido y determinar si el derrocamiento de Gutiérrez se ajustaba o no a derecho. La delegación, invitada por el gobierno, viajó a Quito apoyada en una resolución de la OEA que instaba a ''todos los sectores políticos, sociales y económicos (de Ecuador) a que, mediante el diálogo y la participación constructiva, fortalezcan la gobernabilidad y aseguren el pleno respeto del orden democrático''. Aunque los delegados no han querido anticipar sus conclusiones, que en breve analizará el plenario de la OEA en Washington, hay algunas pistas. Uno de los delegados, el peruano Alberto Borea, hostil al cambio de presidente, destacó que Ecuador se encontraba en orden, y el venezolano Rafael Valero fue más lejos al declarar que lo sucedido era ''una lección de democracia''.

Pero ese orden es frágil. Muchos de los que participaron en la caída de Gutiérrez mantienen su lema de ''que se vayan todos'', refiriéndose a la clase política, exigen unas elecciones anticipadas, la formación de una asamblea constituyente y la redacción de una nueva ley fundamental. Mientras, Alfredo Palacio, cardiólogo y apolítico, trata de asentarse en el gobierno. En sus primeros nombramientos ministeriales ha buscado a ciudadanos no afiliados a partido político alguno, inclinándose por técnicos en sus respectivas ramas. El nuevo gobernante ha reiterado su respeto absoluto por la institucionalidad, única vía para fortalecer la democracia. Según su filosofía, Ecuador respetará los acuerdos internacionales suscritos hasta la fecha y esa línea afecta también a la base de Manta, eje de la lucha regional de Estados Unidos contra el narcotráfico. ''Es un convenio vigente hasta el 2009 y será el gobierno de esa época el que defina si lo prorroga o no'', aseguró. Respecto de la relación bilateral con Estados Unidos y la negociación del Tratado de Libre Comercio, Palacio aseguró que Ecuador no puede cerrarse a estos procesos, pero que en esa misma medida exige que se busque el beneficio común. ''Las naciones respetan a los que se hacen respetar'', dijo. En el mismo sentido se pronunció sobre el Plan Colombia y aseguró que ése es un proyecto en el que Ecuador no intervendrá y que si se ha trasladado o se necesita movilizar a efectivos militares hacia la frontera norte, esto se hará solo dentro de la jurisdicción ecuatoriana. Palacio quiere un acuerdo sobre las preguntas de una posible consulta popular, que podría dar paso a una asamblea constituyente. De esta manera el presidente descartó, una vez más, el anticipo de las elecciones, puesto que la ley establece claramente que el vicepresidente reemplace al mandatario destituido durante el período para el cual fue elegido.

Página/12 - Buenos Aires, 4/5/2005

La Conaie, gran ausente en las protestas

Arturo Cano

En las protestas que al grito de ''¡que se vayan todos!'' echaron del poder a Lucio Gutiérrez, hubo un gran ausente: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), actor central en la caída de los presidentes Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000). ''La cuestión estaba por reventar, pero la dirección de la Conaie no lo entendió así'', dice la abogada Nina Pacari, quien en los primeros seis meses del gobierno de Gutiérrez ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un mes antes de la caída de Gutiérrez los dirigentes indígenas trataron de fijar una posición sobre las movilizaciones ya en curso. Pero a la cita, dice Nina Pacari, el máximo dirigente de la Conaie, Luis Macas, ''asistió con muchos trabajos''. El acuerdo no llegó, entre otras razones porque en la víspera la Conaie había atacado abiertamente a la Asamblea de Quito, que agrupaba a un abanico de partidos y organizaciones, pese a que en ese esfuerzo participaba Pachakutik, el partido considerado ''brazo político'' del movimiento indígena. (Así fue creado, pero Nina Pacari insiste en que se trata de ''espacios diferenciados'' para la actuación en los poderes formales y en el ámbito extrainstitucional).

Varios fueron los factores que dejaron fuera a los indígenas de la ''rebelión de los forajidos''. El primero, el temor de la Conaie a repetir los tropiezos de 1997 y 2000 cuando, pese a ser el motor de la caída de los presidentes, los indígenas vieron a los partidos tradicionales capitalizar las victorias. Monserrat Fiallo, economista rubia y forajida que estudió en el Tec de Monterrey, expresa a su modo el otro factor: ''La Conaie lo llevó al poder. Y los Pachakutik también traicionaron a los indios''. La Conaie y Pachakutik, efectivamente, fueron factores determinantes para que el ex coronel Gutiérrez ganara la presidencia en 2002. En los seis primeros meses del gobierno de Gutiérrez, la Conaie ocupó otros cargos, incluidas las dependencias de asuntos indios. Pero la luna de miel con el ex coronel había terminado con la campaña electoral. Gutiérrez se deshizo rápidamente de su discurso izquierdista y antiestadunidense, y los choques con los ministros indígenas fueron inevitables. A Nina Pacari la desmentía a cada momento, especialmente cuando hacía declaraciones que podían incomodar a Estados Unidos o Colombia. A Luis Macas lo nombró ministro de Agricultura pero le quitó la mitad del presupuesto. ''Ni siquiera podía pagar la nómina del Ministerio'', dice el economista Pablo Dávalos, asesor de Macas y viceministro de Economía del nuevo gobierno. La relación se rompió muy pronto, pese a algunas resistencias internas y a los reclamos, que persisten, de que no se consultó a las bases. ''Desde que dejamos el gobierno declaramos una oposición frontal a Gutiérrez, y dimos la batalla contra el traidor hasta el final'', dice Nina Pacari.

Los diputados de Pachakutik dieron sus votos a la destitución del presidente ''por abandono del cargo'' el pasado miércoles 20, pese a que Gutiérrez seguía en el Palacio. Para Nina Pacari no hay duda de que Gutiérrez abandonó la presidencia constitucional cuando ''volvió a ser edecán de Abdalá Bucaram y lo trajo para que le diera órdenes''. El ex presidente Bucaram -el lumpen de la oligarquía, dice Nina Pacari-, ha asegurado en llamadas a medios locales y agencias, que sigue en Ecuador, aunque escondido porque el nuevo gobierno, dice, ha ordenado ''matarlo''.

En cuanto dejaron su gobierno, en agosto de 2003, el ex coronel ''se lanzó a destruir a los indios'', dice Dávalos. Lo hizo en tres pistas: la coptación de dirigentes, el uso de recursos sociales para romper a las organizaciones y la entrega de cargos a un grupo de indios evangélicos adversarios de la Conaie. Ya para entonces, con una lógica militar, Gutiérrez había decidido que las fuentes de su poder eran ''el ejército, la embajada de Estados Unidos y la oligarquía de Guayaquil''. Y sus enemigos, entonces, eran los indios. ''Lanzó un proceso de destrucción sistemática. Fue un proceso no de destrucción física -porque aunque suene fuerte los dirigentes son remplazables-, sino de destrucción política'', asegura Dávalos.

No le fue mal al ex coronel. Según Nina Pacari, la estrategia tuvo un éxito relativo en la sierra, pero en la Amazonia ''logró romper casi totalmente al movimiento indígena''. Antonio Vargas, el ex dirigente máximo de la Conaie se mantuvo con Gutiérrez hasta el final y fue clave en esa estrategia. Expulsado ya de la confederación, compró dirigentes y usó recursos públicos para abrir boquetes al movimiento indígena. De su Ministerio de Bienestar Social salieron los recursos para organizar acarreos de indígenas pobres desde las provincias, con el fin de enfrentar a los rebeldes de Quito. Y desde una de las ventanas de ese ministerio dispararon contra los forajidos. Ya entonces el movimiento ''autoconvocado'' había rebasado a la Asamblea de Quito -un esfuerzo multicolor del centro a la izquierda. En la marcha del 16 de abril, el alcalde, Paco Moncayo, quiso despachar a la gente a sus casas cuando muchos ni siquiera habían llegado al punto del mitin. Mientras Pachakutik participaba en la Asamblea, la Conaie veía pasar de largo el movimiento. ''Fue una pena'', dice Nina Pacari.

¿A qué le sonaba el grito de ''que se vayan todos''? ''No tuve ni voy a tener miedo. Soy una mujer política y quiero reivindicar la política'', ataja Nina Pacari. Para ella, son las fuerzas políticas tradicionales de Ecuador las que pretenden desprestigiar a todos los políticos. ''Claro, para poner empresarios''. Nina Pacari estima que el movimiento que tumbó a Gutiérrez ''fue digno, creativo, hermoso'', y le da la bienvenida a ''los nuevos rostros'' que de ahí puedan surgir. En todo caso, la dirigente halla una conexión entre el movimiento clasemediero y las movilizaciones indígenas de los años anteriores: ''El movimiento indígena despertó en los ecuatorianos la conciencia de que si un gobernante no cumple se tiene que ir''. Sin embargo, cree que por su carácter espontáneo, el movimiento de los forajidos ''ya no tiene perspectiva''. Los forajidos que quieren echar a todos los políticos volverán a votar por ellos. Por algo, dice Nina Pacari, el partido indio Pachakutk tiene su mayor votación en las zonas urbanas de clase media. En esas zonas estuvo la principal base de una rebelión que ocurrió a su modo y en su tiempo. Porque en 2003, las dos grandes movilizaciones convocadas por la Conaie, no hallaron eco en Quito. ''Resultaron fallidas. La gente estaba como anestesiada, no quería saber de política ni de políticos''.

Los indios de Ecuador saben que les cuelgan los excesos del ex coronel Gutiérrez. ''¿Sólo nosotros votamos por él?'', pregunta Nina Pacari. Las críticas les vienen, dice, lo mismo de la derecha que de la ''izquierda radicalosa'' que argumenta que el movimiento indio jamás debió aspirar a cargos en el gobierno ni entrar en la política partidista. ''Para ellos, los indios nada más deberíamos estar sobándonos el lomo en la sierra''. A pesar de los costos, sigue, los indígenas adquirieron ''una experiencia enorme'' de gobierno, ''no de poder''. Acostumbrados a formas del ejercicio del poder ''más horizontales'', en el gobierno los indios aprendieron no sólo de gestión pública, sino también que ''se requieren cambios profundos en la estructura del poder, en las formas de ejercerlo, no sólo de personas''.

Nina Pacari confía en que el movimiento indígena sabrá ''sostener una mínima cohesión'', rehacerse, ''retomar las riendas porque siempre ha sido muy creativo''. Será posible porque ''se ha eliminado el cerco'', según Dávalos. Para empezar, los diputados de Pachakutk apoyarán la expulsión de los legisladores que cambiaron de camiseta. A Pachakutik, el ex presidente Gutiérrez le arrebató cinco de 11. ''Se fueron los que supuestamente eran más izquierdosos'', dice Nina Pacari. Así seguirá la sanación de las heridas que dejó el ex coronel. ''Dicen que el movimiento indígena está muy débil. ¿Comparado con qué? Pues consigo mismo, y eso implica que tiene otras fortalezas''.

En los 70, la abogada indígena se quitó su nombre ''español'' y adoptó el que lleva ahora. Se llamaba María Estela Vega Conejo. Conserva los apellidos en sus documentos oficiales, pero todos la conocen por su nombre quechua. Nina Pacari (''Luz del amanecer''), sólo sube la voz una vez. Cuando se le pregunta si el movimiento indígena debe olvidarse del Parlamento y los ministerios: ''¡No! Somos parte del país. Y, además, ¿quién cruza el río y no se moja el poncho?''

La Jornada - México D.F., 26/4/2005

Sellaron los militares el destino final de Gutiérrez

Arturo Cano

Fueron 10 minutos. Cuando las calles de esta ciudad ardían, una mayoría armada destituyó dificultosamente en el Congreso al presidente Lucio Gutiérrez. Los diputados actuaron empujados por miles de personas que en las calles exigían la salida del mandatario, y también la de ellos. Pero también lo hicieron confiados en una decisión que ese miércoles 20 de abril se había anunciado 10 minutos antes: las fuerzas armadas retiraban su respaldo a Gutiérrez.

En realidad, el coronel Gutiérrez nunca agradó a los altos mandos, aunque fue uno de los suyos. Celosos de las jerarquías, a los generales nunca les fue cómodo recibir órdenes de un coronel. El análisis corre a cargo de Luis Eladio Proanio, profesor de las academias militares a lo largo de 25 años y asesor de tres ministros de Defensa y de un jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, quien desmenuza el papel de los militares en la crisis política ecuatoriana. Además de su condición de ex coronel, Gutiérrez favoreció con nombramientos a miembros de su generación y echó fuera a muchos generales. Pedía y volvía pedir ternas, nombraba comandantes sólo para destituirlos rápidamente. Con todo, sólo la aviación y la marina nunca lo vieron bien, porque el ejército siempre estuvo dividido respecto de él. Proanio dice que una razón del apoyo, sobre todo entre oficiales jóvenes, fue la batalla frontal que Gutiérrez sostuvo un tiempo contra León Febres Cordero, el socialcristiano que encarna a la clase política tradicional y a la oligarquía costeña. ''Los jóvenes oficiales me decían: Este sí tiene huevos''. Febres Cordero le echó una manita cuando declaró: ''A ese indio de Tena lo voy a meter a la cárcel cuando salga de la presidencia''. Esa expresión hizo que militares jóvenes, ''que se sienten cholos'', se identificaran con Gutiérrez.

Antes de la crisis que lo arrastró al exilio, Lucio Gutiérrez sentía seguro el respaldo del ejército, al punto de que llegó a decir a uno de sus cercanos: ''Si la cosa se pone peor, doy un golpe y ya''. Pero desde diciembre se sucedieron los errores del presidente. Sumó sus votos a una mayoría que metió mano en el Poder Judicial, pero se apresuró en las negociaciones y en el reparto de jueces no se quedó con ninguno. Luego de que la nueva Corte Suprema de Justicia facilitó el regreso del ex presidente Abdalá Bucaram, acusado de corrupción, con lo que arrancaron las protestas, Gutiérrez anunció la disolución de ese órgano judicial e instauró el estado de excepción. Los militares, ''que en los últimos años han perdido prestigio y no quieren perder más'', dijo Proanio, decidieron no acompañar más al presidente. Los generales decían: ''Si entramos vamos a tener que dar bala''. Y no quisieron. Una fuente vinculada al ejército aseguró que, además, Gutiérrez declaró el estado de excepción sin consultar a las fuerzas armadas. Tras el enfrentamiento público con Febres Cordero, dijo Proanio, Gutiérrez subió de 25 a 36 por ciento en la aprobación ciudadana. ''Ningún presidente había tenido ese porcentaje luego de dos años en el poder. ¿Cómo se comió todo eso? No fue capaz de administrar esa victoria'', apuntó.

El comandante Luis Aguas convocó a la reunión a las 6:30 de la mañana del miércoles 20. El alto mando en pleno. Las crónicas de la prensa local dicen que la noticia llegó al Palacio de Carondelet poco antes del mediodía. ''Está caído'', decían los militares que custodiaban la sede presidencial. Diez minutos antes de que 60 diputados votaran la destitución, el jefe del comando conjunto, vicealmirante Víctor H. Rosero, informó que las fuerzas armadas habían tomado ''la dura decisión de retirar el apoyo al presidente Gutiérrez, a fin de que el país retorne a un ambiente de paz''. A la una y media de la tarde los 60 diputados -de un total de 100- formalizaron una destitución que ya había sucedido en las calles y en los cuarteles. Pero en realidad la suerte de Gutiérrez se había sellado muy de mañana, cuando el comando conjunto impidió la entrada de Nelson Herrera, ministro de Defensa, a la reunión, según una fuente militar. La decisión no fue sencilla. El jefe de la marina estaba reunido con Gutiérrez, pero en solitario. Al final el oficial se plegó a la opinión del resto de los mandos de la armada, que estaban por la salida del ex coronel. En el ejército había división. Las fuerzas especiales respaldaban a Gutiérrez, contra la opinión de los demás cuerpos. Al final, se pusieron de acuerdo sobre Gutiérrez, pero tardaron en expresar, con hechos, su respaldo al nuevo presidente, Alfredo Palacio. Para que no queden dudas de quién daba la bendición, apenas logró salir del edificio donde los manifestantes lo tenían atrapado, Palacio se fue de inmediato al Ministerio de Defensa.

La Jornada - México D.F., 24/4/2005

Los asambleístas ecuatorianos

''¡Quito despertó y ahora no nos para nadie!'' Las voces de los manifestantes quiteños, autodenominados los ''forajidos'' -como adjetivara el recientemente derrocado presidente Lucio Gutiérrez a quienes participaban en la protesta que pedía su salida-, solicitan acciones para que los resultados de la insurrección no se diluyan. Por eso, algunas de las agrupaciones que surgieron durante estas protestas han comenzado a organizarse para crear un comité de vigilancia al gobierno del nuevo mandatario ecuatoriano Alfredo Palacio, con el fin de que éste no se aparte de las aspiraciones ciudadanas y que permita en él la participación de los jóvenes. Una de esas agrupaciones es la Asamblea Popular, que vio luz en las entrañas del edificio Ciespal, momentos después de que se destituyera en su interior, durante la sesión extraordinaria paralela del Congreso, a Gutiérrez, y se nombrara como su sucesor a Palacio. Su objetivo es constituir una Asamblea Popular Nacional, integrada por dos delegados, enviados por cada una de las Asambleas Populares de cada provincia del país. Esta se encargará de redactar un nuevo marco legal para que, luego, el nuevo régimen convoque a elecciones generales. Solicitan, además, que quienes participen en los nuevos sufragios no hayan desempeñado cargos públicos durante los últimos 25 años. Consideran a Palacio un presidente provisorio, quien deberá cumplir con algunos requisitos: declarar una moratoria de 10 años en el pago de la deuda externa, la expulsión de los marines de Estados Unidos de la Base de Manta, desvincularse del Plan Colombia y la eliminación del subsidio estatal a los partidos políticos del país.

Las otras organizaciones son los Comités por la Refundación de la República, donde participa el ex cura Eduardo Delgado. Este movimiento, que trabaja en forma unida a la asamblea popular, solicita, a su vez, suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y que se dedique sólo el 15 por ciento del presupuesto estatal al pago de los bonos de la deuda. Además, exigen la nulidad de todo lo actuado por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Castro Dager, cuyas decisiones condujeron al retorno al país del ex mandatario Abdala Bucaram.

Las acciones de los ''forajidos'' estos días quedarán escritas en la historia y grabadas en la ciudad capitalina. El Concejo Metropolitano de Quito resolvió levantar un monumento a los ''forajidos'' y bautizar con este nombre a una calle, al igual que el de Julio García, el fotógrafo chileno que falleciera el pasado martes durante los enfrentamientos con la policía. ''Es la manera de reconocer la gesta heroica del pueblo de Quito, que se levantó para defender la democracia y la dignidad'', afirmó el alcalde de la capital, Paco Moncayo, quien fuera uno de los principales promotores de la revuelta. Y señaló que en muchas ciudades se honra a sus héroes, recordando el caso de México, donde existe una avenida llamada Los Insurgentes. ''Este ha sido un movimiento popular, conducido por las mejores fuerzas de la ciudad: los jóvenes'', enfatizó. Moncayo resolvió adicionalmente recopilar las expresiones de los afiches, camisetas, grafitos, fotos y pancartas, entre otros, para conservarlos en un museo. Concederá además un reconocimiento a la Policía Metropolitana y a Radio La Luna, por su valiente desempeño en la revuelta.

Página/12 - Buenos Aires, 23/4/2005

¿Cambio de rumbo?

Sally Burch

El nuevo mandatario ecuatoriano, Alfredo Palacio, quien toma las riendas de un país en condiciones de extrema fragilidad de las instituciones democráticas, y sin Corte Suprema de Justicia, dio a conocer que la primera prioridad de su gobierno será devolver a éstas la legalidad y legitimidad. Pero dejó entender que ello no implica apresurar elecciones, pues bajo el actual régimen electoral ello se prestaría a perpetuar el actual sistema político deslegitimado. Palacio, médico guayaquileño sin afiliación partidaria, quien desde el inicio del gobierno de Gutiérrez se distanció de su co-mandatario, criticándolo por el abandono de su programa electoral, ha dado a conocer su intención de reformar el presupuesto del Estado y la política económica, para priorizar las metas sociales. Opina que el país debe invertir en salud, educación, ciencia y tecnología, protección social y en la reactivación productiva con miras a disminuir la dependencia de la exportación petrolera.

Los primeros integrantes de su gabinete, -que no incluirá a militantes de ningún partido político-, parecen ratificar un cambio de rumbo. En particular, el Ministro de Economía, Rafael Correa, ha sido muy crítico frente a la dolarización y al Tratado de Libre Comercio -TLC-, actualmente en negociación con Estados Unidos. Si bien reconoció que no hay condiciones para abandonar por ahora la dolarización, se comprometió a no privatizar el petróleo y a fortalecer a la empresa estatal Petroecuador. Se opone a la recompra, en las condiciones actuales, de los bonos de la deuda externa, y considera que el excedente del ingreso petrolero, que percibe el país por el alto precio en el mercado internacional, debe destinarse más bien en su mayor parte a la inversión social. Con respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Correa propone volver a revisar toda la negociación. Por su parte, Palacio ha reconocido que los acuerdos comerciales son ineludibles, pero que los países no deben negociar en condiciones de esclavitud. Considera que el equipo negociador debe ser fortalecido para negociar en temas de aranceles y subsidios, además de temas como la deuda, la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual. Respecto a esta última, como médico, enfatiza especialmente en la necesidad de establecer salvedades para la salud pública y de restringir las patentes en materia de ingeniería genética, que implican patentar la vida. Mencionó, además, que el TLC podría ser tema de una consulta popular.

El nuevo gobierno goza, por el momento, de un apoyo vigilante de gran parte de la población que se levantó contra Gutiérrez. Pero más allá de ello, su margen de maniobra es débil. La legitimidad de la resolución parlamentaria que con mayoría simple destituyó a Gutiérrez por ''abandono del poder'' es cuestionada por algunos sectores, y la comunidad internacional aún no ha reconocido al nuevo mandatario. El día 20, el alto mando militar demoró varias horas en reconocer a Palacio como nuevo Presidente, no obstante su nombramiento en el Congreso y el hecho que ellos mismos ya habían retirado su apoyo a Gutiérrez. Ello puso en evidencia las diferencias internas en el cuerpo militar, pero también dejó en claro que quien dirime, en última instancia, en las crisis políticas ecuatorianas sigue siendo las fuerzas armadas. Poder que les atribuyen los propios actores sociales y políticos, cuando les llaman a ellos a intervenir cada vez que se dan este tipo de crisis de institucionalidad. La conferencia episcopal también ha anunciado su reconocimiento del nuevo presidente. Por su parte, las autoridades norteamericanas evitan expresar un reconocimiento al nuevo gobierno, si bien dicen estar en ''relaciones''. La secretaria de Estado Condoleezza Rice llamó a ''apoyar un proceso democrático, constitucional'' e insistió en la necesidad de adelantar las elecciones.

Mientras tanto, el Congreso se encuentra presionado por los gritos que prosiguen en las calles y las radios de la capital, exigiendo ''que se vayan todos''. El Congreso está totalmente desprestigiado ante los ojos de la población y ninguna fuerza política puede pretender tener las manos limpias en el reparto de puestos en las instituciones fundamentales del Estado. Las bancadas parlamentarias de algunas fuerzas políticas han indicado que estarían dispuestas a renunciar, pero no sin antes dejar establecidas las condiciones básicas para el funcionamiento democrático. Ello incluye, como medidas urgentes, un mecanismo para nombrar a la Corte Suprema de Justicia, actualmente vacante -sin que se convierta en un nuevo reparto de puestos entre los partidos políticos-, y la revisión del nombramiento inconstitucional del Tribunal Constitucional (algunos de cuyos miembros ya ofrecieron su renuncia) y del Tribunal Supremo Electoral. Además, el Presidente Palacio tiene que enviar una terna para nombrar fiscal, y está pendiente además el nombramiento del contralor. Como primer paso, si espera recobrar la capacidad de actuar, y algún grado de credibilidad, se impone con urgencia una depuración interna en el Congreso, lo que estos mismos partidos han anunciado su intención de hacer.

Muchos consideran que la fragilización de las instituciones del Estado ha sido una política orquestada por intereses particulares, en la cual Gutiérrez ha tenido un alto grado de responsabilidad, desde que el 8 de diciembre intentó concentrar todos los poderes del Estado. El propio Palacio, cuando aún era vicepresidente, horas antes de la caída de Gutiérrez, se refirió en términos muy duros a lo que calificó de ''plan diabólico destinado a producir la demolición de la mayor parte de las instituciones fundamentales de la democracia ecuatoriana''. Dijo no poder determinar con exactitud a los autores de este plan, por la mezcla de intereses visibles e invisibles involucrados, pero que se impone analizar quienes se benefician. Criticó a ''todo aquel que trata de salvar a grupos, en lugar de salvar a la nación''. En particular, fustigó al sistema financiero internacional especulativo, que ''nos ha hecho muchísimo daño'', y que ''se infiltra en la mayor parte de países''.

El movimiento social que provocó el recambio de gobierno expresa un fenómeno novedoso en el escenario político-social ecuatoriano. Por un lado, demuestra el debilitamiento real de las fuerzas sociales orgranizadas -incluyendo el movimiento indígena- como resultado de la política desarticuladora del gobierno Gutiérrez. Estas organizaciones apoyaron las movilizaciones en su contra, pero prácticamente no tuvieron incidencia. También expresa el desbordamiento de los liderazgos políticos, sobre todo en Quito, y en menor medida en otras ciudades. Las sucesivas marchas de protesta y paros convocadas por los alcaldes de Quito (Paco Moncayo) y Guayaquil (Jaime Nebot), entre otros, no tuvieron la fuerza suficiente como para lograr un cambio de rumbo del gobierno y trataron de ocultar el reclamo de ''Lucio fuera'' que ganaba fuerza en la calle. Fue allí que se dio la autoconvocatoria de los ''forajidos y forajidas'', (término empleado como insulto por el propio Gutiérrez, pero apropiado por la población quiteña) efectuada con el apoyo de Radio La Luna y otra decena de radios locales. Con el lema de movilizarse pacíficamente por la dignidad del país, y rechazando todo liderazgo tradicional, durante 7 noches, -y el día 20 desde la mañana-, una multitud multiclasista (con predominancia de sectores medios), se apoderó de las calles de Quito. Salieron familias enteras, pero sobre todo jóvenes, que se auto-organizaron, decidieron cada día donde agruparse, acordaron lemas y formas de manifestarse. Luego de la caída de Gutiérrez, la ciudadanía permanece movilizada y las reuniones prosiguen en las noches para organizar la vigilancia a las autoridades y exigir el apresamiento a los responsables de la represión de la última semana.

En último término, el principal artífice de la caída de Lucio Gutiérrez fue él mismo. Tenía casi todo a su favor: apoyo de las fuerzas armadas, de una mayoría parlamentaria, del gobierno norteamericano. No midió las consecuencias de facilitar el regreso, en condiciones de impunidad, del ex presidente defenestrado, Abdalá Bucaram. Y la gota que derramó el vaso de la ira quiteña fue el anuncio de que, el día 20, el gobierno estaba trayendo a Quito unos 100 buses de ''matones'' armadas de palos -se habló incluso de machetes-, desde la Costa y Amazonía, para enfrentar al pueblo movilizado, hecho que desató la insubordinación generalizada.

Alai - 22/4/2005

Un mandato abortado en sangre

Volvió a ocurrir. En medio de un clima de convulsión social, el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, fue destituido por el Congreso -convirtiéndose en el tercer presidente de su país que cae desde 1997- por la causal de ''abandono del cargo''. El vicepresidente Alfredo Palacio juró como nuevo presidente del país, con el imprescindible y explícito apoyo de las Fuerzas Militares. Poco después, Gutiérrez abandonó el Palacio de Gobierno en un helicóptero hacia el aeropuerto, a donde manifestantes bloquearon la salida del avión en el que viajaba, tras lo cual debió trasladarse a una guarnición militar, donde quedó detenido unas horas por haber ordenado la represión de las manifestaciones que pedían su destitución: hubo cuatro muertos y cientos de heridos. Luego se informó que estaba en la embajada de Brasil en Quito y que le había sido concedido asilo diplomático.

Tras una semana continua de protestas, el miercoles fue intenso, marcado por una gran movilización popular con manifestaciones de celebración pero también protestas y saqueos. Gutiérrez fue destituido por el Congreso en un voto de 60 de 62 legisladores. Antes de la votación, la oposición abandonó la sede del Congreso, se constituyó en un ''Congreso paralelo'', cuya primera medida fue apartar de su cargo al presidente de la Cámara, Omar Quintana, principal aliado del ex presidente, y destituyó a Gutiérrez por ''abandono de cargo''. El ministro de Gobierno, Oscar Ayerbe, señaló que el gobierno desconocía la decisión del Congreso de destituir a Gutiérrez. Sin embargo, ese forcejeo apenas duró unos pocos minutos, pues 20 minutos después de la decisión parlamentaria las Fuerzas Militares anunciaron mediante un comunicado que retiraban el apoyo a Gutiérrez, con lo cual le dieron el golpe de gracia a su mandato. Menos de una hora después de la destitución, la vicepresidenta del Congreso, Cinthya Viteri, tomó juramento al vicepresidente Alfredo Palacio, un cardiólogo de 66 años, como nuevo mandatario del Ecuador. El flamante vicepresidente declaró: ''Ha terminado la dictadura'', en referencia al gobierno de Gutiérrez, con quien estaba distanciado. ''Hoy han terminado la prepotencia y el miedo. Hoy se refunda la República en donde los caminos florezcan y reine la dignidad y la esperanza'', señaló Palacio.

Los hechos posteriores iban a demostrar que todo no iba a ser tan color de rosa. Gutiérrez y Palacio estaban distanciados desde el comienzo del mandato, hasta el punto de que este último pidió reiteradamente la salida del primero, lo que finalmente ocurrió. Por la mañana, el ahora ex presidente se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Quito, Kristy Kelly. Antes de abandonar el poder, Gutiérrez había solicitado al ex presidente Abdalá Bucaram que abandonase el país para tranquilizar a la población, que reaccionó indignada cuando fueron anulados los cargos de corrupción que pesaban contra él.

Minutos después de que Palacio prestara juramento, Gutiérrez abandonó la Casa de Gobierno en un helicóptero con destino al aeropuerto internacional de Quito, desde donde pensaba abandonar la ciudad o el país. Pero los manifestantes se dirigieron allí y bloquearon la salida de un avión en que iba a viajar Gutiérrez, razón por la cual tuvo que regresar al helicóptero para trasladarse a la base militar de La Balbina, en las afueras de Quito, donde quedó detenido, por ''el delito flagrante de ordenar a la policía y los militares salir a reprimir a los manifestantes''. La Cruz Roja indicó que cuatro personas murieron, entre ellos un periodista chileno, y hubo 130 personas asfixiadas por el gas lacrimógeno utilizado por la fuerza pública para dispersar las manifestaciones y 44 contusos. La fiscal interina Cecilia de Armas señaló que ''si bien es cierto que él (Gutiérrez) no disparó, fue quien ordenó con el objeto de que le protejan''. Unas horas después, se supo que Gutiérrez se encontraba en la embajada de Brasil en Quito y que el gobierno brasileño le había concedido asilo diplomático. Durante la tarde habían corrido versiones en torno de que había pedido asilo en Panamá, lo que fue desmentido por funcionarios de la embajada de ese país. El canciller venezolano, Alí Rodríguez, por su parte, señaló que su país ''no tiene inconveniente'' en dar asilo a Gutiérrez.

Luego de unas horas de calma y festejos por la destitución, la agitación social siguió en Quito, ahora dirigida también contra los diputados autores de la destitución. Grupos de manifestantes se encaminaron al auditorio de la sede del ''Congreso paralelo'' donde estaban reunidos los diputados, para pedir que ellos también se fueran, y mostraron su oposición al nombramiento como presidente de Palacio, quien quedó virtualmente sitiado por los manifestantes enardecidos que le reclamaban que disuelva al Congreso. ''No soy político, no soy político'', gritaba Palacio a la turba que causaba destrozos y tiraba piedras. ''Se acabó la prepotencia, se acabó la dictadura, con ustedes quiero gobernar'', gritaba a los manifestantes que se negaban a escucharlo. Por la tarde, cientos de manifestantes habían entrado al Parlamento después de la destitución, golpearon a varios diputados y exigieron que todos los legisladores renuncien, amenazándolos con someterlos a un ''juicio popular''.

Tras pasar unas cinco horas retenido por manifestantes que le pedían la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, Palacio se trasladó al Ministerio de Defensa flanqueado por la cúpula de las Fuerzas Armadas. En un comunicado, las Fuerzas Militares de Ecuador expresaron que respetan la sucesión presidencial. ''Una vez que las demandas populares han sido resueltas en los ámbitos correspondientes y dentro del marco constitucional vigente, las Fuerzas Armadas, respetando la sucesión presidencial, hacen un llamado a la calma y a la paz del país'', indicaron. Palacio dio una conferencia de prensa en la que lanzó frases grandilocuentes y sentenció: ''Soy la única esperanza del pueblo, no porque esté predestinado, sino porque así lo dice la Constitución''. Juró que nunca más el presidente intervendrá en otros poderes y que ''he venido a servir y no a servirme''. Prometió gobernar con el pueblo y no con los partidos políticos. Además, apuntó la posibilidad de plantear una Asamblea Constituyente ''dentro del marco constitucional y la legalidad''.

Página/12 - Buenos Aires, 21/4/2005

Del ''coronel progresista'' al ''que se vayan todos''

Mercedes López San Miguel

Dos años y tres meses después de llegar a la presidencia de Ecuador con la bandera populista, Lucio Gutiérrez siguió los pasos de los últimos gobernantes de su país al ser apartado del poder por el Parlamento. A pesar de haber contado con una mayoría legislativa, los congresistas maniobraron dándole la espalda, sopesando la fuerza de las últimas manifestaciones en apariencia espontáneas que los mismos ecuatorianos analogaron a los cacerolazos de diciembre de 2001 en Argentina. La clase media, sobre todo, salió a las calles de Quito con la pancarta: ''Que se vayan todos'', dirigida a la batalla partidaria por el control de la Corte Suprema de Justicia y a la figura del mandatario -por corrupción-. El disparador de la convulsión que ha vivido el país desde la semana pasada fue la decisión de Gutiérrez el viernes de destituir el máximo tribunal, cesación luego ratificada por el Parlamento. Paradójicamente, ese tribunal había sido modificado en diciembre por el Legislativo en sintonía con el Ejecutivo.

Gutiérrez ganó las elecciones el 24 de noviembre de 2002 y tomó posesión de la presidencia ecuatoriana el 15 de enero de 2003. El mandatario, por aquel entonces abierto admirador del venezolano Hugo Chávez, dijo a esta periodista a poco de asumir que propulsaría ''un diálogo nacional alrededor de cuatro objetivos: acabar con la corrupción, despartidizando a las cortes de Justicia y elegir representantes por colegios electorales; crear una cuarta función del Estado de control de cuentas; sacar una ley de reforma del Código Penal para llevar a cadena perpetua a los funcionarios corruptos e introducir principios éticos en los cargos públicos y, por último, reducir la pobreza y destinar mayor presupuesto en salud y educación''. Hoy estas palabras evocan promesas de inicio de romance.

La chispa del conflicto que obligó la salida del ex coronel Gutiérrez ha sido la reorganización de la Corte Suprema de Justicia, cuya disolución ordenada el 15 de abril por el mandatario fue dejada sin efecto por el Congreso dos días después, sin que las protestas cesaran (inicialmente en la capital, luego en Guayaquil, Cuenca, Latacunga y otras ciudades). Lo acusaron de aliarse con el ex presidente Abdalá Bucaram, aquel excéntrico deslumbrado por el menemismo y la convertibilidad de Argentina que pidiera el asesoramiento a Domingo Cavallo. Bucaram acaba de regresar a Ecuador después de ocho años de exilio en Panamá y pesan sobre él dos juicios por malversación de fondos. El nuevo presidente de la Corte Suprema del 8 de diciembre anuló los juicios por presunta corrupción que se seguían contra Bucaram, el otro ex mandatario Gustavo Noboa (también regresó de su exilio) y el ex vicepresidente Alvaro Dahik. Recordemos que la fórmula Jamil Mahuad y Gustavo Noboa tomó posesión el 10 de agosto de 1998. Un año después, la popularidad de Mahuad se desmoronó a causa de sus políticas de ajustes económicos y la peor crisis bancaria en la historia del pequeño país andino (1999-2000), para terminar de ser derrocado el 21 de enero de 2000 por la rebelión indígeno-militar liderada por el entonces coronel Lucio Gutiérrez.

Las crisis políticas que afrontó Gutiérrez se remontan a seis meses después de su toma de posesión, al destituir a varios de sus ministros pertenecientes al partido indígena Pachacutik que se opusieron a la firma de un acuerdo con el FMI que ratificaba la dolarización. El gobierno justificó después: ''Desde la crisis hasta la fecha la pobreza urbana pasó del 70 al 50 por ciento''. Pachacutik, Sociedad Cristiana y Socialdemocracia se ubicaron en el frente opositor, con 42 escaños. A partir de entonces, el presidente tuvo que hacer frente al bloqueo en el Parlamento, donde su partido, Sociedad Patriótica, sólo contaba con siete congresistas de un total de 100 y debió tejer alianzas con los partidos tradicionales, para sacar adelante sus proyectos de privatización de las industrias petroleras y eléctrica y de reformas institucionales y de la seguridad social. Con todo, el mandatario pudo librarse de un juicio político, al que los conservadores, la izquierda y los indígenas intentaron someterlo en noviembre de 2004, gracias a su alianza con dos formaciones tradicionales, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), liderado por Bucaram, y el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), del magnate bananero Alvaro Noboa (que perdió en las pasadas elecciones). Gutiérrez era acusado de uso indebido de dinero público, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado.

Esa nueva alianza permitió que el Congreso sustituyera en diciembre de 2004 a 27 jueces de los 31 de la Corte Suprema de Justicia, lo que originó un fuerte descontento social y político. El 8 de ese mes, una mayoría parlamentaria afín a Gutiérrez cambió la composición de la Corte Suprema. Con el desprocesamiento de Bucaram y Noboa, el nuevo tribunal no maquillaba su politización. Se fue Gutiérrez. El Congreso no, todavía. El estigma de la corrupción está muy firme.

Página/12 - Buenos Aires, 21/4/2005

El Ecuador se calienta

Leovani García

El amplio rechazo al arresto del ex ministro de Defensa ex general José Gallardo, la compra de conciencia en el Parlamento por el gobierno y nuevas acciones de la oposición evidencian hoy un calentamiento del escenario político ecuatoriano. Desde hace casi cuatro meses, cuando la oposición -Izquierda Democrática (ID), el movimiento indígena Pachakutik y los social cristianos (PSC)- intentaron sin éxito enjuiciar en el Congreso al presidente Lucio Gutiérrez, la estabilidad nacional se ha tambaleado. Tales pasos dieron lugar a una ofensiva gubernamental, caracterizada por la búsqueda de alianza en el Legislativo y la compra de conciencia, que provocó el surgimiento de una nueva mayoría en el hemiciclo favorable a Gutiérrez.

La consolidación de un bloque parlamentario progubernamental propició asimismo una avalancha de cambios en los poderes judiciales, calificados por opositores, empresarios y medios de prensa nacionales de inconstitucionales. Los tribunales Constitucional (TC), Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estaban bajo el control del PSC, pasaron a manos de los partidos Roldosista Ecuatoriano (PRE), del ex presidente Abdalá Bucarám, y Renovador Institucional Acción Nacional, del multimillonaria Alvaro Noboa. En medio de este escenario, en que todos (oposición y gobierno) se acusan recíprocamente de abuso de poder y corrupción, la situación se complica con reproches de ajustes de cuentas y venganzas entre las facciones y grupos de intereses enfrentados. Gutiérrez se jacta asimismo de emprender una lucha a muerte contra la corrupción, pero su alianza con el PRE, de Bucarám, y el Prian, dos de las más corruptas agrupaciones según la prensa nacional, desprestigia esa batalla. El líder del PRE y ex presidente ecuatoriano se exilió en Panamá en 1997 después de un breve mandato de seis meses que concluyó al declararle el Congreso ''incapaz mental para gobernar'' y está acusado de llevarse varios millones de dólares del Estado.

La concentración del poder en torno al gobierno, al adueñarse de los poderes judiciales, dio lugar a dos multitudinarias marchas, una en Guayaquil y otro en Quito, en las cuales no faltaron los reclamos por la salida del jefe de Estado. La ofensiva emprendida permitió que algunas voces del bloque parlamentario progubernamental, en especial diputados independientes, reconocieran la necesidad de cesar la CSJ y otras instancias. Sin embargo, la reacción del régimen frente a la demanda masiva y frontal de la ciudadanía, muestra un espíritu de revancha y no de conciliación. El gobierno ofreció los tribunales provinciales electorales a los simpatizantes y en especial a los independientes, para aplacar los ánimos de cambios en el hemiciclo ecuatoriano. A los legisladores sin pertenencia política les fueron entregados 28 puestos de las instancias electorales provinciales. Ese reparto causó un rechazo inmediato de las tiendas políticas contrarias a Gutiérrez, que amenazaron con abandonar el Parlamento.

A esta situación se suma el arresto del general José Gallardo, acusado de formar parte de una estafa al Estado por la compra de armas argentinas durante el conflicto armado con Perú de febrero de 1995. Las reacciones a la detención de Gallardo fueron inmediatas y contundentes, con el alcalde de Quito, Paco Moncayo, afirmando que se trataba de ''una venganza inspirada desde Panamá'' (de Bucarám). Si con esta orden de prisión se quiso crear un clima de combate a la corrupción, se consiguió todo lo contrario; un malestar en amplios sectores de opinión de la población y de las Fuerzas Armadas. Ex altos oficiales del Ejército aseguran ahora que la justicia esta politizada y que existe descontento en los mandos militares, en especial de las Fuerzas Terrestres.

Las propuestas y pasos del presidente no encuentran consenso en la oposición y son cuestionadas hasta por la influyente Iglesia católica, la cual manifestó su temor por la situación del país, que corre el riesgo de caer en un ''oscuro foso de ilegalidad''. Círculos políticos sostienen que cada día son más las voces que avisan que Ecuador va hacia una situación imprevisible que pone en peligro su tambaleada estabilidad.

Argenpress - 27/2/2005

El retorno de los niños de Riobamba

Marco Villaruel Acosta

Mario Caicedo, Alex Choto, Pablo Choto y Luis Yantalema, niños indígenas ecuatorianos que ganaban centavos limpiando los zapatos de la gente de Riobamba, agotados y malcomidos buscaron pernoctar en la ''Casa indígena'', un albergue para sus congéneres los humillados. Era último martes del 2004. Tras ser expulsados del ''dormitorio'', vagaron por las calles en la gélida madrugada de la ciudad que dormía sus farras al pie de las nieves eternas del Chimborazo y el Altar. Encontraron en el botadero municipal de basura un contenedor vacío de desperdicios. Allí apretujaron sus carnes y se durmieron exhaustos. Al día siguiente los hallaron muertos luego de ser enterrados entre los escombros y la basura que un vehículo arrojó sobre ellos. Las autoridades levantaron los cadáveres. Las madres lloraron sus pequeños muertos. La noticia apareció en los diarios. Pronto serán olvidados, para siempre.

Perdida entre decenas de noticias de todo tipo, la que trae sobre la muerte de estos niños entre los basurales de la ciudad de Riobamba, ha estremecido la conciencia nacional porque es el verdadero termómetro acerca del estado de situación de las condiciones sociales de vida de los ecuatorianos.

Tenían entre once y doce años. Según narran sus familias, en los días de vacaciones se dedicaban a lustrar zapatos. En medio del bullicio de la vida que salía de la niñez y llegaban a la adolescencia, se dedicaban a muchas travesuras porque no podían estar en sus casas ya que en su pueblo es obligación de todos trabajar para mantener la economía de los hogares.

¿Hogares? Los padres de dos hermanos muertos cuando les sepultó en vida un camión de la basura, estaban en Guayaquil en calidad de comerciantes. Por lo tanto los niños fallecidos, casi jóvenes, estaban solos sin el cuidado de su madre ni de su padre. Fuera de la escuela porque estaban de vacaciones, fuera del hogar porque sus padres no estaban, fuera de la hostería indígena porque se portaron mal y hacían bulla, entonces no encontraron mejor refugio que la basura, el hedor, los cadáveres de animales, y los desperdicios que venían del frenético consumo navideño.

Riobamba pertenece a la provincia del Chimborazo, la más pobre de todas. De predominante población indígena, mantiene el más alto registro de migración interna. Miles de indígenas van a Quito a trabajar como cargadores o lustrabotas, a Guayaquil como vendedores de baratijas, o a las plantaciones de caña a cortarla durante algunos meses del año. Horas antes estuvo allí el Presidente de la República para repartir juguetes en algunas comunidades. No sabemos si los fallecidos tenían entre sus manos los juguetes presidenciales, pero sí conocemos de sus nombres porque cargaban en sus mochilas los cuadernos de la escuela.

Las autoridades municipales han declarado que la institución correrá con los gastos de la sepultura. Como ocurre en estos casos los más pobres entre los pobres no tienen dónde descansar eternamente y sólo allí aparece la preocupación oficial.

Altercom - 2/1/2005

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