Latinoamerica-Ecologia

Cuesta creer que metrópolis brasileñas como Río de Janeiro y Sao Paulo, con millones de habitantes y calles congestionadas por los vehículos, tengan una declinante densidad de población, que agrava sus problemas y dificulta las soluciones. Pero eso es lo que aseguran urbanistas preocupados en invertir una tendencia poblacional centrífuga que acumula desequilibrios, contaminación, violencia e irracionalidades en las grandes ciudades brasileñas.

La meridional Río de Janeiro es un caso grave de pérdida de densidad de población desde 1960, lo que amenaza la sustentabilidad urbana, por el deterioro de los servicios y la calidad de vida, según Sergio Magalhaes, arquitecto que ejerció importantes funciones en la alcaldía local y es conocido por haber impulsado en los años 90 el programa favela-barrio, para urbanizar esos asentamientos precarios. En el periodo de 75 años terminado en 1955, la entonces capital de Brasil expandió su área urbana seis veces, pero sus habitantes se multiplicaron por diez, llegando a tres millones. Desde los años 60, sin embargo, la mancha ocupada por la ciudad creció más del triple, pero la población no alcanzó a duplicarse. El "vaciamiento" de Río, que ahora tiene seis millones de habitantes, se debió a un conjunto de factores, empezando por los vehículos sobre ruedas y una ley de 1942 que fomentó la construcción de la "casa propia" familiar, donde antes predominaban viviendas de alquiler, observó Magalhaes a Tierramérica. Sin crédito para construir en áreas urbanizadas y caras, la población se fue alejando del centro. Las familias, cada día menos numerosas pero ocupando la misma residencia, y la doctrina de la ciudad extendida también contribuyeron a reducir la densidad. La expansión hacia el oeste, lejos de la bella Bahía de Guanabara en torno a la cual se había estructurado la ciudad y la región metropolitana, encareció la infraestructura y los servicios públicos (pavimentación, transporte, agua y saneamiento, electricidad y redes telefónicas), justamente cuando Río perdía su pujanza económica a manos de Sao Paulo, y su condición de capital nacional, con la fundación de Brasilia en 1960. En esas condiciones, se volvió imposible mantener la oferta de equipamiento y servicios urbanos para todos, según el arquitecto y urbanista.

La sureña Sao Paulo tuvo una mayor densidad poblacional en la década de 1930, cuando contaba con un centro bien definido y estructurado, alrededor del cual se concentraba la población. En las dos décadas siguientes ocurrió una fuerte dispersión, ante la transición del transporte por trenes y tranvías a los automóviles y autobuses, dijo a Tierramérica el urbanista del no gubernamental Instituto Polis, Renato Cymbalista. La posibilidad de desplazarse "a cualquier lugar lejano" en vehículos sobre neumáticos hizo viable la marcha hacia la periferia, en busca de tierras más baratas para construir. Esa "opción por el modelo de ciudad pavimentada" y el empobrecimiento de la población son los dos principales factores de la dispersión urbana, según el experto. En 2002, la ciudad de Sao Paulo se extendía por 873 kilómetros cuadrados, 57 por ciento de los cuales (exactamente 500 kilómetros), fueron ocupados entre 1930 y 1962, según datos de la Empresa Paulista de Planificación Metropolitana. Los pobres, sin condiciones de disputar áreas urbanizadas y más caras, tuvieron que construir sus casas en barrios populares lejanos, "más densos, con menos infraestructura, más violencia y menos escuelas", resumió Cymbalista. El resultado es una ciudad de 10,8 millones de habitantes "desequilibrada", con mayor concentración humana donde hay menos empleo y menos escuelas, hospitales y centros de salud, lo que amplía la desigualdad social y la necesidad de transporte de larga distancia, acotó. El consecuente congestionamiento de tránsito y la contaminación atmosférica son agravados por el predominio de los vehículos automotores. La solución es aplicar el Estatuto de la Ciudad e impulsar el transporte colectivo, por tren subterráneo y autobuses en calles exclusivas, opinó el urbanista. El reglamento, aprobado en 2001, estimula la planificación con participación popular y la recuperación de la densidad urbana a través de medidas que gravan los terrenos ociosos, impiden la expansión sin infraestructura y permiten imponer la edificación en terrenos baldíos.

En Río de Janeiro, el desplazamiento de una parte de la clase media en ascenso hacia Barra da Tijuca, un barrio playero del oeste, preocupa a Magalhaes. Además de vaciar la ciudad, forma parte de un movimiento para descalificar el núcleo histórico y sus símbolos, amenazando la identidad urbana, con la pretensión de constituir un nuevo centro. La Barra se construyó en las tres últimas décadas siguiendo la doctrina urbanística del modernismo, de rechazo a las viejas ciudades, en favor de nuevas con edificios altos y aislados que preservan el paisaje del "aire agreste". No por casualidad su plan inicial fue de Lúcio Costa (1902-1998), el urbanista que diseñó Brasilia. El "mito a destruir” es que el nuevo barrio sea "el futuro de la ciudad", sentenció Magalhaes, porque se trata de un movimiento "perverso", que favorece a una minoría que atrae el grueso de las inversiones públicas y privadas en detrimento de la zona norte, donde vive la mayoría de la población pobre. Río es una metrópolis amenazada porque perdió peso económico y dejó de ser capital. Para salvarse, debe recuperar calidad de vida y "democratizarse", ampliando la infraestructura y el crédito habitacional, sostuvo Magalhaes. Tres medidas son fundamentales: convertir en subterráneos los extensos ferrocarriles que cruzan las zonas más pobladas, urbanizar las favelas y descontaminar la Bahía de Guanabara, recomendó. La recuperación de la calidad del agua de la bahía, y por lo tanto de sus playas, restablecería el prestigio del centro y de barrios hoy devaluados. De esa forma, la bahía y los trenes volverían a ser los ejes aglutinantes de la ciudad, en beneficio de todos, sostuvo.

Tierramérica - 12/11/2005

Sed en el paraíso del agua dulce

Mario Osava

La escasez de agua en el corazón de la Amazonia brasileña, un paraíso de agua dulce, parece un absurdo, pero es real y debería servir de alerta máxima sobre la tragedia irreversible que provocará la deforestación de proseguir a sus ritmos actuales, advierten especialistas consultados por Tierramérica. Ríos y lagunas prácticamente secos, cientos de toneladas de peces muertos, poblados aislados que reciben alimentos por helicóptero, embarcaciones atascadas en el fango y gente que debe caminar kilómetros para buscar agua forman el paisaje actual en muchas zonas del sudoeste de la Amazonia.

Considerada la peor de las últimas cinco décadas, la sequía afecta sobre todo a los estados de Acre y Amazonas, cuya población espera la ayuda de emergencia prometida por el gobierno, que liberó unos 14 millones de dólares para ese fin. En Acre la falta de lluvias de cuatro meses "dio miedo", secó ríos importantes y favoreció los incendios que "avanzaban sobre bosques" sin humedad para contenerlos, relató a Tierramérica el especialista Paulo Moutinho, a poco de regresar de la zona. El humo reducía la visibilidad y forzó a algunas personas a usar equipos de respiración en las calles, añadió Moutinho, quien coordina el no gubernamental Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia. Los efectos perdurarán por mucho tiempo. La recuperación de la población piscícola exigirá años, y el pescado es la base alimentaria de los poblados ribereños. La asistencia a este sector de la población deberá ser prolongada, pues la vida no volverá a la normalidad luego de reanudarse las lluvias, observó.

Lejos de Acre, en el municipio de Caapiranga, a unos 200 kilómetros de Manaos, la capital del estado de Amazonas, desapareció el Gran Lago de Manacapurú, formado por el río de igual nombre. La reducción de las aguas aisló a una docena de aldeas ribereñas. Los ríos son las carreteras de la Amazonia, cuya población se mueve principalmente en embarcaciones de distintos tamaños. En Caapiranga, que en 2004 tenía nueve mil 736 habitantes, dos tercios rurales, el funcionario de la alcaldía Raimundo Da Silva cuida un pozo que provee agua a 17 familias. "Tres pozos de la ciudad ya se secaron, el mío está flojo, pero aún tiene agua suficiente", señaló. Todo lo que necesita la ciudad llega desde el río Manacapurú, por el que ahora solo navegan barcos pequeños, y se transporta luego en vehículos terrestres a través de los 32,5 kilómetros del lecho seco del lago. "Hay por lo menos diez barcos más grandes atascados", dijo Da Silva a Tierramérica, desde un teléfono público. En sus 29 años de vida, jamás imaginó vivir algo semejante. "La ayuda del gobierno ya está llegando", señaló el funcionario refiriéndose a canastas de alimentos y medicamentos distribuidos por el Plan de Emergencia SOS Interior, promovido desde la semana pasada por el gobierno de Amazonas con ayuda de las fuerzas armadas. Por lo menos 32 mil familias serán beneficiadas. Los 62 municipios de Amazonas se encuentran en estado de calamidad pública, principalmente por falta de transporte y agua potable. Las autoridades estimaron que unas 197 mil personas en 914 comunidades han resultado afectadas y analizaban planes de evacuación.

Según algunos investigadores, la sequía se atribuye a que la "zona de convergencia intertropical", donde se encuentran los vientos del norte y del sur trayendo muchas lluvias, se desplazó hacia el norte debido al gran recalentamiento del océano Atlántico Norte. Se trata del mismo factor que ha determinado la intensidad de huracanes como el Katrina que golpeó las costas estadounidenses en septiembre, aducen. El inusual estiaje de los ríos amazónicos alecciona sobre la vulnerabilidad de este ecosistema ante fenómenos que reducen las lluvias en la región y pueden estar ganando más frecuencia y más intensidad, consideró el especialista Paulo Moutinho. El científico estadounidense Thomas Lovejoy, quien estudia la Amazonia hace cuatro décadas, teme que la deforestación llegue a tal punto que ponga fin al equilibrio que asegura la supervivencia forestal, desatando un proceso de deterioro irreversible en un "ciclo vicioso". La humedad y las lluvias locales son abundantes a causa de los bosques, y viceversa. Al desaparecer cierta extensión de bosques se reducen las precipitaciones, provocando pérdidas forestales y así sucesivamente. "Muchos de nosotros (investigadores) creemos que esto puede ocurrir si la deforestación supera 30 por ciento" de la Amazonia, dijo Lovejoy a Tierramérica. Mantener el ritmo actual de deforestación es "un juego muy peligroso", pues pueden ocurrir "sinergias negativas" con otros factores, como el fenómeno oceánico de El Niño (que provoca sequías), los incendios forestales y los cambios climáticos, alertó Lovejoy, quien preside el Centro Heinz para la Ciencia, la Economía y el Ambiente, con sede en Washington. Sería mejor interrumpir el proceso de deforestación mucho antes del punto de desequilibrio, por ejemplo en 20 por ciento, también para no perder más biodiversidad, acotó.

La Amazonia ya perdió 17 por ciento de sus bosques, pero el "área perturbada", incluyendo pequeñas talas no captadas por los satélites, es mucho más extensa, dijo a Tierramérica el ex director del gubernamental Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia, Eneas Salati. Debido a la alteración climática, las masas de aire se elevan sobre la Amazonia, pierden humedad y bajan calientes y secas, un fenómeno que crea desiertos cuando es permanente, explicó Salati, recordando que esto "no ocurrió en los últimos 40 años que llevo estudiando la región" y no hay registros de que se haya presentado antes. La duda es si el agua del Atlántico se calentó "naturalmente o debido a los cambios climáticos inducidos por la actividad humana", comentó. En el clima amazónico actúan tres fuerzas de alteración, dos de origen antrópico (acción humana): la deforestación y el cambio climático global, y una natural: los ciclos, las manchas solares y la oscilación del eje de la Tierra, observó Salati, quien ahora dirige la no gubernamental Fundación Brasileña para el Desarrollo Sustentable. Ese conjunto de fuerzas apunta en una dirección, y el recalentamiento del planeta puede hacer más frecuentes fenómenos naturales como El Niño. El Niño, que calienta las aguas del océano Pacífico, provocó en 1998 una sequía en la parte norte de la Amazonia brasileña. Los incendios consecuentes destruyeron 1,3 millones de hectáreas de bosques en el estado de Roraima, extremo norte de Brasil en la frontera con Venezuela y Guyana.

Tierramérica - 22/10/2005

El contaminado "lago azul"

Alejandro Sciscioli

"Una noche tibia nos conocimos, junto al lago azul de Ypacaraí", comienza la más famosa canción folklórica de Paraguay. La principal atracción del turismo interno está bajo creciente contaminación, que niegan las autoridades, pero confirman nuevos estudios. Cincuenta kilómetros al este de Asunción, Ypacaraí (Lago del Señor en lengua guaraní), tiene una cuenca de mil 17 kilómetros cuadrados, y convoca anualmente a cientos de miles de veraneantes. Según la Secretaría Nacional de Turismo, en la última temporada estival, más de 300 mil personas concurrieron a la "villa veraniega" de San Bernardino, en la costa este del lago. En la margen opuesta se encuentra la ciudad de Areguá. La gran cuenca es alimentada por cuatro menores, compuestas por los arroyos Yukyry, Pirayú, San Bernardino y Areguá. El lago descarga al río Paraguay a través del río Salado. Diez por ciento de los habitantes del país, unas 600 mil personas, vive en su área de influencia.

Ochenta por ciento de esa población está a la vera del Yukyry, "lo que es una suerte, ya que antes de desaguar en el lago está el humedal del Yukyry", dijo a Tierramérica Elena Benítez, directora general de Recursos Hídricos de la Secretaría del Ambiente (SEAM). Benítez explicó que "los humedales actúan como descontaminantes de la materia orgánica" contenida en las aguas servidas que llegan al lago. La cobertura de saneamiento es muy baja en Paraguay, pues abarca 22 por ciento de Asunción y su área metropolitana y apenas 10 por ciento de todo el país, dijo la funcionaria. "El resto se está vertiendo directamente a los cursos de agua o a las napas freáticas a través de los pozos ciegos y cámaras sépticas". En la cuenca del Yapacaraí, la SEAM ha registrado 145 industrias en actividad, incluidos mataderos, frigoríficos, fábricas de jabón y curtidurías. También funcionan allí tres grandes hospitales públicos. Pero la Secretaría no cuenta con datos sobre volúmenes de descargas de líquidos industriales y aguas servidas. "El estudio estadístico se encuentra en ejecución", justificó Benítez. Pero "no es ningún secreto que desde hace más de 30 años (el lago Ypacaraí) tiene coliformes fecales", aunque "si hacemos un monitoreo de toda el área, podemos decir que, en la media, no está contaminado". Sin embargo, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) "detectó en 2000 indicios sobre la existencia de unas algas que podrían ser tóxicas", añadió la funcionaria.

En enero, plena temporada turística, apareció en el centro del lago gran cantidad de espuma, mientras se hacía público el informe de JICA, lo que motivó la intervención del fiscal ambiental Isacio Cuevas. Cuevas ordenó tres análisis a laboratorios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y del Ministerio de Salud, relató el fiscal a Tierramérica. En esos análisis se hallaron "coliformes fecales, cromo y mercurio, entre otros componentes, pero en niveles insignificantes", dijo Cuevas, y añadió con ironía: "Observando estos análisis, yo me baño en el lago". El fiscal espera comparar esos análisis con los resultados de una cuarta serie de estudios de expertos de la oficina de JICA en Brasil sobre la gran cuenca del Ypacaraí.

Hideo Kawai, técnico al frente de ese estudio, dijo a Tierramérica que los resultados no estaban aún disponibles, pero adelantó el hallazgo de concentraciones muy superiores a las tolerables de coliformes fecales, materia orgánica, fósforo y nitrógeno. Las aguas del lago son muy ricas en nutrientes, que favorecen la rápida reproducción de cianobacterias tóxicas, como el alga microcystis aeruginosa, hallada en Ypacaraí. Kawai explicó que el alga produce una toxina cancerígena capaz de afectar el hígado humano en caso de consumo constante. Pero añadió que en el agua potable procesada por la empresa sanitaria estatal Essap, no se encuentran rastros de microcystis. El agua potable llega a 87 por ciento de la población de Asunción y su área metropolitana. Cuando los estudios estén concluidos, Kawai efectuará una serie de recomendaciones a las autoridades, que incluirán la ejecución de un plan director y la búsqueda de recursos técnicos y financieros para tratar las aguas servidas, factor primordial para la reproducción de las cianobacterias. Además, es recomendable que habitantes y turistas eviten el contacto directo de la piel con las aguas del lago, sostuvo. Miguela González, propietaria de una casa de fin de semana en San Bernardino, dijo a Tierramérica que no permite a sus hijos, de siete y 10 años, bañarse en las aguas cuando visitan la zona. "Ahora, con lo de las algas, es mucho más peligroso que antes", agregó.

Tierramérica - 3/9/2005

Sin cura para mares enfermos

Diego Cevallos

América Latina y el Caribe apenas se ocupan de tratar el gigantesco torrente de descargas municipales, basura, hidrocarburos y plaguicidas hacia sus aguas marítimas. Así, millones de dólares se pierden por el deterioro de los ecosistemas, la reducción de los volúmenes de pesca y los daños a la salud humana. Estudios indican que entre 80 y 90 por ciento de las aguas residuales que provienen de fuentes terrestres llegan a los mares de la región sin ningún tratamiento. Allí cubren a millones de peces y crustáceos, los de mayor importancia comercial, y a ecosistemas frágiles que comienzan a mostrar estragos. Aunque la información disponible es escasa, todo indica que hay "un gran problema", dijo a Tierramérica quien es la principal autoridad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en materia de contaminación marina en el Caribe, Chris Corbin. El experto del PNUMA lamentó que para la mayoría de los gobiernos la contaminación de mares y ríos no haya sido asunto prioritario. Sin embargo, en 1996, los ministros de la región lo declararon el principal problema ambiental. "Acuerdos y compromisos se hacen muchos, pero todo queda en palabras", opinó Felipe Vázquez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

América Latina y el Caribe tienen 64 mil kilómetros de litorales y 16 millones de kilómetros cuadrados de territorios marinos, diariamente afectados por miles de toneladas de aguas procedentes de zonas urbanas, industrias y plantaciones agrícolas. Sesenta de las 77 mayores ciudades de la región son costeras, y 60 por ciento de la población vive a menos de 100 kilómetros de los litorales marítimos. Esos centros urbanos y sus industrias, incluida la petrolera, vierten desechos al mar y presionan sus hábitat de forma directa, pero también lo hacen quienes viven tierra adentro, por el traslado de aguas residuales a través de los ríos. Apenas dos por ciento de las aguas servidas reciben tratamiento antes de ser vertidas a ríos y mares. La plataforma marítima regional es de poca profundidad y relativamente angosta, casi siempre menor a 20 kilómetros, y cae en abrupta pendiente hasta más de seis mil metros. Esta topografía permite que las corrientes profundas renueven con relativa velocidad el agua contaminada. Pero la descarga contaminante ha llegado a tal punto, que esa ventaja se está comenzado a perder. Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que algunos manglares y arrecifes de coral fueron dañados más allá de su capacidad de recuperación. Además, en toda la región se reporta una clara disminución de la pesca y hay una evidente agresión a la calidad de los alimentos de origen marino.

No hay datos concluyentes sobre el impacto en la salud humana de estos problemas, pero investigaciones del PNUMA informan que el consumo de alimentos de zonas costeras y de agua dulce proveniente de áreas contaminadas producen cerca de 2,5 millones de casos de hepatitis y 25 mil muertes. Además, enfermedades como el cólera y las diarreas, y muchas afecciones de la piel están directamente vinculadas a la contaminación de los mares. Vázquez sostiene que los gobiernos "están paralizados" ante el avance de la contaminación del mar, y que las medidas aplicadas son dispersas y escasas. "Está por ejemplo la situación en la que pusieron a los manglares, un ecosistema que va en decadencia", dijo en entrevista con Tierramérica. La superficie mundial de manglares -bosques pantanosos de mangle en zonas costeras como estuarios, bahías y ensenadas- se redujo en las últimas décadas 35 por ciento, para llegar a unos 17 millones de hectáreas. La destrucción de ese ecosistema por la contaminación, el avance urbano y las industrias o el agro, lleva un ritmo de 2,1 por ciento anual, mientras los bosques tropicales se reducen 0,8 por ciento cada año, de acuerdo con estudios recogidos por la organización ecologista Greenpeace.

El PNUMA advirtió en junio que en América Latina la destrucción de los manglares continúa sin freno, y en países como Honduras y Ecuador la situación es especialmente grave, pues allí fueron arrasados para construir estanques dedicados al cultivo de camarón. Setenta por ciento de los peces capturados en el mar nacieron, dependieron de alguna forma o se reprodujeron en manglares, barreras naturales de franjas costeras muy frágiles. Según el documento de la CEPAL La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar, en América Latina y el Caribe hay pocos recursos y dispersión de esfuerzos para enfrentar estos fenómenos. "Existen problemas importantes de integración y de enfoque en la gestión del agua, así como de estrategias para controlar el efecto negativo que tiene la contaminación de los ríos en las cuencas bajas y en las áreas costeras, inclusive por aporte de desechos sólidos al mar y a las playas producto de convertir los ríos en verdaderos basurales", señala el estudio. Si no se toman medidas, los países costeros verán agravarse sus pérdidas económicas por caídas del turismo y la pesca, advirtió el investigador de la UNAM.

Tierramérica - 20/8/2005

La tortuga golfina se aleja de la extinción

Angeles Cruz e Hiram Moreno

Las más de 100 mil tortugas golfinas en etapa reproductiva que, en promedio, han llegado a la playa La Escobilla, entre Puerto Angel y Puerto Escondido, Oaxaca (México), hacen suponer a las autoridades que existe una recuperación importante de la especie que la aleja del peligro de extinción. El Centro Mexicano de la Tortuga (CMT) reportó que en la llegada del quelonio -tercera en el año- que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de agosto se han contabilizado 140 mil 25 anidaciones, y se espera que en septiembre se produzca una nueva llegada de tortugas, la cual podría superar en número a la que se ha producido en estos días. De acuerdo con el organismo, operado por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la golfina "está en el límite de rebasar la media que se ha mantenido desde 1999" para determinar que ya no existe el riesgo de extinción.

En 1990 se impuso la veda de la tortuga, por la cual se establecieron estrictas medidas de control, vigilancia y protección de la especie. En ese año llegaban 7 mil ejemplares a poner sus huevos, alrededor de un centenar cada una. A 15 años de distancia, los logros son evidentes, de acuerdo con el CMT. Según el organismo, hasta el 15 de agosto las tortugas golfinas depositaron alrededor de 14 millones de huevos, de los cuales aproximadamente 30 por ciento, es decir, 4 millones 200 mil, tendrán éxito en el nacimiento de tortugas que lograrán regresar al mar en septiembre para iniciar su ciclo de vida marina. Mencionó que el resto de los huevos no llegan a madurar debido a procesos naturales, entre los que se encuentran diversos procesos biológicos (como contaminación por bacterias) o inclusive por la saturación de huevos en un espacio reducido.

Las labores de protección de la tortuga se iniciaron en 1967 en la región de Escobilla, Morro Ayuta y Barra de la Cruz, y en 1994 fue creado el CMT. Las tortugas marinas, explicaron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Areas Protegidas, forman parte de la biodiversidad mundial. Son un grupo primitivo y singular con características anatómicas únicas que no han cambiado sustancialmente desde que aparecieron en el planeta. La historia de estos quelonios es prodigiosa, ya que es una especie longeva y excelente navegadora. Durante sus migraciones recorre miles de kilómetros al trasladarse entre sus sitios de alimentación y los de anidación. Las dependencias señalaron que las poblaciones de las diferentes especies de tortugas marinas son reducidas. Esta merma es resultado de diversos factores, entre otros la pesca excesiva, el comercio ilícito, el saqueo de los nidos, la captura y sacrificio de hembras anidadoras, la modificación y degradación de su hábitat, y la captura incidental de ejemplares jóvenes y adultos.

La Jornada - México D.F., 17/8/2005

Tierras indígenas se tornan desiertos

José Luis Alcázar

Cuarenta y cinco por ciento del territorio boliviano vive un implacable proceso de desertificación que provoca pérdidas agropecuarias, forestales y de infraestructura por más de 500 millones de dólares anuales y afecta sobre todo a comunidades indígenas del Altiplano. La erosión de zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas secas afecta a siete de los nueve departamentos de este país sudamericano y abarca unos 495 mil kilómetros cuadrados del territorio boliviano de 1,98 millones de kilómetros cuadrados. Los departamentos más erosionados son Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, en el occidente y el sur. Mientras, los amazónicos de Beni y Pando, de selvas lluviosas, se salvan aún de ese fenómeno, aunque con grados de degradación de suelos. Estudios realizados por el gobierno, científicos y activistas indígenas bolivianos, consultados por Tierramérica, revelan como causas la deforestación, la salinización y compactación de suelos, la expansión de la frontera agrícola, el sobrepastoreo, la explotación agropecuaria no apta y el uso inadecuado de sistemas de riego y drenaje.

"La Pachamama (madre tierra en la tradición indígena andina) está totalmente envejecida y desnutrida, no puede dar más producto", dijo el activista Max Paredes, miembro del Parlamento del Pueblo Aymara, al subrayar que la zona más asolada es la que comprende el Altiplano boliviano, peruano y chileno. El clima en esta zona es árido y semiárido, con heladas entre 150 y 300 días al año, una elevada irradiación, bajas temperaturas, fuerte evaporación y lluvias de un promedio anual de 300 milímetros, dijo a Tierramérica el científico boliviano Jorge Quintanilla. "La desertificación afecta de manera irremediable a las comunidades indígenas, particularmente en el Altiplano, donde las tierras de cultivo y pasto se convierten en arenales, uniéndolo con el desierto de Atacama" en el norte de Chile, explicó a Tierramérica Carlos Mamani, profesor universitario y activista aymara. En el oriente, sobre todo "en Santa Cruz, el fenómeno está ligado al avance irracional de la frontera agrícola que afecta el hábitat de los pueblos de selva", agregó.

Los ecosistemas y la biodiversidad se ven muy dañados en las zonas erosionadas. "En el sistema TPDS (Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salares, que abarca Perú y el occidente boliviano), la elevada contaminación del escaso recurso hídrico por la minería y sus pasivos ambientales provoca disminución de las áreas para uso agropecuario, migración de la gente originaria y degradación ambiental", dijo Quintanilla. Además, el uso indiscriminado de la flora ocasiona pérdidas de la tola (arbustos resinosos de los géneros Parastrephia y Baccharis), utilizada como combustible, y una tendencia a la desaparición de la yareta (Azorella compacta), según Quintanilla. También se están extinguiendo especies de fauna como la vizcacha (Lagidium viscacia) y la chinchilla (Chinchilla brevicaudata), roedores, y del ciervo andino. Especies nativas de peces como el ispi y el carachi (de la familia Orestias) y el mauri o pez gato (Trichomycterus dispar) están a punto de desaparecer, y el introducido pejerrey (Odontesthes bonariensis) muestra tendencia a una drástica disminución.

Según Quintanilla, las comunidades más afectadas por la desertificación en el Altiplano boliviano son Toledo, Orinoca, Pampa Aullagas, Quillacas, Llapallapani, Huancane, Poopó, Pazña, Machacamarca y otras menores alrededor de los lagos Poopó y Uru Uru, en el noreste de Oruro. De acuerdo con el estudioso, los daños mayores los vive "la etnia originaria del lugar, y más antigua que los aymaras, los uru muratos, que eran esencialmente pescadores y están diseminados en comunidades alrededor de los lagos Uru Uru y Poopó, comprendiendo unas 100 familias" o 500 personas. Unas cuatro mil personas migraron de la zona TPDS entre 1990 y 2003. Para Mamani, "la poca vida" del Altiplano "ocurre en los cerros, donde sólo quedan ancianos y niños". Mientras, en la oriental Santa Cruz, dominada por los grandes ecosistemas sudamericanos de la Amazonia y del Chaco, se desarrolla la agricultura más moderna y empresarial del país. Más de un 80 por ciento de esta región ha sido deforestada en los últimos 30 años. La deforestación, el uso de agroquímicos, la caza y las maquinarias redujeron significativamente lo que antes era una alta diversidad de fauna. Cuervos, chanchos de monte, tejones, jochis, zorros, felinos, armadillos, reptiles y serpientes hoy están confinados en parques nacionales.

En Tarija, amenazado por un proceso de desertificación total, están en peligro especies endémicas (más de 200 mamíferos, cerca de mil 500 aves y un centenar de peces). La inestabilidad política y social de Bolivia conspira contra la instrumentación de un programa nacional que aplique las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en vigor desde 1996. Carlos Zamora, director de Cuencas y Recursos Hídricos, encargado del programa específico, dijo a Tierramérica que la falta de continuidad en la administración frena la ejecución de planes. Zamora espera la aprobación del plan de lucha contra la desertificación. Por ahora se ejecutan proyectos en el marco de los Programas Subregionales de la Puna (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú) y Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay), sostuvo. A juicio del aymara Mamani, la ausencia de acciones obedece a "la inoperancia de la burocracia estatal, porque no le importa la sobrevivencia de los pueblos indígenas, cuyos territorios son los que se convierten en desiertos".

Tierramérica - 13/8/2005

Defender el ambiente se volvió tarea peligrosa

Angelica Enciso L.

La persecución de defensores ambientalistas se convirtió en acción recurrente en México. En los recientes ocho meses fueron detenidos dos activistas y uno más fue herido, además de que los inspectores y trabajadores ecológicos enfrentan trabas y riesgos, sobre todo en Guerrero y Oaxaca. La lista de personas acosadas por su labor va en aumento. A los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes estuvieron dos años en prisión, se han sumado los del rarámuri Isidro Baldenegro; de Araceli Domínguez, en Cancún, y Felipe Arreaga, en Guerrero. Mientras, Albertano Peñalosa, también en esa última entidad, fue emboscado y herido, hecho en el cual dos de sus hijos murieron. La conservación ambiental es una actividad riesgosa, ya que no sólo se enfrenta a los intereses económicos que se ven amenazados, sino también al crimen organizado, el cual ha llegado a controlar desde el narcotráfico y la tala clandestina hasta el comercio ilegal de especies de flora y fauna. A ello se suma la negligencia gubernamental ante los problemas ecológicos, porque varios de los casos por los que se han dado las detenciones han ocurrido después que se hicieron denuncias de depredación ambiental.

Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), fue aprehendida el 23 de mayo cuando, junto con otras organizaciones ambientalistas, comenzó a divulgar un folleto informativo sobre los riesgos a la salud que ocasiona nadar con delfines, una de las "actividades recreativas" que promueve el Parque Nizuc, ubicado en Cozumel, Quintana Roo, propiedad de Bernardo Zambrano. Ese negocio fue el mismo que hace dos años importó 28 delfines de islas Salomón, situación que se dio de manera irregular y que llevó a la destitución del subsecretario de Gestión Ambiental, Raúl Arriaga, y a que se le estableciera un proceso administrativo; además fue retirado de su cargo el entonces secretario de Semarnat, Víctor Lichtinger. La detención de Domínguez fue en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por una demanda por difamación que interpuso Zambrano. "La intención fue amedrentar a los defensores de medio ambiente y por eso no acepté pagar fianza, porque era como aceptar responsabilidad por nuestro trabajo, y eso era algo injusto", señala la activista en entrevista. Recuerda que quedó en libertad luego del apoyo que recibió en Cancún y de que el gobierno de la entidad intercedió para que el empresario retirara la demanda. "Fue un triunfo del movimiento ambientalista. Hasta al director de la cárcel le resultaba incomprensible mi detención. Llevo 22 años de trabajo en esto. En todo este tiempo resultan sorpresivas tantas detenciones de ambientalistas. Esto no ocurrió ni cuando estuvo Mario Villanueva, uno de los mayores represores en Quintana Roo. Es la entidad con mayores crímenes ambientales", asevera.

En las zonas donde está la mayor riqueza de recursos naturales, como bosques, ya se han destruido refugios de biodiversidad y de comunidades indígenas. "Ahí es donde se imponen los cacicazgos, que tienen la figura del narcotráfico y vínculos con el poder, no sólo estatal, sino también con el Ejército. Es ahí donde los defensores de los recursos naturales enfrentan peligro de muerte", señala por su parte Alejandro Calvillo, director de Greenpeace. Puntualiza que los defensores ambientales se ''enfrentan a grandes mafias madereras, del narcotráfico y a las autoridades judiciales, como ha ocurrido en Guerrero y Chihuahua, donde existe gran riqueza forestal, y la presión motivó a que la situación cambiara un poco. En Quintana Roo el Poder Judicial está al servicio de los poderosos de la región, aunque el caso más extremo es Guerrero, por todo lo que se ha ido sumando. "Uno pensaría -continúa- que después de que a Rodolfo Montiel le dieron el premio Goldman habría mayor atención del gobierno a la zona, y esto no ha ocurrido. El caso más reciente es el de Albertano Peñalosa y el encarcelamiento de Felipe Arreaga". Los problemas se dan en sitios en los que hay enfrentamiento con el poder económico regional: ''los grandes madereros podrían estar metidos en el narcotráfico y no son casos aislados; lo que sucedió con los tarahumaras tenía un patrón similar a lo ocurrido en Guerrero. Lo sorprendente es la poca conciencia en los sectores políticos sobre la cuestión ambiental".

Sumada a los casos de las organizaciones no gubernamentales, está la situación que enfrentan los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), ambos organismos desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El pasado 15 de abril fue asesinado por la espalda Miguel Angel Maya, jefe de proyectos de la Conanp en la Región Prioritaria para la Conservación de los Chimalapas. En el momento del hecho, Miguel Angel realizaba trabajos de revisión de brechas cortafuego que se habían hecho con recursos del Programa de Empleo Temporal en la congregación de Benito Juárez, en San Miguel Chimalapa. Antes de este hecho, el 30 de junio de 2004, en la misma región, Tirzo Bante fue asesinado, aunque se argumente que fue confundido con otra persona. El presidente de la Conanp, Ernesto Enkerlin, considera que estos acontecimientos son aislados. Los dos ocurrieron en Oaxaca, donde "hay cierta recurrencia de hechos violentos por las formas de arreglar las cosas que se tienen ahí, y que, obviamente, se rechazan". Precisa en entrevista que el primer caso, "hasta donde se conoce, fue una confusión de identidad, y el más reciente es preocupante, porque fue artero, planeado, con toda alevosía para asesinar al compañero que hacía verificación de trabajos de conservación y podría estar ligado a problemas intercomunitarios". Asevera que también en el parque nacional Lagunas de Chacahua, cerca de Puerto Escondido, hay problemas por invasiones en el área natural protegida por parte de la organización Frente Amplio de Lucha Popular, y el personal ha sido amenazado. Son dos focos rojos porque "en sitios como la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, donde hay bandas organizadas, no se han dado hechos de este tipo".

Los inspectores de la Profepa, con salarios que van de 5 mil a 9 mil pesos mensuales, hacen su trabajo por vocación y por interés en la conservación ambiental, indica el ex subprocurador de Recursos Naturales, Adrián Gálvez. "Tienen un alto grado de responsabilidad, ya que, además del riesgo físico a que se enfrentan, también tienen uno legal, y ante ello se ha buscado elevar sus ingresos porque en otras dependencias los salarios son mayores''. La inspectora de recursos forestales, Verónica Ortiz, con unos 14 años de trabajo, dice que cuando realizan un operativo siempre van acompañados de la fuerza pública, porque la gente suele estar armada y pueden enfrentar serios problemas. "Hay zonas donde se puede actuar, pero están las áreas críticas, donde los riesgos son mayores". Recuerda que hace unos años en el parque nacional de Zoquiapan, el aprovechamiento ilegal de madera era una constante, y el líder de una de las bandas la amenazó; "en esos casos lo mejor es salir, porque se corren riesgos", precisa. Carlos Nájera, también inspector, recuerda una persecución de la que fue objeto en Huitzilac, una de las regiones críticas forestales, donde, a pesar de que el grupo de la Profepa iba acompañado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República, fueron perseguidos porque gente de la comunidad pensó que llevaban algún detenido, pero cuando constataron que no era así, los dejaron ir. "Hacemos nuestro trabajo hasta donde se puede, no somos héroes ni tratamos de serlo. Y lo hacemos con la convicción de que es importante aunque si vemos la situación grave, nos retiramos, siempre hay peligro", asevera.

La Jornada - México D.F., 8/8/2005

Industria camaronera arrasa manglares

Diego Cevallos

El número de estanques camaroneros en Ecuador, Honduras y México se multiplica para lucro de sus dueños, pero también aumenta la destrucción de manglares, bosques costeros protectores que tienen influencia en la vida de 70 por ciento de los peces y crustáceos de interés comercial. En los últimos 12 años, las piscinas donde se crían camarones, gran parte de ellas ubicada en lugares que antes eran manglares, crecieron vertiginosamente hasta causar ''significativos problemas ambientales'', indicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esa agencia difundió a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente el documento Un solo planeta y mucha gente: Atlas de nuestro cambiante medio ambiente, realizado con base en tomas satelitales. En las imágenes salta a la vista que en el caso de América Latina, las camaroneras de Ecuador y Honduras arrasaron con el manglar. En el primer caso en el golfo de Guayaquil y en el segundo en el de Fonseca, en el Océano Pacífico, compartido por Honduras, Nicaragua y El Salvador. ''Los criaderos de camarón y los estanques se han multiplicado, tapizando el paisaje, (y) se han despejado manglares, defensas costeras naturales y viveros para peces libres, para ocuparlos como criaderos'', apunta el documento. No aparece en las imágenes México que, detrás de Ecuador y Honduras, es el más importante productor de camarón ''cultivado'' en el continente americano, pero la destrucción de su manglar también es grave, según ambientalistas.

En Honduras la superficie que ocupan las camaroneras pasó de mil 450 hectáreas en 1986 a 10 mil 500 hectáreas actualmente. Según cifras del Banco Central hondureño, la exportación de camarón cultivado significó ingresos de 152 millones de dólares en 2004. Esa actividad genera unos 24 mil 750 empleos, informó a Tierramérica Alberto Zelaya, miembro de la Asociación Nacional de Acuicultores. Pero la expansión de las camaroneras también causó un grave impacto social y ecológico en Honduras, dijo a Tierramérica Saúl Montufar, portavoz del no gubernamental Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca. ''En lo social hubo marginación y desalojo de familias pesqueras en las zonas de cultivo, pérdida de acceso a sitios tradicionales de pesca y un descenso en la explotación pesquera'', apuntó. En materia ambiental hubo ''un abuso en la introducción de miles de toneladas de nutrientes (para alimentar a los camarones de cultivo) que incidieron en la pérdida de calidad de las aguas y la destrucción de amplias zonas de manglar'', explicó Montufar.

Similares problemas se registran en Ecuador, donde la superficie original de manglar original, de unas 363 mil hectáreas, se redujo a 108 mil en 2000, indicó a Tierramérica Marianeli Torres, coordinadora local de la Red Manglar Internacional. Los activistas ecuatorianos, hondureños y mexicanos sostienen que las regulaciones ambientales dictadas en sus países para las camaroneras son insuficientes, se violan o simplemente se ignoran. Los mexicanos, por ejemplo, temen que la destrucción del manglar avance rápidamente en los próximos años debido a insuficiencias legales. Según denuncian, la norma que originalmente protegía estrictamente a esos ecosistemas fue modificada en 2004 por el gobierno del presidente Vicente Fox, para permitir el corte de manglar a cambio de compensaciones económicas. El gobierno cambió la norma sin las consultas previas que establecía la propia ley, ''con el único afán de beneficiar proyectos como ampliación de puertos, turismo y acuacultura'', dijo a Tierramérica Héctor Magallón, coordinador de la campaña de Bosques del grupo ambientalista internacional Greenpeace. En México, los manglares ocupan hoy 886 mil 760 hectáreas, o sea 69 mil 389 menos que en 1993, mientras la producción de camarón en piscina pasó de 30 mil toneladas en 2000 a 60 mil en 2004.

Tierramérica - 4/6/2005

El lucachi, símbolo de la conservación

José Luis Alcázar

El hallazgo en Bolivia de una nueva especie de mono tití, bautizado con el nombre científico Callicebus aureipalatii, es un llamado de atención a los humanos sobre la responsabilidad que tenemos para la conservación de las áreas silvestres, aseguran sus descubridores. El mono, conocido con el nombre común de lucachi, fue identificado a fines de 2004 en la ribera oeste del río Beni, en la noroccidental reserva boliviana Parque Nacional de Madidi, por el británico Robert Wallace y el boliviano Humberto Gómez. El anuncio oficial del hallazgo se hará en septiembre en la revista especializada Primate Conservation, editada en Estados Unidos, que publicará un artículo de Wallace y Gómez, científicos de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York. ''El descubrimiento de este mono debe servirnos para que reflexionemos sobre la importancia de la vida silvestre para la salud de la humanidad y el esfuerzo y recursos que necesitamos a largo plazo para conservarla y evitar su depredación'', dijo Wallace a Tierramérica.

El regocijo en la comunidad científica mundial es grande, pero coexiste con una gran preocupación por la inminente desaparición de otros primates en África, Asia y América Latina, entre ellos el gorila (Gorilla gorilla) y el chimpancé (Pan troglodytes verus). Wallace consideró que ''el hecho de que hoy en día se puedan encontrar nuevas especies de monos en áreas silvestres del mundo demuestra que todavía hay mucho por conocer en la naturaleza del planeta, y en cuanto a Bolivia, representa un símbolo tangible del valor y particularidad del Parque Madidi como el área más biodiversa del mundo''.

La palabra ''aureipalatii'', usada para nombrar a la nueva especie de mono, significa ''palacio de oro''. Se trata de la traducción al latín del nombre inglés Golden Palace, correspondiente a un casino de Internet que fue el mayor donante, con 650 mil dólares, a un fondo fiduciario para la conservación del lucachi y de su hábitat natural, en un concurso mundial organizado del 24 de febrero al 4 de marzo. Wallace describió a Tierramérica algunas características del mono como su bella corona de pelo dorado, una fuerte coloración anaranjada en cuello y pecho, patas rojizas y larga cola. Este tití mide menos de cincuenta centímetros, pesa un kilogramo y le gusta comer frutos. ''Viven en pequeños grupos, son monógamos, las familias no superan los cuatro miembros y se encuentran en la parte más tupida de la selva. Por las mañanas, las parejas intercambian una especie de canto y se dan interminables abrazos'', explicó. En la identificación del lucachi, la WCS trabajó en sociedad con el ente estatal boliviano Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la privada Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (Fundesnap). En octubre de 2004, biólogos de la WCS descubrieron en África otra especie de primate, bautizada Lophocebus kipunji, cerca del Parque Nacional Kitulo en Tanzania.

En el mundo sobreviven en la actualidad 626 especies de primates. De ellas, 133 son latinoamericanas, y de éstas 23 habitan en Bolivia, incluyendo al lucachi, con cuyo hallazgo suman 30 las especies de tití descritas en América Latina. El Madidi, establecido en 1995 y ''una joya del mundo'' según Wallace, tiene más de un millón 800 mil hectáreas y es compartido por más de tres mil 500 nativos tacana, chupianones, lecos y esse-ejas. La impresionante diversidad de ecosistemas del parque abarca desde bosques tropicales hasta pastizales andinos. Es una franja altitudinal en excelente estado de conservación de 180 a seis mil metros sobre el nivel del mar, y posee una extensión importante de sabanas vírgenes. Los compañeros de hábitat del lucachi son, según Sergio Eguino, director de Fundesnap, poblaciones saludables de jaguares (Panthera onca), londras (Pteronura brasiliensis), jucumaris u osos fronterinos (Tremarctos ornatus), más de mil especies de aves, grandes cantidades de orquídeas raras y otras plantas únicas. En Madidi hay unas mil cien especies de aves, la diversidad más importante registrada en el mundo, y más de cinco mil especies vegetales. Wallace alaba la convivencia armoniosa de las poblaciones originarias de Madidi con la naturaleza, y su adaptación a la conservación, uso y explotación sostenible del parque. Actualmente los pobladores producen café, cacao, miel e incienso, y se estudia un plan de manejo sostenible para la explotación de la madera, a fin de evitar cualquier tentación de tala ilegal al servicio de intereses foráneos que en más de una ocasión han intentado depredar la reserva. El parque es considerado además uno de los 10 mejores lugares del mundo para el ecoturismo y el turismo de aventura.

Tierramérica - 28/5/2005

El río Pilcomayo se salva del colapso

José Luis Alcázar

Un plan de manejo a partir de 2008 podría salvar del colapso la contaminada y taponada cuenca del río Pilcomayo, que cubre 270 mil kilómetros cuadrados de Argentina, Bolivia y Paraguay. El Pilcomayo nace en las estribaciones de la cordillera de Los Andes, entre los sudoccidentales departamentos bolivianos de Oruro y Potosí, recorre rumbo al sur los departamentos de Chuquisaca y Tarija, pasa a la provincia argentina de Formosa, Argentina, y desemboca en el río Paraguay frente a Asunción. Los gobiernos de los tres países sudamericanos, con apoyo financiero de la Unión Europea, formaron una comisión para preparar la elaboración de un Plan Maestro que recupere la cuenca. Los técnicos de la comisión han determinado que ''durante los siglos pasados tanto características climatológicas como la intervención del hombre causaron que el río Pilcomayo sea considerado actualmente como un recurso natural fuera del control del hombre''. Sus estudios se realizan desde 2002 y se prevé que concluyan cuando el plan comience a ejecutarse en 2008, con el objetivo de recuperar la cuenca y promover el desarrollo sostenible de la zona trinacional durante 17 años, hasta 2025. La sede de la comisión trinacional está en Asunción, la sede del proyecto en la sureña ciudad boliviana de Tarija, y la codirección del mismo corresponde a Argentina y la Unión Europea.

En la cuenca habitan aproximadamente un millón 500 mil personas (un millón en Bolivia, 300 mil en Argentina y 200 mil en Paraguay). ''La alta contaminación se detecta principalmente en la cuenca alta (Bolivia), donde desde la colonia española se explota minerales (plata, estaño, zinc, plomo, arsénico y antimonio)'', dijo a Tierramérica Jorge O´Connor, director ejecutivo de la Comisión Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo. En el nuevo siglo, 32 ingenios mineros de Potosí son responsables de la contaminación. En abril de 2005, el gobierno boliviano cerró a los 19 más dañinos. El derrame de productos tóxicos de la industria minera y los sedimentos de la erosión que se producen en la parte boliviana impactan y destruyen el curso natural del Pilcomayo, que cambia con frecuencia y disminuye notablemente su caudal cuando llega a la parte baja de la cuenca, dejando sin agua a los humedales de Argentina y Paraguay. Los técnicos consideran extraordinaria y fuera de control la producción de esos sedimentos: 60 millones de metros cúbicos por año que ocasionan variaciones bruscas del caudal, desde tres mil o más metros cúbicos por segundo hasta mínimos de tres metros cúbicos. Eso causó el taponamiento y retroceso del cauce del Pilcomayo con un promedio de 5,7 kilómetros por año, entre 1935 y 1998, dejando muy cerca del colapso a los ecosistemas de la zona agrícola, ganadera y piscicultora de los tres países y a los humedales de la cuenca baja en Argentina y Paraguay. La erosión y la sedimentación al cambiar el curso del río ocasionan desastrosas inundaciones y sequías, con importantes pérdidas de cosechas y ganado.

La contaminación de las aguas ha golpeado a la actividad pesquera, a la que se dedican unas 350 mil personas que recogen cada año unas 800 toneladas de pescado, con ''enormes pérdidas económicas, descenso en las ya precarias condiciones de vida de los habitantes y destrucción de la biodiversidad'', según O'Connor. Hay unas 60 especies de peces registradas en las cuencas alta y baja del Pilcomayo, pero sólo unas pocas son aprovechadas por los pescadores, por ejemplo el sábalo (varias especies, entre ellas Prochilodus platensis, Curimatorbis platanus y Curimata gilberti), el dorado (Salminus maxillosus) y el surubí (Pseudoplatystoma coruscans y Pseudoplatystoma fasciatum). A lo largo de la cuenca la diversidad de aves es variable. En la Puna habitan unas 240 especies, en los valles interandinos secos se registraron 520, en el bosque tucumano-boliviano 407 y en el Chaco 403 especies. Los anfibios y reptiles no están aún cuantificados, pero los expertos consideran que la cuenca del Pilcomayo debe ser una de los ecosistemas más ricos en especies de la herpetofauna. Los mamíferos en cuenca superan las 150 especies, siendo la región andina la que alberga el mayor número de endémicos.

El impacto económico y social en los tres países, del que se espera conocer datos preliminares el próximo año, es complejo y enorme, según Marcelo Trigo, directivo del proyecto del río Pilcomayo. Los técnicos sudamericanos y europeos a cargo de los estudios del Plan Maestro se proponen en lo inmediato construir represas para la regulación del río en cinco sitios de Bolivia, rehabilitar estaciones para medir niveles de agua y de sedimentos e instalar nuevas, y desarrollar simulaciones del funcionamiento de la cuenca, así como estudios de factibilidad de riego con la regulación de las represas. También se prevé recuperación piloto de tierras agrícolas que podría generalizarse, salvar humedales en Argentina y Paraguay y promover una reserva natural binacional de esos países en el bañado de la Estrella y Tifunque. En los estudios y trabajos previos participa población de los tres países de la cuenca. Según los directivos del proyecto, se respetan y alientan ''las pautas culturales de cada uno de los grupos que habitan la zona, para que ellos sean los principales protagonistas del plan''.

Tierramérica - 21/5/2005

Turismo excesivo asedia Machu Picchu

Abraham Lama

El gobierno de Perú diseña un nuevo plan de conservación para su atractivo arqueológico más importante: la ciudad incaica de Machu Picchu, amenazada por la afluencia excesiva de turistas. Pero sectores de la industria local de turismo se oponen a cualquier intento de reducir las visitas. Construida a fines del siglo XIV, Machu Picchu es la más extraordinaria edificación del imperio incaico, que abarcó el territorio de lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y parte de Argentina. En las temporadas altas, cuando no llueve, unos dos mil 500 turistas ingresan diariamente a la ciudad, descubierta en 1911 por el explorador estadounidense Iram Bingham. La mayoría de visitantes utiliza la vía férrea para llegar a Machu Picchu, ubicada en lo alto de una montaña en el sureño departamento de Cusco, pero alrededor de 400 hacen un recorrido de dos días a pie por ''los caminos del Inca'', atravesando escenarios de increíble belleza y acompañados por ''porteadores'' (campesinos que cargan sobre sus hombros equipos y vituallas), en promedio de casi dos por turista. Esas visitas y los deslizamientos de tierra en laderas de las montañas han sido señalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como un grave riesgo para la zona, que es patrimonio cultural de la humanidad. El paso descontrolado de miles de turistas ha dejado huellas notorias de desgaste en la zona arqueológica, de 31 mil hectáreas de extensión. El tránsito por los caminos del Inca contamina y amenaza la rica biodiversidad de la zona, donde se calcula que existen alrededor de 350 variedades de orquídeas y diversas especies de fauna en extinción como el oso de anteojos o frontino (Tremarctos ornatus).

La Unesco instó en 2002 a las autoridades peruanas a elaborar un plan de control de visitas y de manejo de deslizamientos de tierra. En respuesta, el gobierno del presidente Alejandro Toledo, a través del Instituto Nacional de Cultura (INC) y el Instituto de Recursos Naturales (Inrena), preparó un Plan Maestro de Preservación del Santuario Histórico de Machu Picchu, que será sometido en breve a consideración de la Unesco. El plan prevé hasta 2006 coordinar acciones y proyectos presupuestarios para la zona, y de 2006 a 2010 ejecutar inversiones por 132,5 millones de dólares, en proyectos que incluyen un sistema de control satelital de los deslizamientos de tierras y trabajos de prevención y mantenimiento de la ciudadela y los caminos del Inca. Los lineamientos de la propuesta fueron expuestos en diciembre ante representantes de municipios, organizaciones ambientalistas, grupos de arqueólogos, hoteleros y transportistas, agencias de turismo e incluso la Asociación de Porteadores. ''Es obvio que los sectores vinculados a la industria turística no quieren ni oír hablar de reducir la masa de visitantes. No pudimos llegar a ninguna conclusión en esa desordenada asamblea, a la que asistieron 280 personas que representaban intereses diversos, algunos de ellos contradictorios'', dijo a Tierramérica el ingeniero Marco Pastor, coordinador de la Intendencia de Áreas Protegidas del Inrena.

Por lo pronto, el municipio de Aguas Calientes, un poblado que surgió en torno al lugar en que los turistas descienden del ferrocarril para dirigirse a Machu Picchu, se apresta a batallar contra cualquier intento de reducción de visitas. María Elena Córdova, directora de Gestión del INC, anticipó que el Plan Maestro no se propone reducir el promedio máximo actual de visitantes, pero sí quiere reglamentar la afluencia para eliminar o atenuar los impactos negativos. Consultas públicas sobre el proyecto tendrán lugar con la participación de representantes de la sociedad civil, el gobierno regional, los municipios, las comunidades campesinas, los colegios profesionales y los agentes de viaje. ''Hay que escuchar a todos, y aunque sabemos que será difícil satisfacer a todos, debemos propender a la mayor participación posible para aprobar el Plan Maestro'', dijo a Tierramérica Jorge Pacheco, gerente de la Unidad de Gestión de Machu Picchu. El aumento de tarifas de acceso a la zona; la regulación de la afluencia para, entre otras cosas, mejorar el manejo de los desperdicios que dejan a su paso los turistas, así como la promoción de otros sitios incaicos en el país son algunas de las propuestas en ciernes.

El Director de la oficina en Cusco del INC, David Ugarte Vega Centeno, propuso aumentar 50 por ciento las tarifas de acceso a Machu Picchu, ''para agenciar mayores recursos y limitar parcialmente la afluencia de turistas''. Luis Antonio Mendoza y Walter Valderrama, ambos miembros de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecología, consideran inevitable reducir el flujo de visitantes para proteger Machu Picchu y proponen estudiar medidas de reglamentación similares a las existentes en sitios turísticos en Nepal, Asia. ''Ahora marcha por los caminos del Inca una procesión de gentes que, sin querer o sin que les importe, depredan el ecosistema a su paso'', dijo Mendoza a Tierramérica. ''En Nepal, los visitantes tienen que aceptar que se haga un inventario de lo que portan al ingresar, y depositar una suma de garantía para cubrir las altas multas si dejan abandonados envases, plásticos o cualquier otra cosa en la zona que visitaron'', explicó. Valderrama opinó que para descongestionar el camino hacia Machu Picchu se pueden promover otras rutas, también incaicas pero más largas o complejas, ''y por consiguiente con mayor desafío, que es lo que se busca en el turismo de aventura''.

Tierramérica - 7/5/2005

Menos gas natural, más contaminación

Gustavo González

Chile no sólo enfrenta amenazas de crisis energética por los recortes de gas natural de Argentina, sino además un incremento de la contaminación en su capital, lo cual ha hecho renacer las críticas de los ecologistas a las políticas en ambos frentes del gobierno de Ricardo Lagos. Santiago, con casi seis millones de habitantes, tuvo el 20 de abril su primer estado de alerta ambiental del año, que se sumó al de preemergencia del domingo 17, que echó por tierra las promesas oficiales de que en 2005 el avance en los planes de descontaminación relegaría al olvido medidas de este tipo. ''Los episodios de contaminación atmosférica en Santiago empezaron ahora un mes antes que en los últimos años, concretando los anuncios que el movimiento ecologista viene haciendo desde 2003 ante la inminencia de la crisis energética'', dijo a IPS la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín.

La primera preemergencia de 2004 se produjo el 19 de mayo, oportunidad en que el entonces intendente (autoridad del gobierno central) de la región Metropolitana, Marcelo Trivelli, aseguró que ese sería el último año de situaciones críticas en cuanto a la mala calidad del aire. El inicio del llamado Plan TranSantiago, con nuevas autopistas, ciclovías, extensión del Metro (ferrocarril urbano eléctrico) y racionalización del transporte público, además del retiro de viejos buses, normas más rigurosas sobre pureza del combustible para motores diesel y la reducción de las emisiones de las industrias, llevaron a Trivelli a prometer ''un 2005 libre de preemergencias''.

En Santiago se aplica cada año de marzo a noviembre y de lunes a viernes la prohibición de que circule 20 por ciento de automotores convencionales, cuyas emisiones contaminantes superan en 80 por ciento a las de los vehículos equipados con catalizadores que usan gasolina sin plomo. Cuando las estaciones de seguimiento de la calidad del aire detectan índices de partículas contaminantes por metro cúbico de aire superiores a 200 se decreta alerta ambiental, elevando a 40 por ciento la prohibición de circular para vehículos de gasolina con plomo y paralizando un centenar de fuentes fijas de emisión, como calderas de industrias. Si el registro de polución aumenta a 300 procede la preemergencia, en la cual se suspende la circulación de 60 por ciento de los vehículos convencionales y 20 por ciento de los catalíticos, se paraliza un millar de fuentes fijas, incluyendo 569 industrias, además de que se suspenden las actividades deportivas y recreativas en los colegios para prevenir efectos en la salud.

Uno de los pilares de los programas de descontaminación de Santiago fue la generalización del uso, para fines domésticos, industriales y de generación de electricidad, del gas natural comprado a Argentina a partir de 1995 en función de los tratados bilaterales de integración energética. Pero ese suministro sufrió severos recortes debido a la crisis del sector en el vecino país. El gas natural adquirió una presencia determinante en la matriz energética chilena, contribuyendo con 40 por ciento de la electricidad a través de plantas de ciclo combinado, cuya tecnología les permite canalizar hidroelectricidad o sustituir el gas por diesel como combustible. En su optimista pronóstico de mayo de 2004, el entonces intendente Trivelli ignoró el carácter prolongado de la crisis en los suministros de gas argentino, que recorrió con altibajos todo ese año y recrudeció desde comienzos de 2005. Chile importaba 22 millones de metros cúbicos diarios de gas natural de Argentina, volumen que se redujo en 30 por ciento, sin posibilidades de apelar al otro gran productor en la zona, Bolivia, que esgrime este recurso energético como carta para negociar con el gobierno de Lagos su reivindicación de un puerto soberano en la costa del océano Pacífico.

El Banco Central de Chile estudia el impacto que tendrá en la economía, en términos de crecimiento del producto en este año, el efecto combinado de la baja en la oferta de gas natural y del incremento de importaciones de petróleo para reemplazar a ese combustible en un escenario de alza en los precios internacionales del crudo. Al impacto económico directo será necesario añadir el mayor gasto público en salud, ya que los altos índices de contaminación generan en el invierno austral un aumento de las consultas por afecciones respiratorias, sobre todo respecto de lactantes y ancianos. ''La meta de las autoridades, de terminar con los altos niveles de contaminación del aire (en 2005), ya no se cumplió'', dijo a IPS el presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano. ''El presidente Ricardo Lagos no podrá terminar su mandato (en marzo de 2006) sin preemergencias y emergencias ambientales en Santiago, lo cual es la externalización más evidente de la crisis del gas por la que atraviesa el país'', agregó el ecologista. Según Baquedano, ''la mala calidad del aire, saturado por la emisión de fuentes industriales que ahora funcionan con diesel, producto de la escasez de gas, va a terminar por anular las mejoras provenientes del Plan TranSantiago y las extensiones del Metro''.

Un estudio preparado por Chile Sustentable, con base en datos oficiales desde 1998 hasta 2003, establece que las emisiones de material particulado, el mayor contaminante en Santiago, aumentan en 31 por ciento cuando el gas natural se sustituye por petróleo o carbón. Las emisiones de dióxido de azufre crecen a su vez en 45 por ciento, las de óxido de nitrógeno 34 por ciento y las de otros contaminantes, como el carbono, entre 23 y 24 por ciento. ''Ante esta situación, largamente anunciada por los ecologistas, la autoridad no solamente deberá decretar emergencias preventivas para evitar daños a la salud de la población, sino apurar medidas de eficiencia energética y de promoción de energías limpias, especialmente en el sector eléctrico'', señaló Sara Larraín.

A la escasez de gas natural argentino y al incremento del uso y precios del petróleo se suman los pronósticos de que 2005 será un año poco lluvioso, lo cual impediría sustituir con hidroelectricidad la demanda de energía necesaria para un país que, según cálculos especializados, tendrá este año un crecimiento del producto en torno a seis por ciento. ''Aunque es tarde para evitar los inminentes daños a la salud y al sector productivo este año, el gobierno debe prevenir su repetición durante los próximos años estableciendo un plan urgente de ahorro y eficiencia energética en iluminación pública, transporte, procesos productivos y consumo domiciliario'', sentenció Larraín. Según la directora de Chile Sustentable, ''el sector energético tiene que responder hoy a la crisis realizando inversiones en plantas eólicas, geotérmicas y pequeñas hidráulicas, además de obligar al uso del biogás que se está perdiendo en los vertederos (de basuras)''. Baquedano criticó al gobierno por su tendencia a flexibilizar las normas ambientales con el fin de facilitar la sustitución de gas natural por petróleo. ''Es un hecho recurrente que las autoridades sacrifiquen la protección ambiental para blanquear sus malas decisiones en materia energética'', señaló el ecologista.

Tierramérica - 23/4/2005

Patentan genes del maguey espadín

Víctor Ruiz Arrazola

A unas semanas de que los legisladores mexicanos aprobaron la Ley de Bioseguridad, empresarios japoneses patentaron los genes del maguey espadín, agave silvestre que se utiliza para la producción de mezcal, dio a conocer Esteban Martínez Salas, coordinador de Exploración del Herbario Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al participar en un foro de consulta pública convocado por la Comisión de Trabajo para el Desarrollo Responsable de la Industria del Maguey y del Mezcal en Oaxaca.

Entrevistado en el municipio de San Carlos Yautepec, donde acudió a la apertura de esos foros, Martínez Salas expuso que la defensa de los derechos intelectuales de los pueblos indígenas de México sobre los recursos naturales apenas empieza en contra de las empresas trasnacionales que intentan apoderarse de ellos. Señaló que será un proceso de años para lograr la concientización de los pueblos, como sucedió en Brasil, donde no puede salir ninguna muestra vegetal al extranjero, pero en México la referida ley se aprobó hace tres meses y los japoneses patentaron el maguey espadín hace dos, ''por lo que apenas se van a endurecer las cosas, los grupos sociales van a tener más conciencia y se van a organizar''. El avance será gradual hasta que quede claro ''cuáles son los derechos de cada quien, desde luego que eso va a ser cuestión de años'', dijo Martínez Salas, quien añadió que este proceso dificultará el trabajo de los investigadores, ''porque nuestra función es estudiar la biodiversidad; habrá muchos problemas por mala información con las comunidades, con los ejidos, pero hay que aceptar que es un proceso que tiene que pasar para defender nuestros recursos, los cuales no tienen que ser propiedad de una pequeña sociedad extranjera, como es el caso de este agave mezcalero''. Sostuvo que la solución al conflicto por la patente del maguey espadín es que en México no se respeten esos registros, como sucede en Brasil, donde inclusive no se reconocen patentes de medicamentos elaborados con base en plantas nativas.

Estos foros regionales de información y consulta con los productores oaxaqueños de maguey y mezcal, convocados por la Comisión de Trabajo para el Desarrollo Responsable de la Industria del Maguey y del Mezcal en Oaxaca, tienen el propósito de buscar medidas para proteger los bosques secos de Oaxaca y mejorar las condiciones de vida de los productores. En el primer foro realizado en el municipio de San Carlos Yautepec se concluyó que es importante incluir información: desde cómo cultivar el maguey, de manera que no se contamine el medio ambiente por el uso de pesticidas, hasta la venta de esa bebida en el mercado. El representante de la Comisión de Trabajo para el Desarrollo Responsable de la Industria del Maguey y del Mezcal en Oaxaca, Gonzalo Villalobos López, dijo ante los cerca de 200 asistentes, entre productores y representantes de las diferentes instancias de los gobiernos federal y estatal, así como de la sociedad civil, que es necesario unir esfuerzos para conservar los bosques secos, donde actualmente se siembra el maguey. Villalobos López dijo que si se demuestra al mundo que el mezcal de Oaxaca es único porque cumple con la responsabilidad de proteger los bosques secos y con la calidad de producción, el valor económico y social se incrementará, y así se podrán solucionar varios problemas a los que se enfrentan los productores.

En tanto, Esteban Martínez Salas, coordinador de Exploración del Herbario Nacional de la UNAM, explicó que estos foros ''se deberían fomentar más, porque participan los directamente involucrados, los que habitan los lugares, y además es significativo que se hagan los talleres, en este caso donde se siembra el maguey''. Sostuvo que los productores deben reconocerse como depositarios temporales de una enorme riqueza de plantas y animales, lo que significa una gran responsabilidad en el presente y en el futuro. Comentó que en México existen 110 especies de los árboles conocidos como copales, de los cuales 98 por ciento se localiza y reproduce en la selva seca de Oaxaca. También dijo que 90 por ciento de los reptiles habitan y se reproducen en las selvas secas y 50 por ciento de éstas se encuentran en Oaxaca; de ahí la importancia de proteger estos ecosistemas.

Los productores asistentes propusieron la elaboración de un manual del magueyero, porque con él podrán saber de qué manera no se dañan las áreas donde siembran el maguey, dado que se cultiva en bosques secos. En tanto, la coordinadora en Oaxaca del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Gloria Tavera Alonso, manifestó que estos foros son importantes ''porque es incursionar en un área que está como muy ausente en la presencia de los ambientalistas y que tiene que ver con la identificación de las causas de la pérdida de la biodiversidad en sitios importantes, como son los bosques secos''. Francisco Javier Cruz, en representación del Consejo Oaxaqueño del Maguey y del Mezcal, detalló que dentro de las conclusiones de este primer foro regional se acordó constituir el Consejo Distrital en el mismo municipio de San Carlos Yautepec, con el objetivo de que en los próximos meses se pueda constituir el Consejo Estatal de Productores de Maguey y Mezcal con personalidad jurídica propia.

La Jornada - México D.F., 13/4/2005

Fiesta para el mar de Caibarién

Patricia Grogg

La bahía de Caibarién, norte de Cuba, semejaba hasta hace poco tiempo un gran vertedero repleto de desperdicios flotantes. Ahora, un hermoso paseo bordea la costa y las aguas lucen limpias gracias a los propios vecinos quienes antaño fueron responsables de esa contaminación. ''El mar daba al patio de las casas y se consideraba normal lanzar toda clase de basura al agua, en vez de usar los camiones de servicios comunales'', dijo a Tierramérica Aleida Duque, especialista en educación ambiental de la Estación de Monitoreo Costero en Caibarién, una ciudad costera de la provincia de Villa Clara. El malecón, como llaman en Cuba a las avenidas costaneras, se terminó de construir hace tres años, pero no alcanzó para dejar atrás la insalubre tradición de deshacerse de los desperdicios en las aguas cercanas. Entonces un grupo de niños y niñas tomó el caso en sus manos, tocó miles de puertas y convenció a los vecinos de que el saneamiento de la bahía era un asunto de todos.

El proyecto ''Caimale (Caibarién-malecón) por una adecuada conducta ambiental'' surgió con unos 12 niños convocados por María Inés Domínguez, directora del gubernamental Centro de Documentación e Información Pedagógica (CDIP) de esta ciudad, de unos 40 mil habitantes. ''Comenzamos con la operación tum-tum casa por casa. Al principio hubo resistencia. Nos decían que siempre se ha botado la basura en el mar y nunca vieron que por ello murieran los peces. Poco a poco, las familias se fueron convenciendo'', afirmó Domínguez. Junto a la comunidad, los niños decidieron, entre otras acciones que incluyen bailes, canciones y talleres de pintura y literatura, realizar jornadas de limpieza y una fiesta del mar cada 21 de mayo. ''El mar es nuestra fuente de vida, tenemos que protegerlo'', comentó Jennifer Martínez, de 14 años. En la primera recogida de desperdicios se llenó hasta el tope un camión. Un año después la carga recolectada ocupó sólo la mitad del vehículo.

Pero la basura doméstica no es la única fuente de contaminación de la bahía Buena Vista, impactada por el insuficiente servicio de alcantarillado de Caibarién y los dañinos desechos de un ingenio azucarero de la vecina ciudad de Remedios, por mencionar los peores. Los residuos del ingenio, donde también se fabrica alcohol, llegan hasta el mar por el río Guaní, que cuando tiene poco caudal no alcanza a autodepurarse. ''El oxígeno disuelto se agota, causando la muerte de los peces'', explicó Joan Hernández, jefe de la Estación de Monitoreo Costero, entidad adscrita al gubernamental Centro de Estudios y Servicios Ambientales (Cesam), de Villa Clara. El problema se resolvió en parte con una planta de biogás que consuma 70 por ciento de los desechos, pero el impacto del 30 por ciento restante aún es alto. Ahora, la época de zafra coincide con la sequía que mantiene en bajo nivel las aguas del afluente. Esto hace que los residuos se acumulen y, a la primera precipitación abundante, lleguen de golpe hasta el mar.

En tanto, la renovación tecnológica de la mayor de dos curtiembres de la ciudad permitió eliminar los productos químicos en el tratamiento de pieles y redujo considerablemente la afluencia de residuos altamente nocivos para el hábitat marino. ''El gobierno municipal tiene alternativas para solucionar esta situación ambiental, pero son complejas y costosas'', señaló Ernesto Nieto, coordinador en el Cesam del proyecto de desarrollo del archipiélago Sabana-Camagüey. Este vasto plan se aplica desde 1995 con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en toda esa zona de la porción del norte y el centro de Cuba, que va desde Matanzas hasta Camagüey, de 100 a 533 kilómetros de La Habana. La educación de la comunidad en el uso responsable y comprometido del territorio y sus recursos para la conservación de la naturaleza figura entre los objetivos del programa, en el cual están involucradas numerosas instituciones del país. Caibarién vive fundamentalmente de la pesca, producciones agropecuarias y una industria más bien pequeña, a la cual en los últimos años se sumó el turismo, a partir del fomento de los cayos situados al noreste de la urbe.

Tierramérica - 9/4/2005

A la caza de las aves, con binoculares

Yensi Rivero

La esperanza de ver una cotorra cabeciamarilla (Amazona barbadensis) puede ser motivación suficiente para los observadores de aves, quienes, binoculares en mano, emprenden la misión de identificar la mayor cantidad posible de especies en una jornada, para conocer su hábitat, costumbres y factores de amenaza. En América Latina la observación de aves cobra adeptos de todas las edades y ocupaciones. Con la guía de expertos y el apoyo de grupos locales o coaliciones ambientalistas, como Birdlife International, estos apasionados admiradores de las aves las buscan en parques, ríos, sabanas, humedales y bosques.

Colombia y Venezuela, en el primer y quinto lugar de diversidad biológica de América Latina, organizan conteos periódicos de aves para obtener información que llene sus bases de datos y les permita definir líneas de acción para la recuperación de especies. ''La Red Nacional de Observadores de Aves (RNOA) tomó la iniciativa de coordinar los censos de estas especies en Colombia desde hace cuatro años. Antes las asociaciones y grupos ornitológicos realizaban estas actividades por su cuenta, lo que no permitía la unificación y estandarización de la información'', dijo a Tierramérica la coordinadora de la red, Camila Gómez. Los censos ayudan a saber cuántas especies existen, así como a conocer la permanencia de cierto número de individuos en distintas localidades a través del tiempo. ''Conocer cuántas especies hay en un país es útil para la conservación. ¿Cómo saber qué hay que conservar si no se sabe lo que hay?'', cuestionó la experta. Nueve por ciento de las mil 800 especies de aves de Colombia soporta algún grado de riesgo. ''La reducción del hábitat, su uso inadecuado y la falta de conocimiento son las causas principales de amenaza'', comentó Gómez. Los hábitat más vulnerables son los humedales de tierras altas, las ciénagas, los bosques húmedos, secos y andinos y las sabanas naturales. ''Las especies más amenazadas son las endémicas, las que presentan rangos de distribución reducidos y las víctimas de la caza o comercio ilegal de especies'', indicó.

En el caso venezolano, la observación de aves se remonta a la década de 1970. Más tarde empezaron a realizarse avistamientos de Navidad, siguiendo la tradición de países como Estados Unidos. ''Más recientemente seguimos también la iniciativa de Birdlife International, que organiza un conteo conjunto de varios países en el mes de octubre'', dijo a Tierramérica la integrante de la organización no gubernamental Audubon de Venezuela, Clemencia Rodner. Venezuela cuenta con mil 490 especies de aves, y entre las más amenazadas están las que habitan los bosques. La extensión de la frontera agrícola y de actividades mineras representa un serio peligro para la vida de muchas de las aves, señaló Rodner, cuya organización lidera la actividad de avistamientos en el país. La guacamaya verde y la cotorra cabeciamarilla fueron identificadas como ''en peligro'' durante el último conteo en octubre de 2004.

En otros casos, la presión humana se cierne sobre especies buscadas por su carne, como las que pertenecen a la familia de los tinámidos (gallinas de monte y soisolas, entre otras gallináceas), no sólo en Venezuela, sino en toda América del Sur. En países como Brasil y Colombia, líderes en biodiversidad, la extinción amenaza a 114 y 77 especies, respectivamente. En Venezuela se han identificado al menos 40 especies endémicas en peligro de desaparecer. Datos de Birdlife International estiman que de las nueve mil 170 especies de aves en el mundo, cuatro mil 500 (45 por ciento) se encuentran en América. De esa cifra, 649 corren riesgo de extinguirse antes de 2020. América Latina alberga ''nichos representativos que nos hacen privilegiados. El caso de Ecuador es emblemático, pues siendo un país pequeño se ubica entre los primeros en cuanto a biodiversidad, debido a los cambios de altura que presenta'', apuntó Rodner. Tal riqueza genera dificultades a la hora de categorizar las especies y de allí la importancia de los censos para orientar ciertas investigaciones. Muchas aves ''se encuentran bajo un alto grado de amenaza simplemente porque no se conoce casi nada sobre sus hábitos, distribución, abundancia e historia natural'', aseguró Gómez.

Los especialistas no consideran que los avistamientos de aves puedan ser un indicador científico. Pero la acumulación de conteos permite percibir tendencias del ciclo vital de las aves. El balance puede ser negativo, cuando se note disminución en el número de individuos, o positivo, en caso contrario. ''Hace algunos años era posible observar en parques caraqueños aves como el cardenal bandera alemana (Paroaria gularis). Hoy día es casi imposible y ello nos habla de la fuerte presión que amenaza a esa especie'', explicó Rodner. Iniciativas como las de Audubon de Venezuela son replicadas, con su colaboración, desde empresas privadas. La hacienda Hato Piñero, en los llanos centrales venezolanos, alberga todas las especies de fauna de las llanuras del Orinoco y ha ganado fama como observatorio de aves, algunas amenazadas. En la finca de 80 mil hectáreas ''se concentra 27 por ciento de las aves que habitan el país'', dijo a Tierramérica el director ejecutivo de la Fundación Hato Piñero, Edgar Useche. ''Organizamos visitas con turistas nacionales e internacionales en áreas destinadas a la observación. Los visitantes se divierten aprendiendo y se mantienen a la expectativa de observar alguna especie en extinción'', afirmó. La Fundación Hato Piñero lleva a cabo un inventario de especies de flora y fauna cuyos datos serán usados para la ejecución de proyectos de conservación.

La información que recoge Audubon en sus conteos es enviada a la sede regional de Birdlife International en Quito y de allí pasa a otras instancias que determinan si procede algún tipo de financiación para planes especiales. ''Queremos levantar el inventario de aves más grande del país y hacer así un conteo de especies que no se repiten'', aseguró Marieta Hernández, presidenta de Audubon de Venezuela, durante un recorrido de avistamiento en octubre de 2004. En Colombia existe una base de datos de libre acceso que se nutre cada año con información de los censos realizados. En poco tiempo estará lista una gran base de datos llamada DATaves, con el aporte de experiencias de personas comunes en todo el país. En el mundo existen unos 70 millones de observadores de aves, y expertos estiman que esa cifra corresponde a 35 por ciento del total del ecoturismo internacional.

Tierramérica - 26/3/2005

Sequía castiga a soja transgénica

Mario Osava

La sequía en el sur de Brasil redujo drásticamente la actual cosecha de soja en el sureño estado de Rio Grande do Sul y agregó nuevo combustible a la polémica sobre la producción de transgénicos. Las variedades genéticamente modificadas, que dominan la sojicultura en ese estado, sufrieron pérdidas mayores que las convencionales, admitieron productores locales. Es natural, porque las semillas transgénicas eran contrabandeadas de Argentina, no estaban aclimatadas y por eso presentaron resistencia menor a la escasez de agua, explicó Narciso Barison, presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes de Semillas y Plántulas del estado (Apassul). Las variedades convencionales, desarrolladas por empresas nacionales, certificadas y adaptadas a la región, tuvieron mejor desempeño. La diferencia de pérdidas varió según las condiciones de cada siembra, alcanzando ''un máximo de 25 por ciento'', calculó.

La empresa estadounidense Monsanto, que desarrolló soja resistente a su herbicida glifosato, y potencia así la venta de ambos productos, rechaza la comparación. ''La intensidad de la sequía no permite comprobar diferencias de productividad'', sostuvo Ricardo Miranda, director de Desarrollo de Producto de la empresa. ''Ninguna soja soporta ese nivel de estrés hídrico'', que en algunas áreas causó la pérdida de 80 por ciento de los cultivos, argumentó. Además hay dos factores, según Miranda, que determinan un mejor desempeño ante la sequía de la soja transgénica: ésta facilita y estimula la siembra directa (y por lo tanto retiene más humedad en el suelo), y permite mejor control de las malezas, lo que a su vez elimina competencia por el agua escasa.

La sequía que se prolonga hace cinco meses en Rio Grande do Sul castiga más duramente la soja, que se siembra sobre todo en octubre y noviembre. La estatal Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater) calculó una reducción de 61,04 por ciento en el promedio de productividad de esa oleaginosa en el estado, cayendo de los esperados dos mil siete kilogramos por hectárea a sólo 782. De esa forma, los 8,3 millones de toneladas de producción que se esperaban caerían a 3,2 millones. La soja RR (Roundup Ready) de Monsanto empezó a entrar ilegalmente al estado hace casi diez años y se expandió a cerca de 80 por ciento del área sembrada, según evaluaciones que obviamente son difíciles de comprobar. En los dos últimos años, ante el hecho consumado, el gobierno trató de dar legalidad temporal a la soja prohibida mediante un fallo judicial de 1999. Ahora, con la Ley de Bioseguridad aprobada por el Congreso el 2 de marzo, se busca una solución definitiva a las incertidumbres jurídicas que afectan la nueva tecnología en Brasil.

La siembra clandestina y la confusión jurídica de los últimos años dejaron en situación crítica al sector de producción de semillas, especialmente en Rio Grande do Sul. Sus empresas fueron alejadas del mercado ante el avance de los transgénicos, cuyas semillas no podían producir legalmente. Ahora que la sequía comprobó las ventajas de cultivos mejorados para el clima y el suelo local, debe haber una ''carrera'' de los agricultores por semillas certificadas, pero no las hay en cantidad suficiente en el mercado, observó Barison. La multiplicación de las semillas transgénicas para atender la siembra en todo el estado demandaría tres años, previó, y las convencionales son ahora insuficientes, debido a su baja demanda en los últimos años. Por ello, la sojicultura en Rio Grande do Sul, que era responsable de más de 15 por ciento de la producción nacional, demorará algunos años para recuperar el volumen anterior de producción. En la próxima siembra los agricultores tendrán que usar sus propias semillas, de baja calidad empeorada por la sequía.

''Es la oportunidad para un debate más profundo sobre el modelo de desarrollo agrícola'' en el país, opinó Altermir Tortello, coordinador de la Federación de los Trabajadores en la Agricultura Familiar de la Región Sur (Fetraf-Sur) y miembro de dos Consejos del gobierno brasileño, el de Seguridad Alimentaria y el de Desarrollo Económico y Social. En su evaluación, esta sequía ''fue una gran lección'' no sólo sobre la cuestión de los transgénicos, sino también sobre el monocultivo. La llamada ''revolución verde'', iniciada en los años 70 en Brasil, con amplia mecanización, abuso de insumos químicos y monocultivos para exportación, es una de las causas de la fuerte sequía actual en el sur, o por lo menos de su agravamiento, afirmó Tortello. Ese modelo se hace con deforestación generalizada, drenaje de pantanos y uso intenso de agua, desequilibrando ecosistemas, argumentó. En Rio Grande do Sul ''se viaja centenares de kilómetros sin ver ningún bosque, sólo soja'', lamentó. Los pequeños agricultores que se ilusionaron con el monocultivo de la soja, porque parecía ''una mina de oro'', ahora quebraron, observó Tortello, quien aboga por un ''cambio en el modelo''en favor de la diversificación de cultivos, como factor de sustentabilidad ambiental y también social. Los transgénicos fortalecen y agravan el modelo de monocultivo exportador, que concentra la propiedad de las tierras en pocas manos, expulsa y empobrece los campesinos, además de degradar el ambiente, sentenció.

Barison, al contrario, defiende la liberación de los transgénicos para que los agricultores puedan elegir la siembra que más les convenga. Él opina que los sojicultores sureños ''pagan el riesgo que asumieron'' con la siembra ilegal, y que las pérdidas agravadas no se debieron a la modificación genética, sino a las semillas impropias. Varias empresas tecnológicas, incluso la estatal Embrapa, desarrollaron cultivos transgénicos de buena productividad, incorporando el gen de la Monsanto que incluye la resistencia al herbicida glifosato. Miranda cree que si entra en vigencia la Ley de Bioseguridad tal como fue aprobada, habrá una rápida expansión de las siembras transgénicas, debido a la fuerte demanda de los agricultores.

Tierramérica - 26/3/2005

Pantanal en peligro

Stephen Leahy

El Pantanal sudamericano, el humedal mediterráneo más extenso del mundo, podría resultar destruido si la temperatura del planeta se elevara entre tres y cuatro grados, advirtió la Universidad de las Naciones Unidas (UNU). El mismo destino sufrirían 85 por ciento de los humedales del mundo en ese caso, según el estudio de la UNU titulado Enfoque complejo para el manejo de humedales: El caso del Pantanal. El cambio climático es la principal amenaza, pero el riesgo del Pantanal, uno de los ecosistemas de mayor diversidad biológica, aumenta a causa de la intensa actividad agrícola e industrial y al desarrollo urbano de los alrededores, indicaron los autores del informe. ''El Pantanal brinda una amplia gama de importantes servicios ecológicos a la región. Su deterioro supondría una gran pérdida'', dijo a IPS uno de los coautores del análisis, Paulo Teixeira de Sousa Jr., de la brasileña Universidad Federal de Mato Grosso.

Ubicado en el corazón de Sudamérica, el Pantanal cubre 165.000 kilómetros cuadrados -casi la misma superficie que España- de Brasil, Bolivia y Paraguay. Considerado el principal humedal de agua dulce del mundo, el Pantanal es un complejo rompecabezas de lagos, lagunas, ríos, bosques e islas con intensa vegetación. Con un terreno seco la mitad del año que se convierte en laguna llana en la restante mitad, el Pantanal es el hábitat de miles de especies animales, entre ellas 650 de aves, más de 190 de mamíferos, 50 de reptiles, más de 1.100 de mariposas y 270 de peces. Muchas de esas especies están en peligro de extinción. También es el lugar donde se aparean gran cantidad de aves migratorias que se trasladan a América del Norte en el verano boreal. El cambio climático acabaría con todo eso, según el estudio de la UNU.

En el último siglo y medio, la actividad humana -en especial la industria y el transporte- elevó la presencia de dióxido de carbono, metano y otros gases invernadero en la atmósfera, según la mayoría de los expertos que analizan el cambio climático. Como consecuencia, la temperatura promedio del planeta aumentó 0,6 grados. Entre 2000 y 2010, la temperatura podría elevarse dos grados a causa de las emisiones de gases invernadero, advirtió en enero el Panel Internacional sobre Cambio Climático, órgano de la ONU que reúne a 2.500 científicos. ''La gente no se da cuenta, generalmente, de que un aumento de tres grados es mucho. ¿Qué sucede cuando la temperatura de nuestro cuerpo se eleva apenas un grado?'', se preguntó Teixeira. Los humedales mantienen en su interior alrededor de un sexto del carbono superficial, la mayoría en forma de materia orgánica. Ésta puede ser liberada en la atmósfera con perturbaciones del suelo, por ejemplo, a causa del drenaje y destrucción de los humedales. De acabar en la atmósfera grandes cantidades de carbono procedentes de los humedales, se originaría un círculo vicioso: se elevaría la temperatura y eso, a su vez, promovería una mayor emisión de dióxido de carbono. Si no se reduce la liberación de gases invernadero en los próximos 20 años, no será posible impedir la pérdida de humedales, según Teixeira.

Hoy, gran parte del Pantanal está incontaminada, pero eso durará poco si persiste la alteración de cursos de agua a causa del desarrollo económico y el uso de tierras vírgenes por la agricultura y la industria. Una presión sin precedentes sobre el ecosistema comenzó en los años 70, cuando el gobierno de Brasil alentó la apertura a la explotación humana de regiones remotas, como la Amazonia y el Pantanal, lo que originó una corriente migratoria de cientos de miles de personas. El monocultivo de soja, maíz, caña de azúcar y algodón cambió radicalmente la fisonomía de millones de kilómetros cuadrados de sabanas elevadas que rodean el Pantanal, dijo Teixeira, también director del Programa Ambiental Regional del área. ''Los campesinos tradicionales venden sus tierras a grandes empresas agrícolas'', explicó. ''En la mayoría de los casos, los recién llegados no saben cómo manejar la tierra sustentablemente''.

La deforestación y el uso de productos químicos en la agricultura tienen impacto sobre la calidad del agua. Al mismo tiempo, la sobrepesca ha reducido drásticamente la existencia de peces, advirtió el experto. Pero los expertos carecen de recursos suficientes como para analizar la situación de los peces del Pantanal y de otros aspectos de esta área, que constituye un complejo y enorme mosaico de diferentes ecosistemas. De todos modos, los estudios científicos desalentaron las propuestas de construir una gran red de canales de navegación que ''habrían modificado dramáticamente el funcionamiento hidrológico del sistema''. ''Sin un manejo extremada y cuidadosamente integrado, uno de los mayores tesoros ambientales del planeta quedará alterado para siempre por la usurpación humana'', dijo el subsecretario general de la ONU y rector de la UNU, Hans van Ginkel. Proyectos de canalización y de represas hidroeléctricas amenazan la región. Otro riesgo menos evidente es el del turismo. Numerosos extranjeros inundan el Pantanal desde los años 90 para admirar las aves, aunque la zona carece de infraestructura adecuada para recibir esas visitas sin peligro para el ambiente, dijo Texeira.

Tierramérica - 26/3/2005

¿La ley del lado de los transgénicos?

Diego Cevallos

Si alguien manipula o comercia transgénicos sin permiso o los usa para fabricar armas, será multado hasta con 127 mil 600 dólares, estipula una flamante ley de bioseguridad aprobada en México, que podría marcar rumbos en toda América Latina, para irritación de grupos ambientalistas. México tomó la delantera al aprobar a mediados de febrero la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la primera que reúne con amplitud todo lo relativo al uso de esta biotecnología en agricultura e introduce previsiones para evitar que derive en la creación de armas biológicas.

Más de 22,6 millones de hectáreas de América Latina ya están cubiertas con cultivos transgénicos, una superficie que abarca porciones de ocho de los países de mayor biodiversidad del mundo (Brasil, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Costa Rica). Pero las normas en la materia son desiguales y están dispersas. ''Es una lástima que se haya aprobado la ley mexicana, pues ahora nuestros países la querrán tomar como ejemplo, cuando se trata de una ley terrible, pues se alinea con los intereses de las transnacionales'', dijo a Tierramérica la directora del programa de biotecnología de la no gubernamental Unidad Ecológica de El Salvador, Morena Murillo. En ese país centroamericano se discute desde el año pasado una normativa general sobre bioseguridad, como sucede también en Brasil, Guatemala y Paraguay. Debates mundiales en curso y acuerdos internacionales como el Protocolo de Cartagena apuntan a regular el uso de los transgénicos, pues se teme que esos organismos impacten de forma negativa en la salud y el medio ambiente.

Las semillas transgénicas fueron desarrolladas en los años 80 con el fin de mejorar diversas características de las plantas, entre otras, su resistencia a plagas y a factores climáticos, su carga vitamínica y su aspecto y color. La técnica consiste en la introducción de genes de otras especies, vegetales o animales, mediante vectores que suelen ser virus o bacterias. La ciencia no tiene aún respuestas concluyentes sobre la inocuidad o peligrosidad de los transgénicos para el ambiente y la salud humana. Pero un caso documentado es el de maíz contaminado en Estados Unidos con un pariente transgénico, llamado Starlink, que tuvo que ser retirado del mercado en el año 2000 tras registrarse casos de alergia en consumidores.

Los científicos mexicanos Bolívar Zapata, premio Príncipe de Asturias en Ciencia y Tecnología, y Luis Herrera, uno de los padres de la biotecnología, sostienen que la ley dictada en su país se adapta a la realidad que impone la existencia de los transgénicos. ''Ojalá que su contenido guíe a otros países'', señalaron a Tierramérica ambos investigadores. ''La ley mexicana puede ser de gran ayuda para quienes estén interesados en desarrollar sus propias legislaciones'', dijo Herrera, quien junto a otros investigadores creó en 1983 la primera planta transgénica en la Universidad de Gante, Bélgica.

Pese a la expectativa de los científicos, en la mayoría de países de América Latina la aprobación de la ley mexicana pasó casi desapercibida. En la región hay diversas legislaciones que en general establecen comisiones especiales para estudiar el impacto de la liberación de transgénicos, poner límites a su cultivo y sancionar a quienes provoquen daños. Para los ecologistas, la mayoría de esas leyes fue superada por la realidad y debe actualizarse. En Argentina, estos cultivos son regulados por una ley ''de semillas'' de 1973 a la que se han agregado numerosos decretos reglamentarios. Este país tiene la mayor superficie sembrada con transgénicos de América, detrás de Estados Unidos. En Brasil, tercero en producción de estos vegetales en el continente, la ley de bioseguridad de 1995 fue quedando en el olvido debido a la siembra ilegal, pero tolerada, de soja transgénica, y de un agitado debate público en torno a una nueva norma. El proyecto sobre bioseguridad que se discute actualmente en el parlamento ''difícilmente se aprobará, pues contraviene la Constitución y no obliga a realizar estudios de impacto ambiental'', dijo a Tierramérica Paulo Pacini, abogado del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, grupo que ha llevado a los tribunales su protesta por la siembra de soja modificada.

En Chile sólo se autoriza el ingreso de semillas transgénicas para su multiplicación y posterior exportación, y rige un decreto gubernamental sobre la materia de 1993. El gobierno chileno prometió dos años atrás que presentaría un proyecto sobre bioseguridad, pero ante un clima político poco favorable, terminó archivando su iniciativa. En Chile la superficie sembrada con transgénicos no supera las ocho mil hectáreas. ''Chile no cuenta con la capacidad instalada para controlar y fiscalizar la liberación indiscriminada de transgénicos'', dijo a Tierramérica Juan Carlos Cuchacovich, coordinador de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace Chile. La situación en Perú no parece muy diferente. En ese país está vigente desde 1999 la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, pero según una evaluación de expertos en el marco de un proyecto de Naciones Unidas, la norma tiene varias deficiencias y no se ha puesto en práctica en su totalidad.

Los científicos y ambientalistas consultados por Tierramérica opinan que debería considerarse con atención la norma mexicana para replicarla o no repetirla. Quienes se oponen a los transgénicos, sostienen que legislación, aprobada en medio de protestas, debería llamarse ''ley Monsanto'', en alusión a la corporación transnacional que lidera la producción mundial de semillas transgénicas y, que ejerció presión por su aprobación junto a otras compañías. En 124 artículos, 33 páginas y decenas de agregados, el texto establece el impulso a la investigación biotecnológica y crea mecanismos de vigilancia para el ingreso de productos, entre ellos el etiquetado obligatorio de semillas. La normativa establece la intención de enfrentar los potenciales impactos ambientales negativos de los organismos genéticamente modificados, pero también aprovechar sus presuntas ventajas. Se crea un esquema de autorización para el ingreso de transgénicos ''caso por caso'' y ''paso por paso'' en el que participarán varios ministerios, asesorados por un comité especial de científicos, los que a su vez podrán pedir opiniones de la sociedad civil.

Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México, dijo a Tierramérica que la ley tiene aspectos positivos, pero también vacíos y errores, pues se hizo a espaldas de la sociedad civil. Más que velar por la bioseguridad, la ley apuesta por desarrollar la biotecnología, y no contiene un marco adecuado para que las comunidades sean informadas dónde se liberarán transgénicos ni les da un espacio para actuar contra esos proyectos, afirma Greenpeace. Además, la ley crea un fondo para el desarrollo de la biotecnología, pero no otro para paliar los daños que la liberación de transgénicos pueda provocar, añade la organización. A juicio del científico Zapata, el rechazo a los transgénicos obedece a la ignorancia y el miedo a lo nuevo. Herrera y Zapata afirman que en los años en que los transgénicos se han cultivado y consumido en el mundo no ha surgido ninguna evidencia de que puedan provocar problemas al medio ambiente o a la salud. Es una tecnología que llegó para quedarse, vaticinaron.

Tierramérica - 26/2/2005

El refugio del flamenco rosado

Dalia Acosta

Nueve kilómetros y un camino casi intransitable separan a la pequeña y aislada comunidad cubana de Mola del cartel que anuncia la entrada al más importante refugio del flamenco rosado en el área del mar Caribe. ''Desde aquí hay que caminar horas por esa ciénaga, enterrado en el fango, para acercarse al lugar de anidación'', relata a Tierramérica Francisco Álvarez, obrero de conservación del Refugio de la Fauna de la desembocadura del Río Máximo. Más de 150 mil flamencos rosados (Phoenicopterus ruber ruber) han llegado a reunirse en este humedal del norte de la provincia de Camagüey, 500 kilómetros al sudeste de La Habana, procedentes de otros sitios del país, del Caribe y de la península de Yucatán. De bellísimo plumaje que varía del rosa salmón al rojizo encendido, producto de los pigmentos carotenoides de su dieta con base en invertebrados y algas, los flamencos pueden medir hasta 1,20 metros de altura. ''Llegan a mediados de abril para hacer los nidos, a finales de mayo salen los pichones y tres días después vuelven a sus lugares de origen dejando la descendencia a cuidado de un grupo de flamencos nodrizas '', cuenta Álvarez.

Los trabajadores de la reserva siguen el proceso y, en agosto, cuando finaliza la temporada, recogen los ejemplares más débiles que se quedaron definitivamente atrás y los ''anidan'' en un área de ''cuarentena'' hasta salvarles la vida. Al final, aquellas aves que ya no podrían sobrevivir por sí solas se comercializan a empresas cubanas o a otros países, con autorización de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas (CITES). Según Álvarez, la sequía de 2004 provocó la pérdida de nidos, alargó la temporada y secó el pozo que surtía de agua a los flamencos que crecen en cautiverio. La solución fue cargar el líquido desde el río, cubo a cubo.

El plan de manejo del flamenco rosado de la estatal Empresa Nacional de Protección de la Flora y la Fauna es considerado ''exquisito'' por Mayra González, directora de la Unidad de Medio Ambiente en la provincia. ''Hace 20 años no se sabía qué pasaba allí, no había ni idea. Ahora es la mejor área protegida que tenemos en el territorio en cuanto a la aplicación de planes de manejo'', aseguró la especialista. Incorporado en 2002 a la lista de humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar, el humedal Río Máximo-Cagüey se extiende por 22 mil hectáreas y es un sitio de descanso de aves migratorias procedentes de América del Norte, Central y del Sur. El área incluye bosques, ríos, esteros, canales, ensenadas, lagunas costeras y mares poco profundos. Las características del suelo y la materia que aporta la vegetación muerta brindan posibilidades únicas al flamenco para la construcción de sus nidos.

Considerado un ecosistema marino-costero extremadamente frágil, el humedal atesora sitios tróficos y reproductivos de aves migratorias y residentes, de especies endémicas del Caribe, amenazadas, carismáticas y de importancia ecológica. Allí pueden encontrarse yaguasas (similares a patos pequeños), frailecillos blancos, pelícanos, patos, grullas y, por primera vez en 2004, un lechuzón siguapa con dos pichones. El personal de la reserva sigue los nidos uno a uno. La fauna incluye además grandes poblaciones de cocodrilo americano y de manatíes antillanos, ambas especies vulnerables. El refugio está incluido en el proyecto de protección de la biodiversidad en el ecosistema Sabana-Camagüey, que se ejecuta desde 1993 con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. ''Junto a conservar el área, hacer labores de silvicultura y de reforestación, atender a flamencos, patos y yaguasas, tenemos que dedicar tiempo a la protección, a evitar la caza y la pesca'', explica Álvarez. El área protegida incluye un aula de educación ambiental y la realización de diferentes acciones de sensibilización en la comunidad de Mola y, especialmente, con las personas que violan las normas de conservación.

Además del impacto de las comunidades cercanas, el humedal atraviesa un proceso de salinización causado, entre otras razones, por obras hidráulicas ejecutadas en el cauce del Río Máximo, cuyas aguas están contaminadas. Especialistas estiman que la contaminación descenderá tras la ejecución de un sistema de tratamiento de residuos de una empresa acuícola, responsable en buena medida del deterioro ambiental del río desde inicios de la pasada década. ''Aquí todo era caña de azúcar y ganadería. Ahora tenemos esta opción que ayuda mucho a los míos'', afirma Raquel Véliz, joven que pasó de ''no hacer nada'' a almacenera del Refugio de la Fauna. ''Yo soy de aquí, nacida y criada en Mola'', dice. Más de la mitad de los 44 trabajadores del refugio son sus vecinos y los 700 habitantes de la comunidad, sin medios de transporte ni de comunicación, se benefician de las condiciones creadas en el área protegida. ''El transporte público entra una vez a la semana. Así que usamos nuestros medios para llevar a personas enfermas al médico y resolver otras necesidades de la comunidad. Aquí todos hacemos de todo'', explica Véliz.

Tierramérica - 26/2/2005

El Perú busca proteger a la alpaca

Raimundo López

El Perú comenzó en Nuñoa, remota localidad del sureste del país un ambicioso programa para proteger del creciente contrabando a uno de sus símbolos nacionales, la alpaca. La fibra y la carne de este camélido andino, que vive con éxito a alturas superiores a los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, registran una creciente demanda en los mercados locales y extranjeros. La circunstancia ha desatado un tráfico ilegal hacia países vecinos, desde donde son exportadas a unos 10.000 dólares por ejemplar, una diferencia abismal con el precio que habitualmente recibe un criador peruano, 250 soles (unos 77 dólares).

Consultado en el lugar, el ingeniero Jorge Falconi, director de Crianzas del Ministerio de Agricultura, citó a manera de ejemplo que Chile exportó en los últimos cuatro años 40.000 alpacas, mientras Perú sólo unas 4.000 en el 2004. En un esfuerzo por revertir la situación, esa dependencia y el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos, donaron a la principal empresa de Nuñoa, Alianza Rural, de propiedad social, artículos especiales para la localización e identificación de sus mejores ejemplares. Se trata de 750 diminutos ''microchips'', que colocados debajo de la piel, permiten, mediante pequeños aparatos detectores, identificar al animal y, en una etapa posterior, descubrir su paso por puestos fronterizos. Fabiola Muñoz, secretaria general del Ministerio de Agricultura, explicó que el programa facilitará además los planes de mejoramiento genético de las alpacas y obtener carne y fibras de mayor calidad para mejorar los ingresos de los campesinos.

La crianza de este camélido tiene una importancia estratégica para los habitantes de las zonas altoandinas del departamento de Puno, fronterizo con Bolivia, donde la pobreza es una dura realidad. El valle donde crían los comuneros de Alianza Rural a las alpacas, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, está cubierto, como los cerros que lo circundan, por un fino tapiz de hierba verde. Aquí no se puede cultivar nada, explicó el ingeniero Falconi, apuntando con la mano hacia el desolado altiplano y los montañas rocosas, donde no se ve siquiera un arbusto. El médico veterinario José Luis Apasa, de Alianza Rural, explicó a periodistas que visitaron el lugar que esta es la única empresa de propiedad social que sobrevive, de las 43 cooperativas creadas en esa región en décadas pasadas. Nuñoa se encuentra a casi 200 kilómetros de la ciudad de Puno, la capital del departamento homónimo, levantada a orillas del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 3.825 metros sobre el nivel del mar.

Argenpress - 6/2/2005

Desarmados ante posibles maremotos

Diego Cevallos

Casi ningún país costero de América Latina está preparado para maremotos, aunque expertos advierten que a futuro podrían sufrir fenómenos similares al registrado en el océano Índico, que mató a más de 150.000 personas y devastó las costas de una decena de naciones. ''La amenaza de tsunamis (olas gigantescas generadas por movimientos telúricos en el lecho marino) es vista como algo menor en América Latina, cuando no lo es. Ojalá que lo sucedido en Asia presione a los gobiernos para crear redes de alerta y preparar a la población'', dijo a IPS el director del Servicio Geológico en El Salvador, Carlos Pullinger. En las costas americanas sobre el océano Pacífico, desde el sur de Chile hasta México, y frente a las playas del mar Caribe existen placas tectónicas que en caso de moverse a una intensidad superior a ocho grados en la escala de Richter generarían olas de gran capacidad destructiva, como las del 26 de diciembre en el sur de Asia.

Para apoyar las labores de rescate en Asia y respaldar la búsqueda de sus compatriotas, los gobiernos latinoamericanos, muchos de los cuales consideran que un maremoto difícilmente afectará alguna vez sus países, enviaron diferentes tipos de ayuda. Brasil remitió dos aviones con más de 70 toneladas de alimentos, medicamentos y agua, mientras que Chile despachó una misión de seis profesionales de salud, entre médicos, dentistas y paramédicos para cooperar en la identificación de cadáveres y de asistencia a las víctimas. México también se hizo presente con 18 personas entre socorristas y expertos en control de epidemias, ingeniería civil y análisis de riesgos. Venezuela en tanto anunció un aporte de dos millones de dólares en ayuda para los damnificados, a verter a través de la Organización de las Naciones Unidas.

''Ojalá América Latina no sufra algo similar al maremoto de diciembre, pero debe estar claro para los gobiernos que siempre existe esa posibilidad y que hay que prepararse'', advirtió Pullinger. A excepción de Chile y Nicaragua, que en el siglo XX fueron los más afectados por maremotos en América Latina, el resto de los países costeros no está preparado para una contingencia de ese tipo y tampoco tiene sistemas avanzados para medir sismos en el lecho marino, asunto del que depende casi por completo del Sistema de Alarma de Tsunami del Pacífico, con sede en Hawai. El Sistema de Alarma, que es manejado por expertos estadounidenses, está integrada por docenas de censores y sismógrafos marinos instalados en el océano Pacífico. Cuando se produce un sismo, el sistema evalúa si hay peligro y envía un aviso a los posibles afectados.

Los maremotos atraviesan el océano en forma de olas bajas a velocidades de más de 270 kilómetros por hora. Al acercarse a las playas se elevan hasta formar olas de hasta 30 metros que rompen con gran fuerza destructora. La historia indica que las probabilidades de maremotos en América Latina son pocas frente a la proliferación de terremotos, erupciones volcánicas y huracanes, pero no pueden descartarse por la ubicación de las placas en el océano Pacífico, apuntó Pullinger. Unas 116.000 personas murieron en América Latina y el Caribe en los últimos 30 años debido a movimientos tectónicos y geológicos, indican estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entre ellos se cuentan el maremoto que sufrió Nicaragua en 1992, que dejó 116 muertos y más de 40.000 damnificados.

En 1990, los países de América Central se propusieron crear una red regional de alerta para tsunamis. Sin embargo, hasta la fecha no lo han concretado ''por falta de recursos'', indicó el experto de El Salvador, donde apenas en julio se instaló una estación de monitoreo de mareas que está conectada al Sistema de Alarma de Tsunami del Pacífico. Tras el maremoto en el océano Índico, la iniciativa de crear la red centroamericana parece haberse reactivado, señaló Pullinger. En el Caribe, a su vez, funcionarios de la Agencia Caribeña de Respuesta a Emergencias y Desastres anunciaron que podrían instalar también una red de alertas para tsunamis.

Eduardo Camacho, director del instituto de Geociencias del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, advirtió que de producirse ahora un sismo en las cercanías de las costas centroamericanas con las consiguientes olas gigantescas, ''muy poco podríamos hacer para evitar una desgracia de gran magnitud''. En el caso de un maremoto, los gobiernos podrían recibir un aviso algo tardío del Sistema de Alarma de Tsunami del Pacífico, pero no podrían aplicar ningún plan de evacuación, pues simplemente no lo tienen, dijo Camacho a IPS.

Casi todos los países con costas en el océano Pacífico tienen instalados equipos de detección de movimientos del fondo marino y la mayoría está conectado al Sistema de Alarma. Empero, sólo los de Chile, Nicaragua y Costa Rica se consideran de alta precisión y efectivos cuando se trata de disparar las alarmas. Para el director del Servicio Geológico de El Salvador, la instalación y homologación de equipos de medición de sismos en el mar, es una tarea pendiente sobre todo en América Central. Sin embargo, no es la más difícil de conseguir, indicó. ''En lo técnico podemos movernos más o menos rápido, pero en lo que aún nos falta mucho y en algunos casos ni se ha empezado es en trazar planes de educación sobre maremotos para las poblaciones costeras y en sistemas de alarmas y evacuaciones rápidas'', expresó el experto.

Tierramérica - 8/1/2005

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