Ecologia Latinoamerica

Brasil aprovechó el escenario de la conferencia climática de Bali, Indonesia, para anunciar la puesta en marcha de un fondo para proteger la Amazonia y su decisión de adoptar metas nacionales de reducción de la deforestación. El Fondo para la Protección y Conservación de la Amazonia Brasileña será voluntario y se pondrá en marcha en la primera mitad de 2008 con una base inicial de 150 millones de dólares, que serán operados por el Banco Nacional de Desarrollo. Unos 100 millones serían aportados por Noruega. El Fondo será administrado por un consejo consultivo integrado por representantes del gobierno federal y de los gobiernos estaduales, de organizaciones no gubernamentales, de científicos nacionales y extranjeros y de empresas.

La deforestación y los incendios forestales constituyen casi 75 por ciento de los gases de efecto invernadero que emite Brasil. Pero en los últimos tres años, ese país ha conseguido reducir en 59 por ciento la pérdida de bosques. Según dijo a la prensa la ministra de Ambiente, Marina Silva, eso equivale a "500 millones de toneladas menos de carbono", el principal gas invernadero. "Estamos dispuestos a seguir metas internas y verificables de control" de la deforestación, agregó.

A cambio de los aportes voluntarios al fondo, Brasilia entregará diplomas certificando la reducción de emisiones de gases que recalientan la atmósfera, equivalentes a cada donación. Pero, a diferencia de un fondo lanzado esta semana por el Banco Mundial para evitar la destrucción de selvas en los países en desarrollo, los papeles que emita el gobierno brasileño no podrán ser transados en los mercados de carbono. Al no existir el incentivo financiero, Brasilia confía en atraer a empresas interesadas en vincular su imagen al combate de la contaminación climática.

La ministra efectuó sus anuncios acompañada del gobernador del occidental estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, un empresario considerado en el pasado como un destructor de la floresta y devenido ahora en protagonista del combate a la destrucción de los bosques amazónicos. Silva sostuvo que la reducción del área amazónica deforestada fue posible gracias a los esfuerzos de Mato Grosso, que en los últimos tres años abatió en 79 por ciento la destrucción de sus bosques. Maggi participó junto a Silva en el lanzamiento de un acuerdo para crear el Plan Estatal de Prevención y Control de la Deforestación. Poco después, compartió un debate con el especialista Daniel Nepstad sobre los costos y los beneficios que se obtendrían si cesa la destrucción de la floresta.

Nepstad es autor del estudio Los círculos viciosos de la Amazonia, publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y en los últimos 21 años ha analizado el impacto de los incendios forestales, la "sabanización" de esa selva, las políticas públicas y las tendencias futuras de la región y su población. La presencia de Maggi "aquí es un buen comienzo", dijo Nepstad a IPS.

Dos años atrás, la organización ecologista Greenpeace le dio a Maggi el antipremio "La motosierra de oro" por considerarlo uno de los individuos que más contribuían a la destrucción de la Amazonia. Maggi supo ser el mayor productor individual de soja y su empresa responde por cinco por ciento de la cosecha brasileña anual de esa oleaginosa, a cuyo avance se atribuye la tala masiva de selvas. "Por eso yo soy escéptica, aunque debo reconocer que si vino a Bali es porque tiene disposición al diálogo", dijo a IPS Juliana Radler, periodista de Sumaúma Documentários, de Río de Janeiro.

Durante su exposición, Maggi dijo que el siguiente paso es que el gobierno federal pague a los estados para que inviertan en la conservación de la floresta. La ejecución del programa beneficiaría a los productores agrícolas y garantizaría la conservación de las reservas naturales, alegó. "Esto del cambio climático es como la Santísima Trinidad, en la que hay un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo, y el carbono es como el Espíritu Santo, al que nadie ha visto, pero todos saben que existe", bromeó. El profesor Yadvinder Malhi, estudioso de los ecosistemas tropicales de la Universidad de Oxford, vio con optimismo el ejemplo de Maggi porque "es una oportunidad para comprender la vulnerabilidad de la reserva de Mato Grosso y su importancia en el equilibrio mundial", dijo.

Ips - 13/12/2007

América Latina de espaldas al mar

Marcela Valente

América Latina y el Caribe tienen tanta superficie terrestre como marina. Pero mientras más de 10 por ciento del territorio está protegido, la proporción de mares en esa condición no llega a uno por ciento. "Si América Latina pretende ser líder mundial en áreas protegidas, le queda una asignatura pendiente: el mar", dijo a Tierramérica la tunecina Imène Meliane, del Programa Marino Global de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). "La región tiene los mares más productivos del mundo, pero vive de espaldas a ellos. Una dice América Latina y piensa en montañas y selva mucho más que en el mar, las ballenas o los tiburones", describió esta experta residente en Costa Rica.

La entrevista se realizó en un alto de los talleres de áreas marinas protegidas del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas, celebrado entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre en Bariloche, mil 600 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires. Según un compromiso asumido por la comunidad internacional en la Cumbre de Desarrollo Sustentable realizada en 2002 en Johannesburgo, para 2012 las áreas marinas protegidas deben conectarse en redes, para volver más efectiva la conservación de los recursos naturales. Además, el Congreso Mundial de Parques realizado en 2003 en la oriental ciudad sudafricana de Durban, recomendó colocar bajo régimen de protección al menos 10 por ciento de los océanos, también para 2012.

"En América Latina no llegamos a uno por ciento de áreas marinas protegidas, y si quitamos el área de conservación en torno del archipiélago de Galápagos (Ecuador), la más grande de la región, no nos queda casi nada", advirtió Meliane. El dato contrasta con la extensión de la superficie terrestre protegida, que se duplicó en la última década y supera 10 por ciento del total. "Hay unas 300 áreas marinas protegidas, la mayoría en el Caribe, contra cuatro mil terrestres", remarcó. "Brasil tiene un buen número, pero Argentina apenas va a crear la primera" en la austral provincia de Chubut. De la experiencia latinoamericana, Meliane citó a Chile, donde hay una veintena de áreas de manejo compartido por diferentes actores. "Los pescadores suelen tener una mentalidad de corto plazo, por eso es interesante una experiencia pionera del Estado chileno que los involucró, otorgándoles el manejo conjunto de áreas donde la pesca está regulada", destacó.

Georgina Bustamante, científica cubana de la Red y Foro de Áreas Marinas Protegidas del Gran Caribe, explicó a Tierramérica que muchas especies requieren espacios amplios para su reproducción. "Hay que coordinar medidas de manejo entre los países", recomendó. La red vincula a científicos y encargados de áreas marinas protegidas, pero no tiene representación gubernamental.

En Bariloche se presentó el Corredor Marino de Conservación del Pacífico, una iniciativa de los gobiernos de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá que incluye a Galápagos, la Isla del Coco en Costa Rica y otros archipiélagos. La idea es establecer un sistema de gestión conjunta para la conservación y el uso sostenible de las áreas marinas protegidas de esos países. Pero aun en estos casos que están "a la vanguardia" en la formación de redes de conservación, los obstáculos son múltiples, según Bustamante. Por ejemplo, la falta de voluntad de los gobiernos, la presión del turismo y la pesca y la escasa difusión de la importancia de proteger los recursos más allá de los límites nacionales.

El gerente de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio de Ambiente de Costa Rica, Marco Araya, explicó a Tierramérica que en su país la falta de recursos pone en cuestión la conservación de la Isla de Coco. "Muchos se preguntan por qué hay más áreas terrestres que marinas. Para nosotros, proteger la Isla de Coco cuesta 10 veces más que un área protegida en tierra", aseguró. Costa Rica es la única en la región que no tiene un cuerpo equivalente a la marina de guerra, que preste apoyo logístico para preservar el mar de la isla del Pacífico, situada 500 kilómetros al oeste del continente. "A veces dejamos lanchas varadas por falta de repuestos. Tenemos que recurrir a organizaciones no gubernamentales para repararlas o a barcos privados para que nuestros guardaparques vayan a la isla", dijo. La Isla del Coco, que recibe anualmente entre tres mil 500 y cuatro mil turistas, constituye un sitio único por su diversidad natural, cantidad de especies autóctonas y aislamiento.

Pese a estas dificultades comunes, el biólogo argentino Claudio Campagna, de la Wildlife Conservation Society, propuso preservar el Atlántico sudoccidental más allá de la zona económica exclusiva. "Queremos crear un área oceánica protegida en alta mar, en la cuenca abisal donde existe una gran diversidad de recursos", dijo, al anunciar que científicos de varias instituciones de conservación trabajan con ese propósito.

Tierramérica - 6/10/2007

Tala amazónica causa prosperidad efímera

Roberto Villar Belmonte

Devastación, violentos conflictos por la tierra y un crecimiento económico rápido, pero efímero, son los rastros que dejó la deforestación de la Amazonia brasileña en los últimos 30 años, afirman estudiosos. En ese plazo se consumieron 700 mil kilómetros cuadrados de selva, 17 por ciento de su superficie original. La tala provoca un boom inicial de prosperidad, pues la extracción de madera, casi siempre ilegal, es muy lucrativa. Luego llegan los agricultores y ganaderos. Pero la riqueza dura, como máximo, 20 años. Por las lluvias abundantes, la actividad agrícola se complica. Cuando la madera escasea, hay una tendencia a que la economía de los municipios colapse. Sólo algunos, sobre todo los que dependen de la minería, escapan de este patrón.

Esta dinámica fue expuesta por los investigadores Adalberto Veríssimo y Danielle Celentano, del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) en un trabajo publicado en agosto, El avance de la frontera en la Amazonia, del boom al colapso, que analiza indicadores económicos, sociales y ambientales de la región. Celentano describe la deforestación como una ola que siembra empleos e ingresos por la explotación maderera. Pero también violencia y degradación de los recursos naturales. Tras su paso, "los conflictos disminuyen, así como los beneficios de la actividad maderera, que es sobre todo predatoria, puesto que la agropecuaria no puede absorber la misma cantidad de mano de obra ni generar los mismos ingresos", sostuvo Celentano en una entrevista.

Los expertos dividieron los 770 municipios amazónicos en cuatro zonas: la no forestal, que comprende 24 por ciento de la superficie en sitios de transición entre las sabanas del Cerrado y la selva, la que se encuentra en explotación (14 por ciento, con 26 municipios), la ya desforestada (10 por ciento, con 218 municipios) y la forestal (52 por ciento de la región, con una tala de cinco por ciento). La investigación comprobó que la destrucción de selva ha producido más daño que riqueza en la economía local, una cuenta que también debe pagar todo el planeta. La Amazonia aporta algo más de ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, pero su deforestación es responsable de casi 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país. Los productores rurales amazónicos argumentan que si los europeos y estadounidenses talaron sus bosques para crecer, "nosotros también podemos hacerlo". A corto plazo el argumento es válido. Pero el PIB por persona (dos mil 320 dólares) creció apenas uno por ciento en los últimos 15 años y sigue siendo 40 por ciento menor a la media nacional.

En São Francisco do Pará, municipio que vivió momentos de prosperidad, 96 por ciento de la selva ha desaparecido. De sus 14 mil habitantes, 62 por ciento son pobres y 31 por ciento indigentes. Esto se repite en muchos municipios del norteño estado de Pará. En Primavera, por ejemplo, el PIB cayó 20 por ciento en los últimos 20 años. La deforestación es de 95 por ciento y casi la mitad de la población vive con menos de un dólar diario. Sin embargo, no es posible asegurar que ese será el destino de las zonas que ahora están siendo taladas, aclaran los expertos. Mientras, 60 por ciento de los 386 asesinatos rurales denunciados en Brasil entre 1997 y 2006 se cometieron en la Amazonia, casi la mitad de ellos en áreas de intensa tala. En ese lapso, los conflictos por la tierra pasaron de 156 a 328 en la región. De los mil 12 casos de trabajo esclavo documentados entre 2003 y 2006, 85 por ciento fueron en zonas amazónicas.

El estudio de Imazon muestra un patrón diferente en la zona no forestal, más seca y por tanto más propicia a la agricultura. El mejor ejemplo es Sinop, una de las principales ciudades del occidental estado de Mato Grosso, de intensa actividad maderera, con materia prima procedente de otras regiones. Sinop también tiene una gran producción agrícola, sobre todo de soja. A pesar de que perdió 65 por ciento de sus selvas, la zona no colapsó y la ciudad tiene una excelente infraestructura.

Con todo, la pérdida de bosques viene cayendo. Fue 25 por ciento menor entre agosto de 2005 y julio de 2006. Y para este año, las autoridades esperan una reducción de 30 por ciento, lo que colocaría el área deforestada de los últimos 12 meses en 10 mil kilómetros cuadrados, la menor desde que se inició el control satelital de la selva. Tal mejoría es atribuida a los mayores controles gubernamentales y a una caída en los precios de las cosechas. Pero hay atisbos de recuperación en las siembras y eso pondrá a prueba la voluntad de detener la deforestación, pues cuando los agricultores están capitalizados tienden a ampliar sus áreas de cultivo.

Un episodio reciente ilustra estas tensiones. El 20 de agosto en el municipio de Juína, noroeste de Matro Grosso, decenas de productores rurales expulsaron con apoyo del alcalde Hilton Campos a dos periodistas franceses y a siete activistas de Greenpeace e indigenistas que pretendían visitar un área recién talada en río Preto, reclamada por indígenas enawene-nawe. "Las ciudades en las fronteras agrícolas de la Amazonia son tierra sin ley. La reacción de los productores rurales es normal aquí. Para ellos nuestro objetivo es obstaculizar los proyectos agrícolas y ganaderos", dijo en una entrevista el ingeniero forestal Marcelo Marquesina, de la campaña Amazonia de Greenpeace. A fines de agosto, un juzgado federal suspendió 99 proyectos de asentamiento rural creados desde 2005 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en el oeste de Pará. El fallo fue resultado de una denuncia de Greenpeace. La denuncia alegaba que el Incra aceleró la creación de asentamientos en áreas ricas de la selva para atender intereses de empresas madereras.

Tierramérica - 15/9/2007

Disminuyen los glaciares de los volcanes Popo e Izta

Angélica Enciso

En menos de dos décadas, de manera paulatina, han disminuido los glaciares de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl: la temperatura promedio era de cero o un grado bajo cero y ahora es de un grado centígrado. La cubierta de hielo favorecía la recarga de los acuíferos, pero ahora el agua se va a las partes bajas de la zona, con riesgo de provocar inundaciones, y además, el clima se ha transformado, advierten expertos. Este es uno de los efectos que se han comenzado a observar en México a causa del cambio climático, cuyas manifestaciones en el mundo ya son innegables para los científicos. Así, en este momento la pérdida de glaciares, el aumento de la temperatura, la presencia de huracanes más intensos -tan sólo en 2005 ocasionaron al país daños por 5 mil millones de dólares- y la escasez de agua, son los rasgos visibles de este fenómeno. A escala internacional, los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sostienen que se trata de una de las amenazas más serias para el medio ambiente, con consecuencias negativas a la salud, la seguridad alimentaria, la actividad económica, la infraestructura física, la disponibilidad de agua y otros recursos naturales.

A los problemas que provoca este fenómeno, se suman los derivados de las modificaciones en los ambientes locales, las denominadas "islas de calor". Un ejemplo de esto es la ciudad de México, donde en siete años la temperatura se elevó en cuatro grados centígrados, sostiene Víctor Magaña, experto del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Estas "islas de calor" son consecuencia directa de la actividad humana que ha transformado el hábitat: hay menos vegetación, más asfalto, vehículos y alto consumo de combustibles fósiles. "La ciudad de México es ejemplo de un cambio al ambiente en forma bárbara, hace 100 años llovía 150 por ciento menos de lo que llueve actualmente; somos capaces de modificar el planeta y el clima, no siempre a nuestro gusto", señala el experto. Advierte que según estudios divulgados este año por el IPCC, en el análisis específico de México, se tienen proyecciones para el año 2080 en las que se indica que si la temperatura se eleva en el planeta entre 3 y 4 grados centígrados, en julio, por ejemplo, en el norte del territorio nacional subirá el termómetro cinco grados centígrados más de lo que actualmente se registra. En estados como Baja California, donde se llega a los 41 grados centígrados, la temperatura sería de 46. Señala Magaña que en relación con el patrón de lluvias, para el país no se sabe exactamente qué ocurrirá, porque hay modelos que indican que habrá una disminución, pero otros contradicen este planteamiento. "De lo que hay más certidumbre es del aumento de la temperatura, y si esto lo traducimos a la cantidad de agua que tenemos, aún con esta duda tengo certeza de que habrá menos agua disponible de modo natural".

Ante la reducción de los glaciares en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ya se observan impactos en las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, así como en la región de Chalco, en el estado de México, sostiene Elena Bourns, investigadora e integrante del Proyecto Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes, detalla, al derretirse lentamente el glaciar, "el agua tenía oportunidad de infiltrarse a los mantos acuíferos; ahora el líquido baja de manera torrencial y desemboca en la cuenca más baja de la región. Algunas comunidades se están ahogando con el agua de lluvia, la cual, durante siglos se filtró a los mantos acuíferos. Lo que ocurre en los volcanes está afectando a todo el valle de México, porque todos los problemas derivados del calentamiento global se acumulan y se refuerzan entre sí", sostiene la experta.

A su vez, Rebeca López, coordinadora del área Agroecológica de este proyecto universitario, explica que hasta, 6 por ciento de la superficie cultivable de los ejidos ha desaparecido o fue reconvertido, debido a la sequía de primavera, el exceso de lluvia en verano o las heladas de invierno. En las áreas de cultivo del suroriente de la zona metropolitana de la ciudad de México son diversos los factores que afectan, pero si algo incide es en el cambio climático, agrega. En la región, detalla, los pequeños propietarios han llevado a cabo el proceso de reconversión productiva, "dejaron de cultivar maíz para sembrar forraje", resulta más económico y evitan que les perjudiquen los cambios bruscos del temperatura. Estima que entre 2 y 3 por ciento del área de cada ejido está abandonada, al igual que 2 o 3 por ciento de las parcelas están cambiando de maíz a forraje, o en su caso, están en transición de áreas de siembra a huertos o experimentan con otro tipo de cultivos.

En el valle de México, los efectos más visibles del fenómeno son los agrietamientos, la deforestación y el riesgo de inundaciones. Bourns advierte que ante los daños a delegaciones y municipios tiene que haber una reacción entre sus habitantes. "Ahora sí, vamos a tener que pensar en obras y en trabajar en la reforestación para recuperar y fortalecer la masa vegetativa y detener e infiltrar el agua que antes estaba dosificada en los glaciares de los volcanes".

Con la participación de 38 investigadores, el Colegio de Posgraduados se conformó un grupo interdisciplinario que trabaja en el desarrollo de proyectos de investigación sobre impacto y mitigación del cambio climático global, frente a la realidad de que "el fenómeno ya está y es inevitable, pero las consecuencias se tratan de aminorar mediante el control de emisiones. Lo que nos urge es dar a conocer los avances tanto a las autoridades como a todo mundo, sobre todo a productores, para que se tomen las medidas necesarias", dice Lourdes de la Isla de Bauer, líder del grupo. Señala que habrá modificaciones "fuertes en este tipo de actividades y se debe hacer evaluaciones desde muchos puntos de vista. Vamos a pensar en que las plantas y todos los organismos que las acompañan, como insectos, hongos, todos ellos han coevolucionado con el hombre; pero ahora viene un cambio súbito que es lo grave".

La dirección de Protección Civil estatal y la Comisión del Agua del estado de México han diagnosticado posibles inundaciones en al menos 216 puntos de 32 municipios que directamente involucran a más de 54 mil habitantes. El cambio climático incide en la transformación del ciclo hidrológico, lo cual para México es preocupante, ya que si ahora existe una gran presión sobre el líquido y parte del territorio nacional es seco o semiseco, en las proyecciones científicas se tiene que el grado de presión hacia los acuíferos aumentará, sostiene Magaña.

La Jornada - México D.F., 6/8/2007

Los piratas del clima

Silvia Ribeiro

Frente a la tragedia del cambio climático han surgido todo tipo de empresas que están haciendo negocios con la excusa de tomar medidas para mitigarlo. La mayoría incluso lo empeoran o crean nuevos problemas.

Planktos Inc. es una empresa con sede en San Francisco, Budapest y Vancouver, que se dedica a vender "créditos de carbono" a quienes quieran pagar sus culpas ambientales. Para ello hacen un cálculo de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que produce un hogar, diferentes vehículos y medios de transporte o actividades industriales. Una casa mediana, puede pagarle a Planktos 60 dólares y con eso "borrar completamente" su huella ecológica. El pecado de un vuelo doméstico se puede absolver con sólo 5 dólares, o si es internacional, con 20. Si usted usa bicicleta y lleva una vida de consumo austero, de todos modos puede pagarle a Planktos para que arreglen con la madre naturaleza como absorber la contaminación general. Claro que el verdadero negocio de Planktos son las empresas, a las que ofrece planes especiales mucho más costosos, según cuanta contaminación produzcan.

La forma de "pagar" de Planktos es diseminar nano partículas de hierro en el mar, para aumentar sus propiedades como sumidero de carbono. Esto parte de la teoría del oceanógrafo John Martin, que en 1990 planteó la posibilidad de enfriar el clima estimulando el crecimiento de fitoplancton en los océanos, que también generaría nubes. El hierro funciona como fertilizante del plancton, que absorbe dióxido de carbono, bajando también la temperatura del mar.

Varios gobiernos han participado en este tipo de experimentos de geoingeniería -modificación del ambiente planetario en totalidad- como posible mitigación del cambio climático. Incluso el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) lo mencionaba como tal. Pero en mayo del 2007, el informe del IPCC reprobó este tipo de experimentos, afirmando que "las opciones de utilizar geoingeniería siguen siendo altamente especulativas y tienen el riesgo de efecto colaterales desconocidos". Casi al mismo tiempo, la revista Nature publicó un estudió hecho por 47 científicos oceánicos sobre la fertilización con hierro. Entre sus conclusiones, afirman que la fertilización con hierro tiene pocas posibilidades de capturar carbono, y menos en forma permanente. Puede absorber cierta cantidad, pero luego lo libera nuevamente. Ya antes la revista Science había advertido sobre los riesgos que podría significar para las cadenas alimentarias marinas la sobrealimentación repentina por el aumento de fitoplancton. Pero además, señalaban un riesgo aún mayor cuando estos experimentos están a cargo de empresas comerciales, que entre la falta de regulación y su ambición de ganar dinero, podrían producir verdaderos desastres, con hierro u otras sustancias.

En efecto, Planktos no es la única empresa que está vendiendo créditos de carbono a través de la fertilización con hierro. También existen otras como GreenSea Venture Inc, que ya realizó experimentos en el Golfo de México, y Climos, con sede en San Francisco. Lo paradigmático de Planktos, es que anuncia que hará un vertido de hierro en el océano mucho mayor a ninguno antes realizado; en nanopartículas (que agrega a los riesgos, el desconocimiento del comportamiento de las partículas nanométricas y el hecho de que durarían más tiempo en la superficie); en un área de 10,000 kilómetros cuadrados cercanos a las Islas Galápagos, un ecosistema único y muy delicado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto pese a que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, (EPA, por sus siglas en inglés), le indicó que este vertido contraviene la legislación Ocean Dumping Act, de Estados Unidos, por lo que no podía hacerlo ni en sus aguas ni con su barco Weatherbird II, ya que tiene bandera de ese país. La respuesta de Planktos, que se proclama ambientalmente responsable -incluso para pagar las culpas ambientales de otros- fue que podían cambiar de barco o de bandera, para realizar el vertido en Galápagos, donde la EPA no tiene jurisdicción.

Frente a la protesta de varias organizaciones de la sociedad civil y de las propias autoridades del Parque Nacional de Galápagos, este 22 de junio de 2007, el comité científico asesor del Convenio de Londres de la Organización Marítima Internacional (que se ocupa de la contaminación de los mares por vertido de desechos), hizo una declaración donde "nota con preocupación que este tipo de experimentos a gran escala pueden tener potenciales impactos negativos, tanto sobre el ambiente marino como en la salud humana" y que por tanto se requieren evaluaciones cuidadosas sobre muchos aspectos, antes de proseguir con ellos. Indica también que este tipo de experimentos además no parece tener efectividad para lo que dicen ser su propósito: absorber dióxido de carbono. De hecho, el director de Planktos admitió en una entrevista radial que su actividad "es más bien un experimento de negocios que un experimento científico".

Resumiendo: a costa de la tragedia del cambio climático, surgen empresas que venden sus "servicios" aprovechando el mercado de emisiones de carbono (nefasto y erróneo de origen, ya que no va a las causas reales sino solamente sirve para los negociados), se apropian de los océanos que son bienes comunes, no cumplen con la legislación de su propio país, van a los mares del sur a contaminar áreas únicas como Galápagos y crean nuevos problemas que incluso podrían empeorar lo que dicen combatir.

La Jornada - México D.F., 7/7/2007

La Amazonia ante su mayor desastre ecológico

Lúcio Flávio Pinto

El derrame de caolín producido por la transnacional francesa Imerys el 11 de junio en Barcarena, en el brasileño estado de Pará, es el mayor accidente industrial con daños ambientales registrado hasta hoy en la Amazonía. El informe técnico emitido el 30 de junio por el Ministerio de Salud Pública denuncia "impactos ambientales gravísimos" como consecuencia de la contaminación del agua por la ruptura del depósito de los desechos de la fábrica, sumada al flujo regular que siguió vertiéndose a los ríos y riachuelos del área. Los técnicos previenen sobre la inconveniencia de utilizar el agua de la zona afectada y recomiendan el alejamiento de la población próxima a las instalaciones.

Éste es sólo el último de una serie de incidentes en la zona industrial de Barcarena, situada a 50 kilómetros de Belém, capital de Pará, principal estado amazónico de Brasil. De acuerdo con las probabilidades estadísticas, este tipo de incidentes continuarán repitiéndose ya que en el área existe una preocupante densidad de actividades productivas con elevado potencial de agresión al ambiente. Así lo testimonia la trayectoria de la propia Imerys, principal productora mundial de caolín, una arcilla que tiene diversos usos industriales. La empresa comenzó en 1996 con una capacidad instalada de 250 mil toneladas anuales de caolín y alcanzó el liderazgo cuando llegó a producir un millón de toneladas. El accidente tuvo lugar cuando Imerys, mediante la inversión de 200 millones de dólares, expandía su capacidad para llevarla a un millón y medio de toneladas.

Se estima que a fines de esta década la producción de caolín de Pará -de Imerys y sus competidoras- sobrepasará los tres millones de toneladas, consolidando la posición del estado como tercer productor mundial del mineral, que exporta en 95 por ciento. Al lado de Imerys se encuentra Alunorte, la mayor fábrica de alúmina (óxido de aluminio) del mercado internacional, que también expande su producción de 4,2 a 6,6 millones de toneladas. Otra vecina es Albrás, octavo productor mundial de aluminio. Su principal accionista, Companhia Vale do Rio Doce está instalando una usina termoeléctrica de 600 megavatios para asegurar el crecimiento de Albrás. Lástima que utilizará carbón mineral, poderoso agente de contaminación y causante de la triste hazaña que acaba de lograr China, al superar a Estados Unidos como el país que más ensucia la atmósfera.

La sede de éstas y muchas otras actividades que transforman minerales en insumos o bienes semi-elaborados mediante baños de ácidos o de energía, es uno de los más complejos y delicados estuarios de Brasil. En uno de los puertos de confluencia de sus cursos de agua se halla Belém, con 1,4 millones de habitantes. El crecimiento de la producción en esta área ha seguido un ritmo tan alucinante que los aspectos sociales y ecológicos han sido subestimados o ignorados.

La ruptura de uno de los depósitos que acumulan los desechos de la fábrica de caolín, de 450 mil metros cúbicos, provocó el derrame del material el 11 de junio, pero sólo al día siguiente se informó a las autoridades. Es probable que se hubiera podido evitar el derrame si se hubieran adoptado medidas en el momento adecuado. En agosto del año pasado una inspección oficial comprobó fisuras en el mismo depósito. Esto indica que el problema no fue eliminado, lo que indujo a las autoridades a suspender parcial y temporalmente la fábrica desde el día que supieron del derrame. La suspensión tuvo repercusión internacional, ya que Imerys abastece a 450 clientes en todos los continentes. El temor de que éstos se sintieran presionados por esta agresión a la naturaleza parece haber inducido a la empresa a minimizar por todos los medios los efectos del accidente, asegurando que el material, por ser inerte y no contener productos químicos, sólo afectaría las aguas de drenaje más próximas y luego se dispersaría sin dañar organismos vivos. El fallo ministerial contradice esta versión y atribuye parte del desastre al no funcionamiento desde hace años de una planta de tratamiento de los residuos. Para no arriesgar mayores daños se evacuó a la población directamente afectada por el derrame, unas 250 personas.

Es claro que ninguna de las industrias asentadas en Barcarena desea accidentes, pero al parecer no emplean los recursos posibles para prevenirlos. La compensación social y ambiental, si es que fue realizada al inicio, hace tiempo quedó desfasada por la notable expansión de estas industrias. Ellas cumplen con las normas legales en los planos tributario y fiscal, pero esto no les resulta difícil ya que gozan de importantes exenciones impositivas a los fabricantes de productos semielaborados. El interés internacional por el caolín de Pará obedece a su excepcional calidad, pero también al hecho de que en otros países se aplican restricciones a su explotación que no existen en Brasil. Por ello la británica English China Clays, que hasta 1999 fue la mayor empresa mundial procesadora de caolín, no pudo mantener su producción en Cornualles, su tierra de origen, y fue adquirida por la francesa Imetal, que controla Imerys. Esto nos indica que Pará no recibe todos los beneficios que le pueden proporcionar sus ricos yacimientos. Hace ya tres décadas que produce caolín y celulosa, pero no papel, que se obtiene de esos dos insumos y tiene un valor muy superior.

Tierramérica - 7/7/2007

Bolivia dice adiós a un glaciar

Marina Forti

El monte Chacaltaya, en los Andes bolivianos, a sólo una treintena de kilómetros de la capital La Paz, tiene una fama única. No tanto por su altitud: con 5421 metros sobre el nivel del mar no alcanza a muchas de las vetas vecinas, entre las cuales se cuentan el Illimani (6462), el Condoriri (5696) y el espléndido Huayna Potosí (6088 metros), una de las cimas más bellas del mundo. Su glaciar, sin embargo, es uno de los más altos de Sudamérica. Hospeda también el laboratorio de investigación astrofísica más alto del mundo, importante por sus investigaciones sobre los rayos gama (rayos cósmicos). Exhibe también un skilift mecánico (fue construido en 1939), cosa que la hace la estación de esquí más alta del mundo, además de la más cercana al ecuador. Seguramente el único lugar de deporte invernal en donde se puede esquiar en torno a los 5300 metros, después reposar en un refugio (administrado por el Club Andino Boliviano) contemplando el lago Titicaca y comiendo sopa de quinua, un cereal andino. Dejando de lado el esquí, para los habitantes de La Paz el glaciar es un lugar de paseos familiares.

Pero todo esto será pronto un recuerdo lejano. El glaciar Chacaltaya de hecho está desapareciendo, víctima del cambio del clima: uno de los primeros glaciares destinados a desaparecer a causa del calentamiento generalizado de la atmósfera terrestre. Por esto es famoso: el glaciar boliviano ofrece una visión anticipada de lo que sucederá sobre muchas vetas y cadenas montañosas del planeta.

El Chacaltaya, que en lengua aymará significa "camino frío", es un glaciar más bien antiguo, tiene más de 18 mil años. En los últimos veinte perdió el 80% de su superficie. En efecto, las fotos turísticas exhibidas en el refugio del Club andino muestran una lengua de glaciar de 500 metros de longitud: las fotos más recientes muestran, en cambio, dos placas de glaciar separadas de alrededor de 60 metros por veinte; es todo lo que queda. En la estación húmeda cae la nieve, que ofrece todavía una visión sugestiva, pero luego se derrite velozmente. Edson Ramírez, uno de los mayores especialistas en glaciares de Bolivia, que observa el Chacaltaya con un equipo de científicos desde 1995, le explicaba hace poco a la BBC que el derretimiento se aceleró de manera impresionante a partir de los años '80, y continúa cada vez más velozmente. Tanto que su grupo ha revisado muchas veces su previsión sobre la desaparición definitiva: "Hasta no hace mucho tiempo atrás pensábamos que sería en el 2015, ahora pensamos que podría ser este año, o el próximo".

Dentro de un año o dos, por lo tanto, el glaciar Chacaltaya no existirá más. La desaparición del Chacaltaya tiene diversas consecuencias. Los glaciares andinos son la reserva que garantiza el aprovisionamiento de agua potable para ciudades como La Paz y la vecina El Alto, que, juntas, tienen cerca de 2 millones de habitantes. En efecto, la capital boliviana se sirve de un reservorio ubicado a los pies de los montes Tuni Condoriri, del que proviene el 80% del agua de su acueducto. El reservorio recibe agua de los montes circundantes: en la estación seca, los glaciares escurren lentamente el agua. El hecho es que la totalidad de los 15 glaciares que circundan la zona se están retirando, su superficie ha disminuido más de un tercio entre 1983 y el 2006. Parece que cinco de ellos están ya virtualmente desaparecidos -el próximo será el Chacaltaya. Los expertos piensan que cerca del 60% del agua del reservorio del que se sirve La Paz es producto del derretimiento de los glaciares. En otras palabras, las reservas están destinadas a disminuir, mientras que la población de la capital y de El Alto aumenta por la llegada de muchos inmigrantes de las zonas rurales del país. Las autoridades prevén que ya en el 2009 la demanda de agua será superior a la disponibilidad, y piensan en equiparse para contener y distribuir la que cae en la estación de las lluvias (o de la nieve), probablemente construyendo diques para crear nuevos reservorios. Así un país andino, que no es uno de los mayores responsables de las emisiones de gas de aserradero que están calentando la atmósfera terrestre, es uno de los primeros países en hacer las cuentas con un clima cambiado.

Bolpress - 18/6/2007

Resistencia civil para recuperar selva biodiversa

Zilia Castrillón

Comunidades de origen africano e indígena del noroccidental departamento colombiano del Chocó intentan recuperar sus tierras y alimentos, perdidos por la guerra interna en esta zona de gran diversidad biológica. Alirio Mosquera, representante legal de los consejos comunitarios que reúnen a los tres mil habitantes de la cuenca del río Cacarica, en el Bajo Atrato, planifica la integración de los proyectos productivos de la comunidad con la resistencia pacífica al conflicto interno colombiano que lleva ya medio siglo. "La gente necesita su tierra de regreso para recuperar sus prácticas tradicionales", asegura Mosquera al ser entrevistado.

Mosquera fue elegido el 20 de mayo tras una larga lucha como coordinador logístico del retorno de más de 700 familias desplazadas en 1997 por violentas acciones del ejército y grupos paramilitares, que terminaron en tomas y compras ilegales de tierras por parte de empresas agroalimentarias y forestales. La llamada "Operación Génesis" acabó con más de 4.000 personas desplazadas y al menos 85 muertas o desaparecidas, según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

"Todos los consejos comunitarios están aliados a las propuestas de nuestra organización Cavida (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica) porque siempre defendimos el derecho a la tierra", señala Mosquera. "La tierra es el eje de nuestra vida. Cuando uno la pierde y la cede, queda como jornalero o como esclavo", agrega. En esta zona húmeda y boscosa rodeada de pantanos y ciénagas, habitan negros e indígenas, con derecho constitucional a territorios colectivos y a regir su manejo. Los negros constituyen 85 por ciento de la población del Chocó.

Cacarica forma parte del Área de Manejo Especial de la Serranía del Darién, que separa a Colombia de Panamá. Esta ubicada dentro de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Katíos, que alberga numerosas especies endémicas y cuyo subsuelo es rico en minerales. El desplazamiento violento y la ocupación ilegal de tierras fueron denunciados en la audiencia por la biodiversidad del no gubernamental Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo Colombia, los días 26 y 27 de febrero. El tribunal sesionó en zonas humanitarias establecidas a partir de 1999 -cuando los desplazados decidieron regresar a su territorio de 103 mil hectáreas-, en las que viven las familias e intentan protegerse de los actores armados. Entre las conclusiones de esa audiencia se mencionó la activa participación de paramilitares en las negociaciones y concesión de tierras a repobladores ajenos al territorio colectivo.

Para los miembros de los consejos comunitarios de los ríos Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, la autosuficiencia alimentaria y la recuperación de tierras son una forma de resistencia civil. "No permitimos ni personas con armas ni empresas multinacionales en nuestro territorio. No somos neutrales porque somos víctimas del conflicto", afirmó Bernardo Vivas, miembro fundador de Cavida y de las zonas humanitarias en una de las reuniones con organizaciones internacionales que tomaron parte de la sesión del Tribunal. Además de la escasez de alimentos, el otorgamiento de terrenos para la siembra a gran escala de monocultivos como banano y palma africana dificulta el propósito de Cavida.

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, reconoció en una sesión del Poder Ejecutivo dedicado al Pacífico colombiano realizada en Cali el 3 de junio, que hay 17 mil hectáreas tituladas en el Urabá chocoano (del cual Cacarica es una parte) que presentan problemas, "ya que son tierras reclamadas por particulares como privadas". Arias admitió que hubo corrupción en la compra de esas tierras, y que fue denunciada en su momento por los habitantes de estos territorios. Según las comunidades, faltan gestiones del Estado para recuperar las tierras arrebatadas, que estiman en 22 mil hectáreas, casi 25 por ciento del territorio colectivo.

Un informe del gubernamental Instituto de Desarrollo Rural de marzo de 2005 sostuvo que "un grupo de inversionistas asociados con las empresas Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmadó, Palmas SA, Palmura, Asibicon, La Tukeka, Selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa, realizaron una masiva compraventa de predios a diferentes personas" y a espaldas de la comunidad, "con el propósito de establecer cultivos empresariales de palma de aceite y proyectos de ganadería extensiva". El estudio también destaca que en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó se encontraron tres mil 834 hectáreas sembradas con palma de aceite, destinada a la producción de biodiésel. "Las negociaciones con los empresarios no se dieron con iguales derechos. Y fueron ilegales, pues nuestro territorio es inalienable e inembargable", señala Marcos Velásquez, del Nuevo Espacio, una de las zonas humanitarias.

Las comunidades esperan que, mediante la desmovilización parcial de paramilitares promovida por el gobierno, se les devuelvan sus tierras como parte de la reparación a las víctimas de estos grupos ilegales. Pero no será tan fácil, pues las siembras comerciales están bastante adelantadas. En un comunicado del 7 de junio, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que la empresa CI Multifruit continúa extendiendo la siembra de banano para la exportación, a través de la compañía estadounidense Del Monte.

Los pobladores subsisten sembrando maíz y arroz, viajando de las zonas humanitarias comunales hasta las parcelas que les pertenecían antes de su desplazamiento y regresando al final del día, en ocasiones bajo hostigamientos militares. En las zonas comunitarias de Cavida se intenta crear modelos productivos con plantas medicinales y frutales, pero aún no hay capacidad para generar cultivos que les aseguren la subsistencia. "Aquí se corta mucha madera, aunque sea de forma artesanal", afirma Mosquera, preocupado por los bosques, única fuente de sustento de los campesinos. Como representante legal y líder de los habitantes de la cuenca, espera desarrollar cultivos de yuca (Manihot esculenta) y maíz (Zea mays), entre otros, y crear un proyecto de ebanistería para el manejo sostenible de maderas.

Tierramérica - 16/6/2007

Nuevos estudios exponen daños del glifosato

Stephen Leahy

La fumigación aérea financiada por Estados Unidos de plantaciones colombianas de coca cerca de la frontera con Ecuador, dañó severamente el ADN de la población local, revela un estudio. Muestras de sangre de 24 ecuatorianos que viven a una distancia de hasta tres kilómetros de la frontera septentrional presentaron aberraciones de cromosomas entre 600 y 800 por ciento superiores a las de personas que viven a 80 kilómetros, hallaron científicos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Quito.

Los habitantes fronterizos analizados habían sido expuestos al herbicida común glifosato -que la compañía estadounidense Monsanto patentó bajo el nombre de Roundup- por las aspersiones aéreas ordenadas por Bogotá a partir de 2000, como parte del Plan Colombia antidrogas y contrainsurgente financiado por Washington. Los ecuatorianos presentaron de inmediato dolores intestinales y vómitos, diarreas, dolores de cabeza, mareos, aturdimiento, ardor en ojos o piel, visión borrosa, dificultad para respirar y sarpullidos, señala el estudio, que será publicado en la revista científica Genetics and Molecular Biology. Pero el daño hallado en el ADN de las personas analizadas, puede activar el desarrollo de cáncer y de otras anomalías causantes de abortos espontáneos, según el investigador César Paz y Miño, director de Genética Molecular Humana en la Universidad Católica de Ecuador y autor principal de la investigación.

En general, todas las personas presentan algún grado de daño genético por exposición a radiación ultravioleta, contaminación aérea o productos tóxicos, entre otros factores. Pero de los 24 analizados, ninguno consumía tabaco, alcohol o fármacos no prescriptos, ni empleaba en su trabajo herbicidas o pesticidas que pudieran haber causado el daño observado, dijo a Tierramérica Paz y Miño. La concentración de Roundup, 20 veces superior al máximo recomendado por las normas estadounidenses, puede ser la razón de su efecto genotóxico (capaz de causar mutación genética) en los individuos expuestos, agregó. Las muestras de sangre fueron tomadas por el médico español Adolfo Maldonado, de la no gubernamental Acción Ecológica, que desde inicios de la década viene estudiando problemas sanitarios, económicos y sociales de poblaciones ecuatorianas afectadas por las fumigaciones de Colombia.

Washington financia desde 2000 las fumigaciones colombianas de coca, materia prima de la cocaína de la cual Colombia es primer productor mundial, y en los últimos tres años gastó más de 1.300 millones de dólares en combatir el narcotráfico. En 2006, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional Colombiana fumigó 171 mil 613 hectáreas de coca y adormidera, según el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos difundido en marzo por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las aspersiones aumentan cada año desde 2000. En 2006 fueron 24 por ciento superiores a las de 2005. Tres unidades de fumigación aérea, financiadas y operadas por Estados Unidos, trabajan a tiempo completo en Colombia, y una cuarta se agregó en 2006, señala el informe. La aspersión "sigue estrictas medidas ambientales, controladas por varias agencias del gobierno de Colombia", afirma. En cuanto a las afecciones sanitarias, "el Instituto Nacional Colombiano de Salud no verificó un solo caso de efectos adversos para la salud humana vinculados al rociamiento con glifosato", asegura.

Paz y Miño refutó esa afirmación. Además de su estudio, investigaciones de la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional de Colombia "dan cuenta del daño que las fumigaciones aéreas producen en los colombianos", dijo. Desde 1994, varios estudios han mostrado impactos del Roundup en las personas y la naturaleza, añadió. El Roundup es una mezcla de glifosato y de otros productos que aumentan la penetración del herbicida o estimulan sus efectos tóxicos. Pero sólo el glifosato -ingrediente activo- ha sido completamente probado por las autoridades estadounidenses en cuanto a sus impactos sanitarios y ambientales.

En 2005, científicos franceses liderados por Gilles-Eric Seralin aseveraron que unas horas de exposición al Roundup, a una concentración 10 veces más baja que la hallada en el uso agrícola, eran tóxicas para células de la placenta humana. En mayo de 2007, Seralin reportó nuevos hallazgos según los cuales, incluso diluido hasta 10 mil veces, el Roundup alteraba la producción hormonal de las células placentarias. "Este trabajo puede ser de ayuda para comprender mejor los abortos espontáneos, nacimientos prematuros o malformaciones sexuales en recién nacidos", dijo Seralin en un comunicado.

En abril de este año, daños al ADN fueron documentados por científicos turcos de la Universidad de Mersin. Incluso en concentraciones de cinco a 15 partes por millón, el Roundup dañó el material genético de los peces, aseveraron. "No hay dudas de que las fumigaciones están matando a los anfibios en Colombia", dijo Rick Relyea, biólogo de la estadounidense Universidad de Pittsburgh. En 2005, Relyea documentó que el Roundup era letal para las ranas. Más de 90 por ciento de renacuajos murieron tras ser expuestos a pequeñas dosis de polioxietil amina (POEA), parte de la fórmula del Roundup que ayuda al glifosato a penetrar en las hojas de las plantas. Experimentos con ranas estadounidenses mostraron que "más de 80 por ciento de los adultos expuestos al Roundup en proporciones normales fallecieron en un día". No hay datos sobre los impactos de la fumigación en anfibios colombianos.

Esos hallazgos llevaron al Congreso legislativo de Estados Unidos a reclamar en 2006 garantías de que los humedales colombianos no serían fumigados, dijo Relyea a Tierramérica. Pero la mayoría de las ranas viven en pequeños pantanos que no son fácilmente detectables desde el aire, y muchas especies se encuentran en árboles y pasturas, señaló. Como el Roundup es el herbicida más usado del mundo, puede ser un factor que explique la drástica disminución de las poblaciones de ranas, pero no hay pruebas concluyentes, sostuvo Relyea. En cambio, son claras las evidencias del efecto de las fumigaciones en la frontera ecuatoriana, aseguró Paz y Miño. Se ha documentado destrucción de cultivos legales, muerte de ganado, animales domésticos y peces, además de los impactos en la salud humana. Su grupo de investigaciones está terminando una nueva serie de estudios sobre los efectos del glifosato, solo o con el POEA, en insectos y células humanas cultivadas in vitro, anunció. "Puedo adelantar que hemos hallado daño" genético, declaró.

Tierramérica - 9/6/2007

Reserva de Sierra Gorda vapuleada por cambio climático

Diego Cevallos

En la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda, la de mayor diversidad biológica de México, miles de árboles agonizan por el ataque de plagas contra las que no hay armas viables. La escasez de lluvias es la culpable. El gusano descortezador (Dendroctonus adjuntus), el muérdago (Viscum album) y la larva barrenadora atacan con virulencia los bosques de Sierra Gorda, una zona de montes, lomas y cañones de caprichosas formas que se extiende entre los 350 y tres mil 100 metros sobre el nivel del mar, en el estado de Querétaro, centro oriente del país. Algunos de los 50 mil habitantes de la reserva, de 384 mil hectáreas y a unas siete horas de automóvil de la capital, creen que las plagas llegaron por voluntad divina. Otros dicen que simplemente "el clima se volvió loco". Según autoridades y expertos, el ataque que se registra desde hace cinco años tiene que ver con alteraciones en el régimen de lluvias vinculadas al cambio climático. El fenómeno amenaza seriamente a toda la zona, protegida por el gobierno mexicano, que la declaró en 1997 reserva de biosfera, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que la proclamó en 2001 Reserva de la Biosfera Mundial.

La campesina Esther Martínez, de Epazotes Grandes, una de las 600 comunidades de la reserva, la mayoría de no más de 500 habitantes, ve el problema con la sabiduría de quien siempre vivió en el campo. "Los bosques están débiles y por eso el gusano es más fuerte. Esto es porque las lluvias bajaron y ahora todo es más seco", afirma Martínez mientras cava una zanja en un predio comunitario de marcada pendiente para evitar que las lluvias arrastren los nutrientes del suelo. En cambio, Patricia Balderas, del pueblo de Tilazo, cree que los árboles mueren por el "designio de Dios". No hay datos exactos de cuántos encinos (Quercus), enebros (Juniperus) y pinos (Pinus), que cubren 35 por ciento de la superficie boscosa, están comprometidos. Pero incluso el visitante puede ver los manchones amarillentos de los bosques desde los serpenteantes caminos de ingreso a la reserva. "Hay una gran afectación, es un problema creciente. Ya es parte del escenario y no podemos controlarlo", lamenta Víctor Ildefonso, subdirector de la reserva. En el pasado, las plagas surgían durante las sequías, pero con el invierno desaparecían. "Ahora las tenemos todo el año y en todas partes, ahí vemos la relación con el cambio climático", dice el funcionario a Tierramérica.

Los registros meteorológicos indican que las sequías y el calor aumentan progresivamente y hay menos lluvias cada año, aseguró en abril el entonces delegado en Querétaro de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente de México, Enrique Urribarren. El cambio climático es una realidad palpable en Querétaro, y en los próximos 13 años se espera que las precipitaciones en la zona central del país disminuyan entre cinco y 10 por ciento, agregó Urribarren en declaraciones al diario El Universal. "Esto de las plagas es claramente un efecto del cambio climático, hasta la gente de aquí lo dice: con menos lluvia los bosques se han debilitado", señala a Tierramérica Martha Ruiz, directora de la reserva. "No sabemos qué hacer", reconoce.

Este tipo de problemas causados por el cambio climático en la fauna y la flora son el tema central del Día Internacional para la Diversidad Biológica, que se celebra el 22 de mayo. Mientras, las únicas alternativas contra las plagas de Sierra Gorda son podar los árboles afectados, quemarlos o usar pesticidas. El primer método es impracticable por la gran cantidad de ejemplares involucrados, unos 400 por hectárea, y los otros dos fueron descartados por sus consecuencias contaminantes. De momento, el gusano descortezador sigue avanzando. Construye pequeñas cámaras que llegan hasta los lugares donde circula la savia de los árboles, sobre todo pinos. Así corta la circulación de nutrientes, por lo que el árbol comienza a secarse y finalmente muere. El muérdago, otro enemigo, es un tipo de parásito vegetal que se adhiere a los árboles, especialmente encinos y enebros, hasta destruirlos. La larva barrenadora, en cambio, consume las semillas del pino piñonero (Pinus pinea, L.), afectando su reproducción. Las cinco mil hectáreas que hay de esta especie en la reserva están afectadas. No sólo los árboles serán destruidos, habrá consecuencias directas sobre la rica fauna de Sierra Gorda, pues se perderá parte de su hábitat y se reducirán los volúmenes de captación de agua de los suelos.

En la reserva, donde 30 por ciento del territorio es propiedad comunal y el resto pertenece a dueños privados, habitan 360 especies de aves, 130 de mamíferos, 71 de reptiles y 23 de anfibios, además de decenas de otras aún no estudiadas. La riqueza de fauna y flora es tal que en Sierra Gorda hay, por ejemplo, más especies de mariposas que en Estados Unidos y Canadá juntos. Por eso es catalogada como la reserva de más diversidad biológica de México. Allí confluyen vegetaciones de semidesierto, bosque de niebla, bosque templado y selvas bajas, en una topografía con profundas cavernas.

Hasta los años 80, la ganadería, la agricultura y la explotación maderera estuvieron fuera del control en la zona, una situación que comenzó a cambiar cuando, en 1989, habitantes locales constituyeron el no gubernamental Grupo Ecológico Sierra Gorda. Esa organización, una de cuyas fundadoras fue la actual directora Ruiz, desplegó programas de educación ambiental, de reforestación, de protección y regeneración de la cubierta vegetal, de mejoramiento comunitario y de manejo de residuos sólidos. Tales esfuerzos se vieron coronados con la declaratoria de reserva y la llegada de apoyos internacionales, entre ellos uno del Fondo para el Medio Ambiente Mundial que, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aportó 6,5 millones de dólares entre 2001 y este año. Gracias a la combinación de esfuerzos públicos, no gubernamentales y de agencias internacionales, la fauna y la flora de Sierra Gorda empezaron a recuperarse. Pero el ataque de las plagas pone en riesgo gran parte de lo conquistado.

Tierramérica - 19/5/2007

De vertedero a polo ecológico

Patricia Grogg

Cuando Irania Martínez se propuso sacar frutos de aquel basural la creyeron loca. Hoy, el follaje, los cientos de árboles y el orden imperante confirman no sólo su sano juicio, sino además que se trata de un proyecto posible de extender a todo el país. "El beneficio ha sido grande, gracias a ella y al CEPRU (Centro Ecológico de Procesamiento de Residuos Urbanos). Antes no teníamos ni calle. Todo era fango. Ahora está limpia y con luz eléctrica", contó a IPS Belkis Albala, residente desde hace 15 años en el barrio de Isleta, en la periferia sur guantanamera.

Abdala y su familia viven justo frente al antiguo vertedero y recuerdan cuando Martínez llegó al lugar, hace unos seis años. "Irania empezó gastando de su salario, con tres vecinos que no cobraban nada y el pobre apoyo de nosotros", señaló. "Todo ese bosque que se ve ahora era basura, rodeada siempre de humo negro, pestilencia, moscas", recordó la mujer, para quien todo ese esfuerzo ha sido "amplio y completo", porque, incluso, "muchos vecinos encontraron trabajo en el CEPRU".

Con algo más de 500 habitantes, el barrio Isleta fue cambiando casi al ritmo de las transformaciones del antiguo vertedero, de donde actualmente salen las posturas de los árboles que crecen en muchos patios y el abono orgánico que beneficia las plantaciones caseras. Martínez, enviada a ese lugar como responsable del movimiento de Agricultura Urbana del Ministerio de Agricultura, y directora del CEPRU desde su creación, se confiesa "autodidacta" y "fuerte" de carácter. "Empezamos solos. Decían que yo estaba loca. Tuve oponentes a este proyecto. Yo no soy débil, y cuando pienso que estoy segura de algo, lo hago. Principalmente por intuición y amor a la naturaleza", afirmó. Ahora espera reanudar los estudios de ingeniería agropecuaria que interrumpió en los años '90.

Por esa misma época, se formó el vertedero, que llegó a ocupar unas seis o siete hectáreas. Más de la mitad de esa extensión ha sido ya rescatada, con un bosque que cuenta hoy con unos 3.000 árboles, viveros de posturas para continuar la reforestación y áreas para el procesamiento de los desechos o la preparación de abonos orgánicos. Todo a cargo de una plantilla de 35 trabajadores, de los cuales nueve son mujeres. "Tengo seis áreas de procesamiento (de los residuos), pero sólo podemos trabajar tres con ese personal. Hace falta más gente", indicó.

En el CEPRU nada se tira. Todo tiene utilidad. Diariamente llegan, en promedio, entre 150 a 160 metros cúbicos de residuos urbanos desde los barrios de la periferia. La primera acción es separar los orgánicos de los inorgánicos. Estos últimos se clasifican por lotes, entre placas de radiografía, suelas de zapatos, envases de perfume o esmalte de uñas, tubos de pasta de dientes, cartón, papel, hojalata, neumáticos de automóvil, equipos de radio y televisión y muchos desechos de plástico, entre otros. "Lo que es posible, se vende como materia prima. Otras cosas las reutilizamos aquí mismo, en cercas, letreros. Con los neumáticos, por ejemplo, se pueden hacer miles de cosas, hasta techos, como si fueran tejas. Hay que buscarle el sentido a cada desecho", explicó Martínez.

Otros ingresos provienen de la venta de abono orgánico, pero el precio autorizado es unas cinco o seis veces menor al necesario para recuperar el costo de producción y obtener alguna ganancia. "Es que el CEPRU sólo será sustentable cuando se aplique un estudio de economía ambiental. Se reconoce el trabajo, pero no se ha hecho el cálculo", indicó. En ese sentido, el impacto es visible e incluye la disminución de la quema de desechos y de la proliferación de vectores dañinos para la salud humana, la recuperación de especies forestales y la protección y rehabilitación de ecosistemas degradados.

Se estima que el CEPRU recibe alrededor de una tonelada mensual de residuos plásticos de alta y baja densidad, que en vez de ser quemados, como antes, son reutilizados en diferentes faenas. Según especialistas, esa práctica eliminó la generación de gases tóxicos, como dioxinas y furanos, lo que representa una disminución de seis por ciento, a nivel provincial, de la emisión de contaminantes orgánicos persistentes (POPs) a la atmósfera.

El CEPRU es uno de los proyectos más relevantes apoyados por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD/GEF), que conduce en Cuba el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con estimaciones del PPD, entre otras investigaciones, el proyecto logró la reforestación de unas tres hectáreas y obtuvo unas 1.000 posturas al año, así como la incorporación de 40 casas de la comunidad al redoblamiento forestal. Así mismo, se redujo a la mitad el tiempo de descomposición de los desechos, se aumentó la producción de materia orgánica en 60 toneladas, y se eliminó la quema incontrolada de 150 toneladas mensuales de basura. También se crearon al menos cinco nuevos empleos para mujeres, se mejoraron las condiciones laborales de todo el personal, que recibió cursos de capacitación beneficiando, además, a 50 por ciento de los residentes de Isleta.

Martínez cree que la formación de grupos como el suyo en cada provincia de Cuba permitiría adiestrar el personal de otros vertederos para reproducir su exitosa experiencia. "Si no aparece financiamiento para un proyecto así, al menos podríamos formar grupos para la región oriental, occidental y central del país", comentó. En la provincia de Guantánamo, distante 929 kilómetros de La Habana, hay alrededor de una veintena de grandes depósitos en los que se procura poner en práctica las técnicas del CEPRU.

Ips - 12/5/2007

Acuífero paraguayo sangra por la herida

David Vargas

La paraguaya Josefina Samaniego no sabía que el agua podía tener sabor y color hasta que se mudó a la ciudad de Limpio, a unos 10 kilómetros de Asunción. El líquido extraído de los pozos de esa comunidad de 73 mil habitantes no es inodoro, ni incoloro, ni insípido. El agua que consume Samaniego es rojiza, salada y huele a tierra fresca. Es producto de lo que los técnicos llaman la salinización del acuífero Patiño, un depósito natural de agua subterránea que abastece a más de dos millones de personas. El acuífero Patiño abarca mil 173 kilómetros cuadrados en el sudoeste de la región Oriental de Paraguay. Se extiende bajo Asunción y su área metropolitana, todo el departamento Central y parte del de Paraguari, zona muy urbanizada y donde residen más de 38 por ciento de los seis millones de habitantes del país. Es hermano menor del acuífero Guaraní, de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, compartidos por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, una de las principales reservas de agua dulce del planeta.

La ubicación del Patiño es a la vez su mayor potencial y su peor peligro, explica al ser entrevistada Elena Benítez, directora de Recursos Hídricos de la Secretaría del Ambiente (Seam). La excesiva extracción ha producido el descenso del nivel del agua y el aumento sustancial de la contaminación. Según estudios de la Seam, el nivel de agua del acuífero pierde en promedio medio metro por año. La salinización es resultado directo de este proceso y afecta las zonas costeras del río Paraguay, que divide al país en dos regiones: Oriental y Occidental o Chaco. Esta última es árida y con alta salinidad.

La disminución del caudal del acuífero propicia la entrada de una corriente subterránea de agua salobre proveniente del Chaco en una compensación del déficit. El problema es menor en la capital porque la proveedora estatal de agua, Empresa de Servicios Sanitarios, se abastece del río Paraguay, señala en entrevista Félix Villar, presidente de la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH). Pero el resto de los municipios extraen directamente agua del acuífero, a través de sistemas comunitarios, proveedoras privadas (aguaterías) o perforaciones domiciliarias. Se calcula que en el área de influencia del Patiño operan unas 300 aguaterías y hay más de mil 500 perforaciones particulares.

"Me costó mucho acostumbrarme, pero ahora ya casi no siento" el sabor, relata Jerónima Villalba, mientras extrae agua de un pozo artesiano de 14 metros de profundidad en su vivienda del asentamiento Villa Flamenco, en Limpio. Villalba es una de las pocas residentes de este barrio que todavía tienen un pozo artesiano. El resto de las casi 200 familias de Villa Flamenco se proveen de una aguatería privada, cuya planta de bombeo está ubicada varios kilómetros tierra adentro, donde el líquido "tiene mejor sabor", cuenta su vecina, Victoria Argaña. Los habitantes se quejan de pagar cuotas cada vez más altas a las aguaterías, que se aprovechan del nulo control estatal para manejar el negocio a su antojo. Samaniego afirma que, en el último año, su proveedora incrementó dos veces la tarifa mensual, de tres a cinco dólares. Esto podría parecer poco, pero el suministro sufre constantes cortes, que en ocasiones duran hasta una semana, y la calidad del servicio es deficiente, pues la presión a veces no es suficiente para llegar a la ducha.

Para los técnicos la salinización es un problema menor comparado con males más acuciantes. "El problema mayor es la contaminación", declara Félix Carvallo, coordinador del estudio de políticas y manejo ambiental de aguas subterráneas en el Área Metropolitana de Asunción, que llevan adelante el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) y la Seam, con financiación de la cooperación japonesa. Esta es la única iniciativa gubernamental destinada a elaborar un plan de gestión del agua. "Pero, a pesar de los esfuerzos, no se están logrando resultados positivos", reconoce Carvallo.

Un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción alertó en 2006 sobre el avance de la contaminación, principalmente por coliformes fecales. De las 100 muestras de agua analizadas, 34 por ciento tenían valores por encima de los límites aceptables para el consumo humano. "Esto se debe a la falta de un sistema de alcantarillado sanitario. Las poblaciones del acuífero Patiño utilizan letrinas cuyos pozos ciegos dejan escapar los efluentes que penetran bajo tierra y llegan al agua subterránea", explica Carvallo. Según el Senasa, apenas 23 por ciento de las viviendas de la zona del acuífero están conectadas a la red pública de saneamiento, mientras 77 por ciento eliminan sus efluentes en pozos ciegos que infiltran las aguas servidas al acuífero. Otras fuentes contaminantes son los 36 vertederos de basura distribuidos en toda el área, cuyos líquidos de descomposición orgánica penetran el suelo y llegan a las napas de agua.

Los "pozos perforados son una ventana abierta a la contaminación", dice Amado Insfrán, de la no gubernamental Sobrevivencia-Amigos de la Tierra, entrevistado para este informe. La falta de registros y control de los pozos, la creciente cantidad de empresas perforadoras y la ausencia de regulación estatal influyen para que este recurso limitado se degrade en capacidad y calidad, advirtió el técnico. El parlamento paraguayo estudia un proyecto de ley de aguas que, según los técnicos, permitirá regular la explotación del recurso. Pero empresas y sectores productivos se oponen a la ley, pues establecería el pago de derechos de uso y explotación de las aguas subterráneas.

"Lo más urgente es luchar contra la contaminación y la intrusión salina", con medidas concretas como ampliar la red de saneamiento, expandir la cobertura de la Essap y obligar a las empresas a optimizar sus niveles de consumo de agua, asegura Insfrán. El gobierno no tiene planes al respecto. Sólo algunos municipios estudian proyectos para instalar desagües cloacales en sus distritos. Mientras, el tiempo pasa para personas como Jerónima Villalba. Cada día, su pozo de agua se va llenando de sal. Y en poco tiempo tendrá que pagar los servicios de una aguatería. "¿Querés probar?", dice y ofrece un vaso de agua de su pozo. El líquido tiene un sabor áspero, que el paladar no reconoce. Y agrega en tono jocoso: "Imaginate nomás que estás en la playa y tomás un poquito de agua de mar".

Tierramérica - 5/5/2007

Amazonia puede convertirse en inmensa sabana

Mario Osava

Una Amazonia cada vez menos exuberante, de selvas sustituidas por sabanas, es la imagen diseñada por los últimos informes científicos en los que ganan protagonismo los meteorólogos, agravando las peores advertencias de los ecologistas. De mantenerse la tendencia actual, la deforestación, que en los últimos 30 años llegó a casi 600 mil kilómetros cuadrados sólo en la Amazonia brasileña -un área equivalente a Alemania e Italia sumadas-, habrá destruido más de 30 por ciento de los bosques amazónicos en 2050, señala el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Ese proceso puede "convertir en sabanas" (praderas cubiertas de pastos) hasta 60 por ciento de la Amazonia en este siglo, según un estudio realizado en 2003 por Carlos Nobre y Marcos Oyama, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). El recalentamiento planetario "ampliará mucho" tales efectos, señala el IPCC en el segundo volumen de su informe 2007, titulado Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad y publicado el 6 de abril en Bruselas.

El informe del IPCC, del cual Nobre es uno de sus autores, enfatiza en la urgencia de contener la deforestación amazónica, responsable de 75 por ciento de las emisiones brasileñas de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. "Brasil sólo puede ganar con eso", porque protegería una enorme riqueza futura y lideraría las discusiones sobre cambio climático, dijo en una entrevista Antonio Ocimar Manzi, gerente ejecutivo del Experimento de Gran Escala de la Biosfera-Atmósfera en la Amazonia, programa de estudios que involucra a científicos brasileños y extranjeros. La temperatura amazónica podría subir en promedio ocho grados hacia el final del siglo si se mantienen los factores que recalientan la Tierra, destacó el meteorólogo José Antonio Marengo, en un informe presentado al Ministerio de Ambiente a fines de febrero. En algunas áreas, la temperatura puede aumentar hasta 12 grados, observó Philip Fearnside, ecólogo estadounidense y estudioso amazónico desde hace tres décadas en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA). Pero eso ocurrirá si no se hace nada para contener la deforestación ni los cambios climáticos globales, agregó.

Las temperaturas más elevadas hacen que los árboles consuman más agua para ejecutar la fotosíntesis, por eso afectan los bosques. Pero la gran amenaza del cambio climático es la de generar un fenómeno permanente de El Niño (el calentamiento periódico de las aguas del océano Pacífico), que se manifiesta en más calor y largos periodos de lluvias escasas al norte del río Amazonas, dijo Fearnside, otro de los autores del informe del IPCC. Eso ocurrió en 1997-1998, cuando la sequía provocó incendios devastadores en el septentrional estado de Roraima. Y en 2006, un moderado Niño redujo mucho las lluvias a lo largo del río Negro, gran afluente del Amazonas. El recalentamiento global actual, ligero en relación al que se espera, se ha visto acompañado de un aumento de la frecuencia de El Niño desde 1976. El Niño será "más frecuente y más intenso" si la humanidad no actúa para contener el efecto invernadero, sostuvo Fearnside en una entrevista para este artículo. Al sur del río Amazonas también hay sequías, al calentarse las aguas atlánticas. En 2005 hubo incendios incontrolables en el occidental estado de Acre, que desarrolla una reconocida política de conservación forestal. Los incendios son el gran factor de la conversión de las selvas en sabanas. Otra razón para estar "al borde de la sabanización de la Amazonia" es la existencia de partes propensas a ese proceso, como Santarém, en el este de esa región, con bosques tropicales pero lluvias casi equivalentes a las de Brasilia, ubicada en el Cerrado, el bioma brasileño de sabanas, explicó Fearnside.

Una voz aislada, la del respetado geógrafo brasileño Aziz Ab'Saber, de 83 años, se levantó contra tales pronósticos, previendo al contrario una mayor densidad de los bosques amazónicos y de otros biomas de este país con el recalentamiento global. El calor aumentará la evaporación en el Atlántico, y la humedad llegará al continente, incrementando las lluvias, razonó en varias entrevistas concedidas después de publicado en febrero el primer volumen del informe del IPCC. Ab'Saber, quien aplicó la Teoría de los Refugios para explicar la formación de los bosques amazónicos, recuerda que hace seis mil años el planeta vivió un "optimum climático", con un recalentamiento que elevó el nivel de los oceános después de la era glacial y provocó más lluvias y la "retropicalización" de Brasil. Las corrientes calientes del Atlántico se mantendrán y no fueron consideradas por el IPCC, criticó Ab'Saber.

Los demás investigadores evitan la polémica, pero recuerdan que los actuales estudios se basan en complejos modelos matemáticos que consideran todas las variables, como experiencias pasadas y corrientes marítimas. "Los resultados son consistentes" y quizás evalúan mejor el "ciclo del agua", de conocimiento más reciente y poco considerado por Ab'Saber, dijo Gilvan Sampaio, investigador del INPE. Casi la mitad de las lluvias amazónicas son producto de la reevaporación a través de los bosques. La deforestación reducirá la humedad, y también el centro-sur de Brasil y partes de Argentina, Bolivia y Paraguay sufrirán los efectos, añadió Sampaio en una entrevista. "Por lo menos 30 por ciento de las lluvias en el sudeste brasileño provienen de la Amazonia", por donde pasan los aires húmedos del este que la Cordillera de los Andes desvía hacia el sur, explicó. Pero la cuestión de las lluvias en la Amazonia aún presenta "incertidumbres", matizó Manzi. La mayoría de las evaluaciones también indican más lluvias en el occidente amazónico, cerca de los Andes, y por tanto bosques más densos. Pero en la Amazonia oriental hay dudas sobre las previsiones de reducción de las lluvias. En general, los modelos matemáticos apuntan a "climas más secos que la realidad", pero prevén correctamente la evolución, reconoció. No se puede descartar efectos menos trágicos que los anunciados, pero dependen de que se adopten medidas, como reducir rápidamente la deforestación amazónica, agregó.

Desde los años 70 se intensifican los fenómenos extremos, como la sequía de 2005 en el sudoeste amazónico. Fearnside destacó la sinergia entre sequías provocadas por El Niño y el calentamiento de las aguas atlánticas, la tala por el avance agrícola y maderero y los incendios provocados por actividades humanas, secas y calor, que queman sobre todo los árboles mayores, vitales para mantener el microclima forestal. Todo contribuye a la deforestación.

Tierramérica - 7/4/2007

Ballenas en juegos de amor

Diógenes Pina

En una suerte de danza marina, acompasados y en paralelo, una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y su hijo suben a la superficie de la costa atlántica dominicana, mostrando apenas una aleta dorsal y los orificios nasales de sus descomunales cuerpos. En 10 minutos los cetáceos repiten esos movimientos cuatro veces, manteniendo absortos a los 67 pasajeros del barco Victoria II, que fueron a observarlos al Santuario de Mamíferos Marinos de Samaná, 250 kilómetros al noroeste de la capital dominicana. Luego desaparecen en esa área de 500 kilómetros cuadrados. Bamboleándose, la embarcación de unos 18 metros de largo por ocho de ancho gira para que sus pasajeros sigan el espectáculo, persiguiendo a los mamíferos que pasan desde enero a inicios de abril en estas cálidas aguas para aparearse y parir, antes de regresar al Norte. Este año, 40 mil turistas llegaron a observarlas a República Dominicana.

Se calcula que unas dos mil ballenas llegan a las costas caribeñas cada año para desarrollar sus juegos de amor en estas aguas, tras viajar miles de kilómetros desde los gélidos mares de Islandia, Nueva Escocia, Suecia, Groenlandia y la costa este de Estados Unidos. La travesía de unas cinco horas en el Victoria II apenas permite observar a la madre y su cría, además de otra ballena que asoma de improviso y deja ver su cola en la superficie por algo menos de un minuto. La escena provoca aplausos y suspiros. Cuando el mamífero se sumerge y desaparece, el público se desconsuela. "Ayer las ballenas estuvieron muy animadas. El mar estaba picado, y cuando el día está así ellas se animan, salen y juegan", dice a Tierramérica Pedro, tripulante del Victoria desde hace cinco años, quien intenta responder a la aflicción de los pasajeros.

Además de la Bahía de Samaná, en República Dominicana hay otro santuario de mamíferos marinos: el Banco de la Plata, situado 140 kilómetros al norte de la costa septentrional de Puerto Plata. Ambos recibieron la protección del gobierno en 1986, por la gran cantidad de cetáceos que los visitan. En esos santuarios sólo se permite la pesca artesanal y está vedado el pasaje de buques mercantes y petroleros. La explotación turística comenzó en 1994, y en 1998 las autoridades establecieron normas para visitantes y embarcaciones. "Esta zona favorece a las ballenas jorobadas. Las aguas cálidas y bajitas de la Bahía y del Banco de la Plata son propicias y seguras para su apareamiento y observación", dice a Tierramérica Patricia Lamelas, del Centro de Estudios y Conservación de la Bahía de Samaná y su Entorno (Cebse). Kim Beddall es canadiense y llegó a Samaná hace 24 años para trabajar como instructora de buceo. Ahora opera el Victoria II, uno de los 43 barcos autorizados a surcar las aguas para observar cetáceos. "Antes que dedicarnos a cazar ballenas, promovemos su observación con responsabilidad", dice a Tierramérica.

El Caribe no surte de alimentos a los cetáceos, que se alimentan de krill -un pequeño crustáceo similar al camarón, abundante en aguas frías-, arenques y peces diminutos. Durante los 90 días en zonas caribeñas, las ballenas adultas sobreviven con las reservas alimenticias ingeridas en el Atlántico Norte. Un ballenato puede pesar hasta una tonelada al nacer y ganar 50 kilogramos por día en su etapa de desarrollo, succionando de su madre hasta 200 litros de leche diarios.

Las ballenas jorobadas son una especie en extinción, desde 1955 protegida de la caza comercial por la Comisión Ballenera Internacional. Unas 10 mil viven en el Atlántico Norte. En las costas dominicanas siempre fueron protegidas, mientras en otras regiones se las cazaba con fines comerciales en los siglos XIX y XX. La emisión de permisos para embarcaciones con fines de observación en los santuarios dominicanos quedó congelada en 43, una cantidad sujeta a una evaluación que "permitiría precisar si este rango se amplía o se reduce, dependiendo del impacto" de la actividad, dicen las normas elaboradas en consulta con especialistas y técnicos. Esas normas establecen que la distancia entre las "embarcaciones y las ballenas avistadas será de 80 metros para el caso de la madre y el ballenato". Las lanchas pueden acercarse a 50 metros de los machos. Por cada mamífero o grupo solamente se permite la presencia de una embarcación grande (más de nueve metros) y dos más pequeñas. Las barcas en espera deberán permanecer a por lo menos 500 metros del animal observado. También se prohíbe bucear y nadar en torno a las ballenas. En los primeros días de abril, los cetáceos se marchan, pero en enero de 2008 regresarán con sus danzas de amor.

Tierramérica - 7/4/2007

Descubren el río subterráneo más largo del mundo

Hugo Martoccia, Javier Chávez

Dos buzos de origen extranjero descubrieron lo que podría ser el río subterráneo más largo del mundo, de casi 154 kilómetros de longitud y una profundidad máxima de 72 metros, en la península de Yucatán (México), región donde se encuentran las tres corrientes más extensas en el subsuelo. Sam Meacham, director del Centro Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo, dijo que el hallazgo se hizo a finales de enero por Robbie Schmittner, de origen alemán, y Steve Boagarts, de Inglaterra, quienes lograron conectar lo que en un principio se pensó eran dos ríos diferentes. Especialista en buceo acuático y originario de Texas, Sam Meacham explicó a La Jornada que, tras tres años de exploraciones, ambos investigadores lograron "conectar" los ríos Sac Actún (cueva blanca) y Nohoch Nah Chich (gran casa de las aves), que sumaron 153.6 kilómetros. La corriente fue agrupada como sistema Sac Actún "debido a que el más grande se come al más pequeño". La entrada a este afluente está entre la carretera Tulum-Cobá, en las inmediaciones de la zona arqueológica de Tulum, y su desembocadura en la zona costera de la Riviera Maya.

Con este hallazgo, el río se convierte en el noveno lugar mundial de las cuevas más largas del mundo, secas o inundadas. El estado cuenta ahora con los tres ríos subterráneos más largos del mundo: además del Sac Actún, están el Ox Bel Ha, de 146 mil 761 metros de longitud y profundidad máxima de 33.5 metros, y Dos Ojos, de 57 kilómetros de largo y 25 metros de hondura. Además, Sac Actún tiene 111 cenotes, pozas donde el río emerge a tierra, a los que Sam Meacham llama "cápsulas del tiempo", pues en ellos los espeleobuzos han localizado en los 20 años recientes restos del hombre temprano, además de esqueletos históricos de animales del Pleistoceno, mismos que han sido reportados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por la zona de Tulum, dijo, hay registros de restos de más de 10 mil años, humanos que nada tuvieron que ver con los olmecas u otras culturas originarias de Mesoamérica. Acerca de cómo llegaron allí, explicó que en la era de la glaciación, lo que ahora son cenotes eran cuevas secas utilizadas lo mismo por hombres que por animales; al concluir esa época comenzó el deshielo, subieron los niveles de los océanos e inundaron esos refugios, lo que los convirtió en "cápsulas del tiempo".

Debido a que el subsuelo es de roca caliza, la península de Yucatán carece de ríos en su superficie, pero debajo está surcada por corrientes subterráneas, lo que la hace muy susceptible de contaminación, explicó Meacham. En toda la península de Yucatán, que además del estado del mismo nombre abarca los de Quintana Roo y Campeche, existen entre 7 mil y 8 mil cenotes, según los datos del espeleólogo Sam Meacham. Sólo en la Riviera Maya hay aproximadamente 600, muchos de los cuales son importantes atractivos turísticos de la zona. Interrogado sobre la importancia del río subterráneo, señaló que esto es fundamental para la exploración y el mapeo de la zona, además de que permite hacer conciencia entre la población y las autoridades, pues el ciento por ciento del consumo de agua de la región depende del subsuelo.

Así, las autoridades locales ya comienzan a considerar los ríos subterráneos en el proceso de planeación para la construcción de obras. El nuevo plan director de Desarrollo Urbano de Tulum, por ejemplo, piensa dejar la mayor parte del territorio que está sobre estos sistemas de ríos subterráneos como áreas protegidas. Ese plan propone que alrededor de 8 mil hectáreas de selva se mantengan con densidad de construcción nula o muy baja, lo cual fue acordado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y grupos ambientalistas de Quintana Roo. De igual importancia, destacó, esta red de ríos y grutas constituyen un gran atractivo turístico para el espeleobuceo y muchos de los cenotes, que eran considerados sagrados por la civilización maya, son utilizados como lugares de baño público. Eso le da una importancia vital a la economía, no sólo de la península, sino del país, pues sólo los proyectos de turismo sustentable en la región de Cancún y la Riviera Maya generan entre 10 y 12 por ciento del producto interno bruto, aseveró el especialista.

Lenin Amaro Betancourt, director de Turismo del municipio de Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen, comentó que con este descubrimiento se fortalece la Riviera Maya como un destino de espeleobuceo. "El año pasado llegaron a la Riviera Maya 120 mil turistas para practicar buceo, y de ellos 24 mil lo hicieron en la modalidad de espeleobuceo".

La Jornada - México D.F., 3/3/2007

Se apaga el croar de las ranas

Stephen Leahy

Ranas y otros anfibios se extinguen rápidamente en todo el mundo, sobre todo en países de América Latina. En el Caribe hasta 80 por ciento de especies está en peligro de desaparecer, mientras Colombia registra 209 especies amenazadas y México 198. La degradación ambiental, junto con la pérdida de hábitat, la radiación ultravioleta, las enfermedades y el cambio climático son todos factores involucrados en estas pérdidas sin precedentes. Por lo menos 43 por ciento de los anfibios va en declive en el planeta. Se calcula que 170 ranas, sapos y salamandras pueden haberse extinguido en las últimas dos décadas. "Los anfibios nos están diciendo que hay algo mal con nuestros ecosistemas", dijo a Tierramérica Robin Moore, encargado de Conservación de Anfibios en la no gubernamental Conservación Internacional, con sede en Estados Unidos.

Los anfibios tienen pieles muy porosas, que los vuelven más vulnerables a los cambios ambientales que los mamíferos, los pájaros y los reptiles. Algunos científicos los consideran una suerte de barómetro de la salud de la Tierra. Según la Evaluación Anfibia Global, que analizó el estatus de los casi seis mil anfibios conocidos, la situación más acuciante tiene lugar en el Caribe, donde más de 80 por ciento de los anfibios están amenazados en República Dominicana, Cuba y Jamaica, y un sorprendente 92 por ciento en Haití. Ecuador también registra un panorama preocupante con 163 especies amenazadas. "Hay enormes cantidades de anfibios que ni siquiera conocemos", declaró Moore. Terminada en 2004, la Evaluación Anfibia Global es el mayor esfuerzo jamás hecho para determinar el estatus de los anfibios. Pese a este esfuerzo, regiones como América Latina pueden tener dos o tres veces más especies no descritas de anfibios que las científicamente reconocidas, dijo el experto.

Los anfibios son importantes particularmente en zonas tropicales, donde son tan numerosos que cumplen un rol esencial en el control de insectos causantes de enfermedades en humanos. Varias especies de ranas son investigadas por su potencial medicinal. Durante mucho tiempo, las ranas venenosas (Dendrobatidae) proporcionaron a cazadores de América Central y del Sur una toxina que ahora es convertida en nuevos calmantes. El año pasado, científicos y organizaciones conservacionistas exigieron crear una Alianza de Supervivencia de Anfibios, una red global para frenar la disminución de ejemplares antes que se extingan otros cientos. El esfuerzo incluiría realizar investigaciones, programas de campo, cría en cautiverio y protección del hábitat. Insumiría cinco años y costaría 400 millones de dólares. Pero todavía tiene que despegar.

La Alianza, que es coordinada por Conservación Internacional y el Grupo Especialista en Anfibios de la Comisión de Supervivencia de las Especies de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), espera contratar a un director ejecutivo de tiempo completo en las próximas semanas. "Recaudamos algún dinero, pero de ningún modo lo que se necesita", señaló Moore. Hace unos días expertos en anfibios reunidos en la sudoriental ciudad estadounidense de Atlanta llamaron a los zoológicos, acuarios y jardines botánicos del mundo a crear un Arca Anfibia. Pidieron a las instituciones que ingresen por lo menos 500 ranas de una especie amenazada para protegerlas de hongos quitridiales, de impacto mortal en los anfibios. Cada rana será limpiada para asegurarse de no introducir esa enfermedad en el área protegida. La organización calcula que completar el proyecto costará entre 400 y 500 millones de dólares.

La disminución de los anfibios es un problema mucho mayor que un hongo peligroso, según Alan Pounds, ecologista residente del Centro Científico Tropical de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, en Costa Rica. "No hay evidencia sólida de que el hongo sea la única razón", dijo Pounds a Tierramérica. La propia investigación de Pounds muestra que el cambio climático está afectando la ecología de las neblinosas laderas de montañas de América Central y del Sur y que precipitó una reducción de las coloridas ranas arlequín (Atelopus), dos tercios de cuyas más de 100 especies desaparecieron desde los años 80. Según Pounds, el cambio climático parece haber creado condiciones más favorables para la propagación del hongo quitridial, dado que, al aumentar las temperaturas, se potenció la capa de nubes que cubre las montañas, volviendo más frescos los días y más cálidas las noches.

Las ranas también son sensibles a los pesticidas, la mala calidad del agua, la lluvia ácida y otros contaminantes ambientales. Al agregarse el cambio climático, que altera procesos ecológicos complejos, incluyendo la dinámica de las enfermedades, habrá impactos a veces significativos sobre las especies. "Parece sorprendente y escandaloso que las especies desaparezcan de reservas naturales aparentemente vírgenes. Pero no hay ningún lugar del planeta que sea virgen", expresó Pounds. El alcance global y la variedad de los cambios ambientales hacen que a la ciencia le resulte muy difícil determinar exactamente por qué todos los miembros de una especie de ranas se extinguen tras vivir en la Tierra durante millones de años. Se necesita con urgencia manejar mejor el hábitat, incluyendo una comprensión de lo que ocurre en los ecosistemas, junto con una acción sobre el deterioro ambiental y el cambio climático para enlentecer la pérdida de anfibios y otras especies, continuó Pounds. "Deberíamos escuchar el mensaje de las ranas. Ellas nos advierten sobre el deterioro ambiental que amenaza a todas las especies y a nuestro propio bienestar", concluyó.

Tierramérica - 3/3/2007

Gigante minero acumula quejas

Stephen Leahy

Un estudio encargado por grupos ecologistas halló peligrosas cantidades de plomo y arsénico en la sangre de aldeanos hondureños que viven cerca de una controvertida mina de oro y plata subsidiaria del gigante canadiense Goldcorp Inc, la tercera minera del mundo. Según los ambientalistas, rastros de plomo y arsénico en cantidades superiores a las recomendadas por estándares internacionales (70 ug/dl) fueron encontrados en una muestra de 10 personas que habitan cerca de la mina San Martín, en el municipio de San Ignacio, en el central Valle de Siria.

Este estudio, presentado el año pasado y desestimado por la industria, es un elemento más en el abultado expediente abierto en Honduras contra la operadora de la mina, que ha suscitado protestas locales e internacionales desde que se abrió en 1999. Aunque es operada por Entre Mares, firma hondureña subsidiaria de la canadiense Glamis Gold Ltd., ahora está a cargo Goldcorp Inc., con sede en la sudoccidental ciudad canadiense de Vancouver, que compró Glamis en noviembre. Ese cambio de dueño convierte a Goldcorp en la tercera mayor productora de oro del mundo, con concesiones mineras en todas las Américas y Australia. Uno de los proyectos más ambiciosos de la firma pronto iniciará en México, en el estado de Zacatecas, donde acaba de obtener todos los permisos de forma muy expedita a mediados de enero. Se trata de Peñasquito que, con un costo de 882 millones de dólares y reservas probadas y probables estimadas en 9 mil 98 millones de onzas de oro, se convertirá en la mina aurífera más grande del país.

Goldcorp, que se proclama con orgullo, "la productora de oro de más bajo costo del mundo", mantiene varias minas convencionales a cielo abierto, como San Martín en Honduras, que usan una solución de cianuro de sodio basado en agua que es vertido sobre enormes pilas de mineral para separar el oro. La solución de cianuro sobrante es una toxina mortal y tiene que ser almacenada cuidadosamente. Este proceso se utiliza comúnmente, pero expertos ambientales dicen que consuma enormes cantidades de agua fresca y genera subproductos altamente tóxicos, incluyendo metales pesados como plomo, mercurio y arsénico, que pueden contaminar cuerpos de agua que sirven para el consumo humano.

Durante mucho tiempo, comunidades del Valle de Siria se quejaron de afecciones a su salud y escasez de agua causadas por la mina San Martín, de la que Glamis ha retirado 529 mil 88 onzas (unos 15 mil kilogramos) de oro desde 2001, por un valor aproximado de 412 millones de dólares. Los más recientes estudios, los que detectaron el arsénico (que puede causar graves efectos en el sistema gastrointestinal, cardiovascular y nervioso), fueron encargados por grupos ecologistas, entre ellos el Comité Ambientalista del Valle de Siria, al activista italiano Flaviano Bianchini, quien ha realizado estudios de este tipo en varios países de América Central. Las pruebas de Bianchini han sido criticadas por representantes oficiales y de la industria por supuestamente carecer de calidad científica.

Por lo pronto, el Ministerio hondureño de Medio Ambiente tiene planeado enviar muestras a especialistas en Colombia para confirmar la contaminación. "Estamos estudiando el caso y a la espera de los resultados que enviaremos a Colombia para tomar una determinación contundente", dijo a Tierramérica la ministra del ramo, Mayra Mejía. "Hay evidencias fuertes que apuntan a una alta contaminación en la zona", señaló por su parte uno de los titulares de la Fiscalía del Estado, Aldo Santos. Goldcorp también posee una mina similar, pero más nueva en Guatemala, llamada Marlin, también de Glamis, en la municipalidad de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán. Las protestas locales dejaron dos muertos y muchos heridos. Pero Goldcorp niega las acusaciones. "Ya operamos las minas San Martín y Marlin de acuerdo con estándares de América del Norte", dijo a Tierramérica Jeff Wilhoit, vicepresidente de relaciones con inversionistas de la firma.

En el caso de Marlin, estudios que mostraban contaminación del río Tzalá "“han sido refutados y desaprobados" y "las comunidades más cercanas a la mina votaron en favor de (la permanencia de) esta", aseguró Wilhoit. Con respecto a San Martín el ejecutivo sostuvo que la mina no ha provocado desabasto de agua, ni contaminación. "El agua bombeada desde nuestros pozos no impacta de ningún modo al líquido usado de pozos fuera del área del proyecto. No es cierto (que haya habido enfermedades debido a desechos de la mina), hay un estudio nacional que refuta ese argumento", dijo. La firma también refuta a representantes de comunidades aledañas a San Martín y Marlin quienes han denunciado que nunca fueron consultados respecto de estos proyectos mineros. "Goldcorp es muy activa a la hora de trabajar con comunidades donde están ubicadas nuestras minas. Contribuimos inmensamente con la educación, la salud y la seguridad de aquellas comunidades que han estado poco representadas por algunas organizaciones no gubernamentales que tienen sus propias agendas", dijo a Tierramérica Melanie Pilon, directora de relaciones con inversionistas. Wilhoit añadió que en el caso específico de Marlin, la empresa trabajó por "incluir a todas las partes interesadas en el proceso de consulta. Se prestó particular atención a cómo traspasar la barrera del idioma. Todas las comunicaciones se llevaron a cabo en español y mam (idioma originario)".

Casi 60 por ciento de las compañías de minería y exploración del mundo son canadienses, y generan más de 40 mil millones de dólares anuales, lo que representa alrededor de cuatro por ciento del producto interno bruto de Canadá. "Los canadienses se horrorizan al enterarse de lo que algunas firmas de su país están haciendo en el mundo en desarrollo, pero pocos saben qué está ocurriendo en proyectos mineros concretos en Sudamérica u otras partes, debido a la limitada cobertura periodística", dijo Karyn Keenan, de la Iniciativa de Halifax, una coalición de ONG ambientales y de derechos humanos de Canadá. Pero poco a poco aumenta la atención mediática, sobre todo a partir de que en 2006 varios representantes de comunidades en América Latina afectadas por la minería aparecieron en una serie de foros públicos sobre la responsabilidad social corporativa de los sectores minero, petrolero y gasífero de Canadá. "Por primera vez, funcionarios del gobierno de Canadá fueron expuestos a las personas que habían sido perjudicadas por compañías de ese país", señaló Keenan.

Grupos de activistas han alegado durante mucho tiempo que la incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos locales para aplicar estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambiente no deberían dar a las empresas canadienses licencia para ignorar estos estándares. Un informe oficial sobre la regulación de las operaciones del sector fuera del país se presentará ante el gobierno canadiense en breve. El reporte "no tiene precedentes en la historia canadiense", según Keenan, porque representa un consenso entre ONG, la industria minera y funcionarios del gobierno. "La industria no quiere leyes canadienses fuertes y vinculantes sobre sus operaciones en el exterior, pero algunos saben que necesitan hacer más que publicar códigos de ética en sus sitios de internet", añadió. Aunque el contenido del informe permanece en secreto, se espera que recomiende la instauración de un mecanismo independiente de quejas y una oficina de un ombudsman (defensor del pueblo) para investigar quejas y realizar auditorías de operaciones mineras, petroleras y gasíferas de Canadá en el exterior. No está claro si el conservador gobierno canadiense actuará a propósito de las recomendaciones del informe.

Tierramérica - 17/2/2007

Alerta temprana en aguas patagónicas

Marcela Valente

Unos creen que fue un mensaje exagerado, otros que sirvió para prevenir problemas futuros. Así de dispares fueron en Argentina las reacciones en torno a un informe que alertó sobre el impacto de la pesca de anchoítas en el ecosistema marino de la Patagonia. En un artículo publicado el 5 de enero en la revista Science, científicos de la argentina Fundación Patagonia Natural y de la estadounidense Universidad de Washington, advirtieron que la pesca de anchoíta (Engraulis anchoita) en el Atlántico Sur amenaza especies endémicas de la región que sostienen el ecoturismo. Decenas de miles de visitantes de Argentina y del exterior llegan cada año a las costas de las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz, atraídos por la posibilidad de avistar ballenas, recorrer reservas de pingüinos, lobos y elefantes marinos, y apreciar albatros, cormoranes o gaviotas. El artículo advirtió que ese paraíso puede alterarse si se avanza en la pesca de la anchoíta, que representa 50 por ciento de la dieta del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y es también alimento de merluzas, cormoranes, golondrinas, delfines, leones marinos y otras decenas de especies de la región.

El alerta "propone una perspectiva integrada del uso del mar, que contemple la interacción entre todas las especies", dijo a Tierramérica el biólogo Claudio Campagna, investigador del Centro Nacional Patagónico y experto en mamíferos marinos. Campagna consideró que "las pesquerías mundiales rara vez son sostenibles, y su impacto sobre otras actividades e intereses que dependen de los mismos recursos no se tiene en cuenta a la hora de estimar los beneficios de la pesca. Lo deseable sería modelar científicamente el funcionamiento del sistema a fin de poder entender qué efectos tendría la extracción de especies críticas en procesos que involucran a fauna carismática (endémica) de la costa patagónica".

Pero Ernesto Godelman, presidente del no gubernamental Centro para la Defensa de la Pesca Nacional (Cedepesca), discrepa con tanta precaución. "Está bien generar conciencia sobre el cuidado del ambiente marino, pero aquí hay algo de sobreactuación preventiva. La información disponible no coincide con lo publicado en Science y mucho menos con el tremendismo de las repercusiones posteriores", declaró a Tierramérica. Por ahora "no se ven indicios de que la explotación actual o planeada de anchoíta patagónica ponga en peligro la sustentabilidad en sentido amplio, es decir incluyendo interacciones tróficas", remarcó. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), hasta ahora "la explotación comercial de anchoíta patagónica no alcanzó grandes magnitudes, promediando unas dos mil toneladas anuales desde los años 60". El volumen de captura dista del tolerado por el Inidep, para el cual la población de la especie que vive entre el sur de Brasil y el sur de la provincia de Buenos Aires (anchoíta bonaerense) el máximo permitido es de 120 mil toneladas anuales, y para la patagónica unas 60 mil toneladas. "En Inidep somos muy precavidos, y sostenemos que el problema no es tan dramático", declaró a Tierramérica un científico de esa entidad que participó de las investigaciones pero prefirió el anonimato.

La preocupación por el recurso comenzó en 2003, cuando el Consejo Federal Pesquero aprobó el Plan de Investigación para el Desarrollo de una Pesquería Sustentable de Anchoíta Patagónica, propuesto por la provincia de Chubut. Frente a la emergencia declarada para la sobreexplotada merluza común (Merlucius hubbsi), la provincia apuntaba a avanzar sobre una especie subexplotada. El plan experimental, prorrogado en 2005, contó con la participación de funcionarios, empresas pesqueras, técnicos del Inidep y de la Fundación Patagonia Natural. Ahora la Fundación sostiene que los estudios del Inidep no incluyeron mecanismos específicos para cuantificar los efectos de la pesca de anchoíta sobre peces y fauna salvaje que dependen de ella. Y además manifestó su temor de que el recurso se destine a fabricar harina de pescado.

La fuente del Inidep respondió que el organismo "no estudia en particular el impacto sobre las demás especies", pero que sí las involucra al considerar parámetros como la muerte natural de anchoítas cuando otro animal se alimenta de ellas. Respecto del temor a que la especie se use como materia prima para la industria, Godelman explicó que el plan aprobado por el Consejo estableció que las firmas participantes "no podrán tener como objetivo la fabricación de harina". El titular de Cedepesca señaló que sólo la anchoíta bonaerense se destina a ese rubro, y no en Argentina sino en Uruguay. Entre los dos países capturan unas 70 mil toneladas al año -sobre un máximo permitido de 120 mil- y la mayoría se destina a esa industria. "Este sí es un problema que hay que seguir de cerca. La explotación de la pesquería de anchoíta bonaerense para fabricar harina representa un riesgo real", aseguró Godelman.

Tierramérica - 20/1/2007

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