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Paraguay

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Paraguay sigue siendo la imagen de un país carcel  (30/11/2005)

 

Paraguay-Estados Unidos: la agenda oculta  (6/11/2005)

 

La guerra de la soja  (6/5/2005)

 

Frente a la deuda externa  (14/2/2005)

 

''Pinochet sea juzgado en Paraguay''  (24/1/2005)

Paraguay sigue siendo la imagen de un país carcel

 

 

Stella Calloni

 

Paraguay sigue siendo la imagen "de un país cárcel olvidado" donde algunos luchan por la verdad y la justicia, pero, a pesar de los avances difícilmente alcanzados no se logró juzgar a Alfredo Stroessner, "quien mantuvo una dictadura brutal durante 35 años (1954-1989) y vive protegido en un asilo de lujo en Brasil", afirmó Martín Almada, abogado y docente que descubrió en diciembre de 1992 los "archivos del horror" de la dictadura. Añadió que la "desgarradora lucha por la verdad y justicia se estrella contra obstáculos e intereses que permiten la impunidad, por una parte, y por otra una situación económica, política y social que se agrava cada día, cuando subsisten las causas que transformaron al país en uno de los de mayor pobreza en el mundo". Relató que recién pasaron por la capital paraguaya "funcionarios de derechos humanos de Brasil y me dijeron que me olvide del pedido de extradición de Stroessner, porque Itamaratí (la cancillería brasileña) ha decidido no extraditarlo". Sostuvo que el ex dictador responsable de miles de crímenes de lesa humanidad y una de las figuras claves en la cruenta Operación Cóndor -coordinadora de las dictaduras sudamericanas en los años 70- está "muy bien protegido por sociedades que se dieron en sectores de ambos países para la construcción de la represa de Itaipú, lo que permitió el nacimiento de una nueva clase política-económica, los llamados "barones de Itaipú", sectores militares y civiles enriquecidos por el manto de corrupción que rodeó esa construcción. Ellos protegen y protegerán a Stroessner, lamentablemente".

 

La fiscalía de derechos humanos del Poder Judicial rechazó hace días un pedido de Almada para investigar los bienes que pudiera tener en Paraguay el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Almada explicó que se basó en indicios "irrefutables" en el contexto de la cooperación regional entre los ex dictadores en la Operación Cóndor. También presentó pruebas para extraditar a militares argentinos "como Angel Spada, Juan Carlos Camicha, José Montenegro y Alejandro Stada, quienes interrogaron en sesiones de torturas a opositores de ambos países en el Departamento de Investigaciones de la policía de Stroessner, en abril de 1977". A pesar de reiterar estos pedidos en base a documentos que testifican "que el 9 de abril de 1977 sometieron a torturas en el lugar mencionado al educador uruguayo Gustavo Edison Insaurralde Meliar, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo", no tiene respuestas. Denunció también que "después de 15 años de larga batalla jurídica" logró que un juez embargue los bienes de Stroessner "y cuando voy a embargar no encuentro nada porque todo fue puesto a nombre de su nieto Alfredo Goli Domínguez Stroessner y éste los pasó a la inmobiliaria fantasma Sur Sociedad Anónima. Ahora dice que compró esos enormes bienes a esa empresa".

 

La Jornada - México D.F., 30/11/2005

Paraguay-Estados Unidos: la agenda oculta

 

 

Raúl Zibechi

 

La inmunidad diplomática que concedió el parlamento paraguayo a las tropas estadunidenses encendió la señal de alarma. De forma inmediata comenzó a especularse con la posibilidad de que Washington instalara una base militar en Mariscal Estigarribia, donde en los años ochenta técnicos estadunidenses construyeron un enorme aeropuerto con una pista de 3 mil 800 metros en la que pueden operar aviones B-52, C-5 Galaxy y C-130 Hercules y es capaz de albergar a 16 mil soldados a sólo 200 kilómetros de la frontera con Bolivia. Pese a los desmentidos de Washington y Asunción, los objetivos de la superpotencia fueron quedando en claro con el paso de los meses. Uno de los hechos que más llamó la atención, al mostrar que toda la operación formaba parte de una "agenda oculta", fue la forma como se conoció la decisión del parlamento paraguayo de conceder inmunidad a las tropas de Estados Unidos. El 26 de mayo el Congreso votó la inmunidad, pero pese a la importancia del tema la noticia no fue recogida por los grandes medios regionales ni mundiales. ABC Color de Paraguay dedicó un pequeño espacio al tema y La Jornada de México publicó un artículo relevando la información, pero los principales medios de Brasil y Argentina demoraron mucho tiempo en darle la debida difusión. (1) Algo importante comenzaba a suceder sin que nadie pareciera inmutarse.

 

Según todos los indicios, la administración de George W. Bush decidió imprimir un giro a su política sudamericana al comenzar el año 2005. ¿Qué sucedió en esas fechas? En febrero el gobierno de Néstor Kirchner negoció una quita de 60% de la deuda externa argentina, pero la decisión contó con el apoyo del gobierno Bush y, en todo caso, más allá de alguna tirantez con el FMI no generó mayores problemas. Tampoco parece haber jugado un papel decisivo en el viraje de Washington la separación "amistosa" de Brasil del FMI ni la derrota de la Casa Blanca a la hora de imponer un secretario general de la OEA a su medida, sucedida en abril. Por el contrario, la Cumbre de Guayana, celebrada a fines de marzo en Venezuela no podía pasar desapercibida para la administración Bush. La reunión entre los presidentes de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Colombia (Alvaro Uribe), España (José Luis Rodríguez Zapatero) y Venezuela (Hugo Chávez), irritó a la administración estadunidense, que optó por criticar frontalmente la venta de armas españolas a Caracas por valor de mil 300 millones de dólares. Venezuela ya había comprado a Rusia 100 mil fusiles de asalto y 40 helicópteros de combate, y ahora España le proporcionaba diez aviones de carga, cuatro corbetas y otros tantos guardacostas. "Estoy preocupado", dijo el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y agregó que "no será bueno para el hemisferio". Pero no fue esa la principal preocupación de Estados Unidos. La Declaración de Guayana, firmada por los cuatro mandatarios el 29 de marzo, significaba en los hechos un respaldo tanto a la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones ­que une al Mercosur con la Comunidad Andina­, como un apoyo a las iniciativas chavistas de Petroamérica y Petrosur, que propician la integración energética de la región. Una mayor coordinación política y además iniciativas de integración económica, en las que participan los dos mayores países sudamericanos (Brasil y Argentina), suponían un verdadero aislamiento de Washington en la región que resulta clave para su hegemonía mundial, que tendía a consolidarse por un largo periodo. La respuesta fue fulminante. En menos de un mes la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, realizaba una gira por la región que la llevó a visitar Brasil, Chile, Colombia y El Salvador. En esas fechas la prensa europea informaba que Estados Unidos "vuelve a dirigir su atención a Brasil", para procurar el apoyo de ese país "en la estabilización de una región cada vez más volátil". (2)

 

El mismo día The New York Times señalaba que el gobierno de Bush estudiaba "una estrategia a largo plazo que podría significar un endurecimiento de su posición frente al presidente venezolano Hugo Chávez, después de concluir que mantener una posición pragmática con él es imposible". El endurecimiento con Caracas formaba parte ­y era también la excusa­ del viraje que busca involucrar a toda la región. Según otros analistas, al precipitarse la crisis política en Brasil, el gobierno de Bush dejó de lado sus dudas acerca de la capacidad de ese país para cumplir el "mandato" estabilizador de la región encomendado por Washington, y optó por tomar directamente cartas en el asunto. En esa misma dirección, sectores de las elites regionales consideran que "se equivocan quienes sostienen que el gobierno de George W. Bush no tiene una política con respecto a América Latina. En realidad esa política existe, goza de buena salud y prosigue sumando nuevos escalones a su proyecto". (3) El proyecto consiste en "comercio más seguridad", y ante el fracaso del ALCA busca arreglos particulares que cumplan el mismo objetivo. El analista sostiene que la incapacidad de Argentina y Brasil ­demasiado volcadas hacia sus problemas domésticos- para instaurar una "zona de seguridad democrática" en el Cono Sur, genera un vacío que será ocupado por Estados Unidos al elegir a Paraguay, "un país clave, como eje de un planteo de seguridad".

 

Poco después de la gira regional de Rice se desencadenaron una serie de hechos: el 5 de mayo Estados Unidos movió sus piezas para que el Congreso paraguayo aprobara el ingreso de tropas, que se concreto el día 26, en el mayor secreto. El 10 de junio el vicepresidente paraguayo, Luis Castiglioni, visitó Washington donde se reunió con el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Estado, Donald Rumsfeld y el entonces secretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega. El 1 de julio arribó a Paraguay el primer contingente de 500 soldados estadunidenses y el 7 de ese mes la embajada en Asunción emitió un comunicado asegurando, ante la alarma registrada, que no existe la intención de establecer una base permanente en el país. Finalmente, el 16 de agosto Rumsfeld desembarcó en Asunción en una breve gira que lo llevó también por Perú, país que ha sido presionado para que conceda también inmunidad a las tropas estadunidenses. En tanto, la prolongada y demoledora crisis política brasileña (instigada por Estados Unidos, según denuncias de periodistas locales, (4) viene paralizando durante cuatro meses al gobierno de Lula. Según miembros del grupo Periodistas Independienes de Brasil (JIBRA por sus siglas en portugués), el ex presidente Fernando Henrique Cardoso visitó Estados Unidos en febrero de este año, donde mantiene estrechas relaciones con Henry Kissinger. Cardoso envió un recado a Bush en el sentido de que debería estar más atento a la región para evitar el surgimiento de "nuevos Hugo Chávez"; y a su retorno a Brasil anunció que el país viviría una crisis institucional. Según miembros de JIBRA, han sido vistos en el apartamento de Cardoso en San Pablo funcionarios del consulado estadunidense.

 

En julio, poco después de la llegada del primer contingente de tropas estadunidenses, el ejército brasileño realizó maniobras simulando la defensa de la estratégica represa hidroeléctrica de Itaipú. El 12 de junio el Senado ya había debatido el tema a instancias de Alvaro Dias, del socialdemócrata PSDB, quien señaló que "con los ojos en Roberto Jefferson (quien había instalado el clima de crisis con denuncias de corrupción contra el gobierno), no estamos atentos a lo que pasa en Paraguay". Dijo más: "En nuestro entorno la presencia militar estadunidense es importante", en referencia a la actividad militar de EU en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, y añadió: "No es la primera vez que nos sentimos amenazados, sobre todo con el pretexto de combatir al terrorismo que se instalaría en la Triple Frontera, como si ella fuese una extensión de Irak". (5) En la misma sesión el senador laborista Jefferson Peres propuso que así como los países del Mercosur firmaron una "cláusula democrática", que supone que una dictadura no puede formar parte del bloque, aprueben ahora "otra cláusula estableciendo que terceros países ­sin mencionar a Estados Unidos­ no pueden instalar bases permanentes en ninguno de los Estados miembros sin previa consulta y aprobación de todos los miembros". Sin embargo no hubo ninguna intervención de senadores del PT en esa sesión, pese a la gravedad del tema abordado. Por otro lado, la política neoliberal del gobierno de Lula da Silva parece haber sido particularmente negativa para los demás países de la región, incluyendo a sus más cercanos aliados del Mercosur. A los constantes roces comerciales entre Argentina y Brasil debe sumarse lo que un analista señala en el sentido de que ambos países "han venido subestimando a Paraguay y Uruguay", y muy en particular al primero, que en su opinión sentiría "menoscabo". (6)

 

En realidad, una política asentada en el libre comercio es contradictoria con la unidad continental. Brasil, único país capaz de liderar la unidad, ha optado ­a diferencia de la Venezuela de Chávez­ por darle prioridad a las relaciones comerciales con países que ofrezcan grandes mercados a sus exportaciones de productos primarios (China, India, Sudáfrica, además de la Unión Europea y Estados Unidos). En América del Sur, las relaciones están teñidas de cierto expansionismo ("imperialismo") económico a la vez que se buscan implementar acuerdos para obras de infraestructura que, como la salida al Pacífico, redundan en beneficio exclusivo del país mayor. El reciente inicio de las obras para construir la carretera interoceánica es un buen ejemplo. La vía que en dos años unirá el Atlántico y el Pacífico, a través de unos 2 mil 600 kilómetros de accidentada geografía, unirá tres puertos peruanos con el brasileño de Santos, tiene un costo aproximado de mil millones de dólares. Brasil aportará 70% del costo total del proyecto, pero será su principal beneficiario en la medida que está incrementando notablemente su comercio con países asiáticos, y en particular con China. (7)

 

En esas condiciones es imposible generar consensos para promover la integración. Más aún, la política basada en el libre comercio genera rispideces entre países que deberían ser socios y aliados. La presencia de la brasileña Petrobras en Ecuador, donde explota pozos en zonas indígenas, así como su participación en la explotación gasífera en Bolivia (país donde las empresas brasileñas controlan 20 por ciento del producto interno bruto ), va generando "huecos" por donde opera la política de Washington. En una situación de este tipo no debería llamar la atención que un pequeño y débil país como lo es Paraguay, que no encuentra salida a sus problemas en el marco de un Mercosur paralizado y en crisis, busque alianzas con Estados Unidos, país con el que pretende establecer un Tratado de Libre Comercio. La política de "comercio más seguridad" avanza no sólo por las ambiciones imperiales de la administración Bush sino, sobre todo, por la incapacidad de trazar alternativas genuinas por parte de quienes deberían enfrentarlas.

 

Notas

1. Paraguay permitirá ingreso de tropas estadunidenses, Stella Calloni en La Jornada, 31 de mayo de 2005.

2. Financial Times, citado por Folha de Sao Paulo, 26 de abril de 2005.

3. Natalio Botana en La Nación, 29 de agosto de 2005.

4. Brecha, 24 de junio de 2005.

5. Senado Federal de Brasil, en www.senado.gov.br de 18 de julio de 2005.

6. Rosendo Fraga, Significado de la presencia de Estados Unidos en Paraguay, 25 de agosto de 2005.

7. Prensa Latina, 7 de septiembre de 2005.

 

La Jornada - México D.F., 6/11/2005

La guerra de la soja

 

 

Raúl Zibechi

 

El país sudamericano se ha convertido, en pocos años, en el tercer exportador y el cuarto productor mundial de soja, desplazando a cientos de miles de campesinos de sus tierras, y acorralando a los que resisten entre la represión y la intoxicación por fumigaciones masivas. El cuerpito del pequeño Antonio, de 11 años, sentado casi desnudo en su cama del Hospital Regional de Encarnación, es la imagen viva de la desolación. Presenta lesiones cutáneas en todo el cuerpo como consecuencia de uno de los tantos casos de contaminación que afecta a miles de campesinos paraguayos que viven en zonas ''sojeras''. En diciembre de 2003, unas 300 familias del departamento de Itapúa, a 270 kilómetros de Asunción, fueron contaminadas por dos grandes productores de soja de la zona, uno de origen japonés y el otro alemán, que fumigaron sus cultivos con glifosato y paraquat, producidos por Monsanto. Según relata Ramona, la mamá de Antonio Ocampos, el niño comenzó a presentar llagas en la piel unos dos meses antes de que las familias lo llevaran al hospital. Antonio y otros amigos, también contaminados, se bañaban a diario en un arroyo cercano a sus casas, donde un colono alemán limpia su pulverizadora de herbicidas. Pero los agrotóxicos no sólo llagan la piel de los niños sino que destruyen los cultivos de subsistencia: las aves de corral y el ganado de los campesinos, forzándolos a menudo a emigrar a las ciudades y dejar sus tierras en manos de los negociantes de la soja.

 

El 7 de enero de 2003 fue un parteaguas en la historia reciente del movimiento campesino paraguayo. Ese día, Petrona Talavera enterraba a su pequeño Silvino, también de 11 años, contaminado con herbicidas en el mismo departamento. Cinco días atrás, Silvino regresaba en bicicleta a su casa luego de comprar carne y fideos para el almuerzo familiar. El camino está rodeado de sojales, que llegan casi hasta la puerta de su humilde vivienda. Tuvo la mala suerte de que Herman Schelender se encontrara en el camino, fumigando sus plantaciones. Justo cuando Silvino pasaba frente a la máquina fumigadora, Schelender activó el dispositivo empapando al niño. Una vez en la casa, Petrona sin saber lo sucedido preparó la comida con los comestibles mojados por herbicidas mortales. Al cabo de unas horas, toda la familia sufría nauseas, vómitos y cefaleas, pero Silvino llevó la peor parte, ya que había inhalado el líquido involuntariamente. El 6 de enero le dieron el alta y volvió a su casa. Pero ese mismo día, otro plantador de soja, Alfredo Laustenlager, fumigó sus cultivos a apenas 15 metros de la casa de Silvino. Esta vez el niño no se repuso y murió al día siguiente. Una parte de su familia (Silvino tenía once hermanos) y otras 20 personas fueron trasladadas a Asunción para recibir tratamiento.

 

Petrona comenzó un largo periplo que la llevó a los tribunales de justicia, apoyada por la Conamuri (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas), en la que participa hace años. Contumaz, consiguió algo casi imposible para una mujer pobre del campo: poco más de un año después de la muerte de Silvino, el 12 de abril de 2004, un tribunal de Encarnación condenó a Laustenlager y Schelender por homicidio culposo a dos años de cárcel y a una indemnización de 25 millones de guaraníes cada uno. Pero poco después, los dos empresarios brasileños apelaron y la condena quedó sin efecto.

 

Pese a la impunidad, la denuncia de las fumigaciones y el debate sobre el modelo agrícola quedaron inscriptas como dos de las demandas centrales del activo movimiento campesino paraguayo. En Paraguay la soja transgénica comenzó a cultivarse en el ciclo agrícola 1999-2000. Se trata de la segunda oleada de agricultura intensiva; la primera se había registrado en los 70, con el ingreso de agricultores brasileños que expandieron la frontera de la soja tradicional desde los estados del sur de Brasil. El sociólogo paraguayo Tomás Palau, experto en cuestiones agrarias, asegura que en esta ocasión, ''sin disponibilidad de tierras fiscales, la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte''. La progresión de cultivos es asombrosa. En 1995 se cultivaban 800 mil hectáreas de soja; en 2003 se llegó a casi 2 millones. En el mismo período la producción pasó de 2,3 millones de toneladas a 4,5 millones. Pero en la misma década la extensión de los cultivos de algodón -de los que viven los pequeños y medianos campesinos- cayó un 20%, mientras el volumen de producción se redujo a la mitad.

 

Palau considera que la explosión sojera tuvo dos efectos: los ambientales, que se agravaron por la desaparición de los últimos bolsones de bosques en la región Oriental y por el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas; y los sociales, que ''resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión masiva de familias campesinas de sus tierras''. El 25% de los campesinos paraguayos vive en la indigencia. El país sufrió así, según Palau, una triple pérdida de soberanía: ''depende de las exportaciones de un solo producto (soja) cuyas semillas serán proveídas por una sola empresa (Monsanto)''; pierde soberanía territorial, ya que grandes extensiones son adquiridas por extranjeros, en particular brasileños, los llamados ''brasiguayos''; y también una pérdida de soberanía alimentaria, porque el monocultivo sustituye la diversidad de cultivos de subsistencia de las familias campesinas.

 

La superficie cultivada con soja representa el 5% de la superficie total del país, pero una porción significativa de su área agrícola. A partir de la muerte de Silvino, en enero de 2003, la conflictividad en el campo se agravó a raíz de la expansión de la soja. El punto culminante se dio un año después, en febrero de 2004, en la comunidad de Ypekua en el departamento de Caaguazú. El 20 de enero, campesinos armados se internaron en el bosque y dispararon armas de fuego contra miembros de la Agrupación de Policías Ecológica y Rural (APER), para impedir la fumigación con agrotóxicos de 70 hectáreas de soja. Al día siguiente, un camión que trasladaba 50 campesinos que se desplazaban para apoyar la lucha contra las fumigaciones, fue acribillado con fusiles M-16 por miembros de la APER, resultando dos muertos y diez heridos. En febrero, cientos de campesinos retienen tractores para evitar fumigaciones y se producen incendios de terrenos destinados a cultivos de soja. El 16 de marzo, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), una de las organizaciones más importantes del país, y la Plenaria Popular Permanente, espacio de unidad de organizaciones populares y partidos de izquierda, convocan movilizaciones bajo el lema ''Por la Vida y la Soberanía Nacional''. La jornada, en la que se cerraron rutas en cinco departamentos, expresó el repudio a la utilización de agrotóxicos pero también al modelo agro-exportador. El gobierno de Nicanor Duarte Frutos respondió criminalizando la protesta, llegando a calificar como ''guerrilleras'' a las organizaciones campesinas.

 

Según Palau, la respuesta campesina ante el desalojo por la expansión de la soja tiene tres características. La primera, y la más frecuente, es la ''aceptación pasiva del desalojo''. Sólo en el ciclo agrícola 2002-2003 los campesinos perdieron unas 150 hectáreas de cultivos familiares de subsistencia que fueron a parar a manos de los grandes productores de soja. Se trata de 14 mil familias, unas 100 mil personas, que ya no viven en el campo y engrosan los cordones de miseria de las ciudades. Un segundo grupo reaccionó de forma ''institucional'', a través de las organizaciones de campesinos (además de la MCNOC está la Federación Nacional Campesina, FNC), con el apoyo de municipios y sectores de la iglesia, formando coordinadoras nacionales y departamentales en Defensa de la Vida. Este es el sector que ha realizado las movilizaciones más importantes, entre ellas la Marcha por la Vida y la Soberanía que recorrió 80 kilómetros en mayo de 2004, decenas de cortes de rutas y grandes concentraciones campesinas como las realizadas en setiembre pasado. Finalmente, muchos campesinos optaron por la acción directa, que va ''desde la disuasión directa a los propietarios de no cultivar determinadas parcelas, a bloquear el paso al personal o vehículos que van a fumigar, hasta la quema de cultivos terminados y listos para la cosecha''. Nadie reivindica estas acciones, pero recientemente surgieron voces que se pronuncian por ''expulsar a los extranjeros''.

 

Una delgada capa separa las acciones del movimiento campesino de la acción directa espontánea. Las organizaciones del campo suelen realizar acciones ilegales pero legítimas para los campesinos, como los cortes de rutas y las invasiones de tierras. La respuesta del Estado ha sido, mayoritariamente, la represión: desde 1989 hasta hoy murieron 90 campesinos que reivindicaban su derecho a la tierra y otros 1.500 están imputados por delitos vinculados con la lucha social. Pero los hacendados suelen contar también con personal armado que ha provocado muertes que no recoge ninguna estadística. En ocasiones, la impotencia lleva a las bases campesinas a desbordar a sus propias organizaciones. El 28 de noviembre de 2004, unos 200 campesinos nucleados en la FNC atacaron con bombas molotov, petardos y palos la sede la Comisaría 13a. de San Juan Nepomuceno, y consiguieron liberar a un dirigente detenido el día anterior. Al día siguiente la policía ocupó el asentamiento del que provenían los campesinos. Dos días después, en otro asentamiento un grupo de campesinos atacó a una comitiva policial que iba a desalojarlos, matando a un oficial e hiriendo a dos. Las organizaciones campesinas, MCNOC y FNC, negaron estar relacionadas con esos hechos.

 

Petrona Talavera y la Conamuri consiguieron que el 7 de junio se reabra el juicio por la muerte de Silvino. Piden justicia, luchan contra la impunidad. Enfrente tienen poderosos enemigos. El 85% de las semillas plantadas en Paraguay pertenecen a Monsanto. ''Sus representantes se reunieron con los sojeros, a quienes les obligaron a pagar 20 dólares por cada tonelada exportada por concepto de derechos intelectuales, un monto que sobrepasa en gran medida el 4 por ciento de impuestos que los sojeros ahora se niegan a pagar al Estado paraguayo''. Sin embargo, ese Estado despreciado por los grandes hacendados, sigue siendo su fiel aliado. El 30 de septiembre, pasado el presidente Duarte Frutos recorrió siete asentamientos de campesinos sin tierra en el departamento de San Pedro, una de las zonas más conflictivas del país. Les dijo que debían dejar de invadir tierras porque de lo contrario sufrirían las consecuencias: ''Va a venir alguien a violar a sus mujeres e hijas y tendrán que callarse. Les darán de beber de su mismo remedio, la violencia''. Petrona, como tantas otras mujeres campesinas, conoce la realidad de su país, inscrita con dolor en su cuerpo, en las lágrimas que siguen llorando a Silvino. La gran mancha de aceite que arrasa todo a su paso, como algunos paraguayos definen la soja, puede estar perdiendo su impunidad.

 

Alai - 6/5/2005

Frente a la deuda externa

 

 

Cristiano Morsolin

 

Mercedes Canese, 28 anos, paraguaya, trabaja asesorando diversas organizaciones sociales, entre ellas, el Foro Popular por la Energía, organización que a su vez articula organizaciones de todo el país por una tarifa social para la energía eléctrica y contra la deuda de Itaipú (empresa hidroeléctrica paraguayo brasileña) con Eletrobras (Empresa Eléctrica brasileña). Además milita en una comisión vecinal que se llama Tava Mba'e (del pueblo, en guaraní) donde se trabaja el tema de economía solidaria, entre otros. Es profesora en la Universidad Nacional de Asunción.

 

-¿Nos puede delinear la situación de las organizaciones sociales que se encuentran en Paraguay?
-Paraguay esta viviendo un momento de crisis aguda como probablemente no se ha conocido en muchos anos de historia. El avance de los cultivos de soja esta aumentando, mas aún la desigual distribución de la tierra, provocando el desplazamiento de los campesinos que abandonan sus tierras por pérdidas de sus fuentes de trabajo (la soja mecanizada reemplaza a otros cultivos de mano de obra intensiva y a los bosques) y por la contaminación de sus cultivos de autoconsumo y fuentes de agua con agrotóxicos. Por ello, las organizaciones campesinas articuladas con las demás organizaciones sociales en el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía han exigido el cese del uso de agrotóxicos, tierras para campesinos, reactivación productiva, tarifa social, entre otros puntos. Similares reclamos ha realizado la Federación Nacional Campesina. Todos estos reclamos son bastantes antiguos, por lo que el ano pasado todas las organizaciones determinaron reforzar los reclamos realizando numerosas ocupaciones de latifundios improductivos. El gobierno ha respondido a estas acciones con violentas desocupaciones, con quemas de ranchos y enseres, destrucción de cultivos, numerosos heridos y presos sin tratamiento médico ni debido proceso. En total, alcanzaron mas de 700 presos. Las organizaciones sociales se movilizaron en diciembre lanzando la campana ''navidad sin campesinos presos''. Esta campana dio resultado y prácticamente todos los presos fueron liberados. Sin embargo, los procesos siguen adelante y hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna respuesta concreta a los principales reclamos: basta de uso de agrotoxico y tierras para los campesinos.

 

-En este contexto ¿cómo la problemática de la deuda externa influye en los procesos sociales?
-Paraguay tiene una problemática particular de deuda. Su deuda externa es de 2,4 mil millones de US$. Es muy inferior a la deuda que posee con ambas represas binacionales, Itaipú y Yacyreta, deuda que no figura como deuda externa por no contar con el aval del Banco Central y alcanza 14 mil millones de US$ para Paraguay (dueña en un 50% de las binacionales). Esta deuda debe ser entendida como una estrategia geopolítica muy intrincada, llevada a cabo por los grandes países vecinos de Paraguay: Argentina y Brasil, con el fin de frenar su desarrollo productivo y mantener la relación de dependencia que existe desde la post-guerra de la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay, 1865 a 1870). De la misma forma que los imperios utilizan la deuda externa como mecanismo de extracción acelerada de capital de los países pobres a los países ricos, los sub-imperios de Argentina y Brasil extraen capital de Paraguay con todas las consecuencias que ello acarrea. Una clara consecuencia es el elevado costo de la energía eléctrica para la población y para la producción, una contradicción injustificable considerando que Paraguay es el único país con excedentes de energía eléctrica (le sobra energía) de la región. Por eso, ha sido un logro muy importante de las organizaciones sociales poder relacionar la necesidad de una tarifa social para la energía con la cancelación de la deuda de las binacionales, especialmente Itaipú. Que la gente del pueblo pueda entender este concepto ha sido fundamental en la lucha. Desde el 2003 las movilizaciones incluyeron manifestaciones frente a la Embajada de Brasil y se han enviado muchas cartas a Lula sobre la deuda de Itaipú con Eletrobras. Como un logro destacado se ha obtenido la ampliación de la tarifa social, pero hasta ahora, ninguna reducción de la deuda.

 

-En esta perspectiva de soberanía y autodeterminación de los pueblos, puede analizar la deuda histórica inicial y la actual.
-La pregunta es muy interesante pues la deuda histórica tiene los mismos orígenes en cuanto a las razones de Estado que las motivaron. El Paraguay, hasta antes de la Guerra de la Triple Alianza, era un país que se autoabastecía y rechazaba ofertas de endeudamiento por parte del Imperio del momento, Inglaterra. Aún así, el país consiguió la industrialización de su producción de algodón, la fundición de hierro que fabricaba todas las herramientas, incluso armas de guerra y la adquisición de tecnología de punta y técnicos extranjeros sin endeudarse. En cambio, sus vecinos ya estaban altamente endeudados con la Corona Británica. Como consecuencia de la guerra, el Paraguay adquiere sus primeras deudas externas, para pagar sus deudas de guerra, que entre paréntesis significaron la pérdida de grandes extensiones de territorio que pasaron a pertenecer a Brasil y Argentina, el genocidio del 60% de su población y la presencia de un ejército de ocupación por 7 años en territorio paraguayo. También con posterioridad se privatizan las tierras, que eran casi todas públicas y desde entonces tenemos miles de campesinos sin tierra. La misma política de anexión de Paraguay a sus grandes vecinos rige actualmente, digamos que sólo más en términos diplomáticos que de guerra, determinando altas tasas usurarias en los préstamos que concedieron Argentina y Brasil para la construcción de las binacionales. Actualmente, Brasil nuevamente ofrece su financiamiento para la mejora vial (lo que facilitará la extracción más acelerada de nuestros recursos). El Paraguay antes de la Guerra de la Triple Alianza logró consolidar su soberanía e independencia. De la misma forma, se debe pelear por la segunda independencia del Paraguay, sobre las bases de la equidad, pues es evidente que no podemos compararnos con nuestros dos grandes vecinos, y por tanto debemos contar con condiciones especiales que nos igualen, y en esto es fundamental la lucha del pueblo y ejercer su autodeterminación porque desde 1870 hasta ahora, los gobiernos no han sido más que títeres de Brasil y Argentina.

 

-Desde esta perspectiva de lucha por la anulación de la deuda ¿cuales comentarios enfatiza respecto al proceso latinoamericano que esta articulando la red Jubileo Sur-Americas, con respecto a la reciente Asamblea continental en Porto Alegre?
-La experiencia de la Asamblea de Jubileo Sur ha sido muy importante; como Foro Popular por la Energía han participado dos dirigentes de base: Damián Acevedo, dirigente del Bañado Sur (zona inundable de Asunción donde viven mas de 5 mil familias) y Gladys Cabanas, de Caacupe, representando a familias campesinas afectadas por el elevado precio de la energía eléctrica. También participaron dos mujeres dirigentes de base de dos organizaciones de Paraguay: CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) y la ONAC (Organización Nacional Campesina). Que sean dirigentes de base los que participen ha sido fundamental, pues en la Asamblea de Jubileo Sur se ha analizado la situación de la deuda de todos los países del Sur, las luchas llevadas a cabo y en especial los fundamentos que nos convierten en acreedores, no deudores, de las deudas históricas, sociales y ecológicas. Todos estos elementos son muy útiles para que los dirigentes puedan realizar un buen trabajo de base, en que la gente pueda reconocer que nuestra realidad sobre la deuda no es muy distinta a la de los otros países del sur y que también en Paraguay somos acreedores. Para solo dar el ejemplo de las represas binacionales, ellas han provocado la destrucción de miles de hectáreas de bosques y tierras fértiles y el desplazamiento de miles de personas, lo cual se prevé compensar con royalties y compensaciones. Sin embargo, no alcanza de ninguna forma para resarcir el daño ocasionado. También la Asamblea de Jubileo Sur ha servido para reconocernos semejantes pero no iguales, pues cada país tiene realidades diferentes que vuelven los problemas diversos pero con un fondo común. La problemática de deuda varía de país a país pero los supuestos ''acreedores'' del Norte del Mundo, -y agregaría, de los grandes países del Sur - tienen los mismo objetivos: la acelerada extracción de capitales robados a nuestros pueblos aumentando así la pobreza y la exclusión...

 

-¿Cómo considera el Foro Social Mundial?
-El Foro Social Mundial ha sido un gran y algo desordenado encuentro de miles de organizaciones e individuos de todo el mundo, especialmente de América Latina. En relación a los temas de interés para nuestras organizaciones, el FSM ha aportado muchos elementos interesantes y como todos los anos ha servido para informar y analizar temas que no se dan a conocer para los medios de comunicación convencional, como la misma deuda externa, los trabajos de las organizaciones sociales por los derechos humanos, los conflictos de Oriente Medio desde la perspectiva del oriente medio, la lucha por la tierra, la economía solidaria, el gobierno de Venezuela frente a la hegemonía imperial de Estados Unidos, y mucho más. Estos elementos y documentos que ha aportado el FSM servirán para realizar muchos trabajos en Paraguay con una mayor perspectiva, una visión más global del mundo y con más esperanza, pues somos muchos los que luchamos por un mundo diferente, más solidario, más equitativo. También ha sido muy enriquecedora la participación de grandes pensadores del mundo que han acercado su visión al FSM aportando mucha claridad. Como critica, la infraestructura del FSM ha sido muy precaria, los audífonos casi no funcionaron y los participantes que no hablaban portugués se han sentido excluidos de casi todo el proceso del foro. También fue muy sentida la falta de agua potable gratuita para los participantes.

 

-¿Cuales desafíos identifica para avanzar en la lucha en Paraguay?
-El principal desafío contra la deuda es popularizar los conceptos que hemos analizado en la Asamblea de Jubileo Sur: la deuda es una causa que impide tener acceso a salud, educación, energía eléctrica; somos acreedores de la deuda histórica, social y ecológica, no deudores; la deuda es ilegitima, no debemos, no pagamos...

 

Argenpress - 14/2/2005

''Pinochet sea juzgado en Paraguay''

 

 

Ernesto Carmona

 

El abogado paraguayo Martín Almada pidió a la justicia de su país que procese a los ex generales chilenos Augusto Pinochet y Manuel Contreras como ''autores morales y materiales'' de la desaparición en 1975 del sociólogo chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón, dirigente del MIR apresado y torturado en Asunción y desaparecido en Santiago por la Operación Cóndor. Pinochet está sometido a proceso en Chile por el magistrado Juan Guzmán desde que fue despojado por las cortes de la inmunidad que paradójicamente le asigna el orden jurídico por su condición de ex dictador o... ''ex-presidente''. El abogado Almada, que recibió el Premio Nóbel Alternativo de derechos humanos en 2002, acompañó un documento en que Manuel Contreras, siendo jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), agradeció a Pastor Coronel, Jefe del Departamento de Investigaciones, la ''cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la misión que debió cumplir mi personal en la hermana Republica del Paraguay'', es decir, la recepción física ''secreta e ilegal'' del prisionero político chileno apresado en territorio paraguayo en compañía del argentino Amílcar Santucho, recientemente fallecido.

 

Por considerarlo ''de estricta justicia'', Almada solicitó al juez que se extienda a Pinochet y a Contreras una investigación paraguaya denominada ''Sumario criminal en averiguación de hechos punibles contra la seguridad de las personas (desaparición forzosa)'', mejor conocida localmente como ''Operativo Cóndor''. El jurista, quien descubrió en Paraguay las contundentes pruebas documentales conocidas como ''Archivo del Terror'', argumentó además que Contreras, siendo jefe de la DINA, invitó en octubre de 1975 al entonces jefe de Policía de Paraguay, general Francisco Britez Borges, a asistir a la hoy famosa reunión secreta de inteligencia efectuada en Santiago de Chile entre el 25 noviembre y el 1º de diciembre de 1975, para estructurar la red Cóndor. Contreras, quien ostentaba entonces el grado de coronel, acompañó a la invitación un ''paper'' con sus propuestas ''teóricas'' para conformar la red Cóndor. Según otro papel del Archivo del Terror invocado por Almada, ''el portador de la invitación y plan de trabajo represivo fue el coronel chileno de aviación Mario Jahm, Sub Director de la DINA, quien se entrevistó con el Jefe de Policía de la Capital, general Francisco Britez Borges''.

 

Fuentes Alarcón, llamado por sus amigos ''El Trosko Fuentes'', fue trasladado como si fuera un objeto. Almada citó el Informe del 6 de junio de 1975, en que Francisco Bogado F., director de Políticas y Afines de Paraguay, ''remitió al coronel Juan Ramón Escobar, comandante de la Guardia de Seguridad, al prisionero político chileno''. En otro papel del Archivo del Terror, el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del ESMAGENFA II, Departamento FF.AA., expresa lo siguiente: ''Se tiene conocimiento que el gobierno alemán habría aceptado oficialmente el ingreso a dicho país de los extremistas Amílcar Latino Santucho y Jorge Fuentes Alarcón. Sobre la liberación de los mismos, habrían presionado al gobierno de la Republica del Paraguay, las organizaciones internacionales de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas''.

 

El defensor paraguayo de derechos humanos, quien tuvo conocimiento de la detención del chileno Fuentes mientras él mismo estuvo en prisión en su país, le hizo saber al juez que ''según Informe del 12 de septiembre de 1978, llegó a Asunción el general Héctor Orozco Sepúlveda, Director de Inteligencia del Estado Mayor General de Chile''. Por lo tanto, razonó el jurista, ''en merito a las pruebas que arrimo pido la ampliación del Sumario Criminal involucrando en el expediente a los generales chilenos Augusto Pinochet y Manuel Contreras, autores morales y materiales del Operativo Cóndor. Proveer de conformidad será un acto de estricta justicia''.

 

Alia2 - Caracas, 24/1/2005

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