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Pugna por aplicación de ley forestal  (27/10/2007)

El avance del Plan Puebla Panamá  (7/10/2007)

Frágil tregua en la deforestación de Olancho  (14/4/2007)


Pugna por aplicación de ley forestal

Sonia Edith Parra

La guerra desatada hace décadas en Honduras por la tala ilegal de madera se traslada ahora a la reglamentación de la Ley Forestal - Áreas Protegidas y Vida Silvestre, dilatada en el Congreso legislativo. Tres días después de aprobada, una ley debe pasar a la comisión de estilo (designada para revisar y corregir el texto) y, luego, ser promulgada por la presidencia y publicada en la gaceta oficial. En este caso, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) deberá elaborar la reglamentación en un plazo de tres meses. La norma tuvo sanción legislativa el 13 de septiembre, por eso no se entiende el retraso, dijo a esta periodista Aída Romero, de la Fundación Democracia sin Fronteras. La demora se debe al ordenamiento de sus casi 200 artículo, afirmó Ana Lanza, de la Secretaría General del Congreso.

Detrás de esta lentitud está la presión del sector forestal, por el cual se tardó ocho años en aprobar la ley, según un activista que pidió no ser identificado. Las exportaciones declaradas de madera a Estados Unidos son de tres millones de dólares, pero lo que realmente se vende asciende a 6,8 millones de dólares, o sea 226 por ciento más, afirmó para este artículo Andrea Johnson, encargada de tala ilegal de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con sede en Londres. Gran Bretaña y España importan madera hondureña por 100 mil y 1,3 millones de dólares, pero los montos verdaderos son de 1,6 millones y 2,6 millones de dólares respectivamente, en otro caso ilustrativo de tala y venta ilegal. La participación de las comunidades en consejos consultivos forestales, la regularización de tierras forestales -con delimitación de áreas de protección, conservación, manejo mediante contratos comunitarios, protección de fuentes y cursos de agua-, y penas de prisión de hasta 15 años por delitos ambientales, son algunos de los aportes más sobresalientes y controvertidos de la ley.

Para la Fundación Democracia sin Fronteras, portavoz de la Coalición por la Justicia Ambiental que agrupa a ocho organizaciones ecologistas de Honduras, la reglamentación es fundamental porque allí es donde se puede implementar correctamente la ley o cambiar por completo su espíritu. Por eso, y ante la demora del proceso, la Fundación entregó el texto aprobado a la comisión de estilo del Congreso, junto con algunas sugerencias de correcciones, para que no se siga dilatando la reglamentación, afirmó Romero. La Coalición prevé una campaña de difusión para que las comunidades asuman el papel que les compete dentro de los consejos consultivos. Asimismo, vigilará la reglamentación que estará a cargo del director ejecutivo del ICF, creado por la ley para reemplazar a la cuestionada Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor). Pero la Coalición se apartará del proceso si en ese cargo se designa a Ramón Álvarez, actual gerente general de Cohdefor, cuya gestión ha sido objeto de denuncias de corrupción, aseguró Romero. El propio Álvarez invitó a la Coalición a participar en la reglamentación, cuando siendo director de Cohdefor se oponía a reformar la legislación forestal, enfatizó Romero.

Según una investigación realizada en 2005 por la EIA, en Honduras existe una red dedicada a la alteración fraudulenta de permisos, sobornos, expedición de títulos de propiedad falsos e intimidaciones, que implica a políticos, a la Cohdefor, empresas madereras, aserraderos, transportistas, taladores, alcaldes, policías y otros funcionarios. Firmas como José Lamas SRL, Maderas Noriega, Sansone, Serma, Derimasa y Yodeco son las principales proveedoras de madera para compradores en Estados Unidos y Europa, como Aljoma Lumber, Home Depot e Intergro, sostiene el informe de la EIA. El texto señala que el mayor tráfico es de especies de pino (Pinaceae) y de caoba (Swietenia macrophylla), entre otras, que salen del departamento Olancho, la Mosquitia y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, en el norte y oriente del país. La EIA afirma que 80 por ciento de las caobas y 50 por ciento de los pinos extraídos de Honduras en 2004 fueron cortados ilegalmente. En los años 90 el país perdió 10 por ciento de su cobertura boscosa.

La biodiversidad hondureña, concentrada en 107 áreas protegidas que ocupan 27 mil kilómetros cuadrados, está amenazada por la tala. En 1996, la Biosfera del Río Plátano fue declarada "en peligro" por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Mientras, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y el Movimiento Ambientalista de Campamento, se mantienen expectantes. Su trabajo de conservación les ha valido amenazas, intimidaciones y la muerte de ocho miembros desde 1997. Los últimos activistas fueron asesinados el 20 de diciembre de 2006. Víctor Ochoa, del MAO, aseguró a esta cronista que "la institucionalidad del Estado se mantuvo pasiva y cómplice ante la tala ilegal en Olancho; la reglamentación forestal no se cumple. Instituciones como la Cohdefor son corruptas y su trabajo ha sido legalizar lo ilegal".

Tierramérica - 27/10/2007


El avance del Plan Puebla Panamá

Thomas Viehweider

El día 17 de agosto del corriente año, el Presidente de la Republica de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, colocó la primera piedra del Mega Proyecto Turístico Bahía de Tela. En su discurso habla del proyecto como símbolo de la consolidación del sector turismo como fuente de divisas e ingreso económico para el país, además de creación de empleos. En los últimos 30 años todos los gobiernos de Honduras han venido a Tela para inaugurar el Proyecto Bahía de Tela, sin que nunca empezaran las obras. Ahora, con el desembolso por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 18 millones, y después de haber vencido la oposición de las comunidades garífunas de la Bahía ya no hay más obstáculos para el inicio de las obras.

En los últimos años, el gobierno hondureño prestó mucha importancia a las tierras y playas de la costa atlántica en donde se ubican casi exclusivamente comunidades garífunas, con el propósito de desarrollar infraestructura turística como principal motor de la economía nacional y generadora de divisas extranjeras para el país sumergido en la deuda externa. Las políticas tanto a nivel nacional como a nivel municipal han significado una amenaza a la integridad territorial y cultural de la población garífuna. Este proceso ha encontrado en las instituciones financieras multilaterales, como el BID, un fuerte promotor de estas políticas neoliberales, además de una herramienta para involucrar a los grupos económicos locales, que desde años han mostrado interés en invertir en el sector turismo de la costa atlántica.

El proyecto Bahía de Tela contempla la construcción de cuatro hoteles de 4 y 5 estrellas, 256 villas residenciales, un campo de golf de 18 hoyos, un club hípico y Marina con un centro comercial, por un valor estimado de US$ 133 millones, con una primera etapa de US$ 43 millones. El área relativa al proyecto se ubica dentro del Parque Nacional Jeannette Kawas PNJK e incluye un total de 312 hectáreas, propiedad del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que en el 2003 traspasó el inmueble a la Sociedad mercantil "Desarrollo Turístico Bahía de Tela, S.A de C.V", por el precio de 19 millones de dólares, con un plazo pagadero de 40 años a una tasa de interés del 2,5% a partir del sexto año. En adición a las 312 hectáreas de tierra que ya están contempladas en el decreto 267003 que dio origen al desarrollo del proyecto, el gobierno transferirá en un periodo de hasta tres años, un terreno adicional de 500 hectáreas de tierra. Los empresarios tendrán un 51 por ciento de las acciones del proyecto y el 49 por ciento lo mantendrá el Estado.

Para hacer posible la realización del Proyecto Bahía de Tela, en el 2004 el gobierno nacional emitió el decreto 90-90, a través del cual es posible la privatización de las playas, hasta aquel entonces prohibida por el artículo 107 de la constitución de la republica de Honduras, que impide la adquisición de bienes urbanos a una distancia de 40 Km. de la costa. Miriam Miranda, dirigente de OFRANEH (organización de base que lucha por los derechos del pueblo garífuna), denuncia la posición del Ministerio del Turismo, según el cual sin la aprobación del decreto 90-90 no habría inversiones extranjeras. "Existen los ejemplos de Cuba y México donde sin necesidad de vender el territorio nacional se han logrado fuertes inversiones en el rubro de turismo".

La encargada de la realización de las obras de infraestructura básica es la empresa italiana Astaldi Columbus, ganadora de la licitación pública para las obras de conformación del terreno, pavimentación de calles vehiculares internas y vía de acceso al poblado de Miami, alcantarillado sanitario y pluvial, redes de distribución de agua potable, energía eléctrica y teléfono y la infraestructura de agua potable.

Dentro de un proceso de "municipalización", a finales de los años 80 y durante los 90, la municipalidad de Tela incluyó en el casco urbano de la ciudad de Tela a todas las comunidades desde la barra de Tornabé hasta incluir la comunidad de Triunfo de la Cruz y La Ensenada. Esta medida incrementó los conflictos sobre la territorialidad, ya que el área de casco urbano cae en territorios de propiedad ancestral del pueblo Garífuna, de modo que la municipalidad está otorgando escrituras públicas a empresarios locales, como Jaime Rosenthal. Caso emblemático es San Juan Tela, que tiene una extensión territorial de1,765 hectáreas, pero actualmente solo cuenta con un título de 63 hectáreas. El expediente de titulación de las tierras ancestrales ha sido extraviado por parte del Instituto Nacional Agrario, mientras se les ha otorgado un título de dominio pleno de 310 hectáreas a Jaime Rosenthal Olvia. Según el presidente del Comité de Defensa de la Tierra de San Juan, Wilfredo Guerrero, "se dice que Jaime Rosenthal Oliva, como presidente de la empresa Promociones y Turismo, Promotur, es el dueño de las tierra de las comunidades, hemos sufrido persecuciones, en el año 2000 recibimos un dominio pleno ficticio, según ellos porque la comunidad no está registrada como tal y sólo titularon 63 hectáreas. No permitiremos que nos despojen de nuestras tierras y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias siempre que nos den el dominio pleno de las tierras ancestrales de la comunidad de San Juan".

La comunidad de Triunfo de la Cruz sufre de la misma forma el impacto de la política de privatización de la tierra. A pesar de poseer un título emitido por el Instituto Nacional Agrario (INA), en los últimos años la Municipalidad de Tela entregó tierra a particulares que tienen vínculos con familias poderosas de la zona, además de otorgar a su sindicato un terreno de 18 herctáreas. La comunidad se ha visto afectada también por la implementación del proyecto "Marbella", un complejo turístico lujoso que se empezó a construir desde hace 13 años en territorio perteneciente a la comunidad. La comunidad logró detener el proyecto, con el cual nunca estuvo de acuerdo. Sin embargo las construcciones del complejo residencial han limitado la salida de los ríos hacia el mar, de tal manera que en ocasión del huracán Gama el año pasado, gran parte de la comunidad quedó inundada y dividida por un nuevo río que corre en medio de esta.

Según OFRANEH, "despojos como el de Bahía de Tela se replicarán a lo largo de la costa norte de Honduras, país rico en diversidad biológica y cultural, quien ha sufrido un destino aciago a manos de una pequeña elite extranjerizada e sin imaginación, dedicada a lucrarse de la caridad internacional y la destrucción sistemática de los recursos naturales. A pesar de que el pueblo garífuna ha venido recibiendo una serie de títulos de las comunidades, por parte del Instituto Nacional Agrario (INA), no existe una verdadera garantía sobre nuestros territorios, dado que los títulos desconocen nuestro hábitat funcional del que depende la subsistencia de las comunidades. La farsa perpetrada por el Estado en compañía de algunos supuestos lideres garífunas ha permitido presentar una realidad distorsionada de la situación jurídica de las comunidades, las cuales, a pesar de poseer exiguos territorios se ven expuestas a múltiples invasiones a cargo de campesinos manipulados por individuos que padecen de alucinaciones empresariales con nuestras playas, sin que las autoridades hagan respetar los supuestos títulos emitidos. La OFRANEH ha mantenido una política clara en cuanto a nuestros territorios, los que consideramos algo más que una mercancía. La madre tierra para nuestra cosmovisión es algo que no se negocia y pertenece de forma intrínseca al pueblo garifuna".

Como política de privatización de las tierras comunales, promovida por el Banco Mundial y el Estado de Honduras, en el 2004 entró en vigencia una nueva Ley de Propiedad en el país, sin una consulta previa con los pueblos indígenas y garífuna, violando así el Convenio 169 de la OIT. Esa Ley tiene graves consecuencias para la seguridad e integridad de los territorios de los pueblos indígenas y negros de Honduras, dado que la Ley de Propiedad puede conllevar a la disolución de los títulos comunitarios, y además permite la titulación a terceros dentro de los mismos. Esa Ley de Propiedad está siendo utilizada actualmente como el marco jurídico del Programa de Tierras de la Unión Europea y el Programa de Administración de Tierra de Honduras, conocido como el PATH. El PATH, financiado por el Banco Mundial, pretende el proceso de individualización de los territorios Garífunas, atomizando la propiedad comunal de las comunidades Garífunas para incluirla en el mercado de bienes raíces. Dada la asimetría económica que prevalece en el país, corresponde a un atentado a la integridad de la territorialidad garífuna. "Tememos que el marcado individualismo preconizado por el neoliberalismo apunte hacia la disolución de los títulos colectivos, imponiendo el concepto de propiedad privada, que intensificará las presiones orientadas hacia la venta de la franja costera", indica Miriam Miranda.

En el 2005, la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE) Organización No Gubernamental con convenio de co-manejo con AFE-COHDEFOR del PNJK presentó un informe técnico sobre el documento denominado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Proyecto "Los Micos Beach Resort", presentado a su vez por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y elaborado por la empresa de servicios ECOMAC-CINSA.

En el informe destacan las siguientes preocupaciones y advertencias acerca del impacto ambiental del proyecto en cuestión. Se mencionan algunas de las más importantes: (1) el proyecto colinda con la zona de núcleo del Parque Nacional destinado a la protección absoluta; zona en la cual no se permite ningún cambio o alteración del ecosistema; (2) el proyecto viola la política ambiental del BID: "El banco no apoyará operaciones y actividades que conviertan o degraden significativamente sitios de importancia cultural criticas y/o áreas de conservación criticas. Siempre que sea posible, las operaciones y actividades financiadas por el Banco se ubicarán en tierras y sitios previamente intervenidos. El Banco no respaldará operaciones que involucren una conversión significativa o la degradación de hábitat naturales tal y como se definen en la presente Política, a menos que: (i) no existan alternativas viables que el Banco considere aceptables; (ii) se hayan hecho análisis muy completos que demuestren que los beneficios totales derivados de la operación superan ampliamente sus costos ambientales, y (iii) se incorporen medidas de mitigación y compensación que el Banco considere aceptables -incluyendo, según se requiera, aquellas encaminadas a minimizar la pérdida de hábitat y a establecer y mantener un área protegida ecológicamente similar - y que estén adecuadamente financiadas, implementadas y supervisadas"; (3) el PNJK está inscrito en la Lista RAMSAR de Humedales de Importancia Internacional, cuya misión es la preservación absoluta de los humedales. Por lo tanto el relleno de un humedal Sitio RAMSAR para la construcción de un campo de golf es incompatible con la Convención RAMSAR. El campo de golf previsto dentro del proyecto tiene una superficie de 87.5 ha y supone el relleno de una gran parte del humedal, que va a comprometer la dinámica hidrológica de la zona, alteración de los flujos de agua y por tanto del funcionamiento del humedal, la alteración del hábitat modificando la cobertura vegetal con el cambio definitivo de su flora nativa a pasto introducido y que además supone la introducción al parque nacional de especies exóticas como el Paspulum de Playa, violando de esta manera el Plan de Manejo del PNJK. Existen muchos estudios a nivel internacional que han demostrado el elevado y excesivo consumo de agua potable que requiere el mantenimiento de un campo de golf, llegando en el caso del proyecto en cuestión hasta tres millones de litros al día en condiciones de plena operación; (4) los humedales son reguladores de regímenes hídricos, que reflejan las interacciones entra la diversidad, la cultura y la relevancia biológica, por lo tanto el relleno del humedal repercutiría negativamente en las comunidades de Tornabé, Miami, Marion y otras comunidades aledañas a la Laguna de los Micos, así como la ciudad de Tela con mayor riesgo de inundaciones en épocas de mayor precipitación, huracanes y tempestades tropicales; (5) los humedales generan agua potable accesible en los pozos, y su alteración puede afectar negativamente en la accesibilidad y disponibilidad del agua potable con importantes costos sociales, ambientales y económicos; (6) la invasión y destrucción de parte del humedal supone importantes perdidas de valor económico (pesca, uso eco turístico, perdidas de bienes inmuebles y terrenos incultivables por inundaciones, necesidad de construcción de pozos más profundos, menor cantidad de agua potable disponible, etc.); (7) para el mantenimiento del campo de golf será necesario el uso excesivo de químicos como el bromuro de metilo, sustancia extremadamente tóxica, clasificado por la Organización Mundial de la Salud en la categoría 1; (8) la playa está tipificada como un bien público. Por lo tanto es ilegal restringir el paso por la playa a las comunidades de Tornabé, Miami o cualquier habitante de la Nación Hondureña.

A pesar de las severas advertencias del informe técnico de PROLANSATE como parte de la autoridad del parque nacional, a pesar de las protestas de las comunidades garífunas y parte de la población general de la Bahía de Tela, el gobierno pasado del presidente Ricardo Maduro, el 20 de enero del 2006, a cinco días del término de la legislatura otorgó la licencia ambiental a favor del Proyecto Bahía de Tela Los Micos Beach & Golf Resort. Mientras por parte oficial se inaugura el proyecto y mientras las maquinarias de Astaldi están trabajando, la Fundación PROLANSATE denuncia el inicio de las obras a pesar de que no se han realizado varios estudios ambientales sobre el dragado marino y sin que representantes de la RAMSAR hayan venido a evaluar los impactos del relleno del humedal, visita prevista para el mes de octubre. Según lo manifestado por el director de la ONG ambientalista: "La extracción de materiales para el relleno para el campo de golf y la construcción de los hoteles no se puede permitir hasta que el EIA presente toda la información requerida".

OFRANEH, en un comunicado manifiesta que "la conservación de la naturaleza que se viene preconizando, es una máscara para propiciar el turismo de enclave, mientras la destrucción ambiental prosigue a un ritmo desconsolador, suscitando la duda sobre las buenas intenciones de los supuestos ambientalistas que diseñaron el "famoso" Corredor Biológico Mesoamericano. La actitud asumida por el BID es contradictoria, pues la Estrategia de Turismo Sostenible que han enunciado para Honduras, carece de sostenibilidad y parece ser un acto de regresión ambiental. Los rectores de las políticas de desarrollo deben considerar los impactos ambientales que causan con sus proyectos, sin anteponer los supuestos beneficios económicos a un manejo adecuado del medio ambiente".

Con el fin de romper la resistencia del proyecto por parte de las comunidades garífunas presentes en la Bahía, el gobierno hondureño, en colaboración con el BID ha implementado una estrategia en varios niveles. En primer lugar fueron nombrados patronatos paralelos en las comunidades en donde no hubo aprobación de las políticas de privatización de tierra y mucho menos el consenso del Proyecto Bahía de Tela. En sus discursos, los representantes gubernamentales buscaban convencer a las comunidades de ser socios del mismo proyecto, con un 7% del total de las acciones del Instituto Hondureño de Turismo (IHT). Jessica García, presidente del patronato de la comunidad de San Juan Tela denuncia que "por un lado nos quitan la tierra, nos destruyen el hábitat funcional de nuestras comunidades y por otro lado nos quieren comprar con estas limosnas. Nunca hemos sido tomados en cuenta en las políticas de desarrollo turístico de la Bahía, mucho menos las comunidades hemos sido consultados como está previsto en el Convenio 169 de la OIT". En todo este proceso de vencer la contraposición de las comunidades, los representantes gubernamentales han contado con el apoyo de ODECO (Organización de Desarrollo Étnico Comunitario), una ONG garífuna con filiación gubernamental, que recibe financiamientos del BID. Celeo Alvarez Casildo, director de ODECO, en una reciente entrevista manifiesta: "el proyecto ya no se puede parar, es un hecho, así que hay que trabajar en hacer partícipes a las comunidades garífunas, ya que uno de los requisitos del BID para la implementación de proyectos como Bahía de Tela es la inclusión de las comunidades".

Como subraya Andrés Marchand, representante del BID en Honduras, el financiamiento del BID proveerá de apoyo financiero por US$ 6 millones para obras de alcantarillado, saneamiento básico y potabilización de las comunidades de Tornabé y Miami, además de potenciar las oportunidades de desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas que pertenezcan al sector del turismo ó a sectores directamente relacionados con el turismo. Con esto se busca fomentar, entre otras, iniciativas en artesanías, atención a turistas, restaurantes, hospedaje, mantenimiento, lavanderías, servicio de guías, transporte, mercadeo etc". Wilfredo Guerrero de la comunidad de San Juan indica que "no va a haber empleo para nosotros en los hoteles y restaurantes de lujo, pues las cadenas turísticas traerán su propia gente desde afuera. El turismo que queremos nosotros es un ecoturismo de pequeño impacto, y pretendemos que sean las comunidades las dueños de las infraestructuras".

Otra cara de la estrategia es la represión sistemática hacia l@s dirigentes y las bases de OFRANEH, con procesamientos a dirigentes, allanamiento, quema y destrucción de sus casas, amenazas y hostigamiento continuo hacia los miembros de los patronatos inconformes y sus familiares (informe de una delegación internacional sobre derechos humamos en la bahía de Tela). Emblemático el caso de Alfredo López quien permaneció siete años en prisión por la supuesta posesión de drogas ilícitas, hasta que la intervención de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, CIDH, logró su excarcelación. Dada la grave situación que viven las comunidades, el año pasado la CIDH extendió las medidas cautelares a la comunidad de Triunfo de la Cruz y San Juan Tela. Las medidas cautelares en favor de la comunidad de San Juan consisten en proteger la vida e integridad de los directivos del Patronato y del Comité de Defensa de la Tierra de la comunidad, al mismo tiempo que proteger las tierras ancestrales pertenecientes a la comunidad, en especial tomar las medidas necesarias para evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que afecte el derecho de la propiedad ancestral de la comunidad.

Parte de la represión es la militarización de la zona del proyecto. El 26 de febrero del año pasado fueron asesinatos Epson Andrés Castillo y Yino Eligio López, miembros de la comunidad de San Juan Tela, por agentes de las fuerzas armadas de Honduras, quienes estaban asignados a proteger el área destinada a la construcción del megaproyecto turístico Los Micos, dentro del PNJK. Hasta la fecha la masacre sigue en total impunidad. La organización ambientalista PROLANSATE, que hace dos años, a través de su respuesta crítica del EIA relativo al Proyecto Bahía de Tela mostró toda su contrariedad a la realización de un proyecto de tal envergadura, ahora dejó de oponerse. Integrantes de la organización hablan de un clima de amenaza a todos los que se oponen al proyecto: "En vez de luchar en contra del proyecto y arriesgando nuestras vidas para algo que ya no se puede parar, mejor buscamos ser parte del proyecto con el objetivo de limitar los daños ambientales del PNJK". También PROLANSATE ahora está recibiendo financiamiento del BID. En conjunto con la compañía española EUROESTUDIOS (supervisora del proyecto) participa en una comisión de monitoreo de los trabajos de construcción.

EL Proyecto "Bahía de Tela" representa solamente una parte del Programa Nacional de Turismo Sustentable. El financiamiento total del BID de US$ 35 Millones para el PNTS prevé también la construcción del Aeródromo de Río Amarillo, a 15 kilómetros del parque arqueológico de las ruinas Maya de Copán, por una inversión de US$ de 7,4 Millones. La construcción del aeródromo generó la oposición de la UNESCO, por los daños que esta prevé en las ruinas arqueológicas del parque arqueológico Río Amarillo que se encuentran en las inmediaciones del lugar. Las criticas del organismo internacional han suscitado repudio por parte del gobierno hondureño, que ha llegado a solicitar a la UNESCO la remoción del estatus de Patrimonio Mundial que poseen las ruinas arqueológicas de Copán.

Además de facilitar el acceso de turistas al área arqueológica de Copán, la construcción del aeródromo busca promover el acceso a la Ruta Lenca en la región occidental del país, mayormente habitado por el pueblo indígena lenca. Según Berta Cáceres del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), "la ruta lenca, financiada por el BM es parte de las políticas de privatización de la tenencia de la tierra y de los recursos naturales, ya que mira a poner infraestructura turística en territorio indígena. Como COPINH rechazamos firmemente cualquier intento de implementar estos proyectos llamados etno-ecoturísticos sin previa consulta de los pueblos como lo establece el Convenio 169".

Las represas hidroeléctricas siguen siendo otro rubro fundamental del PPP en Centroamérica. Tan solo en Honduras está prevista la construcción de Represas, El Tigre, Río Cangrejal, Babilonia, Río Patuca, Aguacate, San Juan, Río Negro, Gualcarque, entre otras. La resistencia del COPINH, parte de la Red Latinoamericana contra Represas por los Ríos, las Comunidades y el Agua (REDLAR), ha logrado detener el megaproyecto de la represa El Tigre, que hubiera significado el desplazamiento y la afectación directa e indirecta de unos 20 mil pobladores indígenas de la zona fronteriza con El Salvador. Otro logro de la lucha de las comunidades lenca afiliadas al COPINH es la reciente cancelación de la represa Gualcarque en San Francisco Opalaca. Estas represas, como las de San Juan y de Río Negro, se pretenden construir por parte de ENERSA, y significan impactos negativos al medio ambiente, desplazamiento de poblaciones, etc. Ninguno de estos proyectos ha sido consultado con las comunidades, en clara violación al convenio 169 de la OIT; el gran propósito de estos proyectos es generar energía para enriquecer a las transnacionales y de ninguna manera busca generar energía para las comunidades.

Como parte de las iniciativas del PPP en Honduras, el pasado mes de septiembre, la cancillería hondureña anunció que dos empresas mexicanas participarán en la construcción de un tramo de 49 kilómetros de la carretera del Canal Seco, que unirá el puerto de Cortés en el Caribe de Honduras con el de Cutuco en El Salvador, por un costo total de US$ 115 millones. El plan de infraestructura vial contará con un financiamiento de México por US$ 55 millones, además de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Banco Europeo de Inversión. La empresa ganadora de la licitación de las obras del canal seco: Astaldi Columbus.

La Astaldi Columbus mantiene operaciones en Honduras desde unos 20 años, fue encargada de las obras de construcción de las represas hidroeléctricas El Cajón y Nacaome. Esta última, realizada con fondos de la cooperación del gobierno italiano y fondos públicos del gobierno hondureño, está en el centro de la polémica y criticas de los pobladores locales, por la falta de sostenibilidad de la obra (por la dimensión y por los altos costos de manutención) y por el hecho de que las comunidades de la zona no han visto mejora en el acceso al agua potable como era previsto según los objetivos del proyecto. Astaldi, además, se adjudicó la concesión de generación eléctrica del Rió Cangrejal (La Ceiba). La represa hidroeléctrica programada se construiría en proximidad del Parque Natural Pico Bonito (500kmq), uno de las oasis naturales más grandes de Honduras. La población local se opone enérgicamente a este megaproyecto por temor que la represa haga desaparecer 11 Km. de curso de agua del río cortina abajo, afectando de tal modo el ecoequilibrio del parque natural.

Ciepac - San Cristóbal (Chiapas, México), 7/10/2007


Frágil tregua en la deforestación de Olancho

Thelma Mejía

El asesinato impune de dos ambientalistas del departamento hondureño de Olancho y las infracciones a la prohibición de talar bosques amenazan una precaria tregua en esta zona siempre convulsionada por la deforestación. "Esta paz relativa se puede interrumpir en cualquier momento, porque persiste la impunidad, y la veda parcial decretada para frenar la tala del bosque sigue siendo burlada", dijo a Tierramérica la dirigente humanitaria Bertha Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y oriunda de Olancho. Desde 1998 han muerto seis ambientalistas en este departamento que ocupa parte del este, centro y norte del país, con una superficie similar a la de El Salvador y cerca de 2,5 millones de hectáreas boscosas de especies madereras de gran valor. Más de la mitad de sus bosques han sido talados.

Los elementos que dieron pie a años de protestas de los pobladores "están tan vigentes como ayer. La gente resiente que no haya justicia para los autores intelectuales del fusilamiento de dos ambientalistas, mientras sigue el tráfico ilegal de madera", observó Oliva. La activista relató el pacto suscrito en febrero por grupos ecologistas contrarios a la deforestación y cooperativas de madereros, tras el asesinato cuatro meses atrás de los activistas Heraldo Zúñiga y Roger Murillo, del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO). Las muertes fueron atribuidas a cuatro policías, puestos a disposición de la justicia en marzo tras intensa presión de organizaciones como Amnistía Internacional.

Los madereros se aglutinan en la cooperativa Primero de Mayo, cuyos integrantes mantienen una fuerte pugna con el líder del MAO, el sacerdote católico Andrés Tamayo. En febrero, miembros de esa cooperativa tomaron la carretera que conduce a Tegucigalpa, reclamando que se levantara la veda al corte de árboles en varios municipios de Olancho decretada en 2006 por el gobierno de Manuel Zelaya. Ante los incidentes y protestas que estuvieron a punto de desembocar en violencia, el gobierno estableció una comisión encargada de lograr un entendimiento e integrada por militares, representantes del Ministerio de Ambiente, del MAO y de la cooperativa Primero de Mayo. En ese ámbito se pactó la tregua. Pero si no funciona, "analizamos medidas más profundas para garantizar una paz total" en la zona, dijo a Tierramérica el ministro de Defensa, Arístides Mejía.

En mayo del año pasado, el gobierno dispuso la suspensión de la tala de árboles en los municipios de Salamá, El Rosario, Jano, Silca y Manto. Según dijo Tamayo a Tierramérica, la movilización de los campesinos organizados ha logrado frenar la tala en Salamá, Silca, Manto, El Rosario y Jocón, pero no en el resto de las comunidades afectadas. El trasiego ilegal de madera continúa, según un control efectuado en la zona por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A las piezas taladas se les aplica una mezcla de agua y cal para opacar el tono oscuro característico de la madera recién cortada, según el informe del Comisionado. En Salamá, donde reside Tamayo, grupos madereros han organizado a pobladores en cooperativas contrarias al movimiento ecologista, afirma el reporte.

Los 24 mil kilómetros cuadrados de Olancho albergan gran parte de la reserva de la biosfera del río Plátano, declarada patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El área forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, una iniciativa para restaurar la valiosa cadena boscosa de la región que comprende el sur de México y los siete países de América Central. En los bosques de Olancho hay pinos (Pinus oocarpa, entre otras especies), caobas (Swietenia macrophylla), cedros (Cedrela odorata), robles (como los Quercus sapotifolia, Quercus bumelioides, Quercus oleoides) y guayabos (Psidium guajava L.). Los campesinos ecologistas afirman que la tala está alterando el régimen hídrico de los ríos de la zona.

La deforestación es un grave problema para Mesoamérica. Los incendios, la tala ilegal y la explotación descontrolada provocan una reducción de 400 mil hectáreas de bosques por año y si la tendencia no se revierte, en 2015 éstos habrán desaparecido, afirmaban registros científicos de 2002 del Corredor Biológico Mesoamericano. Olancho ha sido una zona de recurrentes luchas por los recursos desde tiempos de la colonia española. A mediados del siglo pasado, se lo consideraba el granero de América Central por su abundancia de maíz, frijol, arroz y sorgo. Pero la desaparición de los incentivos estatales a la agricultura hizo mermar esa producción. Su población, de algo menos de medio millón de habitantes, vive del agro, el comercio, la ganadería y el trabajo forestal. La pobreza está muy extendida. En los últimos años, muchos han emigrado a Estados Unidos. Pero el negocio dominante es el bosque.

En 1997, mientras encabezaba una misión pastoral en las montañas que rodean la comunidad de Jocón, Tamayo presenció una escena imborrable: unos labradores se aprestaban a sepultar a un campesino en una bolsa de plástico porque no tenían dinero para comprar un ataúd ni madera para fabricarlo. "Paradójicamente, allí había unos aserraderos y las comunidades estaban rodeadas de una gran riqueza forestal", relató a Tierramérica el religioso. A partir de entonces, Tamayo organizó a unas 23 comunidades del norte de Olancho contra el trasiego ilegal de maderas finas. Esos poblados organizados están en los municipios de Manto, Guarizama, Silca, Salamá, Guata, Jano, Jocón, El Rosario, Mangulile, La Unión y Esquipulas del Norte. Allí la defensa del bosque "es un espíritu ardiente, como lo son las quemas ilegales para extraer madera", dijo Oliva.

La exportación de maderas deja al país algo más de 50 millones de dólares y los destinos son Estados Unidos, el Caribe y países europeos como Alemania, según la Asociación de Madereros de Honduras. La legislación forestal se considera obsoleta, pero una nueva ley a punto de aprobarse recibe críticas de los ecologistas, que consideran nula la protección prevista para las reservas. La estatal Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, encargada de regular el uso de los bosques, ha sido cuestionada por denuncias de vínculos de algunas de sus autoridades con empresas madereras. Para el sacerdote jesuita Ismael Moreno, el poder y la influencia de "los barones de la madera" es tal en Olancho que "gran parte de los candidatos a cargos políticos en ese departamento reciben financiamiento" de aquellos.

Tierramérica - 14/4/2007

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Direttore Nicoletta Manuzzato

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