Latinoamerica-Ambiente

El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), único en el mundo que acompaña un tratado de libre comercio, celebra 10 años de vanguardismo y apertura a la sociedad, pero muestra flancos débiles frente a un intercambio comercial arrasador. El ACCAN es sometido ahora a un análisis para definir su futuro, en el que participan expertos independientes y organizaciones sociales. Aunque los resultados se conocerán al finalizar el primer semestre de 2004, ya hay quienes le dan baja nota y le auguran perspectivas sombrías.

El ACAAN y su brazo ejecutivo, la Comisión para Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), son expuestos como ejemplos de lo que podrían abarcar negociaciones comerciales hoy en marcha en las que lo verde brilla por su ausencia, como las del Área de Libre Comercio de las Américas. Quienes quieran beneficiarse de la experiencia de América del Norte "pueden hacerlo, y eso incluye a los negociadores comerciales" de otras latitudes, dijo a Tierramérica el director ejecutivo de la CCA, William Kennedy.

El ACCAN -paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) integrado por Canadá, Estados Unidos y México- acumuló en una década un expediente de claroscuros. La CCA expone como logros muchos estudios e iniciativas para medir los impactos del libre comercio en el ambiente que, según diversos diagnósticos, van de moderados a casi desastrosos. Las investigaciones disponibles, varias realizadas por la CCA, indican que el intenso flujo de mercancías entre los socios del TLCAN agravó problemas en la calidad aire y disparó la acumulación de desechos tóxicos. Además, contribuyó al empobrecimiento del agro de México, donde la otrora famosa producción de maíz resultó contaminada con semillas transgénicas exportadas por Estados Unidos. Según cifras oficiales, debido a la escasa competitividad agrícola mexicana, mil campesinos se mudan por día a las ciudades.

En la CCA, cuya misión es "contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales derivados de la relación comercial" y velar por el cumplimiento del ACAAN, existen hoy problemas financieros que ponen en duda su futuro. Mientras el intercambio dentro del bloque se elevó desde 1993 hasta superar los 620 mil millones de dólares en 2002, la CCA mantuvo congelado su presupuesto anual de nueve millones de dólares, financiado en partes iguales por Canadá, Estados Unidos y México.

El ACAAN será lo que quieran sus socios, señaló Kennedy tras confirmar que el presupuesto de la comisión va en franca caída debido a procesos inflacionarios y la devaluación del dólar. En términos reales, el presupuesto para 2004 de la CCA será de unos 2,2 millones de dólares menor al de 2003. "Esto significa que deberemos ajustarnos los cinturones y vigilar nuestros gastos para ser efectivos", señaló Kennedy. Además, su registro de acciones indica apenas 42 denuncias ciudadanas sobre violaciones a normativas ambientales y ninguna querella entre los gobiernos socios.

Gustavo Alanis, presidente de turno del Comité Consultivo Público Conjunto que apoya a la CCA, cree que al acuerdo ambiental y a su brazo ejecutivo les faltó asumir una postura de fuerza "para así lograr un mayor impacto" y un renovado apoyo financiero de los gobiernos. "Hay que reconocer que los instrumentos ambientales paralelos al TLCAN son poco conocidos en los tres países, lo que impidió sacarles mejor provecho", señaló a Tierramérica.

El ACAAN y la CCA "no han podido contener los daños ambientales del incremento del comercio y los intereses de las grandes corporaciones", opinó Alejandro Calvillo, director de Greenpeace en México, que abrió sus oficinas en 1993 con mira en las denuncias de los posibles efectos del tratado comercial. Pero esos instrumentos son preferibles "a no tener nada, pues ejercen algún un peso político", reconoció. "Nos preocupa el futuro de la CCA, pues además de problemas financieros, recibe muchas presiones de los gobiernos, especialmente del estadounidense que quiere quitarle más fondos y fuerza", dijo Calvillo a Tierramérica.

"No hay absolutamente ninguna presión” en la CCA, replicó Kennedy. "Tenemos tres socios igualitarios que contribuyen equitativamente", expresó. Con todo, la CCA tiene sus puntos fuertes. "Es un instrumento de vanguardia en el ámbito internacional" que debería promoverse más, "pues apuesta por la transparencia y la apertura social", opinó Alanis.

El acuerdo ambiental norteamericano prevé que individuos y grupos presenten denuncias a la CCA contra sus gobiernos por incumplimiento de normas ambientales. Los procesos pueden concluir con un expediente de hechos, usualmente crítico, pero que no conlleva sanciones. En las 42 denuncias registradas se abordaron cuestiones de diversidad biológica, tala descontrolada, contaminación de aguas, almacenamiento de residuos e instalación de infraestructuras dañinas para el ambiente, entre otras. Quizá son pocas para una década. "Esperamos en los próximos años ser más eficaces en nuestro contacto con el público", declaró Kennedy.

De momento, apenas nueve de esas denuncias terminaron en la difusión pública de sus expedientes, aunque próximamente se sumarán tres más, dijo el director ejecutivo de la CCA. El resto de los casos, la mayoría presentados por organizaciones o personas de México, quedaron por el camino debido a incumplimientos de requisitos formales o por decisión de los socios del TLCAN. Una norma del ACAAN, duramente criticada por los ambientalistas, estipula que los gobiernos acusados pueden acordar de forma irrevocable que no se procese tal o cual denuncia o que no se haga público el expediente resultante de la investigación. Además, la parte denunciante no tiene derecho a replicar los argumentos con que el acusado se defiende de los cargos.

El director de Greenpeace espera que la CCA "demuestre que le queda fortaleza" cuando informe sobre su actual estudio de los efectos del comercio de maíz transgénico estadounidense, que se vende al amparo del TLCAN. La organización ecologista desea que el informe final, que podría difundirse en marzo, incluya la recomendación de frenar la venta de la variedad modificada, un extremo nada seguro. "Sugerimos que a futuro se hagan reformas para que el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte sea más afectivo y para que su vanguardismo se traduzca en un ejemplo de efectividad", exhortó Alanis.

Tierramérica - 22/12/2003

Costa Rica - De plaga a materia prima artesanal

Katiana Murillo

La planta acuática tifa (Typha dominguensis), por casi tres décadas una amenaza para los humedales costarricenses del noroccidental Parque Nacional Palo Verde, se convierte en oportunidad de negocio para artesanas de la comunidad agrícola de Bagatzí. La tifa se ha distribuido ampliamente en el mundo gracias a su facilidad para colonizar ambientes. Mide más de dos metros de altura y en fase reproductiva presenta una espiga de color café con más de dos millones de semillas que son dispersadas por el viento.

La planta era habitante regular de la cuenca baja del río Tempisque, en la provincia de Guanacaste, donde se ubica el Parque Nacional Palo Verde, de 18 mil 418 hectáreas sobre el océano Pacífico. Pero por diversos factores se convirtió en plaga invasora de espejos de agua de este sitio Ramsar, un humedal protegido por su importancia mundial, amenazando las áreas de alimentación y anidación de miles de aves acuáticas residentes y migratorias.

Creado en 1980, el parque es hogar de unas 270 especies de aves, entre ellas, grullas marinas, lapas, garzas, patos y gallos de agua. “La tifa encontró condiciones óptimas para desarrollarse debido a la disminución, contaminación y desvío del caudal del río Tempisque”, explicó a Tierramérica Jorge Jiménez, director de la Organización para Estudios Tropicales (OET). El río se vio afectado “por los sistemas de riego para agricultura intensiva, la construcción de diques y carreteras y el uso extensivo de abonos, cuyos nutrientes son arrastrados por el agua”, añadió. La tifa también amenaza el cultivo de arroz, el principal en la cuenca.

Cuatro años atrás, cuando el cultivo de arroz perdió rentabilidad ante el ingreso de grano importado más barato, mujeres de la comunidad de Bagatzí formaron el grupo Tifatur con la esperanza de encontrar en la elaboración de papel de arroz un ingreso complementario para sus familias. Esta comunidad agrícola depende en 95 por ciento del arroz y completa su sustento con otros cultivos, como el maíz, y ahora con la producción de papel. Pero el arroz fue desechado como materia prima y en la búsqueda de otros materiales, las mujeres descubrieron que la invasora tifa era ideal por su resistencia y longitud. “Nuestro objetivo es contribuir a limpiar los humedales del parque y mejorar las condiciones de vida de la comunidad”, señaló a Tierramérica Marlene Ruiz, vicepresidenta del grupo.

Con apoyo técnico y financiero de organizaciones nacionales e internacionales como la OET, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Fundación Avina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el grupo estableció una pequeña industria artesanal a partir de papel de tifa, única en el país, y cuenta con un albergue turístico con capacidad para seis personas. La producción absorbe a nueve mujeres que combinan las labores domésticas con la elaboración de papel, basada en pedidos. A partir de la tifa se confeccionan bolsos, tarjetas, cajas de regalo, carpetas y sobres que se venden localmente.

Por 300 carpetas las mujeres cobran unos 350 dólares y tienen, por primera vez, la oportunidad de aportar ingresos a sus familias. “El objetivo es que se convierta en un trabajo cerca del hogar sin descuidar al esposo y a los hijos”, afirmó Ruiz. El próximo año el grupo espera integrar a más familias al proyecto. Los productos empiezan a tener demanda nacional e internacional, que Tifatur espera satisfacer con una nueva máquina desfribradora, más rápida y de mejor calidad, y con una mejor preparación en ventas y mercadeo. En un plazo de tres años podrían estar vendiendo al mercado nacional, incluyendo a los turistas, y al mercado internacional, gracias a contactos con organizaciones en Estados Unidos.

El uso de la tifa en artesanías es sólo uno de los métodos para erradicarla. También se realizan fuegos controlados, pastoreo con ganado y fangeo, que consiste en emplear un tractor con neumáticos especiales que presiona las plantas hasta ahogarlas en el agua. Gracias a estas técnicas, desde 2002 se han restaurado 350 hectáreas del Parque Nacional Palo Verde y se espera liberar una proporción igual para mayo de 2004, informó Jiménez.

Estas acciones forman parte de un proyecto más amplio, la Iniciativa para el Manejo Integrado de la Cuenca Baja del Río Tempisque, que promueve actividades de restauración, conservación y producción sustentable con participación de comunidades y organizaciones de la zona. La OET actúa como facilitadora y asesora científica. “Se busca un manejo integral de la zona para tratar de volver a las condiciones que existían antes”, señaló Jiménez. Participan también las universidades estatales, el Ministerio de Ambiente y Energía y varios donantes. “El objetivo es que la región de un gran paso y se convierta en modelo para otras cuencas del país y más allá de sus límites”, señaló a Tierramérica Eugenio González, coordinador de la iniciativa para la OET.

Tierramérica - 8/12/2003

En Galápagos la tortuga Geochelone abingdoni se extingue

La extinción de un tipo de tortugas en la isla Pinta, al norte de la Región Insular fue confirmada ayer por el Parque Nacional Galápagos, que protege la biodiversidad en el archipiélago ecuatoriano. Un informe señala que después de una investigación en el sitio solo se encontraron quince restos de la variedad de tortugas gigantes (Geochelone abingdoni), de la cual solo hay un ejemplar cautivo. 'El rescate de los restos de tortugas se realizó de una manera meticulosa, tratando de no dañar los huesos, los cuales fueron recogidos para su conservación y posibles estudios en el futuro', agrega el informe.

El Parque Nacional Galápagos concluyó su investigación afirmando que 'lamentablemente no existe presencia ni rastro alguno de tortugas terrestres' en la isla Pinta. Durante 30 años, la única tortuga terrestre viva es la conocida como 'Solitario Jorge', que está en cautiverio en la Estación Científica Charles Darwin. Este no muestra interés por aparearse y es el único ejemplar de la especie que se extinguirá si muere el macho.

Argenpress - 7/12/2003

Medirán ambiente con la misma vara

Humberto Márquez

América Latina y el Caribe son los primeros del Sur en desarrollo que adoptan una vara común para medir los recursos naturales y el desempeño de su manejo, con la esperanza de atraer fondos para conservación e inversiones que fluyen desde el Norte rico. "Se trata de contar con una herramienta adecuada para valorar los recursos de la región y tomar decisiones sobre ellos”, dijo a Tierramérica Edgar Gutiérrez, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

El centro académico participó en la elaboración de una propuesta para homologar indicadores ambientales regionales en 2004, que se incorporó al Plan de Acción del XIV Foro de Ministros de América Latina y el Caribe, reunido en Panamá hasta el 25 de noviembre. “Si usted tiene un recurso y no sabe cuánto dura o cuándo puede agotarse, no puede tomar decisiones adecuadas ni oportunas”, explicó Gutiérrez. La tarea estará cargo de un grupo de trabajo con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.

De momento, un recurso como agua disponible o superficie boscosa, o un mismo problema, como población en pobreza o contaminación del aire, se miden de manera diferente en distintos países. En Brasil o en Costa Rica se considera bosque la superficie cubierta en 80 por ciento o más con especies arbóreas, recordó Gutiérrez, pero otros países consideran bosques áreas en las que menos de 40 por ciento del terreno tiene árboles, como los utilizados para dar sombra a cafetales. Un país puede entonces presentar como bosque lo que es una superficie bajo intensa explotación agrícola.

“En Colombia hemos llegado a emplear hasta 170 indicadores sobre el panorama ambiental. Nuestro propósito es ubicar 10 o 15 esenciales que nos permitan monitorizar con certeza la calidad de nuestra gestión y por eso apoyamos normas homologadas”, dijo a Tierramérica el viceministro colombiano de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, Juan Pablo Bonilla.

El foro en Panamá aprobó una baraja de hojas metodológicas con 25 categorías de registro, entre ellas, acceso al agua, áreas protegidas, biodiversidad marina, superficie forestal y riesgos ambientales para la salud. Se considerará superficie forestal, por ejemplo, la tierra cubierta de copa (o su grado equivalente de espesura) en más de 10 por ciento del área, una superficie de más de media hectárea y con árboles que de adultos alcancen una altura mínima de cinco metros.

El indicador de población con acceso a saneamiento registrará el porcentaje que accede a servicios sanitarios para la eliminación de excrementos en su vivienda o en las proximidades inmediatas a ésta, con precisiones sobre el tipo de instalaciones que se consideran correctas para ese propósito.

Pero la homologación puede ser un fardo adicional. Países muy pobres como Haití pueden agregar a sus crónicos problemas de pobreza --asociada a la deforestación para el consumo de leña-- el lastre de ser señalados y medidos, por añadidura por sus vecinos, como explotadores de recursos naturales o malos gestores ambientales. “Eso es ver las cosas del lado pesimista”, replicó Gutiérrez. “El lado optimista es que, bajo el paraguas de los procesos de integración regional y la gestión del PNUMA, los países más rezagados pueden construir la capacidad necesaria para conocer sus recursos y tomar las mejores decisiones sobre ellos”, añadió.

Desde el flanco de las inversiones y la cooperación de agencias estatales o multilaterales puede ocurrir otro tanto. “Por ejemplo, los avances de gestión ambiental en Costa Rica han hecho que ahora agencias de ayuda al desarrollo vuelquen atención y recursos sobre vecinos como Honduras y Nicaragua”, argumentó Gutiérrez.

En el foro de Panamá la iniciativa fue saludada como “una muestra de cooperación horizontal Sur-Sur”, pues se trata de un acuerdo de inspiración latinoamericana y caribeña, y no de ejecutar una propuesta de los países ricos. “La adopción de indicadores comunes nos ayudará a mostrar los avances que vamos logrando, cómo América Latina dibuja un camino, una hoja de ruta para aplicar al desarrollo sus recursos naturales, con un criterio de sostenibilidad”, dijo a Tierramérica la ministra del Ambiente de Venezuela, Ana Osorio.

“Para un país como el nuestro que tiene 700 islas, y el ambiente –sol, playa, aguas costeras- es el recurso básico de nuestra industria turística, contar con indicadores que certifiquen nuestra calidad debe ser un aporte importante”, dijo a Tierramérica el ministro de Salud a cargo del Ambiente en Bahamas, Marcus Bethel. Su par de Suriname, Clifford Marica, destacó que su país, de 164 mil kilómetros cuadrados, está “cubierto de bosques en 80 a 90 por ciento y tiene abundancia de agua prístina, que sabemos que contribuyen al conjunto de la humanidad pero no tenemos un mapa preciso sobre cómo utilizarlos. Los indicadores pueden ayudar”.

Este es uno de los ocho asuntos contemplados en el Plan de Acción adoptado en Panamá, junto a decisiones sobre desarrollo de fuentes alternativas de energía, cooperación para el aprovechamiento de los recursos genéticos, mejoras en la gestión de cuencas hidrográficas y acceso a la salud en los asentamientos humanos. El tema mereció en el foro una mención especial del director del PNUMA, Klaus Toepfer: “Estoy feliz con la iniciativa. Demuestra la madurez alcanzada por América Latina y el Caribe”, señaló.

Tierramérica - 2/12/2003

México - Enfermar y morir por un respiro

Diego Cevallos

Con apenas dos meses de vida, Ignacio es en México un firme candidato a morir pronto o ser un enfermo crónico por problemas respiratorios. Tiene todo en contra: es menor a un año, pobre y pasa gran parte del día en las contaminadas calles de la capital del país. Ignacio tose, llora y duerme sujeto por una manta a la espalda de su mamá, Marta, mientras ésta pide dinero a automovilistas al lado de un semáforo a cambio de hacer malabares con un par de pelotitas.

Una investigación reveló que enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación del aire fueron la causa de muerte de más de la mitad de 2.852 menores de un año fallecidos de 1997 a 2001 en la noroccidental Ciudad Juárez, una localidad de un millón de habitantes fronteriza de Estados Unidos. El estudio, realizado con el patrocinio de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), ”sólo confirmó lo que ya sabíamos por otras fuentes y es que la contaminación del aire mata a los más pequeños, así de simple”, dijo a IPS Mario Hernández, un médico experto en afecciones respiratorias en niños. ”No es muy difícil imaginar cuál será la situación de enfermedad y mortalidad por contaminación en el DF (Distrito Federal, la capital de México) y en otras ciudades grandes, si sólo de Juárez, con menos polución, conocemos hoy datos alarmantes”, señaló.

Estudios de la Secretaría de Medio Ambiente indican que los niveles de contaminación de la atmósfera de Ciudad Juárez son hasta 40 por ciento más bajos que los de la capital mexicana, donde 300 días del año se respiran niveles de ozono superiores a los límites establecidos por normas locales. El máximo de contaminación marcado en México es de 0,11 partes por millón (ppm) de ozono, en Estados Unidos es de 0,12 y la Organización Mundial de la Salud señala 0,11 ppm. Autoridades de salud de la ciudad de México indican que el costo anual de la contaminación en materia de atención hospitalaria y ausentismo laboral asciende a 837 millones de dólares.

Es que 35 por ciento de la carga total de enfermedades que se registran en el país tiene su origen en factores ambientales, especialmente relacionados a la mala calidad aire, según la Secretaría (ministerio) de Salud. Los más afectados son los niños y los sectores sociales pobres por su mala alimentación.

”Ya se enfermó dos veces con gripe y llora mucho, pero en general está bien”, apuntó Marta al referirse a su bebé, quien respira de forma directa la gasolina que queman los motores de los automóviles. Respecto de la contaminación, la joven madre, que para pedir dinero pinta su rostro como el de un payaso, sostuvo que la situación de Ignacio ”le preocupa, aunque no mucho, pues veo que mi niño está bien”. No obstante, ella se queja de sufrir ardor de ojos y garganta por esta gran parte del día en la calle. Hernández advirtió que la apariencia de Ignacio puede estar engañando a Marta. ”Los pulmones del niño quizá están ya debilitados por la contaminación y posiblemente no soporten una infección o que queden con problemas crónicos”, explicó.

La investigación sobre contaminación en Ciudad Juárez divulgada el 10 de este mes sostiene que los menores de un año tienen reducida capacidad para metabolizar elementos tóxicos como el ozono y las partículas suspendidas. Ambos elementos caracterizan la atmósfera de la capital y sus zonas colindantes, donde sus 20 millones de habitantes respiran el humo que emiten casi cuatro millones de automóviles y miles de industrias. El ozono a ras del suelo se produce por una reacción química entre los rayos del sol y el combustible quemado por máquinas, mientras las partículas suspendidas comprenden al polvo, arena, ceniza, hollín y los restos de metales y humo, entre otros elementos. En México y Estados Unidos se ha establecido que el límite de esas partículas es de 150 microgramos por metros cúbicos.

De un universo de 1.475 niños de cero a cinco años fallecidos en Ciudad Juárez entre 1997 y 2001 por enfermedades respiratorias, 1.195 eran menores a un mes de edad y 231 tenían de un mes a un año, indicó el trabajo. La pobreza aumenta las posibilidad de morir, según demostró el estudio auspiciado por el CCA, un organismo creado en forma paralela a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conformado por Canadá, Estados Unidos y México.

Los acuerdos ambientales paralelos al Area de Liber Comercio de las Américas en construcción incluyen compromisos para armonizar sus formas de medición en diversas áreas, incluido el aire. Pero esos posibles convenios, a diferencia de los comerciales, no son estrictamente vinculantes. ”No se observó un aumento de la mortalidad en los niveles socioconómicos más altos”, pero sucedió lo contrario con los más bajos, concluyeron los expertos.

El coordinador del programa sobre calidad del aire en la CCA, Paul Miller, declaró que los resultados de la investigación no son exclusivos de Ciudad Juárez, (pues) niveles de contaminación similares o incluso mayores se registran en otros cruces a lo largo de las fronteras entre México y Estados Unidos”. En la franja fronteriza de 3.200 kilómetros viven más de 11,8 millones de personas, 6,3 millones de las cuales reside del lado estadounidense. Casi la totalidad de esa población vive en 14 pares de ciudades, cuyo aire contaminado pasa de una a otra según la dirección que tome el viento. La contaminación en esa zona se produce por la presencia de fábricas y el cruce constante de miles de vehículos, hechos vinculados al intenso intercambio comercial.

Miller exhortó a los dos países a reforzar sus acuerdos en cooperación ambiental en la frontera para revertir la contaminación y salvar de ella a los niños, que son los más afectados, como demostró la investigación sobre Ciudad Juárez, la primera de su tipo realizada en la frontera. Para apuntalar la cooperación bilateral, la CEC informó que patrocinará en el futuro nuevas investigaciones en otras ciudades fronterizas también de Estados Unidos. ”Los gobiernos afirman que hay mucho estudio, medición y cooperación sobre el tema de la polución, pero lo que vemos empíricamente mis colegas y yo es que cada día hay más niños enfermos y débiles en México por el pésimo aire que están respirando”, declaró Hernández.

Tierramérica - 18/11/2003

Un tubérculo en la dieta indígena nicaragüense

Acostumbrados a escuchar hablar del maíz como un símbolo en la alimentación de éstas y otras tierras de Mesoamérica, sorprende la idea de que el camote o boniato haya formado parte de la dieta de los indígenas nicaragüenses. Aún más, que estudiosos del tema den por sentado que este tubérculo, menos consumido actualmente aquí que otros, es específicamente de Nicaragua y que los indígenas lo preparaban de diferentes formas.

Noel Pallais, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), asegura que la costumbre de cultivarlo en este país de la América Central que disfruta de las aguas de dos océanos- Pacífico y Atlántico- se perdió a causa de la conquista española. La conocida como la Tierra de lagos y volcanes fue descubierta por Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje y sus primeras villas fundadas en 1524. Pallais recuerda que más de un millón de nativos organizados en tribus provenientes de diversas culturas nahuas de México y chibchas de Suramérica habitaban en Nicaragua cuando llegaron los españoles. Cincuenta años después habían sido dramáticamente reducidos a 10 mil. En su opinión, el origen náhuatl de la palabra camote (Ipomoea batatas) es evidente como también lo es que los nicaraos y chorotegas que ayudaron a conquistar Perú no abandonaron estas costumbres.

De acuerdo con el experto, los conquistadores españoles exportaron a Perú cerca de 40 mil esclavos de Nicaragua. Asimismo los expertos aseguran que este tubérculo posee vitamina A, hierro, calcio, potasio y betacaroteno. Más del 95 por ciento de la producción total de camote proviene de los países en desarrollo, donde es el quinto cultivo alimenticio más importante. Los científicos piensan que fue domesticado hace más de cinco mil años y aunque existe la controversia acerca de si ocurrió en América Central o del Sur, evidencias recientes sugieren que podría haber sido en la primera.

Este cultivo fue introducido en China a fines del siglo XVI y gracias a su adaptabilidad se expandió a Asia, Africa y América Latina durante los siglos XVII y XVIII y actualmente crece en más países en desarrollo que ningún otro tubérculo. Aunque la traducción literal de su nombre en inglés es papa dulce, no es pariente de la papa. En Papua Nueva Guinea y en otras zonas de Asia existen diversos tipos de camote, pero la forma en cómo llegaron al sudoeste del Pacífico es un tópico que aún se debate. Algunos científicos creen que los exploradores europeos lo trasladaron en los albores de la conquista española, mientras otros se inclinan a pensar que mucho antes cruzó el Pacífico de una a otra isla, a bordo de las embarcaciones de los indígenas. En la actualidad, los habitantes de las islas del Pacífico se cuentan entre los principales consumidores per cápita en el mundo.

El alimento que da pie a este trabajo tiene una larga historia como protector de vidas humanas en varios países del mundo. En opinión de Pallais, el INTA quiere introducir el camote en Nicaragua para erradicar el hambre y porque el camote es nuestro. Según estadísticas de organismos internacionales, más del 70 por ciento de la población nicaragüense, ascendente a 5.2 millones de habitantes, vive en los distintos niveles de pobreza, incluyendo la extrema.

Inspirado en su potencial para la seguridad alimentaria de Nicaragua trabajé cinco años evaluando 856 variedades de camote bajo condiciones de sequía, publicó Pallais en un reciente artículo, en el cual afirma que el INTA pretende iniciar una campaña nacional para alentar el consumo de este producto agrícola. Frito o hervido, pero también en dulces, el camote o boniato es delicioso, incomparable cuando se trata de acompañarlo con coco rallado, aunque hay un sinnúmero de formas para deleitar el paladar de este alimento conocido por los nativos de estas tierras. Hasta en Asia se hace helado con él, haciéndole competencia a otros sabores tan inusuales como los de frijol negro, maíz dulce y arroz.

Argenpress - 2/11/2003

La Niña actua en los Andes bolivianos

Los científicos que han estudiado los ríos Beni y Mamoré, cursos fluyendo desde los Andes bolivianos hacia el río Madeira, han medido las concentraciones de diversas sustancias en el sedimento, y han hallado que el fenómeno meteorológico llamado La Niña tiene un papel muy importante en la región.

Las lluvias estacionales anuales suelen arrastrar miles de millones de toneladas de roca y tierra procedentes de los Andes, lo que deposita gran cantidad de sedimentos en las zonas bajas. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que sólo una vez cada ocho años, cuando el fenómeno ecuatorial La Niña se halla en su apogeo, las aguas crecen lo bastante rápido como para mover grandes cantidades de ese sedimento hasta las llanuras de inundación.

Rolf Aalto, un geólogo de la University of Washington, ha utilizado un dispositivo en forma de tubo para extraer muestras de los depósitos de sedimento a lo largo de las zonas inundables del norte de Bolivia, algunas de ellas densamente arboladas y remotas. En estas muestras, mide la actividad del plomo-210, un isótopo radiactivo producido por la desintegración del radón, una sustancia que se produce de forma natural. El isótopo se deposita gracias al sedimento fresco traído por los ríos y por la lluvia, y puede ser utilizado para datar sucesivas capas de sedimento, incluso tras haber transcurrido 100 años.

Las anomalías halladas en el río Beni, no obstante, picaron la curiosidad de Aalto. Podía verse mucho plomo-210 en la superficie, seguido de un prolongado descenso de su actividad hasta un nivel sin cambios, para aparecer después otra fase de gran disminución. Los científicos, en cambio, esperaban hallar una gran multitud de finas capas y una actividad del plomo-210 declinando de forma gradual. La razón es la presencia de algunas capas de sedimento gruesas, a intervalos determinados. Estas capas fueron depositadas al mismo tiempo que el fenómeno La Niña se hallaba en su punto álgido en el océano Pacífico (la fase fría de El Niño, el otro fenómeno meteorológico más conocido en esta zona).

Cuando las intensas lluvias de La Niña golpean a los Andes, grandes inundaciones arrastran enormes cantidades de sedimento de las montañas. Los riachuelos crecen muy rápidamente y pueden crear grietas en la ribera de los ríos. Los sedimentos tendrán entonces la oportunidad de ser llevados más lejos. En general, La Niña gobierna, en episodios sucesivos, el movimiento y deposición de los sedimentos a través del sistema fluvial.

Argenpress - 9/10/2003

La conquista de los transgénicos

Diego Cevallos

Los cultivos transgénicos ya cubren más de 18 millones de hectáreas en América Latina, de la mano de un puñado de empresas transnacionales que imponen precios y condiciones, mientras el debate sobre su presencia se carga de amenazas, juicios y dinero.

En Argentina buena parte de los campos fértiles fueron cubiertos de soja transgénica a expensas de otros cultivos y en Brasil el gobierno autorizó la siembra de esa legumbre de manera temporal. En Honduras y México circula ya maíz genéticamente modificado. En Uruguay existe soja transgénica y se está introduciendo el maíz. Además, en toda América Latina se venden alimentos derivados de esos organismos genéticamente modificados (OGM), pero la gran mayoría de los consumidores lo ignora.

La historia comenzó en 1996, cuando se liberaron comercialmente en el planeta las semillas transgénicas, sector controlado casi en su totalidad por la firma Monsanto de Estados Unidos. Otras cinco empresas participan en el mercado de forma periférica: BASF, Bayer, Dow Chemical, Dupont y Syngenta. En 2002, se sembraron en el mundo 58,7 millones de hectáreas con semillas transgénicas, de las cuales 13,5 millones corresponden a Argentina y el resto se reparte en otros 15 países, siendo Estados Unidos el principal productor de alimentos OGM.

El material genético de estos organismos es modificado en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies, animales o vegetales, y el uso como vectores a virus o bacterias "desactivadas". El propósito es mejorar su rendimiento, o sus características generales, como resistencia a factores climáticos, herbicidas, etcétera.

“La introducción de los transgénicos en la agricultura es irreversible en el mundo. Ahora lo importante en América Latina es controlarla, usarla y desarrollarla, a la par que otras tecnologías, para no depender de firmas extranjeras”, dijo a Tierramérica el científico mexicano Luis Herrera. El experto desarrolló esa tecnología a inicios de los años 80 en Bélgica, junto a varios colegas. Pero para la activista Silvia Ribeiro de la no gubernamental Action Group on Erosion, Technology and Concentration, con sede en Canadá, la perspectiva futura es otra. “Con los transgénicos pasará algo parecido a la energía atómica: primero se promovió su uso para la producción de electricidad, pero luego al descubrir sus peligros y consecuencias fue en declive”, expresó Ribeiro a Tierramérica.

Las empresas que venden semillas modificadas aseguran que sus productos son fáciles de cultivar, requieren escasas aplicaciones de pesticidas y sobre todo son rentables. Son la llave para saciar el hambre que acosa a más de 800 millones de personas en el mundo, sostienen. Sin embargo, tal afirmación está lejos de obtener consenso.

"El tema pendiente más importante es explicar por qué ha habido un ritmo de adopción tan acelerado (de siembras transgénicas en Estados Unidos) mientras que los impactos económicos parecen ser variables o incluso negativos", indica el informe Adopción de Cultivos Biotecnológicos, fechado en mayo de 2002 por el Departamento de Agricultura de ese país.

La organización no gubernamental Food First, de Estados Unidos, afirma por su parte que el hambre en el mundo tiene relación con la mala distribución de los alimentos y no con la ausencia o presencia de los transgénicos. Bastaría una distribución adecuada de los alimentos disponibles hoy para que cada habitante reciba una dieta de tres mil 500 calorías por día, señala esa organización.

En los debates en cauce participan organizaciones campesinas y ambientalistas de América Latina que cuestionan la dependencia que generan los cultivos transgénicos en los países en desarrollo y su presunto impacto en la biodiversidad y la salud humana. Estos grupos amenazan con realizar movilizaciones y emprender acciones legales.

En la otra esquina permanecen las compañías transnacionales, que en 2002 gastaron más de 50 millones de dólares en campañas de promoción de sus productos, y que llevan adelante sólo en Estados Unidos y Canadá más de dos mil juicios contra agricultores a los que acusan de usar sus semillas sin autorización. Monsanto es la dueña de todas las semillas de soja transgénica que se cultivan en el mundo y recibe por ello regalías de miles de agricultores. Estos se ven impedidos por contrato a reutilizar parte de la semilla que obtienen de la cosecha de soja, lo que obliga a romper la tradicional selección de semillas de miles de pequeños campesinos del mundo.

A fines de septiembre, el gobierno brasileño autorizó temporalmente, a través de una orden del Poder Ejecutivo, la siembra de soja transgénica, que se venía cultivando en 4,5 millones de hectáreas, a pesar de prohibiciones vigentes. El decreto despertó una aguda controversia, pues no estuvieron de acuerdo con esa decisión desde el Ministerio del Medio Ambiente hasta la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.

En Brasil se “tiene que evaluar objetivamente si hay capacidad para controlar, acompañar los problemas de salud y ambientales involucrados en los OGM”, y si no la hay no se pueden liberar los transgénicos, “porque hay inseguridad", dijo a Tierramérica Volnei Garrafa, presidente de la Sociedad Brasileña de Bioética. El científico recomienda poner en funcionamiento comisiones especiales que analicen la cuestión desde el punto de vista moral, filosófico, científico y cultural, la biodiversidad y los aspectos que afectan la calidad de la vida. El mexicano Herrera opina de modo similar. Sin embargo, advierte, hasta el momento no hay ninguna evidencia que indique que los OGM pueden tener un impacto negativo en la salud y el ambiente.

Por la vía de los hechos o por decisiones gubernamentales, en los últimos años ingresó maíz transgénico de Monsanto a México y Honduras, zona de origen de ese alimento, desarrollado y cultivado ancestralmente por los plantadores nativos. En México hay evidencia de que especies nativas fueron mezcladas con una variedad transgénica y los científicos discuten hasta qué punto se verá alterado el rico banco genético de la gramínea. En otros países, como Uruguay, sucede lo mismo con el maíz, en medio de protestas de diversos sectores.

"Desde el punto de vista científico hay casi unanimidad en que los efectos (de los transgénicos) son benéficos y los riesgos mínimos porque se ha ido avanzando con todas las precauciones debidas", opinó el investigador Alejandro Montaberry, del Instituto de Ingeniería Genética del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. La polémica tiene que ver con intereses políticos, económicos y comerciales, sostiene Montaberry. Monsanto sostiene que espera ampliar sus ventas de semillas transgénicas para el bien de América Latina, pero muchos agricultores se resisten a abandonar antiguos derechos y tradiciones para depender de una sola firma, cuya oferta de rendimiento ha sido puesta en duda por el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Tierramérica - 4/10/2003

Ciudades en tratamiento contra la obesidad

Gustavo González

La obesidad afecta a las grandes ciudades latinoamericanas, que invaden áreas agrícolas en una incesante expansión. Una solución razonable es crecer hacia dentro, por ejemplo al construir en altura, pero el desarrollo urbano no es necesariamente racional.

De 1960 a 1998, la población del centro de Ciudad de México se duplicó, pero en la periferia creció más de 11 veces, dijo a Tierramérica el arquitecto y urbanista Angel Mercado, de la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2000, la zona metropolitana de Ciudad de México abarcaba 156.188 hectáreas y tenía 17,3 millones de habitantes. Los expertos prevén que en 2010 su área urbanizada habrá aumentado a 200.888 hectáreas y su población a 20,4 millones, o sea que la densidad poblacional bajará de 111 a 102 habitantes por hectárea, agregó.

Las periferias crecen debido a ocupaciones de terrenos por parte de familias pobres, pero también por la creación de lujosos suburbios para grupos de altos ingresos, que escapan del ruido y la contaminación atmosférica, o de proyectos inmobiliarios masivos para estratos medios. Buenos Aires tiene tres millones de habitantes, pero el área metropolitana llamada Gran Buenos Aires suma 12 millones, con "un creciente proceso de suburbanización", aunque la capital argentina se diferencia de otras grandes urbes latinoamericanas "porque nunca los ricos se fueron del todo de la ciudad", comentó a IPS la arquitecta Alicia Novik.

"El crecimiento horizontal de las ciudades es una tradición brasileña. Pero desde los años 80 en Sao Paulo tiene un carácter más perverso. Tiene menos que ver con la migración (del campo a las ciudades) que con el desplazamiento de la población (urbana) del centro a la periferia", indicó el urbanista Renato Cymbalista, del no gubernamental Instituto Polis. La población del centro histórico de Sao Paulo disminuyó de 526.170 habitantes en 1980 a 373.914 en 2000, mientras Ciudad Tiradentes, un barrio periférico que antiguamente era la frontera entre zona urbana y rural, multiplicó su población en esos 20 años de 8.603 a 190.657 habitantes.

El área urbana de Bogota se duplicó de 17.000 hectáreas en 1980 a 35.000 en la actualidad, y 43 por ciento de sus barrios nacieron como asentamientos irregulares. Cada año llegan 700.000 nuevos habitantes a esa capital, según dijo a IPS la arquitecta Luz Angela Mondragón, subdirectora de Construcción y Espacio Público del Departamento de Planeación Distrital de la ciudad.

En la capital chilena, el municipio de Santiago-Centro registró una baja relativamente leve de su población entre los dos últimos censos: de 230.977 habitantes en 1992 a 200.792 en 2002. Maipú, el municipio periférico de mayor expansión, creció en la misma década de 273.521 a 468.390 habitantes. Santiago-Centro tiene 77.514 viviendas, de las cuales 26.635 son casas y 45.218 apartamentos en edificios de altura. En Maipú hay 111.139 casas y sólo 13.403 apartamentos en ese tipo de edificios. La construcción en altura en Santiago es un fenómeno nuevo, asociado con los efectos del sismo de marzo de 1985, que destruyó un tercio de los inmuebles de la comuna, y con la rehabilitación del centro que se inició en los años 90, explicó a IPS el jefe del programa de Repoblamiento del municipio capitalino, Bernabé Aravena. Ese programa ha permitido recuperar 40 de 60 terrenos baldíos. Desde 1990 se han realizado 280 proyectos inmobiliarios en altura, los menores de 50 apartamentos, y otros de 500 a 600, en condominio. "Estamos hablando de 2,5 millones de metros cuadrados en permisos de edificación y más de 30.000 viviendas", indicó.

Las nuevas construcciones en el centro de la capital chilena deben tener un mínimo de cinco pisos y no más de 26. Para estimular el repoblamiento, el Estado bonifica parte del precio de los apartamentos a quienes abren cuentas de ahorro para vivienda en la banca local. La última modificación al Plan Regulador de Santiago, en enero de 2003, obliga a conservar las fachadas de más de 620 inmuebles, aunque se los remodele interiormente para vivienda, añadió Aravena. "Las ventajas del repoblamiento del centro son muchas. Destaco el aprovechamiento de la infraestructura (de servicios) subutilizada. Por otra parte, es muy importante generar un mercado competitivo con el que conlleva la ocupación del suelo agrícola", afirmó el secretario regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Víctor Manuel González.

En Sao Paulo, los intentos de revitalizar el casco histórico y los barrios aledaños incluyen reinstalación de servicios públicos en viejos edificios, y apertura de centros culturales en inmuebles históricos. Pero a eso se suman ocupaciones del Movimiento de los Sin Techo del Centro, que en julio invadieron cuatro propiedades, tres de las cuales eran antiguos hoteles. "La tendencia demográfica aún no se invirtió. Hay más gente saliendo del centro que llegando", advirtió Cymbalista. "El vaciamiento (del centro) no se interrumpirá si el poder público no establece mecanismos para abaratar los inmuebles", agregó el arquitecto, que propone también aplicar altos impuestos a la propiedad de edificios no ocupados.

En Bogotá no ha sido posible aprobar, como en la noroccidental ciudad colombiana de Medellín, una norma de uso prioritario del centro, y eso deja espacio a la especulación inmobiliaria con los llamados "lotes (sitios) de engorde" de la capital. Por eso ha decaído el impulso al repoblamiento del centro de la capital colombiana que se inició en los años 80. "La legislación de la ciudad ha sido muy contradictoria: mientras hay normas que proponen la redensificación de zonas céntricas, otras abren paso a la expansión", dijo Mondragón.

En Buenos Aires, Puerto Madero y Palermo Viejo son ejemplos de áreas céntricas rehabilitadas. El gobierno de la ciudad quiere hacer otro tanto con barrios del sur de la capital, pero la crisis económica se lo impide. Expertos consultados en Argentina, Brasil, Colombia y Chile coincidieron sobre los altos costos ambientales de la expansión horizontal de las ciudades, que crea además una creciente demanda de infraestructura vial y de transporte, para que los habitantes de las periferias accedan a servicios y lugares de trabajo que permanecen en los centros urbanos. En los cinturones urbanos, los déficit de vivienda van acompañados de escasez de agua potable, electricidad, redes sanitarias, escuelas y centros de salud, mientras en los centros existe por lo general una buena dotación de esos servicios. Tal vez la excepción es Ciudad de México, donde no se ha planteado una política de construcción en altura ni parece tener éxito un programa de repoblamiento del centro, entre otras razones porque su infraestructura de suministro de agua potable y saneamiento está muy deteriorada, apuntó Mercado.

"Una de las discusiones que más gusta a los medios y a los académicos es si la ciudad debe crecer hacia fuera o hacia adentro y densificarse. Creo que es una discusión estúpida porque el crecimiento de la ciudad es imparable", dijo el ministro de Vivienda de Chile, Jaime Ravinet, en un discurso el 27 de agosto. "Ni las murallas de la Edad Media detuvieron el crecimiento de las ciudades, menos lo hará el lápiz de un urbanista", afirmó el funcionario, iniciador del rescate del centro cuando fue alcalde de la capital, de 1990 a 2000. Lo importante, según Ravinet, es que el crecimiento hacia fuera sea condicionado, de modo que las empresas inmobiliarias paguen servicios básicos e infraestructura vial para sus proyectos.

Con 100 habitantes por hectárea, Santiago no es una ciudad de baja densidad, sostuvo. Sao Paulo y Ciudad de México tienen 150 habitantes por hectárea, y Calcuta 364, mientras Londres, Berlín y Nueva York tienen de 40 a 50 habitantes por hectárea, y Roma 70. Se trata de decidir "si queremos ser Calcuta o queremos ser Londres. Modestamente opto por Londres", afirmó el ministro, cuyos planes de expansión urbana son objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas.

Tierramérica - 29/9/2003

América Central - Sucumben peces y pesca

Pescadores artesanales de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala ven incierto el futuro de su actividad ante la feroz disputa por los recursos marinos que echa mano a técnicas de captura como el uso de venenos y explosivos. Estos países centroamericanos carecen de planes de desarrollo pesquero que regulen la extracción de especies y brinden opciones económicas al sector no industrial, aseguraron fuentes consultadas por Tierramérica.

Las exportaciones pesqueras aportaron el año pasado 122 millones de dólares a Costa Rica, 171 millones de dólares a Honduras y apenas 27 millones de dólares a El Salvador. Viven de la pesca artesanal e industrial, 26 mil salvadoreños, cien mil hondureños y 132 mil guatemaltecos. Pero la competencia por los recursos y el afán de aumentar cantidad y variedad de las capturas menguan por igual las poblaciones de pargo de la mancha, cabrilla gris y corvina coliamarilla, entre otras.

El Salvador posee 715 especies marinas, 150 de interés comercial, y Costa Rica, con un área oceánica diez veces mayor a la terrestre, alberga cinco por ciento de los peces conocidos en el planeta. Parte del problema en Costa Rica es que 70 por ciento de los cuatro mil pescadores artesanales de ese país se concentra en el noroccidental golfo de Nicoya, sobre el Pacífico, principal centro pesquero nacional, explicó el director técnico del Instituto de Pesca (Incopesca), Antonio Porras.

Las leyes costarricenses en la materia datan de hace 52 años y no constituyen un marco jurídico que permita sancionar prácticas ilegales, además de que no brindan opciones al pescador artesanal. Entre los métodos nocivos para los ecosistemas se cuenta el uso de redes de malla fina, que permiten atrapar camarones jóvenes antes de haberse reproducido. O el arrastre a pequeña escala, que consiste en hundir la red hasta el fondo del mar para levantarla extendida formando una cortina que sustrae indiscriminadamente todo tipo de especies. La Universidad Nacional e Incopesca intentan elaborar en cinco años un plan de manejo que incluye capacitación al sector pesquero.

En El Salvador, la extracción artesanal generó 12 millones de kilogramos de pescado en 2002, por valor de 14 millones de dólares, contra sólo dos millones de kilogramos producidos por el sector industrial. Pero éste obtuvo ingresos por 13 millones de dólares debido a que captura casi todo el camarón, la especie más cotizada del mercado. Como extraen poco del valioso camarón, los pescadores artesanales buscan vías que les permitan mayores volúmenes de producción.

Así, aunque las leyes fijan controles de talla o tamaño para cada especie, resulta “difícil mantener a los pescadores alejados de tentaciones económicas”, afirmó Juan Navarrete, de la privada Agencia de Desarrollo Económico. “Es difícil crear conciencia en los pescadores para el uso racional de los recursos, pues esto disminuye sus ingresos económicos”, apuntó por su parte Juan Ulloa, del Centro de Desarrollo Pesquero. Algunos utilizan en ríos y esteros un veneno elaborado con la planta del barbasco, señaló.

En áreas con abundancia de peces, los pescadores lanzan explosivos a unos cuantos metros de la superficie, matando toda forma de vida en ese segmento. En la bahía de Jiquilisco, en el sudoccidental departamento salvadoreño de Usulután, se colocan ramas de mangle en el fondo de los canales con la intención de crear refugios para peces y luego lanzar granadas, al amparo de la noche. “Pedimos al gobierno que nos apoye con transferencia de tecnología y capacitación” sin haber recibido respuesta, aseguró Ever García, dirigente de la Federación de Pescadores Artesanales salvadoreños.

También en Honduras es habitual el uso de dinamita y de mallas muy finas en las que caen larvas y especies al borde de la extinción. Según el técnico Miguel Suazo, de la Dirección General de Pesca (Digepesca), por cada larva de camarón silvestre que se captura, se destruyen otros 10 tipos de larvas. El activista y pescador Jorge Varela, del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, lamentó la situación de marginación del sector pesquero en Honduras. “No hay políticas de conservación y los recursos marinos se agotan. Los pescadores nos sentimos abandonados”, explicó Varela.

Limitaciones presupuestarias explican la inexistencia en Honduras de un plan integral de desarrollo y de un inventario de especies marinas nativas, justificó el titular de Digepesca, Pedro Castellón. No obstante, se desarrollan nuevas políticas, como la revisión de leyes que datan de 1959. La intención es desterrar el hábito muy extendido en la costa atlántica de pescar cerca de las barras del litoral, donde se concentran especies para su reproducción.

La actividad pesquera presenta grandes contrastes en Guatemala: es muy limitada en el litoral atlántico, mientras en el pacífico se realiza inclusive mediante instrumentos avanzados como navegadores por satélite, dijo el director de la estatal Unidad para la Pesca, Juan Segura. La introducción de alta tecnología ha contribuido a erradicar prácticas como las detonaciones, que aún son posibles en ríos y otros cauces de aguas continentales, aunque “sin ninguna o muy baja incidencia en el ambiente”, opinó Segura. Unas mil 240 embarcaciones artesanales y de pequeña escala operan en aguas interiores guatemaltecas.

Tierramérica - 22/9/2003

El Protocolo de Cartagena

El 11 de septiembre entró en vigor el Protocolo de Cartagena, el primer acuerdo internacional que rige la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología moderna. Se espera que el tratado fomente el uso seguro de transgénicos, tema que despierta una encendida polémica global, liderada por Estados Unidos y Europa.

Adoptado en 2000 por los miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica, el tratado busca un comercio internacional de transgénicos más transparente, a través de medidas de seguridad acordes con las necesidades de consumidores, industriales y, en particular, con el medio ambiente. El objetivo es descartar potenciales conflictos entre las leyes de comercio y el régimen de bioseguridad global, según explica una guía sobre el protocolo ofrecida por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).

El proceso de conciliar intereses legítimos del comercio, la bioseguridad y otros no ha resultado fácil. Existe una agria disputa entre quienes ven en la biotecnología el camino hacia la seguridad alimentaria, y aquellos que aducen razones éticas, ambientales, sociales y de salud al intentar poner un coto a la biotecnología moderna.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió en marzo de 2000 la Declaración sobre Biotecnología, donde sostiene que esta ciencia ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como de las industrias alimentarias.

La Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal (REDBIO), de FAO, compuesta por 570 laboratorios en 32 países, aboga por mantener y reforzar la investigación biotecnológica, incluidos los cultivos transgénicos, a la vez de fijar las normas de bioseguridad necesarias para evitar daños a la salud y el medio ambiente.

Entretanto, grupos ambientalistas, como Greenpeace consideran que la riqueza biológica de los cultivos tradicionales es una herencia mundial amenazada por la contaminación genética. Y responsabilizan a transnacionales de la biotecnología, como Monsanto, el mayor productor de semillas del mundo, de presionar a los gobiernos de muchos países para descartar mecanismos de control sobre los transgénicos.

Estados Unidos y la Unión Europea protagonizan la polémica. En julio pasado, el Parlamento Europeo adoptó una ley que obliga a los productores de alimentos genéticamente modificados a etiquetar sus productos para conocimiento del cliente. La medida deberá ser ratificada por cada uno de los países miembros de la Unión Europea, pero fue percibida como la primera señal de un posible levantamiento de la prohibición de comercializar transgénicos en el bloque comunitario. Estados Unidos y otros países productores de OGM, incluidos latinoamericanos como Argentina, demandaron ante la Organización Mundial de Comercio la suspensión de la prohibición a la venta de esos alimentos en el territorio de la Unión Europea, impuesta en 1999.

En junio de 2003 la República de Palau se convirtió en el Estado número 50 en ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, lo que permitió su entrada en vigor. La primera reunión de la Conferencia de las Partes que han ratificado el Protocolo tendrá lugar en Kuala Lumpur, Malasia, en febrero del 2004.

Tierramérica - 22/9/2003

Areas protegidas de papel

Humberto Márquez

Casi 25 por ciento de la superficie de América Latina está bajo algún régimen de protección, sin embargo, apenas 56 centavos de dólar por hectárea se destinan para el manejo de ese territorio, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) al que Tierramérica tuvo acceso.

Muchas de las dos mil 267 áreas protegidas en la región “sólo existen en su instrumento de creación, sin que las disposiciones lleguen a aplicarse en la realidad”, deploró el estudio hecho público por el PNUMA, en coincidencia con el V Congreso Mundial de Parques, en Durban, Sudáfrica.

Según el diagnóstico, América Latina hace el mayor aporte al planeta en áreas protegidas, que representan casi 25 por ciento de su superficie. Entretanto, sólo 18 por ciento del territorio de América del Norte y 14, 5 por ciento del de África austral y oriental está protegido. El promedio mundial es de 10 por ciento.

Las áreas protegidas latinoamericanas y caribeñas requieren recursos humanos y financieros para su administración, leyes e instituciones que las apliquen, y planeación y coordinación entre los organismos encargados de su manejo, indica el informe. El Estado tiene un papel indelegable para garantizar las áreas naturales protegidas como patrimonio público, enfatiza.

Como en otros asuntos de la región, apenas se entra en materia aparece el espectro de la pobreza y la exclusión. Un ejemplo es la reserva de biosfera Montes Azules en el meridional estado mexicano de Chiapas, que perdió en las últimas dos décadas 40 por ciento de su superficie selvática, en un panorama de miseria y violencia. En sus 331 mil hectáreas concentra 163 de las 439 especies de mamíferos de México, 500 de aves y 800 de mariposas. Está ubicada en la selva Lacandona, que es morada de las etnias choles, tojolabales, tzeltales y tzoltziles y escenario del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Allí “el paisaje de deforestación y pillaje provoca una desolación espiritual y no sólo visual”, dijo a Tierramérica el poeta Homero Aridjis, presidente del ecologista Grupo de los Cien.

Otra muestra de la necesidad de pasar del papel a los hechos está en la reserva de biosfera de Río Plátano, en Honduras, parte de un corredor biológico mesoamericano, cuyas 815 mil hectáreas fueron declaradas patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Pero la reserva hondureña podría perder esa condición en cualquier momento. La deforestación avanza en la zona de la mano de 45 mil familias que la habitan, pero el Estado interviene junto con la UNESCO “redoblando esfuerzos de protección y concientización de las comunidades”, dijo a Tierramérica Fausto Mejía, de la Secretaría del Ambiente de Honduras.

La participación social es considerada esencial en el informe del PNUMA, basado en cuestionarios a entidades estatales y organizaciones no gubernamentales. Nueve de cada diez países de la región cuentan con instrumentos al respecto, desde los consejos o comisiones nacionales para el ambiente en Brasil, Cuba y Ecuador hasta los comités para cada área protegida en naciones como Argentina y Bolivia. “Fomentamos la consulta a la comunidad para nuestros cinco refugios de fauna, en teoría intocables, y las siete reservas de fauna donde se permite cierto aprovechamiento por los pobladores”, indicó a Tierramérica el biólogo Xavier Elguezabal, del Ministerio del Ambiente en Venezuela.

Información aportada por 23 países para el informe del PNUMA indicó que en la región existen dos mil 267 áreas protegidas, que cubren 211 millones de hectáreas, con un promedio de 99 mil hectáreas por unidad, para cuyo manejo se destinan apenas 56 centavos de dólar por hectárea. El país con más áreas protegidas es Brasil (582), seguido por Cuba (236), Venezuela (229), México y Costa Rica (150 cada uno), Jamaica (133) y Guatemala (108).

Las reservas de Bolivia (20) son enormes, con un promedio de 825 mil hectáreas, y las de El Salvador (9) diminutas, con una superficie promedio de 959 hectáreas. Venezuela destaca en el conjunto porque 61 por ciento de su territorio está bajo algún régimen de protección, seguido por Belice con 44, y por Panamá con 32 por ciento. Todas las naciones de la región se han involucrado en programas de cooperación internacional y firmaron el Convenio sobre Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992). Todas, también, se han adherido a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pero los papeles no bastan.

El PNUMA aboga por la adopción de planes rectores nacionales, con estrategias de mediano y largo plazo, e insiste en ordenamientos ecológicos del territorio, que incluyan variables ambientales, sociales y económicas, así como la coordinación entre instituciones y la cooperación internacional.

Tierramérica - 15/9/2003

Biopiratas roban tesoros vitales de Amazonía

"Si algún día se descubre la vacuna contra el Sida, ocurrirá probablemente en la Amazonía". Con éste y otros argumentos las grandes compañías y laboratorios farmacéuticos del mundo se internan en la Amazonía para extraer, en la mayoría de casos en forma ilegal, especies útiles para la producción de medicinas.

La biopiratería es el robo de los recursos intelectuales - conocimientos y técnicas curativas indígenas - y biológicos de las regiones ricas en biodiversidad, para su utilización con fines comerciales. Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Surinam y Guyana ven amenazadas sus ya vulnerables regiones amazónicas por esta nueva forma de agresión.

El fenómeno se inició hace 15 años y sus mecanismos son diversos: los traficantes, bajo el disfraz de turistas recolectan hongos, animales, semillas y plantas para enviar al exterior; otras veces compran extensiones de bosque tropical en donde hacen bioprospección para identificar las especies; además, ingresan a las comunidades indígenas con diversos mecanismos para extraer el conocimiento acerca de estos recursos. Después de recolectar especies e información, patentan los productos en el exterior, los procesan y los comercializan llevándose todas las ganancias.

Los casos de biopiratería en la región de la Cuenca Amazónica son innumerables. En Ecuador, por ejemplo, se dio uno de los más conocidos relacionado con la patente sobre la ayahuasca. Durante la década de los 80, el dueño de un laboratorio farmacéutico estadounidense, Loren Miller, obtuvo plantas de ayahuasca del pueblo Cofán y al llegar a Estados Unidos obtuvo la patente de la planta. En 1996, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) presentó una solicitud de revocatoria de la patente, pues la ayahuasca es una planta sagrada que pertenece a los pueblos indígenas amazónicos y que se ha utilizado ritualmente por cientos de años. A pesar de que la patente fue cancelada se la reestableció en el 2001 al mismo Loren Miller.

Del mismo país, 750 ranas de la especie Epipedobates tricolor - que producen la epibatidina-analgésico 200 veces más potente que la morfina - fueron robadas y el analgésico fue patentado en Estados Unidos.

En Perú, se generó un escándalo a raíz de que el gobierno japonés secuestrara el yacón, tubérculo que tiene sabor dulce, pero no engorda y que podría reemplazar al azúcar. En el hecho habrían estado involucrados el Centro Internacional de la Papa y autoridades peruanas, que sabían que las semillas iban a ser llevadas a Japón y no tomaron ninguna acción legal. El caso del yacón es una pérdida para Perú y otros países que han cultivado la especie por siglos. Además, los bosques de uña de gato de la comunidad Ashaninka peruana han sido deforestados por personas que comercializan la corteza.

Brasil, por su parte, ha cuestionado el registro comercial del nombre "cupuaçu" como marca de la empresa japonesa Ashai Foods. Cupuaçu es el nombre de una fruta de la Amazonía brasilera que al ser patentado perjudicaría a los pequeños exportadores de la fruta del país. Organizaciones como el Grupo de Trabajo Amazónico y Greenpeace han impulsado un proceso judicial contra esta empresa japonesa para que el patrimonio no siga siendo explotado sin que los beneficios sean revertidos a las poblaciones tradicionales.

Estudios de organizaciones ecologistas señalan que el tráfico de especies y conocimiento genera a la región amazónica pérdidas anuales superiores a los 10.000 millones de dólares. Resulta muy difícil ejercer un control adecuado sobre la biopiratería. A pesar de que legislaciones como la ecuatoriana prohíben sacar cualquier organismo sin el respectivo permiso, los controles aduaneros son ineficaces. Además, no existen mecanismos que permitan el retorno económico hacia las comunidades de donde salen los recursos. Si bien los productos de la Amazonía sirven para curar enfermedades, las ganancias son para las transnacionales y las ambigüedades de los sistemas legales de los países amazónicos las siguen beneficiando. [...]

Adital - 9/9/2003

Amazonia en alerta por integración vial

Abraham Lama

Los planes de construir dos ejes viales entre Perú y Brasil, que atravesarían las selvas amazónicas peruanas, inquietan a los ambientalistas pues podrían acelerar la irrupción de amenazas a ese frágil ambiente. El más espectacular de los ocho convenios firmados el lunes 25 de agosto en Lima por los presidentes Alejandro Toledo, de Perú, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, es un proyecto de integración física y económica basado en tres ejes viales, dos de los cuales unirán el territorio amazónico brasileño con las costas peruanas sobre el océano Pacífico. Estos convenios fueron alcanzados en el marco de una alianza estratégica entre Perú y el Mercosur (conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que incluye un acuerdo de libre comercio.

Pese a que comparten una frontera de casi tres mil kilómetros, Brasil y Perú han vivido hasta ahora de espaldas, separados por los bosques amazónicos. El comercio entre ellos es relativamente exiguo: 683 millones de dólares en 2002, 72 por ciento constituido por ventas brasileñas.

Brasil busca caminos menos costosos y más directos que la ruta por el austral Cabo de Hornos para llegar a los mercados asiáticos por el océano Pacífico, en tanto a Perú le interesa el mercado de su vecino, así como generar una corriente turística hacia las meridionales regiones de Cuzco, Puno y Arequipa.

En Lima, dos de los ejes viales proyectados provocan euforia oficial, opiniones divididas de los empresarios y preocupación de los ecologistas. El fin de semana previo a la visita de Lula, siete sindicatos empresariales enviaron una carta a Toledo expresando su preocupación por los problemas que acarreará a la débil estructura industrial peruana una apertura arancelaria con un país de expansiva energía exportadora.

Pero en el Foro Empresarial Perú-Brasil, convocado en Lima con ocasión de la visita de Lula, se destacaron las oportunidades de crear o ampliar negocios en ambos países, exportar productos alimenticios, cemento y minerales a zonas brasileñas próximas a la frontera.

Desde el punto de vista ecológico, el panorama es menos eufórico. “Sin normas adecuadas, esas carreteras serán una catástrofe ambiental, pues en la Amazonia no están dadas las condiciones para neutralizar el impacto negativo de una irrupción de automotores, empresas depredadoras y una descontrolada colonización masiva”, comentó a Tierramérica el consultor de la Organización de las Naciones Unidas, Roger Rumrrill. “Las carreteras acelerarán la deforestación salvaje que se está produciendo en ambos países. Se facilitará la expansión del comercio ilegal de caoba, semillas, animales vivos, orquídeas, etcétera, que el año pasado bordeó los 500 millones de dólares, superior al movimiento del narcotráfico, que fue de poco más de 300 millones”, añadió.

El ex embajador en Brasil Eduardo Ponce replicó que entre los convenios están previstos mecanismos de cooperación en vigilancia y protección de los recursos de la Amazonia. Uno de los ejes viales, el “Polo Interoceánico del Sur”, está ya en operación y no toca la región amazónica de Perú, pues vincula los puertos peruanos de Ilo y Matarani y los puertos chilenos de Arica e Iquique con Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo, pasando por Paraguay y Bolivia. También es un viejo proyecto el “Polo Transoceánico Central”, que enlazará Rondonia y Acre con las zonas de selva, sierra y costa del sur de Perú. Para su finalización sólo faltan algunos tramos en territorio peruano.

Según el Ministerio de Transportes, “las carreteras brasileñas que lo componen están totalmente asfaltadas y llegan hasta la frontera, en tanto que en Perú resta asfaltar desde Assis, ciudad fronteriza brasileña, hasta Inambari, en Cuzco”. Esta obra requerirá una inversión de 115 millones de dólares y se terminará en dos años, mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.

La tercera vía, el “Polo del Amazonas”, cruzará la selva y la sierra del norte peruano, para llegar cerca del puerto de Bayobar, adyacente a uno de los yacimientos de fosfatos más grandes del mundo, aún no explotados, y vecino de Paita, en donde el gobierno prepara un centro aéreo y comercial. Este eje utilizará el río Amazonas y sus afluentes Marañón y Ucayali, como avenidas fluviales desde Belem do Pará, en la costa atlántica, pasando por Manaos, la mayor ciudad industrial y comercial de la Amazonia brasileña. Esta hidrovía remontará el río Putumayo, frontera entre ambas naciones, y tendrá dos ramales que ingresarán al puerto colombiano de Tumaco y al puerto de Esmeraldas, en la costa septentrional de Ecuador.

Tierramérica - 1/9/2003

¿El desierto del Amazonas?

René Tamayo

Parecería un absurdo. ¿Cómo el coto del agua y la biodiversidad mundial -el símbolo del esplendor biológico del planeta- podría convertirse en desierto? Si cayera otro meteorito por Yucatán o lugar parecido, tal vez -dirían unos. Si estalla una guerra nuclear, quizá -alegarían otros. No es posible -afirmaría la mayoría. Mas resulta que no hace falta un cataclismo natural o humano, y sí es probable.

En el año 2000, cuando en Brasil se barajaba un proyecto que terminaría deforestando la mitad de la Amazonia, la perspectiva estaba a la vista. La idea -después que las madereras transnacionales vendieran los palos tumbados como aserrín- era convertir las áreas desarboladas en zonas agrícolas y pecuarias. El escándalo no se hizo esperar. Sin la selva -enseguida esgrimieron científicos y ambientalistas- la tierra amazónica no servirá para nada. Su capa fértil es poco profunda y ácida, y la región está expuesta a inundaciones periódicas que impiden la agricultura.

Imaginen una crecida del Amazonas pasando por gigantescas sabanas. Allí no quedaría ni títere con cabeza ni un granito de buena tierra para alimentar tan siquiera a una ameba. 'Las lluvias y las inundaciones -editorializaba el periódico digital Rebelión' arrastrarán el delgado suelo fértil, causando devastadoras erosiones y, en poco tiempo, se iniciará el proceso de desertificación'. Y recordaba que 160 000 kilómetros cuadrados de ese patrimonio mundial fueron metidos en ese triste destino y terminaron abandonados... Se encontraban en franca desertificación.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía tendrá aquí en La Habana, entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre próximos, el VI Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes (COP6). Sus expertos califican la desertificación como la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Es un 'proceso gradual de pérdida de productividad del suelo y de reducción de la cubierta vegetal' debido a actividades humanas y variaciones climáticas como sequías prolongadas e inundaciones.

Según una carpeta enviada a la prensa por la delegación de Cuba a la COP6, aunque la desertificación afecta más a Africa dos terceras partes de su territorio son desiertos o tierras secas, el problema no se circunscribe a allí. Bajo igual categoría cae la cuarta parte de América Latina y el Caribe. En Estados Unidos, el 30 por ciento de las áreas están afectadas por la degradación.

En España, la desertificación amenaza a la quinta parte de los suelos. En China, desde los años 50 las tormentas de arena y 'el crecimiento de los desiertos han arrasado cerca de 700 000 hectáreas cultivadas; 2,35 millones de hectáreas de pastizales; 6,4 millones de hectáreas de formaciones forestales de diferente tipo y de vegetación arbustiva...'

Según un informe de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la ignorancia del medio natural desempeñó un papel importante en la aparición en Estados Unidos del terrible Desierto de Polvo (Dust Bowl) en los años 30. 'Una de las medidas erróneas fue que los agricultores del Medio Oeste utilizaron en una época de sequía arados que estaban diseñados para las latitudes más templadas de Europa occidental'. Y 'en las décadas recientes, equivocaciones similares en la elección de políticas o tecnologías -apuntaba- han conducido a la degradación de tierras en muchos países, desarrollados y en desarrollo'.

Ambientalistas españoles denuncian que en su país el más afectado del Primer Mundo la erosión de los suelos está en límites intolerables. La fomenta la explotación insostenible de los recursos hídricos causa de graves daños ambientales, incluidos la contaminación química, la salinización y el agotamiento de los acuíferos. También impacta la pérdida de la cubierta vegetal debido a reiterados incendios forestales; la concentración de la actividad económica en las zonas costeras por la urbanización; la actividad industrial, el turismo masivo y la agricultura de regadío...

Y ocurre, según organizaciones ambientalistas ibéricas, porque las políticas que lleva a cabo el gobierno en materia agrícola, urbanística e hidrológica se alejan cada vez más de un modelo de desarrollo sustentable que pudiera prevenir la degradación.

Para los especialistas, entre los aceleradores de la desertificación en el planeta está la deforestación, la erosión hídrica, la erosión eólica, la salinización, la reducción de la materia orgánica del suelo, su encostramiento y compactación, y el uso de contaminantes en producciones agrícolas y animales.

Yerra quien piense que la causa está en puros hechos naturales. El sobrecultivo, el pastoreo excesivo, la tala y las prácticas inadecuadas de riego constituyen parte de los primeros agentes. El clima y las sequías representan solo elementos favorables.

Las causas son complejas, agregan los expertos. Pero es el hombre quien desencadena el proceso. Estamos ante el nuevo Dios del desierto; también, ante su más grande víctima. Hablamos, además, de ingenuidades, errores, importación de tecnologías ajenas, malas políticas...

Es la pobreza, empero, el mayor contribuyente de la desertificación. Los pobres tienen un solo camino: exprimir hasta la última gota el sustento que puede darle la tierra por poco que sea y al costo que lleve. Sobrevivir uno y los suyos, es el más elemental de los derechos humanos. Lo que vale es el día, mañana veremos, se dirán muchos. Unos 135 millones de personas el equivalente a la población de Alemania y Francia juntas podrían verse obligadas a desplazarse por efecto de la desertificación. En los próximos 20 años, se espera que unas 60 millones de personas abandonen las áreas desertificadas del Africa subsahariana y emigren hacia el norte del continente y Europa, plantean los analistas.

En México, por ejemplo, se pierde un millón de hectáreas de bosques al año y un alto por ciento del territorio presenta grados de desertificación. La baja en la producción agrícola no se ha hecho esperar y los campesinos abandonan en masa sus lugares. Se plantea que de continuar con los actuales niveles de tala de bosques y selvas, así como de degradación de suelos, a la vuelta de unas pocas decenas de años allí no existirán tierras aptas para la agricultura.

'La lucha contra la desertificación y la lucha contra la pobreza son dos variantes de un mismo objetivo', se apunta constantemente por científicos, ambientalistas y políticos de buena voluntad en cuanto foro sobre el tópico aparece. Con severas consecuencias sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente, la desertificación está estrechamente vinculada con el cambio climático mundial y la pérdida de la diversidad biológica. Nadie escapa. Los masivos incendios forestales que han devastado en los últimos días decenas de miles de hectáreas y dejado decenas y decenas de muertos en Europa, es la más reciente señal.

Lenta y callada, aplastante y abrumadora, la desertificación amenaza al mundo. A la vuelta de unos pocos años, casi mil millones de personas pudieran observar sin poder hacer nada cómo sus tierras se vuelven estériles.

Ya ocurre. Unos 250 millones de humanos sufren de manera directa sus efectos. Es un grave problema ambiental que asola a la cuarta parte de la superficie terráquea. Las víctimas humanas, animales y vegetales- habitan en más de cuatro mil millones de hectáreas y más de 100 países. Pero todo el planeta sentirá sus consecuencias.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa, tiene sus orígenes en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992). Su texto matriz fue concluido en 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996, una vez ratificado por 50 países.

Al VI Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes (COP6), que se celebrará en La Habana, llega -según los expertos- con una madurez institucional la ratificaron o se adhirieron a ella 186 países, financiera y política, que le valió la calificación, el pasado año en Johannesburgo, de ser la única convención salida de Río de Janeiro que trata aspectos de la supervivencia del hombre en su enfoque más objetivo, directo e inmediato.

La Conferencia de las Partes, la reunión que se celebrará aquí, es el órgano supremo que toma las decisiones. Revisa la aplicación de la Convención, promueve y facilita el intercambio de información, aprueba los programas de presupuesto y de actividades de sus órganos subsidiarios, coopera con organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otras convenciones relacionadas. Desde el año 2001 se reúne bianualmente.

Argenpress - 24/8/2003

Brasil - El negocio de los insectos

Mario Osava

Los insectos, como los virus y otros microorganismos, se han vuelto mercancías de creciente presencia en el comercio internacional, como medios para controlar plagas agrícolas cada día más diseminadas por el mundo. La globalización, al intensificar el intercambio de bienes, el turismo y las migraciones, también aumentó la diseminación internacional de hongos, bacterias y otros agentes biológicos que causan graves pérdidas a la agricultura.

Hasta hace una década, el ingreso a Brasil de esas especies dañinas se medía por decenas, y en los últimos años se mide por centenares, según las autoridades sanitarias. Como esas plagas exóticas no tienen enemigos naturales en el país, se expanden con rapidez y agresividad, y obligan a realizar fuertes gastos en venenos agrícolas. El consumo en el país de agrotóxicos creció de 1.000 millones de dólares en 1991 a 2.500 millones en 2000, según la industria del sector.

El control biológico de plagas es una alternativa de reciente desarrollo en el país, pero con un futuro prometedor pese a los ”obstáculos culturales” provocados por el desconocimiento y el apego a los agroquímicos, dijo a IPS José Roberto Parra, experto en el tema y director de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), en Piracicaba, a 120 kilómetros de Sao Paulo. Es una gran oportunidad para los jóvenes agrónomos o biólogos, ya que el mercado nacional e internacional tiende a crecer mucho, evaluó.

Eso lo entendieron dos alumnos de maestría de la ESALQ, los agrónomos Danilo Pedrazzoli y Diogo Rodrigues Carvalho, que hace dos años crearon la empresa Bug Agentes Biológicos, productora de ejércitos de insectos y huevos para combatir a causantes de plagas. Esa firma tiene 30 empleados y ya exporta huevos de una polilla, cuyo nombre científico es Anagasta kuehniella, que sirve de alimento para multiplicación del insecto Trichogramma, un parásito de huevos usado en control biológico de por lo menos 18 millones de hectáreas cultivadas en 16 países, según Bug. Caña de azúcar, maíz, soja, algodón y tomate son los cultivos en que más se aplica ese ”parasitoide”.

La empresa brasileña produce diez kilogramos mensuales de huevos de polilla y exporta 30 por ciento a Estados Unidos y a países europeos como Dinamarca, Francia y Suiza. Eso es suficiente para reproducir 360 millones de ejemplares de Trichogramma según Parra, quien es también consultor de Bug.

La exportación es favorecida por bajos costos en Brasil, explicó a IPS Alexandre de Sene Pinto, coordinador del proyecto de producción de enemigos naturales de plagas, ejecutado por la Bug con financiación de la Fundación de Amparo a la Investigación de Sao Paulo, órgano estatal de fomento tecnológico. El control biológico ofrece varias ventajas, especialmente su costo. Contra la oruga Diatraea saccharalis, que reduce la productividad de la caña de azúcar, el uso de agroquímicos cuesta tres veces más que el combate mediante parásitos, sostuvo. Por eso ”en 80 por ciento de la caña del estado de Sao Paulo se emplea el control biológico”, estimó Sene Pinto. Las empresas productoras de insectos y microorganismos antiplagas empiezan a multiplicarse en Brasil, donde esa tecnología empezó a discutirse en los años 70, observó Parra. En general empiezan pequeñas y se expanden, como pasó con la Koppert holandesa, que ya tiene subsidiarias en varios países, señaló.

Según Parra, los mayores obstáculos par el control biológico en Brasil son, además de trabas culturales, la debilidad de las actividades de extensión en el medio rural, que impiden la llegada de tecnología a los agricultores, y la escasez de recursos humanos calificados. Incluso en el contexto de América Latina, el país va rezagado en relación con Colombia, que hace tiempo tiene más de 20 empresas especializadas en el sector. Recién ahora Brasil empieza a disputar el liderazgo, gracias a la creciente cantidad de estudiantes de posgrado, observó. ”Creció la masa crítica”, y en un congreso a mediados de junio en el interior de Sao Paulo se reunieron más de 600 investigadores brasileños interesados en esa área, destacó el experto. Brasil y varios países latinoamericanos cuentan con su enorme biodiversidad como un factor favorable para el avance de las biofábricas de especies antiplagas, aunque las naciones industrializadas lleven actualmente gran ventaja tecnológica, opinó.

Además, en los países tropicales es más difícil controlar plagas, porque no hay un invierno riguroso que mate a muchos microorganismos, apuntó Parra. El comercio internacional de agentes biológicos es aún limitado por barreras sanitarias, por temor a introducción de nuevas especies, pero tiende a crecer a medida que las plagas cruzan fronteras, afirmó. La plaga llamada ”minador de citrus”, provocada por la larva Phyllocnistis citrella Stainton, apareció en Brasil en 1996, procedente de Asia y se diseminó en los extensos naranjales del estado de Sao Paulo, favorecida por la inexistencia de enemigos naturales. En casos así, en general hay que importar tales enemigos, para reequilibrar el medio ambiente, ejemplificó.

Tierramérica - 14/7/2003

Refuerzan alianza en favor del arrecife mesoamericano

Jorge A. Grochembake

Especialistas de Belice, Guatemala, Honduras y México iniciarán estudios de campo en julio con miras a establecer regulaciones a la pesca en el amenazado Arrecife Mesoamericano, el más grande del océano Atlántico y segundo del mundo. Con una extensión de mil kilómetros, el arrecife compone un exuberante espectáculo natural desde la península de Yucatán, en el sur de México, hasta las islas de la bahía de Honduras. Su rica diversidad biológica, que incluye especies de peces de amplia demanda comercial como el caracol, el mero y la langosta, sufre el acecho de la pesca, el turismo y la deforestación.

Para garantizar la sustentabilidad del sistema coralino y los ecosistemas asociados –como manglares y pastos marinos-- es necesario un intenso trabajo de educación, entrenamiento e información compartida, dijo Miguel Angel García, responsable de Monitoreo Ambiental del Sistema Arrecifal Mesoamericano, SAM. Con financiación del Fondo Mundial del Ambiente (GEF) del Banco Mundial, el SAM es una iniciativa de conservación para el área, en la que participan Belice, Honduras, Guatemala y México.

Como parte de esos esfuerzos, especialistas de cada país comenzarán investigaciones de campo para monitorear zonas clave del SAM. Así podrá estudiarse el comportamiento en las agregaciones de peces donde se reproducen especies de importancia comercial. “Los pescadores tienen identificados los sitios de agregación y acuden a ellos para explotarlos”, dijo García. Los resultados de las investigaciones permitirán hacer recomendaciones para una pesca regulada, explicó.

Los arrecifes coralinos son una suerte de esqueleto calcáreo en aguas superficiales, conformado por colonias de coral que necesitan para prosperar diversos tipos de algas. Estas, mediante fotosíntesis, producen el carbonato de calcio que el coral requiere para fijarse al arrecife. La barrera de arrecifes sirve de protección a ecosistemas costeros y es sitio de reproducción y alimentación de mamíferos marinos, reptiles, peces e invertebrados, explicó la bióloga Daniella Guevara, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México.

El arrecife mesoamericano es la segunda formación de arrecifes del planeta después de la Gran Barrera Coralina Australiana. Por su tamaño se establecieron zonas prioritarias transfronterizas, con el fin de reforzar los mecanismos de protección. Los sitios clave comprenden áreas de la bahía de Chetumal (Belice y México) y del golfo de Honduras (Belice, Guatemala y Honduras). Una de esas zonas es la biosfera Banco Chinchorro, el arrecife más rico de México, frente a la costa sudoriental del estado de Quintana Roo. También fue seleccionado el archipiélago de Cayos Cochinos, un conjunto de pequeñas islas y cayos en aguas del mar Caribe hondureño.

Como parte de las gestiones del SAM, se promulgaron normas de protección de Gladden Spit en Belice, sitio donde desovan meros y pargos. Ese criadero atrae al tiburón ballena y se ha convertido en importante centro turístico. Las acciones buscan controlar las prácticas de buceo y pesca en el área. La iniciativa de preservación “ya está en ejecución”, dijo la directora general de Biodiversidad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de Honduras, Alda Gamboa. Sin embargo, “en casi todos los países tenemos algunos daños”, añadió. En el caso hondureño, que junto a Belice presentan mejores niveles de conservación, los arrecifes están afectados por un fenómeno de estrés conocido como “blanqueamiento”, provocado por “la sedimentación que hemos tenido por la deforestación que sufre Honduras”, aseguró Gamboa.

Como los arrecifes no toleran cambios en la temperatura del agua, el recalentamiento de los océanos contribuye también al blanqueamiento coralino. Pese a las múltiples acciones, “no logramos una protección total”, reconoció Gamboa. Una efectiva protección de los arrecifes requiere “un manejo regional, pues no es posible aislar las partes de un país del resto del sistema”, añadió. El SAM comenzó a operar a mediados de 2001 con un plazo de 15 años, divididos en tres fases quinquenales.

Tierramérica - 9/6/2003

Sequía de fiscales ambientales

Jorge A. Grochembake y Thelma Mejía

Los fiscales ambientales son un eslabón fundamental, pero aún débil, del tejido jurídico creado para preservar la naturaleza en América Central. Son escasos y actúan en condiciones precarias, según un sondeo realizado por Tierramérica. Honduras tiene nueve fiscales, Guatemala 13 y Costa Rica tres, mientras en Panamá no existe esa figura. El istmo concentra ocho por ciento de la superficie de los manglares del mundo y casi 12 por ciento de las costas de América Latina y el Caribe, pero sufre una acelerada degradación del ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Sólo dos oficinas con 13 fiscales, incluidos auxiliares, tienen a su cargo más de dos mil 350 casos por delitos contra el ambiente en Guatemala, sin respaldo de peritos y con escasos recursos económicos para llevar a juicio a los responsables, dijo Héctor Flores, jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de ese país, creada en 1996. Ambas oficinas pertenecen al ministerio público. Una tiene su sede en la capital, Guatemala, y cuenta con cinco fiscales y tres agentes para atender 70 por ciento de los casos del país. La otra, en el septentrional departamento del Petén, dispone de tres auxiliares fiscales y dos oficiales.

En Honduras, la falta de personal especializado limita el avance de las investigaciones y la aplicación de leyes, según Aldo Santos, fiscal del Medio Ambiente. Existen nueve fiscales con amplia formación en todo el país, cinco en Tegucigalpa, la capital. Fundada en 1994, la Fiscalía Ambiental permitió romper hasta cierto punto el círculo de impunidad en materia ambiental, pues antes ningún caso llegaba a los tribunales, dijo Santos. Debido a que los delitos ecológicos son de naturaleza distinta a los del fuero ordinario, su castigo requiere un trabajo especializado de investigación, con respaldo forense y manejo pericial técnico y profesional en laboratorios. Sin embargo, “tenemos apenas cinco técnicos que nos apoyan en este tipo de labores a nivel nacional”, explicó. Este reducido personal tiene en sus manos unos 250 procesos penales. Pero las investigaciones no suelen profundizar en las causas de los delitos ambientales, aseguró.

La historia se repite en Costa Rica, donde la Fiscalía Ambiental, creada en 1993, carece de una unidad de especialistas. En Honduras y Costa Rica los fiscales son apoyados por personal de los ministerios de Ambiente y de otras dependencias relacionadas. Costa Rica cuenta con las leyes ambientales más antiguas de América Central, destacó el coordinador de la Fiscalía Ambiental, Sergio Valdelomar. Para las tareas de recibir denuncias, investigar y acusar “disponemos de toxicólogos que realizan peritajes en varias materias, pero carecemos de peritos especializados”, explicó. La fiscalía requiere expertos propios para evitar costosos pagos a peritajes privados en casos de contaminación de aguas, por ejemplo, dijo Valdelomar. La institución ofrece además capacitación a los jueces para integrar aspectos jurídicos y conocimientos científicos.

Ana Victoria Rojas, especialista del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDERENA), con sede en San José, consideró un problema que en el país existan sólo tres fiscales ambientales especializados. La creación de la Fiscalía permitió mejorar la persecución de delitos y activó la capacitación en la materia, reconoció. Pero la labor de preparar a los magistrados obliga a dejar pendientes las causas en fase de investigación, advirtió.

Mientras tanto en Panamá, delitos como tala indiscriminada de árboles, contaminación de ríos y playas y caza ilegal de especies en peligro no son sancionados e incluso no llegan a ser investigados, según Francisco Rivas, portavoz de la Red de la Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo. La acción legal contra delincuentes ambientales compete a los corregidores, quienes están bajo la jurisdicción de los alcaldes y carecen de real investidura para actuar ante el delito, así como de la debida información y capacitación, aseguró Rivas.

Tierramérica - 19/5/2003

América Central - Basura se desborda a cielo abierto

Nohelia González

Miles de toneladas de desperdicios se acumulan a diario en vertederos de basura al aire libre, formando gigantescos focos de contaminación en las capitales de países de América Central y representando uno de los mayores desafíos para los gobiernos. Tan persistente como el problema de la basura es la falta de recursos económicos y de planes oficiales para un tratamiento adecuado de los residuos, coincidieron autoridades y ambientalistas consultados por Tierramérica.

Un gran barranco ubicado casi en el centro de ciudad de Guatemala --a sólo mil 500 pasos de la sede de gobierno-- recibe cada día unas dos mil 500 toneladas de desechos, sometidos luego a un reciclaje artesanal por miles de recolectores. “Se trata de un botadero de basura a cielo abierto”, admitió el jefe del Departamento de Control Ambiental de la alcaldía, Nery Pazzetti, quien recordó el fracaso de varios proyectos para construir un relleno sanitario fuera de la capital. La basura no es tratada, apenas cubierta con tierra, lo cual permite que muchos tóxicos se filtren a desagües naturales del barranco y de allí a un río cercano, reconoció Pazzetti. En cambio, subrayó el gran avance de la aprobación el año pasado de una ley que obliga a incinerar desechos hospitalarios y peligrosos, tarea controlada por el Ministerio de Salud y ejecutada por una empresa privada.

Los habitantes de la capital guatemalteca soportan olores nauseabundos, nubes de humo negro y de contaminantes como el gas metano, además de plagas de ratas e insectos que pululan en barrios vecinos, admitió Pazzetti. El departamento de limpieza de la alcaldía invierte 5,9 millones de dólares al año en la tarea.

En San José, la capital de Costa Rica, el vertedero de Río Azul, que según ambientalistas agotó su vida útil hace más de una década, recibe hasta mil 500 toneladas de basura al día, y apenas diez por ciento de ese total es reciclable. Las autoridades costarricenses han reportado medidas para la recuperación de ese vertedero como el control de gases y fauna nociva. Mil toneladas diarias de basura son depositadas a cielo abierto y sin ningún tratamiento en “La Chureca”, el basurero municipal de Managua, Nicaragua, desde hace 35 años. Edgardo Cuarezma, director general de Ambiente de la alcaldía de Managua, explicó que dar tratamiento a una tonelada de basura cuesta unos 17 dólares, un monto “impagable” para la municipalidad. Los desechos que llegan a “La Chureca” son triturados sin clasificar y, a veces, se les echa tierra encima para evitar las explosiones por el gas metano que emana de la basura. La alcaldía desembolsa unos 5,8 millones de dólares anuales para la recolección y busca, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Salud, una salida al problema. En Managua existen 70 botaderos ilegales de basura, pese a que las autoridades erradicaron otros 120.

El jefe de la Unidad de Desechos Sólidos de la alcaldía de Tegucigalpa, Walter Maldonado, asegura que la capital de Honduras jamás había contado con un plan sostenido de tratamiento de basura. Pero en enero de 2002 se inició un programa intenso de recolección en barrios marginales de Tegucigalpa. Como resultado, de 420 toneladas recogidas en 2001 en esas áreas, se pasó a 650 toneladas en 2002. Según el funcionario, el próximo año será instalado un relleno sanitario en Tegucigalpa, que dispone de un solo botadero de basura controlado desde hace 30 años, además de otros 25 en zonas marginales.

La alcaldía llama “botadero controlado” a aquel donde llega la basura, es clasificada de alguna forma y, tras ser triturada, se le echa tierra. Pero los rellenos sanitarios de residuos domiciliarios requieren una infraestructura que asegure la impermeabilización del suelo, la circulación de líquidos del lixiviado (o descomposición de la basura orgánica) hasta estanques de tratamiento, y la recolección de gases como el metano, que puede incluso aprovecharse como fuente de energía. Álvaro Cálix, del grupo ambientalista Aire Puro, calificó de “bomba de tiempo” el vertedero de Tegucigalpa, pues allí se queman residuos tóxicos.

Tierramérica - 7/4/2003

Porto Alegre, una isla

Marwaan Macan-Markar

La meridional ciudad brasileña de Porto Alegre atrajo las miradas latinoamericanas por sus logros en materia de seguridad hídrica, durante el Tercer Foro Mundial del Agua, celebrado entre el 16 y el 23 de marzo en la ciudad japonesa de Kyoto.

Con una cobertura de agua potable y saneamiento que alcanza a 98 por ciento de sus 1,3 millones de habitantes, "Porto Alegre es un buen modelo a seguir para las urbes latinoamericanas", sostuvo el encargado de desarrollo sustentable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Álvaro Umaña. Sin embargo, Porto Alegre parece por ahora una isla en la región. Las ciudades de América Latina no logran satisfacer las necesidades básicas de saneamiento de cientos de millones de habitantes.

En general, las ciudades latinoamericanas son ricas en agua y la mayoría cuenta con una cobertura promedio de 80 por ciento de habitantes, apuntó el profesor de ingeniería Juan Valdés, de la Universidad de Arizona, Tucson. Este dato constituye un elemento distintivo del nuevo Índice de Pobreza del Agua (Water Poverty Index, elaborado por el Centro para la Ecología y la Hidrología de Gran Bretaña), en el que ninguna nación latinoamericana está ubicada entre las de peor registro hídrico. Sin embargo, Valdés y otros expertos latinoamericanos aseguran que estos datos favorables disimulan dos graves problemas urbanos: el flujo irregular de agua y su calidad. En algunos barrios, los residentes viven con las canillas secas entre algunas horas diarias hasta dos días por semana.

Es en el saneamiento, incluyendo el tratamiento de aguas servidas, donde la celebrada Porto Alegre supera largamente al resto, en particular porque los servicios cloacales y de agua potable son administrados por el gobierno local. "Casi 80 por ciento de las aguas servidas no reciben tratamiento en las ciudades latinoamericanas, lo que convierte al saneamiento en un desafío mucho mayor para la región", señaló Umaña, quien participó en una mesa redonda el 19 de este mes, durante el Día de las Américas, en Kyoto, coordinado entre otros por la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership).

Este retrato se agrava por la rápida urbanización. Mientras México y la brasileña Sao Paulo se encuentran entre las 10 megaciudades del mundo, hay otras seis urbes latinoamericanas entre las 30 más grandes del mundo y otras 51 con más de un millón de habitantes. La población latinoamericana urbana pasó de 226 millones en 1980 a 403 millones en 2000, sostuvo Camilo Garzón, del BID. "Dar tratamiento a las más de 20 mil toneladas de residuos que se descargan por día en los ríos es un problema que debe enfrentarse. Ignorarlo podría conducir a casos como la propagación del cólera en Perú" en 1991, señaló. De acuerdo a Garzón, la región necesitará inversiones de 20 mil millones de dólares para establecer una red eficaz de tratamiento de aguas residuales como parte de programas de saneamiento. Un monto difícil de desembolsar.

Tierramérica - 24/3/2003

América Central - Ríos llenos de basura

Néfer Muñoz

Los ríos de América Central, una de las regiones del mundo con más recursos hídricos, están llenos de basura arrojada por familias, industrias y gobiernos. Las naciones del área producen al año cerca de 19.000 toneladas de desechos sólidos y líquidos, de los cuales la mitad no reciben tratamiento alguno, y un alto porcentaje va a parar a los cauces naturales. Especialistas consultados por IPS expresaron su preocupación por ese fenómeno, que atenta contra la oferta de agua potable, al producir gran contaminación, y favorece la proliferación de epidemias.

”Los ríos de América Central se han convertido en verdaderas cloacas abiertas, tenemos que hacer algo”, dijo a IPS Maureen Ballestero, de la organización no gubernamental Global Water Partnership (Sociedad Mundial por el Agua, GWP por sus siglas en inglés), y coordinadora del Comité Asesor Técnico para América Central (CATAC). En los 523.000 kilómetros cuadrados de la región cohabitan siete Estados que suman 36 millones de habitantes, en su mayoría pobres, y 36 por ciento de esa superficie está cubierta por cuencas de ríos que atraviesan dos o más países. Casi 15 millones de habitantes de la región carecen en la actualidad de acceso a agua potable y servicios de saneamiento, y ese creciente problema se exacerbará en los próximos 20 años, ya que en 2025 habrán disminuido cerca de 20 por ciento las fuentes de agua del istmo, alertó Ballestero.

Las cuencas de 23 grandes ríos de América Central corresponden a más de un país, dijo a IPS el politólogo guatemalteco Daniel Matul, consultor especializado en conflictos internacionales relacionados con esa situación. Hace 20 años que las naciones del área no invierten en tratamiento de aguas de desecho, y ”esto se ha convertido en una bomba de tiempo”, destacó Ballestero, quien agregó que revertir la actual situación exigiría una enorme inversión en saneamiento. Sólo en Costa Rica, poner al día la inversión en saneamiento y alcantarillados costaría unos 1.000 millones de dólares, según organismos civiles. Situaciones similares se registran en los demás países del istmo: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La contaminación es notoria en las grandes cuencas de América Central, como las del río Usumacinta, compartido por Guatemala y México, el Lempa, compartido por Guatemala, Honduras y El Salvador, el hondureño Choluteca y el costarricense Grande de Tárcoles. ”Esta situación favorece la permanencia de la pobreza, pues cuanta más contaminación haya en los ríos, más vulnerables son los pobres a nuevas enfermedades”, comentó a IPS Matul. El experto apuntó que hay disputas internacionales en ciernes vinculadas con la contaminación, porque ”lo que se haga de un lado del río afectará al país vecino”. "Es urgente que América Central le dé un ejemplo al mundo y convierta al agua en un elemento de unión y no de disputa”, agregó.

La contaminación y problemas de distribución ya causan escasez de agua, pese a la riqueza hídrica de la región. ”Antes nunca faltaba agua, ahora es algo muy común que Tegucigalpa esté seca”, narró a IPS la hondureña Ethel Maradiaga, de 20 años. Es común que falte agua durante días en viviendas y establecimientos comerciales, indicó. Los habitantes de Tegucigalpa deben almacenar el líquido en todo tipo de recipientes, o comprarlo a camiones cisterna que recorren los barrios, y eso causa malestar y agresividad. La contaminación y degradación de ríos en Honduras tuvo nefastas consecuencias en noviembre de 1998, cuando los suelos erosionados cedieron fácilmente ante la fuerza del huracán Mitch.

Los científicos definen la existencia de escasez hídrica cuando la oferta es menos de 1.000 metros cúbicos anuales de agua por persona, y según datos del Banco Mundial, América Central dispone en promedio de 31.000 metros cúbicos de agua anuales por habitante. ”En el istmo hay una gran disponibilidad pero no hay acceso”, señaló a IPS Cecilia Cortés, directora ejecutiva de la no gubernamental Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem). Existe gran cantidad de agua de fuentes subterráneas, lluvia, ríos y lagos, pero la posibilidad de darle distribución adecuada es mínima sin necesarias inversiones en infraestructura, explicó. Además, se atenta contra la inmensa oferta existente al contaminar los ríos, una de las principales fuentes de abastecimiento, añadió Cortés.

En muchas partes del istmo los niveles de precipitación son altos, pero se siente fuerte presión sobre los recursos hídricos, la vida de los ríos se ha reducido a la temporada de lluvias, de mayo a noviembre, según un estudio de la Funpadem. Eso podría tener consecuencias sobre las diversidad de especies de América Central, que alberga junto con el sur de México de siete a 10 por ciento de la biodiversidad del planeta. En el istmo están también ocho por ciento de la superficie mundial de manglares y la segunda barrera de arrecifes del mundo.

La conservación conjunta de ríos implica cooperación transfronteriza, en vez de los crónicos conflictos diplomáticos por límites, de los cuales el más reciente es el que mantienen Costa Rica y Nicaragua, por la navegación del limítrofe río San Juan. Pero ambos países decidieron postergar por dos años un reclamo sobre el asunto ante la Corte Internacional de La Haya, e implementar mientras tanto programas conjuntos de conservación y turismo. ”En América Latina tenemos que construir una cultura del agua, que hasta ahora no ha existido”, opinó el sociólogo salvadoreño Ricardo Sol, experto en escasez hídrica. Mientras se intenta construir esa cultura, aumentan las presiones contra los ríos y demás fuentes acuíferas. Una de esas presiones es la demográfica, pues la población del istmo crece con una tasa anual de 2,4 por ciento.

Tierramérica - 17/3/2003

América Central - Ciudades sofocadas

Respirar puede ser peligroso en ciertas zonas de algunas capitales de América Central, como la hondureña Tegucigalpa, la más contaminada por partículas sólidas de la región. La atmósfera de los centros políticos y económicos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica posee cantidades de partículas totales suspendidas (PTS) superiores a la proporción mínima aceptable para la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 75 microgramos por metro cúbico de aire, señalaron a Tierramérica diversas fuentes. Este material sólido es producido por la combustión de gasolina u otros combustibles, o procede de polvo de minerales y metales, pigmentos de pinturas, pesticidas, hollín y humo de aceites quemados.

Las más dañinas son las partículas PM-10, llamadas así por tener un diámetro menor a 10 micras que les permite ingresar en las vías respiratorias humanas y alojarse en los pulmones. El límite tolerable de la OMS es un promedio anual de 50 microgramos de PM-10 por metro cúbico de aire. La contaminación atmosférica afecta la salud de más 80 millones de latinoamericanos, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los daños se manifiestan en el aumento de problemas como alergia y asma, hasta afecciones respiratorias severas que pueden conducir a la muerte.

En 2001, Tegucigalpa padecía una concentración promedio de 613 microgramos de PTS, según un estudio de la Fundación Suiza de Cooperación (Swisscontact). “Valores en puntos específicos de esa capital arrojaron hasta 900 microgramos de PTS”, mientras la contaminación por PM10 alcanzaba 161 microgramos, afirmó a Tierramérica Rosendo Majano, asistente técnico del Proyecto Aire Puro de Swisscontact. La organización revisa la calidad del aire en América Central desde 1993 y recomienda a los gobiernos mejorar los combustibles, renovación de la flota vehicular y ordenamiento del servicio público de transporte. “Esos países ya tienen reglamentos vigentes, el problema es que no los aplican”, dijo el especialista.

En Ciudad de Guatemala, con 700 mil vehículos, la contaminación atmosférica por PTS osciló entre 300 y 578 microgramos en distintas zonas, según una medición realizada en 2001 por la local Universidad de San Carlos. Pablo Oliva, responsable del estudio, explicó a Tierramérica que se hallaron además entre 45 y 59 microgramos de PM-10. La investigación de Swisscontact encontró en Guatemala un promedio anual de 237 microgramos de PTS y de 54 microgramos de PM-10. Oliva recordó que en 1997 Guatemala aprobó un reglamento de emisión de gases, derogado al año siguiente. En 1997 y 1998 se redujo la contaminación, pero repuntó en 1999, lamentó.

Guatemala está en proceso de aprobar un nuevo reglamento para controlar la emisión de gases contaminantes, mientras las autoridades hondureñas trabajan en la elaboración de una norma semejante. Guatemala prohíbe desde 1991 el uso de la gasolina con plomo, una medida adoptada apenas en 1999 por Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

En Managua, transitan unos 120 mil vehículos sin haberse sometido a controles de emisión de gases. La flota de transporte nicaragüense supera las 224 mil unidades, y 150 mil de ellas circulan por la capital. El país se está convirtiendo en un “cementerio de la chatarra”, pues los transportistas importan vehículos viejos, sostiene Roberto Dávila, investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Mediciones efectuadas en 2001 en seis puntos de la ciudad, coordinadas por Dávila, reportaron hasta 70 microgramos de PM-10 y hasta 500 microgramos de PTS. Los ministerios del Ambiente, Transporte e Infraestructura y la policía de Nicaragua han prometido aplicar de manera estricta el reglamento pertinente para mejorar la calidad del aire.

En San Salvador, con unos 350 mil automóviles, ómnibus y camiones, el promedio anual de PM-10 fue de 60 microgramos en 2001, mientras las partículas sólidas totales llegaron a 97, según Swisscontact. En tanto, en la zona metropolitana de San José, donde reside 60 por ciento de los casi cuatro millones de costarricenses, se concentra 70 por ciento de los medios de transporte terrestre. De acuerdo a Swisscontact, las partículas sólidas en la capital costarricense fueron de 230 microgramos en 2001, mientras las PM-10 llegaron a 35 microgramos.

Tierramérica - 10/3/2003

En defensa de la Patagonia

Argentina

Martín Latorraca y Maximiliano Martínez

Al llegar a Esquel se observa en casi todas las casas algo que las identifica, una consigna que unifica y que viene consiguiendo pequeñas conquistas. "No a la mina", cuelga de ventanas, autos y pintadas callejeras. Con esta frase 4 mil pobladores salieron a la calle el pasado 4 de febrero para enfrentarse al proyecto de explotación, por parte de la empresa Minera El Desquite SA controlada por la canadiense Meridian Gold, de un yacimiento que se ubica a escasos 6 kilómetros de la ciudad. Con esta última manifestación lograron que el Concejo Deliberante sancionara tres ordenanzas: la prohibición de la utilización del cianuro en el ejido municipal (vetada el 12/2 por el intendente); la derogación a la adhesión a las leyes nacionales de Inversión Minera y de Reordenamiento Minera y la convocatoria a un plebiscito no vinculante en el ámbito municipal para el próximo 23 de marzo. A esto hay que sumarle la Audiencia Pública prevista para el 29 de ese mes.

La oposición fundamental al proyecto son las terribles consecuencias ecológicas que dicha explotación provocaría en la región. Gran parte de este emprendimiento se llevaría a cabo a cielo abierto haciendo un gran agujero para extraer el material mediante la lixiviación de cianuro que permite separar entre el 96 y el 99 por ciento del oro y la plata adheridos a la roca. Este procedimiento es altamente contaminante ya que de la remoción diaria de las 45 mil toneladas de roca se desprenden metales pesados como el arsénico y el mercurio, que con el tiempo quedarían alojados en las napas acuíferas superficiales (lagos y ríos) y en las subterráneas. Este tipo de experiencias están siendo prohibidas en diferentes partes del planeta, como es el caso de Montana en Estados Unidos donde gran cantidad de escapes de cianuro entre 1982 y 1998 provocaron la contaminación del agua.

El origen de este proyecto es sin duda la firma en 1997 del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno, un mega plan que pretende transformar la cordillera de los Andes en uno de los distritos mineros privados más grandes del planeta. Este acuerdo, que fue hecho a espaldas de la población, tiene según el investigador y docente de la Universidad Nacional del Comahue, Andrés Dimitriu, una razón de hierro: "Son sustraídos a la vista de la sociedad porque generan desempleo, devastación ambiental, y externalidades materiales y culturales incalculables, porque desconocen derechos laborales, derechos humanos, pactos internacionales preexistentes y porque sólo sirven para concentrar más aún la riqueza en pocas manos". Además de este acuerdo, el Código de Minería y las leyes sancionadas durante el gobierno menemista son ampliamente favorables a los intereses empresariales: el Estado es dueño del subsuelo pero tiene la obligación de concesionar sin límite de tiempo la exploración y la explotación a privados; las empresas cuentan con el congelamiento de impuestos nacionales, provinciales y municipales durante 30 años con 5 años de gracia; aunque pagan sólo el 2 por ciento sobre el valor del mineral en boca de mina no tienen obligación de liquidar regalías dentro del país, entre otras increíbles facilidades.

A pesar de que las autoridades provinciales están al tanto del desastre ambiental que provocaría la explotación y de que el argumento de los puestos de trabajo hace agua por todos lados (se estima que la empresa contrataría apenas 300 trabajadores), el gobernador radical José Luis Lizurume no se cansa de repetir que "sí o sí el emprendimiento minero va a llevarse a cabo".

En medio de un paisaje de una belleza inconmensurable, los vecinos de Esquel y de toda la Comarca Andina se enfrentan a los dictados de la ganancia a cualquier precio, que tanto gobernantes como empresarios esgrimen en cada accionar. "En este momento la batalla es entre dos esquemas de desarrollo que responden a patrones diametralmente opuestos: conservación a perpetuidad contra depredación a corto plazo", explica Lucas Chiappe, coordinador del Proyecto Lemu. Y finaliza diciendo: "Las decisiones que se tomen en el futuro inmediato van a ser sin lugar a dudas, una bisagra en la historia de la Patagonia". Y seguramente de todo el país.

La Insignia - 25/2/2003

Chile

Alicia Sánchez

Ambientalistas de Chile pidieron al gobierno que postule ante la Unesco a parte de la Patagonia chilena como patrimonio de la humanidad, para proteger a esa zona de la instalación de industrias contaminantes. Desde los años 70, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha declarado patrimonio mundial a 730 bienes, 563 de ellos culturales, 144 naturales y 23 mixtos, por su valor universal y excepcional histórico, científico, artístico, estético, arqueológico o antropológico. Esa declaración implica que la preservación de tales bienes sea asumida por la comunidad internacional.

La Patagonia chilena, ubicada en el extremo sur del país y con unos 87.000 habitantes, alberga un rico ecosistema e importantes reservas de agua, y tales características la convierten en uno de los lugares menos contaminados del planeta. Eso podría cambiar de manera radical si se instala en la zona la firma reductora de aluminio Alumysa, cuyas actividades pueden destruir lagos, 10.200 hectáreas de bosque, y animales y plantas, en muchos casos de especies en peligro de extinción.

La reducción del aluminio es el proceso por el cual se lo extrae de la alúmina (óxido de aluminio puro), obtenida a su vez de la bauxita. Alumysa planea construir una planta reductora a cuatro kilómetros del puerto de Chacabuco, en la austral 11 región del país, y también instalar tres centrales hidroeléctricas, un puente, un puerto, 85 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica y 95 kilómetros de caminos. La inversión total prevista por la firma es 2.750 millones de dólares.

Alumysa es propiedad de la empresa canadiense Noranda, y en Estados Unidos ha debido pagar unos dos millones de dólares como indemnización por daños a la salud humana y el ambiente. ”Nos oponemos a Alumysa, pero al mismo tiempo creemos que esta es una oportunidad para levantar propuestas de desarrollo relacionadas con el turismo sustentable y la agricultura orgánica”, dijo a IPS Jenia Jofré, directora de la Corporación Pro Defensa de la Flora y Fauna Chilena. Esa institución pidió al gobierno que se determinen áreas de la Patagonia que necesitan conservar su biodiversidad para que sean nominadas patrimonio de la humanidad. [...]

”La idea es generar en la zona un desarrollo sustentable con características competitivas y con identidad local. En el marco de los tratados de libre comercio acordados recientemente por Chile, la Patagonia brinda a nuestro país la posibilidad de ofrecer un producto distinto a mercados tan exigentes como el europeo”, explicó Jofré.

”Alumysa inauguraría e instalaría a Chile frente al mercado internacional como un potencial basurero industrial o como un 'santuario' para empresas altamente contaminantes”, afirmó en un informe Juan Pablo Orrego, de la Fundación Terram. La actividad de esa firma ”sería un retroceso respecto a la fase productiva primaria en que Chile se encuentra atascado, porque en el país no existe la materia prima, bauxita u óxido de aluminio, para abastecer la planta reductora, la que tendría que importar desde Brasil, Jamaica o Nueva Zelandia”, arguyó.

La industria salmonera tampoco está de acuerdo con el proyecto, por sus riesgos de emisión de fluoruros y sulfuros hacia el aire y el agua, que serían incompatibles con su actividad. La planta produciría más de 600 mil toneladas de desechos al año. La explotación industrial del salmón, el turismo y la pesca artesanal e industrial son responsables en la zona de unos 20 mil empleos, o sea 20 veces más que los que ofrecería Alumysa.

”Esperamos que las autoridades sean capaces de reconocer el valor de la biodiversidad de esta zona como patrimonio de Chile y el mundo, y de promover posibilidades de desarrollo sustentable para la región”, destacó Jofré. El estudio de impacto ambiental presentado por Alumysa fue rechazado por el gobierno, y la empresa elabora un nuevo informe en la materia que debe presentar en los próximos meses.

Los representantes de filiales en 68 países de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra declararon su apoyo irrestricto a las instituciones de la sociedad civil que defienden la zona y se oponen al proyecto Alumysa por considerarlo insustentable. Para proteger otras zonas del país ricas en biodiversidad, se han realizado diversas experiencias, de las cuales la más polémica fue la del empresario estadounidense Douglas Tompkins, quien hace una década compró 17 mil hectáreas de bosque templado lluvioso para evitar su destrucción por empresas forestales. El proyecto de Tompkins fue apoyado por grupos ambientalistas, pero rechazado por otros sectores, en su mayoría empresariales, que pusieron en duda sus intenciones declaradas de proteger los bosques.

Tierramérica - 24/2/2003

La Antártida se enfría, y el resto se calienta

Los inhóspitos valles desérticos de la Antártida -desde hace tiempo considerados un barómetro de los cambios climáticos- se han enfriado apreciablemente desde mediados de la década de 1980 aunque la tierra en su conjunto se caliente, según científicos.

A pesar de que el fenómeno del calentamiento global parece estar elevando la temperatura de todo el planeta (unos 0,6 grados Celsius durante el siglo XX), los científicos han descubierto que esto no es del todo cierto en el polo sur. Existe en él una clara tendencia hacia un enfriamiento progresivo, al menos durante los últimos 35 años. Esto convierte a la Antártida en un continente único, digno de un completo y profundo estudio por parte de meteorólogos y expertos en el clima.

El análisis de datos meteorológicos de los últimos 14 años, obtenidos de forma continua en Lake Hoare por especialistas de la National Science Foundation, confirman que la temperatura estacional media del aire se ha reducido a un ritmo de unos 0,7 grados Celsius por década. Tales reducciones de temperatura serían más pronunciadas en verano y otoño. El resultado es sorprendente porque muchos modelos climáticos indicaban que las regiones polares deberían ser las primeras en notar la tendencia hacia el calentamiento global del planeta, respondiendo de forma rápida al incremento de temperaturas que comporta. También existen anomalías de temperatura en Groenlandia, donde se observa un enfriamiento en el interior paralelo al calentamiento que se produce en la costa.

Peter Doran, de la University of Illinois en Chicago, reconoce que algunos estudios más antiguos permitían deducir una tendencia hacia el calentamiento en la Antártida, pero los datos indican que en realidad ello ocurrió sólo entre 1958 y 1978. Al parecer, hay diversos puntos en la costa o en la Península Antártica que efectivamente están experimentando una subida de las temperaturas, pero como hay muchas más estaciones meteorológicas en estas zonas que en el interior del continente, los resultados resultaron ser engañosos. Si desconectáramos la Península Antártica, veríamos que la tendencia real es un enfriamiento general en la mayor parte de las regiones continentales.

Ante esta evidencia, deberán adaptarse y corregirse los modelos climáticos. Al mismo tiempo, los científicos están preocupados sobre los efectos que este enfriamiento podría tener sobre la vida microscópica que vive en ciertos ecosistemas antárticos. Muchos de estos organismos viven en un delicado equilibrio en el que las temperaturas de congelación se complementan con la aparición de agua líquida durante un breve período en verano. Un enfriamiento constante eliminaría la existencia de agua líquida y con ello la posibilidad de supervivencia de estos organismos.

Primera Línea - Santiago de Chile, 5/1/2003

Nacen nuevos líderes

Mario Osava

La flamante ministra de medio ambiente de Brasil simboliza un nuevo tipo de liderazgo en América Latina, surgido de un activismo ambiental que promueve cambios profundos. A algunos ecologistas, les ha costado la vida.

Campesinos, cineastas, académicos, indígenas, políticos y hasta ex guerrilleros conforman las huestes del movimiento ecologista de América Latina, un fenómeno vasto y diverso, en el que en pocas décadas surgieron importantes liderazgos.

Uno de ellos es el que representa Marina Silva, de 44 años, flamante ministra de Medio Ambiente de Brasil, quien asumió su cargo el pasado 1 de enero, con la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Silva trabajó desde niña en el noroccidental estado de Acre, ayudando a su padre "seringueiro" (recolector de caucho) a sostener una familia de ocho hijos. Sobrevivió varias crisis de malaria en la selva amazónica y aprendió a leer y escribir a los 16 años. A esa edad, una hepatitis la obligó a trasladarse a la ciudad de Rio Branco, donde pudo estudiar, graduarse en historia y convertirse en militante social y política, en el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

Heredera de la tradición de Chico Mendes --líder de los seringueiros y defensor de los bosques amazónicos, asesinado en diciembre de 1988--, Silva lo ayudó a organizar la Central Unica de Trabajadores (CUT) en Acre y a defender los bosques de caucho de las motosierras de los hacendados. La futura ministra simboliza un nuevo tipo de liderazgo, nacido del activismo ambiental en América Latina.

Su designación cuenta con “el consenso de todos los ambientalistas”, dijo a Tierramérica Carlos Minc, diputado estadual del PT en Río de Janeiro. Minc, de 51 años, pertenece a un grupo de ex insurgentes que, exiliados durante los años 70 en Europa, retornaron a Brasil con conceptos ecológicos nuevos para el país. A la misma vertiente pertenecen el diputado Fernando Gabeira, el secretario de Urbanismo del municipio de Río de Janeiro, Alfredo Sirkis, y el secretario de Medio Ambiente del estado de Río de Janeiro, Liszt Vieira.

Todos ellos tomaron las armas contra el régimen militar entre 1968 y 1970. Tres fueron detenidos, torturados y liberados en canje por un diplomático secuestrado por sus compañeros. De vuelta en Brasil diez años más tarde, ayudaron a fundar el minúsculo Partido Verde, en el cual permanece Sirkis. Los demás pasaron al PT.

Muchos activistas han liderado cambios profundos y varios debieron pagar con su vida la osadía de defender la naturaleza. El agrónomo y profesor universitario peruano Godofredo García, de 63 años, fue ejecutado frente a su hijo Ulisses por un hombre encapuchado el 31 de marzo de 2001, en el valle de San Lorenzo, mil kilómetros al norte de Lima. García lideraba la resistencia de 100 mil habitantes del valle contra el proyecto de la empresa canadiense Minera Manhattan de explotar yacimientos de oro, cobre, plata y zinc en el subsuelo de la ciudad de Tambogrande, extendiéndose también a áreas agrícolas.

El plan obligaba a desplazar doce mil residentes urbanos y ponía en riesgo la agricultura local, de la que dependen 60 mil personas. La amplia campaña popular, respaldada por organizaciones locales e internacionales, como Oxfam América, no frenó el proyecto de la mina a tajo abierto, que promete crear tres mil empleos directos e indirectos. La sospecha inevitable es que García fue asesinado por orden de Minera Manhattan.

Otro asesinato que marcó al ambientalismo fue el del indígena Eusberto Jojoa, fundador de la Asociación para el Desarrollo Campesino de Colombia, en enero de 2000. “Es un dolor permanente porque no sabemos quién ni por qué lo mataron”, dijo a Tierramérica Gonzalo Palomino Ortiz, pionero del ecologismo colombiano. Palomino, de 66 años, es activista en muchas organizaciones y escribe para varias publicaciones, además de ser profesor e investigador del departamento de Biología de la Universidad de Tolima.

Una de sus hazañas fue crear la Red de Reservas Naturales Privadas, a la que están afiliadas 130 áreas. Se trató de “un triunfo con bandera propia”. El Ministerio de Ambiente debió aceptar la iniciativa como “una buena forma de conservar ecosistemas”. Pero lo que más recuerda fue la lucha “de más de 15 años” contra el dragado para extraer oro de un río en la occidental localidad de Ataco, departamento de Tolima, por parte de una compañía minera subsidiaria de la estadounidense Chocó Pacífico. Las protestas de los cultivadores de arroz impidieron el desastre ecológico. Muchos integrantes del movimiento de Salvación Nacional Agropecuaria “tienen su origen en esa primera gran pelea de resonancia nacional”, observó Palomino.

Un protagonismo similar ejerció en Costa Rica el agrónomo Mario Boza, de 60 años, fundador del Servicio Nacional de Parques Nacionales, que protege 24 por ciento del territorio de su país. Su influencia superó las fronteras nacionales al diseñar el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, que promueve el desarrollo sustentable en los siete países centroamericanos y el sur de México. Viceministro del Ambiente entre 1990 y 1993, escribe y participa incansablemente en foros. “En muchos países se destruirán los recursos naturales y habrá grandes catástrofes, pero también habrá excelentes ejemplos a seguir y en unos 50 años éstos serán más que los negativos”, dijo Boza a Tierramérica.

El chileno Patricio Lanfranco, cineasta documentalista, representa otra índole de líder ecologista. En 1996 impulsó la Coordinadora No a la Costanera Norte, reuniendo a 25 organizaciones vecinales y de comerciantes, para oponerse a la construcción de una autopista que une el este y el oeste de Santiago. La campaña no impidió la obra, pero logró pequeños triunfos, como cambios en el trazado de la autopista, o un túnel bajo el río Mapocho, para evitar mayores impactos a dos vecindarios. Además tuvo, a su juicio, “un resultado muy positivo”: la creación de la Corporación Ciudad Viva. Esa organización ejecuta proyectos como la conservación del patrimonio arquitectónico del vecindario Bellavista, ganador del premio Andrés Bello de este año, otorgado por siete países latinoamericanos, entre 150 competidores.

Tierramérica - 6/1/2003

Latinoamerica-online - Politica, attualità, archeologia e scienza del continente

Direttore Nicoletta Manuzzato

Editrice El Quetzal

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 768 del 1/12/2000